jueves, 12 de noviembre de 2026

Abogado anular Credit Select: ¿Se puede reclamar?

abogado anular Credit Select

¿Ha contratado un producto Credit Select y considera que la estructura del préstamo, la inversión y el seguro no se correspondía con la información que recibió? Un abogado anular Credit Select puede estudiar los contratos suscritos, la documentación facilitada, las circunstancias de la comercialización y los posibles riesgos asumidos para valorar si existen fundamentos jurídicos para plantear una reclamación o solicitar la nulidad, según las circunstancias concretas del caso. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 27 de enero de 2026 analiza un producto de estas características y las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante.
  • Sección: 5.
  • Fecha: 27 de enero de 2026.
  • Nº de Resolución: 38/2026.

Antecedentes 

El 22 de febrero de 2006, D.ª Gregoria suscribió el producto financiero denominado “Credit Select Series 4”, el cual se estructuraba como un conjunto contractual complejo compuesto por tres partes interrelacionadas: un préstamo con garantía hipotecaria concedido por la entidad bancaria inglesa NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED por un importe de 1.834.050 euros (garantizado sobre la finca registral nº NUM001 de Callosa d’en Sarrià), una póliza de seguro de vida de la modalidad Unit-Linked contratada con Aspecta Assurance International Luxemburg (actualmente MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.) y la inversión de casi la totalidad del crédito en un fondo de alto riesgo (The Optima Series 2 Fund), cuyas participaciones quedaban pignoradas a favor de la prestamista.

La comercialización y mediación de este producto estructurado fue realizada por la entidad Ovidio, la cual carecía de autorización administrativa para prestar servicios de asesoramiento financiero y actuar como mediador de seguros, figurando incluso con una advertencia explícita de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

NM Rothschild & Sons Limited operaba como una entidad bancaria de inversión radicada en Inglaterra, sin sucursal abierta en España ni inscripción en el Banco de España, careciendo de autorización para operar en territorio español como entidad de crédito o empresa de servicios de inversión.

A la cliente se le presentó el producto mediante folletos publicitarios que lo calificaban de “ultracauteloso” y “100 % garantizado”, prometiéndole una renta vitalicia y ventajas fiscales, omitiendo cualquier explicación sobre el elevado riesgo de apalancamiento y la posibilidad de pérdida total del capital invertido.

En octubre de 2019, la prestamista comunicó a la cliente la apropiación del fondo y le reclamó una deuda restante de 709.475,24 euros, revelando el quebranto económico sufrido.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Benidorm (Plaza nº 5 / Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Benidorm, autos de juicio ordinario 966/2020) dictó la Sentencia nº 118/2023 el 22 de junio de 2023, estimando íntegramente la demanda promovida por D.ª Gregoria.

El juzgado declaró la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato “Credit Select 4” y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, dejando sin efecto la garantía hipotecaria constituida sobre la finca de Callosa d’en Sarrià e imponiendo las costas a las entidades demandadas.

Audiencia Provincial

Tanto NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED como MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A. interpusieron recursos de apelación solicitando la revocación del fallo de instancia.

Las apelantes alegaron caducidad y prescripción de la acción, negaron que el préstamo constituya un producto financiero complejo o que existiera una vinculación contractual entre las partes, y sostuvieron la inasumibilidad de la normativa sobre el mercado de valores al no disponer de sucursal en España.

La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado ambos recursos de apelación, confirmando la condena dictada en origen.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si el producto “Credit Select Series 4” constituye un instrumento financiero complejo integrado por negocios jurídicos conexos (préstamo hipotecario, seguro Unit-Linked y fondo de inversión pignorado) y si, en las circunstancias analizadas por la Audiencia Provincial, su comercialización e intermediación por parte de entidades que carecían de la autorización administrativa exigida vulneró normas imperativas y de orden público, con las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

Asimismo, se analiza si la acción estaba caducada o si el plazo de cuatro años del artículo 1301 del Código Civil debía computarse desde el momento en que la cliente tuvo conocimiento efectivo del perjuicio patrimonial.

