Abogado recuperar transferencia no autorizada Vigo
Si está buscando un abogado recuperar transferencia no autorizada Vigo, resulta especialmente interesante conocer cómo están resolviendo los tribunales los casos de fraude bancario mediante phishing, smishing y otras técnicas de ingeniería social. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sede Vigo) analiza la responsabilidad de una entidad financiera ante una transferencia realizada sin autorización de la cliente y aclara qué obligaciones de seguridad corresponden al banco cuando se producen este tipo de operaciones.
Comprender los criterios aplicados por los tribunales puede ser fundamental para valorar las posibilidades legales de reclamar la devolución de las cantidades perdidas.
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Identificación de la Sentencia
- Tribunal: Audiencia Provincial de Pontevedra (Sede Vigo).
- Sección: 6.
- Fecha: 9 de abril de 2026
- Nº de Resolución: 292/2026.
Antecedentes
El 2 de septiembre de 2021, se realizó una transferencia no autorizada por importe de 8.935 euros desde la cuenta de Dña. Joaquina en la entidad Abanca Corporación Bancaria S.A. hacia una cuenta a nombre de un tercero.
El fraude se perpetró mediante una técnica de phishing y smishing: la clienta recibió un SMS que se insertó en el hilo oficial de mensajes de Abanca, advirtiendo de un acceso no autorizado y facilitando un enlace.
Posteriormente, recibió una llamada telefónica que simulaba ser del banco en la que, bajo el pretexto de cancelar la operación fraudulenta, se le solicitó el código de autenticación que había recibido por SMS.
Tramitación Judicial
Primera instancia
El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Vigo estimó la demanda de la usuaria.
El juzgado consideró que no se podía culpar a la víctima de falta de diligencia y que la responsabilidad recaía sobre el banco por no disponer de medios de control suficientes para proteger al usuario.
Audiencia Provincial
Abanca interpuso recurso de apelación alegando un error en la valoración de la prueba.
La entidad sostuvo que la operación fue correctamente autenticada y registrada, y que la clienta incurrió en negligencia grave al clicar en el enlace y proporcionar sus claves personales a un tercero.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia consiste en determinar el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de pago ante transferencias no autorizadas según el Real Decreto-ley 19/2018.
El tribunal analiza si el cumplimiento formal de los protocolos de autenticación (doble factor) exonera al banco o si este mantiene una responsabilidad ante una “deficiencia del servicio”.
La cuestión clave es si el engaño sufrido por el cliente mediante ingeniería social constituye una negligencia grave que traslade las pérdidas al usuario o si la entidad cumplió adecuadamente sus obligaciones de seguridad y vigilancia al permitir una operación que superaba los límites pactados.
Razonamiento del Tribunal
La Sala desestima el recurso del banco basándose en que la entidad no observó la diligencia debida en la ejecución segura del servicio.
El tribunal razona que el deber del banco no se limita a la correcta autenticación, sino también a adoptar tecnologías que permitan minimizar el riesgo de fraude y detectar operaciones anómalas.
En este caso, se constató que la transferencia de 8.935 euros triplicaba el límite contractual de 3.000 euros establecido para la banca electrónica de la clienta.
El tribunal considera una “deficiencia del servicio” que los sistemas del banco no detectaran ni bloquearan automáticamente una operación que excedía tan flagrantemente los límites pactados.
Respecto a la conducta de la usuaria, el tribunal concluye que no hubo negligencia grave.
Aunque existió una omisión de la diligencia “atenta y reflexiva” al caer en el engaño, las técnicas de ingeniería social utilizadas (mensaje en canal oficial y llamada simulada) aprovecharon sesgos cognitivos para ganar la confianza de la víctima, lo que impide calificar su acción como una falta de cuidado “significativa o importante”.
La ratio decidendi de la sentencia establece que:
“cuando el proveedor de servicios de pago no acredite el cumplimiento de los deberes de diligencia propios en la autenticación y en la ejecución segura del servicio de pago habrá de responder de las pérdidas resultantes del uso del medio de pago no autorizado, salvo que concurra el fraude del ordenante”.
Decisión del Tribunal
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de Abanca y confirma íntegramente la sentencia de instancia.
La entidad es condenada a restituir los 8.935 euros más los intereses legales.
Además, se imponen a la entidad bancaria las costas procesales de la segunda instancia y la pérdida del depósito realizado para recurrir.
Conclusión
La responsabilidad del banco en fraudes por transferencia es cuasi objetiva: no basta con que la operación esté autenticada con claves, sino que la entidad debe probar que el servicio no tuvo deficiencias de seguridad y que el cliente actuó con negligencia grave, la cual no concurre cuando el usuario es víctima de un engaño sofisticado y el banco permite operaciones que superan los límites de disposición pactados.
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- Tribunal: Audiencia Provincial de Pontevedra (Sede Vigo).
- Sección: 6.
- Fecha: 9 de abril de 2026
- Nº de Resolución: 292/2026.
Antecedentes
El 2 de septiembre de 2021, se realizó una transferencia no autorizada por importe de 8.935 euros desde la cuenta de Dña. Joaquina en la entidad Abanca Corporación Bancaria S.A. hacia una cuenta a nombre de un tercero.
El fraude se perpetró mediante una técnica de phishing y smishing: la clienta recibió un SMS que se insertó en el hilo oficial de mensajes de Abanca, advirtiendo de un acceso no autorizado y facilitando un enlace.
Posteriormente, recibió una llamada telefónica que simulaba ser del banco en la que, bajo el pretexto de cancelar la operación fraudulenta, se le solicitó el código de autenticación que había recibido por SMS.
Tramitación Judicial
Primera instancia
El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Vigo estimó la demanda de la usuaria.
El juzgado consideró que no se podía culpar a la víctima de falta de diligencia y que la responsabilidad recaía sobre el banco por no disponer de medios de control suficientes para proteger al usuario.
Audiencia Provincial
Abanca interpuso recurso de apelación alegando un error en la valoración de la prueba.
La entidad sostuvo que la operación fue correctamente autenticada y registrada, y que la clienta incurrió en negligencia grave al clicar en el enlace y proporcionar sus claves personales a un tercero.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia consiste en determinar el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de pago ante transferencias no autorizadas según el Real Decreto-ley 19/2018.
El tribunal analiza si el cumplimiento formal de los protocolos de autenticación (doble factor) exonera al banco o si este mantiene una responsabilidad ante una “deficiencia del servicio”.
La cuestión clave es si el engaño sufrido por el cliente mediante ingeniería social constituye una negligencia grave que traslade las pérdidas al usuario o si la entidad cumplió adecuadamente sus obligaciones de seguridad y vigilancia al permitir una operación que superaba los límites pactados.
Razonamiento del Tribunal
La Sala desestima el recurso del banco basándose en que la entidad no observó la diligencia debida en la ejecución segura del servicio.
El tribunal razona que el deber del banco no se limita a la correcta autenticación, sino también a adoptar tecnologías que permitan minimizar el riesgo de fraude y detectar operaciones anómalas.
En este caso, se constató que la transferencia de 8.935 euros triplicaba el límite contractual de 3.000 euros establecido para la banca electrónica de la clienta.
El tribunal considera una “deficiencia del servicio” que los sistemas del banco no detectaran ni bloquearan automáticamente una operación que excedía tan flagrantemente los límites pactados.
Respecto a la conducta de la usuaria, el tribunal concluye que no hubo negligencia grave.
Aunque existió una omisión de la diligencia “atenta y reflexiva” al caer en el engaño, las técnicas de ingeniería social utilizadas (mensaje en canal oficial y llamada simulada) aprovecharon sesgos cognitivos para ganar la confianza de la víctima, lo que impide calificar su acción como una falta de cuidado “significativa o importante”.
La ratio decidendi de la sentencia establece que:
“cuando el proveedor de servicios de pago no acredite el cumplimiento de los deberes de diligencia propios en la autenticación y en la ejecución segura del servicio de pago habrá de responder de las pérdidas resultantes del uso del medio de pago no autorizado, salvo que concurra el fraude del ordenante”.
Decisión del Tribunal
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de Abanca y confirma íntegramente la sentencia de instancia.
La entidad es condenada a restituir los 8.935 euros más los intereses legales.
Además, se imponen a la entidad bancaria las costas procesales de la segunda instancia y la pérdida del depósito realizado para recurrir.
Conclusión
La responsabilidad del banco en fraudes por transferencia es cuasi objetiva: no basta con que la operación esté autenticada con claves, sino que la entidad debe probar que el servicio no tuvo deficiencias de seguridad y que el cliente actuó con negligencia grave, la cual no concurre cuando el usuario es víctima de un engaño sofisticado y el banco permite operaciones que superan los límites de disposición pactados.
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