Razonamiento del Tribunal

La Sala considera que el préstamo litigioso no constituía una operación de crédito aislada, sino que formaba parte de un negocio jurídico conexo e indivisible en el que el importe prestado se destinaba casi en su totalidad a un fondo de inversión pignorado.

En el caso analizado, la Audiencia Provincial calificó esta estructura como un instrumento financiero complejo sujeto a la normativa que consideró aplicable.

La Audiencia Provincial consideró que la intervención en la comercialización y concesión de estas operaciones por entidades e intermediarios que carecían de la autorización administrativa exigida suponía una infracción de normas imperativas y de orden público económico.

En atención a las circunstancias concretas del procedimiento, la Sala concluyó que dicha infracción determinaba la nulidad absoluta del entramado contractual conforme a los artículos 6.3 y 1261 del Código Civil.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“considera los contratos que nos ocupan como ilegales y, por tanto, radicalmente nulos, ya que las entidades carecían de autorización para actuar en España, puesto que no se limitaron a conceder un préstamo o crédito, tal y como afirman, sino que intervinieron en un entramado contractual complejo que comprendía un préstamo hipotecario y la inversión en un producto estructurado de alto riesgo.”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Alicante desestima los recursos de apelación interpuestos por NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED y MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., confirmando íntegramente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Benidorm.

Ratifica la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato Credit Select 4 y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, con la correspondiente cancelación de la garantía hipotecaria sobre el inmueble.

Impone a las apelantes el pago de las costas procesales causadas en la alzada.   

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Alicante consideró que el entramado contractual vinculado al producto Credit Select debía declararse nulo por las circunstancias concretas de su comercialización y por la intervención de entidades que, según la sentencia, carecían de la autorización administrativa exigida.

La Sala confirmó igualmente el criterio adoptado sobre el momento de inicio del cómputo del plazo de impugnación, atendiendo al conocimiento efectivo del perjuicio en ese procedimiento.

 Consulte su caso ahora

The post Abogado anular Credit Select: ¿Se puede reclamar? first appeared on Burguera Abogados.

https://ift.tt/Gt70pCW

abogado anular Credit Select

¿Ha contratado un producto Credit Select y considera que la estructura del préstamo, la inversión y el seguro no se correspondía con la información que recibió? Un abogado anular Credit Select puede estudiar los contratos suscritos, la documentación facilitada, las circunstancias de la comercialización y los posibles riesgos asumidos para valorar si existen fundamentos jurídicos para plantear una reclamación o solicitar la nulidad, según las circunstancias concretas del caso. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 27 de enero de 2026 analiza un producto de estas características y las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante.
  • Sección: 5.
  • Fecha: 27 de enero de 2026.
  • Nº de Resolución: 38/2026.

Antecedentes 

El 22 de febrero de 2006, D.ª Gregoria suscribió el producto financiero denominado “Credit Select Series 4”, el cual se estructuraba como un conjunto contractual complejo compuesto por tres partes interrelacionadas: un préstamo con garantía hipotecaria concedido por la entidad bancaria inglesa NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED por un importe de 1.834.050 euros (garantizado sobre la finca registral nº NUM001 de Callosa d’en Sarrià), una póliza de seguro de vida de la modalidad Unit-Linked contratada con Aspecta Assurance International Luxemburg (actualmente MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.) y la inversión de casi la totalidad del crédito en un fondo de alto riesgo (The Optima Series 2 Fund), cuyas participaciones quedaban pignoradas a favor de la prestamista.

La comercialización y mediación de este producto estructurado fue realizada por la entidad Ovidio, la cual carecía de autorización administrativa para prestar servicios de asesoramiento financiero y actuar como mediador de seguros, figurando incluso con una advertencia explícita de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

NM Rothschild & Sons Limited operaba como una entidad bancaria de inversión radicada en Inglaterra, sin sucursal abierta en España ni inscripción en el Banco de España, careciendo de autorización para operar en territorio español como entidad de crédito o empresa de servicios de inversión.

A la cliente se le presentó el producto mediante folletos publicitarios que lo calificaban de “ultracauteloso” y “100 % garantizado”, prometiéndole una renta vitalicia y ventajas fiscales, omitiendo cualquier explicación sobre el elevado riesgo de apalancamiento y la posibilidad de pérdida total del capital invertido.

En octubre de 2019, la prestamista comunicó a la cliente la apropiación del fondo y le reclamó una deuda restante de 709.475,24 euros, revelando el quebranto económico sufrido.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Benidorm (Plaza nº 5 / Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Benidorm, autos de juicio ordinario 966/2020) dictó la Sentencia nº 118/2023 el 22 de junio de 2023, estimando íntegramente la demanda promovida por D.ª Gregoria.

El juzgado declaró la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato “Credit Select 4” y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, dejando sin efecto la garantía hipotecaria constituida sobre la finca de Callosa d’en Sarrià e imponiendo las costas a las entidades demandadas.

Audiencia Provincial

Tanto NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED como MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A. interpusieron recursos de apelación solicitando la revocación del fallo de instancia.

Las apelantes alegaron caducidad y prescripción de la acción, negaron que el préstamo constituya un producto financiero complejo o que existiera una vinculación contractual entre las partes, y sostuvieron la inasumibilidad de la normativa sobre el mercado de valores al no disponer de sucursal en España.

La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado ambos recursos de apelación, confirmando la condena dictada en origen.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si el producto “Credit Select Series 4” constituye un instrumento financiero complejo integrado por negocios jurídicos conexos (préstamo hipotecario, seguro Unit-Linked y fondo de inversión pignorado) y si, en las circunstancias analizadas por la Audiencia Provincial, su comercialización e intermediación por parte de entidades que carecían de la autorización administrativa exigida vulneró normas imperativas y de orden público, con las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

Asimismo, se analiza si la acción estaba caducada o si el plazo de cuatro años del artículo 1301 del Código Civil debía computarse desde el momento en que la cliente tuvo conocimiento efectivo del perjuicio patrimonial.

Razonamiento del Tribunal

La Sala considera que el préstamo litigioso no constituía una operación de crédito aislada, sino que formaba parte de un negocio jurídico conexo e indivisible en el que el importe prestado se destinaba casi en su totalidad a un fondo de inversión pignorado.

En el caso analizado, la Audiencia Provincial calificó esta estructura como un instrumento financiero complejo sujeto a la normativa que consideró aplicable.

La Audiencia Provincial consideró que la intervención en la comercialización y concesión de estas operaciones por entidades e intermediarios que carecían de la autorización administrativa exigida suponía una infracción de normas imperativas y de orden público económico.

En atención a las circunstancias concretas del procedimiento, la Sala concluyó que dicha infracción determinaba la nulidad absoluta del entramado contractual conforme a los artículos 6.3 y 1261 del Código Civil.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“considera los contratos que nos ocupan como ilegales y, por tanto, radicalmente nulos, ya que las entidades carecían de autorización para actuar en España, puesto que no se limitaron a conceder un préstamo o crédito, tal y como afirman, sino que intervinieron en un entramado contractual complejo que comprendía un préstamo hipotecario y la inversión en un producto estructurado de alto riesgo.”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Alicante desestima los recursos de apelación interpuestos por NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED y MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., confirmando íntegramente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Benidorm.

Ratifica la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato Credit Select 4 y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, con la correspondiente cancelación de la garantía hipotecaria sobre el inmueble.

Impone a las apelantes el pago de las costas procesales causadas en la alzada.   

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Alicante consideró que el entramado contractual vinculado al producto Credit Select debía declararse nulo por las circunstancias concretas de su comercialización y por la intervención de entidades que, según la sentencia, carecían de la autorización administrativa exigida.

La Sala confirmó igualmente el criterio adoptado sobre el momento de inicio del cómputo del plazo de impugnación, atendiendo al conocimiento efectivo del perjuicio en ese procedimiento.

 Consulte su caso ahora

The post Abogado anular Credit Select: ¿Se puede reclamar? first appeared on Burguera Abogados.



from Burguera Abogados https://ift.tt/Gt70pCW
via IFTTThttps://ift.tt/bpieEm0

miércoles, 11 de noviembre de 2026

Abogado reclamar seguro incapacidad: ¿Cuándo procede?

abogado reclamar seguro incapacidad

¿La aseguradora ha rechazado el pago de un seguro de incapacidad alegando que las enfermedades que dieron lugar a la invalidez ya existían cuando contrató la póliza? Un abogado reclamar seguro incapacidad puede estudiar las condiciones del contrato, el cuestionario de salud, la documentación médica y los motivos de la negativa para valorar si existen fundamentos jurídicos para reclamar la prestación prevista en la póliza. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 22 de julio de 2026 analiza precisamente una controversia de estas características.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Murcia.
  • Sección: 4.
  • Fecha: 22 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 762/2026.

Antecedentes 

En noviembre de 2014, D. Fabio suscribió una póliza de seguro de vida e incapacidad absoluta y permanente con la entidad Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A..

La póliza definía la incapacidad asegurada como el estado fisiológico de disminución irreversible de la capacidad funcional que inhabilita por completo al asegurado para ejercer toda profesión u oficio.

Durante el proceso de contratación, el cuestionario médico se realizó mediante llamada telefónica y fue grabado por la compañía.

En enero de 2015, el asegurado fue declarado por la Seguridad Social en situación de incapacidad temporal.

Dicha baja derivó en abril de 2015 en una incapacidad permanente total y, finalmente, el 15 de octubre de 2015, en una incapacidad permanente absoluta tras solicitar una revisión de grado por empeoramiento.

Al activarse la garantía contratada, el asegurado reclamó el pago del capital indemnizable por importe de 102.008,69 euros.

Sin embargo, la aseguradora rehusó abonar la prestación alegando que D. Fabio no fue veraz al responder al cuestionario de salud previo, sosteniendo que las dolencias causantes de la incapacidad eran anteriores a la suscripción de la póliza.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Molina de Segura (autos de procedimiento ordinario 915/2019) dictó sentencia el 23 de abril de 2022 estimando íntegramente la demanda de D. Fabio.

El juzgado condenó a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. a abonar los 102.008,69 euros reclamados, más los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) desde la fecha del siniestro y las costas procesales.

Audiencia Provincial

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. interpuso recurso de apelación solicitando la revocación del fallo por supuesta inexactitud en el cuestionario de salud y reclamando subsidiariamente la no imposición de costas y la exención de los intereses moratorios.

La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la sentencia de primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica consiste en determinar si la existencia de patologías de carácter degenerativo no diagnosticadas al tiempo de cumplimentar el cuestionario de salud faculta a la aseguradora a rehusar el pago del seguro por inexactitud o dolo del tomador bajo el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro.

Asimismo, se analiza la eficacia del cuestionario de salud realizado telefónicamente y la procedencia de los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma plenamente la resolución de instancia al concluir que no cabe apreciar dolo ni culpa grave en la actuación del asegurado.

El tribunal destaca que la invalidez absoluta derivó de patologías fundamentalmente degenerativas cuyo diagnóstico médico formal se produjo con posterioridad a la firma del contrato. Por ello, no se puede exigir al paciente el conocimiento de enfermedades que aún no habían sido diagnosticadas.

En relación con el formato de la encuesta médica, la Audiencia enfatiza que, al haberse efectuado de forma telefónica y grabada por un empleado o intermediario de la aseguradora, la entidad dispuso de la oportunidad de solicitar aclaraciones, ampliar la información o someter al cliente a reconocimientos médicos antes de cobrar la prima. Al no hacerlo y dar por bueno el cuestionario, la aseguradora no puede liberarse posteriormente de sus obligaciones contractuales.

Por último, la Sala ratifica la imposición de los intereses del artículo 20 de la LCS al considerar injustificada la negativa de pago de la compañía.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la declaración de incapacidad permanente absoluta obedeció a unas patologías fundamentalmente degenerativas, diagnosticadas con posterioridad al cuestionario médico. Y aunque estas patologías pudiera preexistir ya a la celebración del contrato, no se puede exigir al asegurado su conocimiento sino estaba todavía diagnosticada, y si guarda conexión con patologías anteriores, entonces hay que partir de que estas fueron declaradas en su mayor parte, y en lo más relevante, por lo que no cabe apreciar dolo o culpa grave en el contratante.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso de apelación interpuesto por Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y confirma íntegramente la sentencia apelada del Juzgado de Molina de Segura.

Ratifica la condena a la aseguradora al abono de los 102.008,69 euros, más los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro, e impone a la entidad apelante las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Murcia concluyó que no concurría dolo ni culpa grave en la cumplimentación del cuestionario de salud, al considerar que las patologías degenerativas determinantes de la incapacidad fueron diagnosticadas con posterioridad a la contratación.

Por ello, confirmó la obligación de la aseguradora de abonar la prestación prevista en la póliza, junto con los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Consulte su caso ahora

The post Abogado reclamar seguro incapacidad: ¿Cuándo procede? first appeared on Burguera Abogados.

https://ift.tt/zlVjaHy

abogado reclamar seguro incapacidad

¿La aseguradora ha rechazado el pago de un seguro de incapacidad alegando que las enfermedades que dieron lugar a la invalidez ya existían cuando contrató la póliza? Un abogado reclamar seguro incapacidad puede estudiar las condiciones del contrato, el cuestionario de salud, la documentación médica y los motivos de la negativa para valorar si existen fundamentos jurídicos para reclamar la prestación prevista en la póliza. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 22 de julio de 2026 analiza precisamente una controversia de estas características.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Murcia.
  • Sección: 4.
  • Fecha: 22 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 762/2026.

Antecedentes 

En noviembre de 2014, D. Fabio suscribió una póliza de seguro de vida e incapacidad absoluta y permanente con la entidad Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A..

La póliza definía la incapacidad asegurada como el estado fisiológico de disminución irreversible de la capacidad funcional que inhabilita por completo al asegurado para ejercer toda profesión u oficio.

Durante el proceso de contratación, el cuestionario médico se realizó mediante llamada telefónica y fue grabado por la compañía.

En enero de 2015, el asegurado fue declarado por la Seguridad Social en situación de incapacidad temporal.

Dicha baja derivó en abril de 2015 en una incapacidad permanente total y, finalmente, el 15 de octubre de 2015, en una incapacidad permanente absoluta tras solicitar una revisión de grado por empeoramiento.

Al activarse la garantía contratada, el asegurado reclamó el pago del capital indemnizable por importe de 102.008,69 euros.

Sin embargo, la aseguradora rehusó abonar la prestación alegando que D. Fabio no fue veraz al responder al cuestionario de salud previo, sosteniendo que las dolencias causantes de la incapacidad eran anteriores a la suscripción de la póliza.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Molina de Segura (autos de procedimiento ordinario 915/2019) dictó sentencia el 23 de abril de 2022 estimando íntegramente la demanda de D. Fabio.

El juzgado condenó a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. a abonar los 102.008,69 euros reclamados, más los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) desde la fecha del siniestro y las costas procesales.

Audiencia Provincial

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. interpuso recurso de apelación solicitando la revocación del fallo por supuesta inexactitud en el cuestionario de salud y reclamando subsidiariamente la no imposición de costas y la exención de los intereses moratorios.

La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la sentencia de primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica consiste en determinar si la existencia de patologías de carácter degenerativo no diagnosticadas al tiempo de cumplimentar el cuestionario de salud faculta a la aseguradora a rehusar el pago del seguro por inexactitud o dolo del tomador bajo el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro.

Asimismo, se analiza la eficacia del cuestionario de salud realizado telefónicamente y la procedencia de los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma plenamente la resolución de instancia al concluir que no cabe apreciar dolo ni culpa grave en la actuación del asegurado.

El tribunal destaca que la invalidez absoluta derivó de patologías fundamentalmente degenerativas cuyo diagnóstico médico formal se produjo con posterioridad a la firma del contrato. Por ello, no se puede exigir al paciente el conocimiento de enfermedades que aún no habían sido diagnosticadas.

En relación con el formato de la encuesta médica, la Audiencia enfatiza que, al haberse efectuado de forma telefónica y grabada por un empleado o intermediario de la aseguradora, la entidad dispuso de la oportunidad de solicitar aclaraciones, ampliar la información o someter al cliente a reconocimientos médicos antes de cobrar la prima. Al no hacerlo y dar por bueno el cuestionario, la aseguradora no puede liberarse posteriormente de sus obligaciones contractuales.

Por último, la Sala ratifica la imposición de los intereses del artículo 20 de la LCS al considerar injustificada la negativa de pago de la compañía.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la declaración de incapacidad permanente absoluta obedeció a unas patologías fundamentalmente degenerativas, diagnosticadas con posterioridad al cuestionario médico. Y aunque estas patologías pudiera preexistir ya a la celebración del contrato, no se puede exigir al asegurado su conocimiento sino estaba todavía diagnosticada, y si guarda conexión con patologías anteriores, entonces hay que partir de que estas fueron declaradas en su mayor parte, y en lo más relevante, por lo que no cabe apreciar dolo o culpa grave en el contratante.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso de apelación interpuesto por Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y confirma íntegramente la sentencia apelada del Juzgado de Molina de Segura.

Ratifica la condena a la aseguradora al abono de los 102.008,69 euros, más los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro, e impone a la entidad apelante las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Murcia concluyó que no concurría dolo ni culpa grave en la cumplimentación del cuestionario de salud, al considerar que las patologías degenerativas determinantes de la incapacidad fueron diagnosticadas con posterioridad a la contratación.

Por ello, confirmó la obligación de la aseguradora de abonar la prestación prevista en la póliza, junto con los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Consulte su caso ahora

The post Abogado reclamar seguro incapacidad: ¿Cuándo procede? first appeared on Burguera Abogados.



from Burguera Abogados https://ift.tt/zlVjaHy
via IFTTThttps://ift.tt/WpP5jL4

martes, 10 de noviembre de 2026

Abogado reclamar indemnización fallo alarma: Sentencia

abogado reclamar indemnización fallo alarma

¿La empresa de seguridad no actuó correctamente ante un salto de alarma y el robo ocasionó daños que podrían haberse evitado? Un abogado reclamar indemnización fallo alarma puede analizar las circunstancias del servicio contratado, las actuaciones realizadas por la Central Receptora de Alarmas y la relación entre el posible incumplimiento y los daños reclamados. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid examina precisamente estas cuestiones y establece los criterios aplicados para determinar la responsabilidad de la empresa de seguridad en un caso concreto.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
  • Sección: 11.
  • Fecha: 29 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 276/2026.

Antecedentes 

La mercantil CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. (dedicada al alquiler y venta de vehículos industriales) tenía contratado con MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. un servicio de conexión y verificación de alarma y circuito cerrado de televisión (CCTV) con Central Receptora de Alarmas (CRA) para su nave en Fuenlabrada (Madrid).

El establecimiento contaba con una póliza de seguro multirriesgo contratada con SEGUROS BILBAO (posteriormente OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS).

Durante la madrugada del 22 de junio de 2019, personas desconocidas accedieron al recinto tras cortar la valla perimetral y desmontaron durante varias horas diversos componentes de numerosos vehículos (catalizadores, sensores y filtros de partículas), así como de un furgón en depósito.

A pesar de registrarse cinco saltos de alarma entre las 21:24 horas del 21 de junio y las 00:51 horas del 22 de junio, el operador de la CRA de PROSEGUR se conectó a las cámaras de forma progresiva y comunicó al cliente que todo era correcto, omitiendo enviar servicio de seguridad o avisar a la policía.

Los daños totales ocasionados en el siniestro ascendieron a 64.212,99 euros.

La aseguradora OCCIDENT GCO indemnizó a CINSA con 25.434,25 euros tras aplicar la regla de infraseguro y las franquicias contratadas.

Posteriormente, ambas entidades presentaron demanda contra MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L.: la aseguradora en ejercicio de la acción de repetición por los 25.434,25 euros abonados, y CINSA reclamando 38.778,74 euros por los daños no cubiertos, alegando un incumplimiento contractual al amparo de los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 55, autos de juicio ordinario 1952/2022) dictó sentencia el 20 de diciembre de 2024 desestimando íntegramente la demanda y absolviendo a la empresa de seguridad, al entender que no se acreditó una negligencia suficiente al haberse registrado una sola señal de alarma no confirmada en el instante exacto del visionado.

Audiencia Provincial

Las demandantes interpusieron recurso de apelación denunciando un error en la valoración de la prueba y sosteniendo que las grabaciones confirmaban la presencia de intrusos en el intervalo directamente vinculado al salto de alarma.

La Sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado en parte el recurso de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centra en definir el estándar de diligencia exigible a una Central Receptora de Alarmas (CRA) en el cumplimiento de los servicios de videovigilancia y verificación bajo los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

El tribunal analiza si la verificación efectuada por el operador cumple sus deberes contractuales si se limita a observar la imagen en directo en el instante puntual de conexión a cada cámara, o si, por el contrario, la diligencia profesional exige revisar también las imágenes inmediatamente anteriores asociadas a la activación del evento de alarma.

Razonamiento del Tribunal

La Sala concluye que la empresa de seguridad incurrió en un cumplimiento defectuoso de sus obligaciones contractuales.

El tribunal razona que, dado que la CRA no visualiza simultáneamente todas las cámaras, sino que accede a ellas de forma sucesiva, pueden transcurrir segundos o minutos entre la activación de la señal y la conexión efectiva.

Por ello, el mero hecho de no apreciar extraños en el instante preciso en que el operador mira la pantalla no excusa a la entidad.

El tribunal determina que una comprobación rigurosa exigía revisar las imágenes asociadas al intervalo de la activación.

Como las grabaciones demostraron que la intrusión era perfectamente detectable en ese lapso, la verificación fue insuficiente, lo que impidió dar la alarma por confirmada y avisar a las fuerzas de seguridad.

En la fijación del quantum indemnizatorio, la Sala analiza el nexo causal de cada concepto: excluye el coste de reparación de la valla perimetral (120 euros) por ser un daño que no deriva del fallo del operador, aplica las correspondientes depreciaciones por antigüedad al ajuar industrial y reduce la indemnización a la aseguradora a 24.946,11 euros, reconociendo asimismo a CINSA la suma de 5.422,79 euros por los daños en un vehículo de tercero en depósito.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Una comprobación diligente del evento exigía revisar también las imágenes inmediatamente anteriores vinculadas en el tiempo a la activación de la alarma, en particular cuando el sistema estaba contratado para la verificación de alarmas mediante señales de vídeo.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS y CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., revocando en parte la sentencia de primera instancia.

La Sala condena a MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. a abonar:

  1. La cantidad de 24.946,11 euros a OCCIDENT GCO.
  2. La cantidad de 5.422,79 euros a CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., más los intereses legales desde la interpelación judicial.

No se realiza especial imposición de las costas procesales de ninguna de las dos instancias.  

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la falta de comprobación adecuada de las imágenes asociadas al salto de alarma supuso un cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales de la empresa de seguridad.

La responsabilidad y las cantidades reconocidas quedaron determinadas en función del nexo causal acreditado y de las circunstancias concretas examinadas por el tribunal.

 Consulte su caso ahora

The post Abogado reclamar indemnización fallo alarma: Sentencia first appeared on Burguera Abogados.

https://ift.tt/ZlJ8FPI

abogado reclamar indemnización fallo alarma

¿La empresa de seguridad no actuó correctamente ante un salto de alarma y el robo ocasionó daños que podrían haberse evitado? Un abogado reclamar indemnización fallo alarma puede analizar las circunstancias del servicio contratado, las actuaciones realizadas por la Central Receptora de Alarmas y la relación entre el posible incumplimiento y los daños reclamados. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid examina precisamente estas cuestiones y establece los criterios aplicados para determinar la responsabilidad de la empresa de seguridad en un caso concreto.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
  • Sección: 11.
  • Fecha: 29 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 276/2026.

Antecedentes 

La mercantil CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. (dedicada al alquiler y venta de vehículos industriales) tenía contratado con MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. un servicio de conexión y verificación de alarma y circuito cerrado de televisión (CCTV) con Central Receptora de Alarmas (CRA) para su nave en Fuenlabrada (Madrid).

El establecimiento contaba con una póliza de seguro multirriesgo contratada con SEGUROS BILBAO (posteriormente OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS).

Durante la madrugada del 22 de junio de 2019, personas desconocidas accedieron al recinto tras cortar la valla perimetral y desmontaron durante varias horas diversos componentes de numerosos vehículos (catalizadores, sensores y filtros de partículas), así como de un furgón en depósito.

A pesar de registrarse cinco saltos de alarma entre las 21:24 horas del 21 de junio y las 00:51 horas del 22 de junio, el operador de la CRA de PROSEGUR se conectó a las cámaras de forma progresiva y comunicó al cliente que todo era correcto, omitiendo enviar servicio de seguridad o avisar a la policía.

Los daños totales ocasionados en el siniestro ascendieron a 64.212,99 euros.

La aseguradora OCCIDENT GCO indemnizó a CINSA con 25.434,25 euros tras aplicar la regla de infraseguro y las franquicias contratadas.

Posteriormente, ambas entidades presentaron demanda contra MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L.: la aseguradora en ejercicio de la acción de repetición por los 25.434,25 euros abonados, y CINSA reclamando 38.778,74 euros por los daños no cubiertos, alegando un incumplimiento contractual al amparo de los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 55, autos de juicio ordinario 1952/2022) dictó sentencia el 20 de diciembre de 2024 desestimando íntegramente la demanda y absolviendo a la empresa de seguridad, al entender que no se acreditó una negligencia suficiente al haberse registrado una sola señal de alarma no confirmada en el instante exacto del visionado.

Audiencia Provincial

Las demandantes interpusieron recurso de apelación denunciando un error en la valoración de la prueba y sosteniendo que las grabaciones confirmaban la presencia de intrusos en el intervalo directamente vinculado al salto de alarma.

La Sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado en parte el recurso de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centra en definir el estándar de diligencia exigible a una Central Receptora de Alarmas (CRA) en el cumplimiento de los servicios de videovigilancia y verificación bajo los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

El tribunal analiza si la verificación efectuada por el operador cumple sus deberes contractuales si se limita a observar la imagen en directo en el instante puntual de conexión a cada cámara, o si, por el contrario, la diligencia profesional exige revisar también las imágenes inmediatamente anteriores asociadas a la activación del evento de alarma.

Razonamiento del Tribunal

La Sala concluye que la empresa de seguridad incurrió en un cumplimiento defectuoso de sus obligaciones contractuales.

El tribunal razona que, dado que la CRA no visualiza simultáneamente todas las cámaras, sino que accede a ellas de forma sucesiva, pueden transcurrir segundos o minutos entre la activación de la señal y la conexión efectiva.

Por ello, el mero hecho de no apreciar extraños en el instante preciso en que el operador mira la pantalla no excusa a la entidad.

El tribunal determina que una comprobación rigurosa exigía revisar las imágenes asociadas al intervalo de la activación.

Como las grabaciones demostraron que la intrusión era perfectamente detectable en ese lapso, la verificación fue insuficiente, lo que impidió dar la alarma por confirmada y avisar a las fuerzas de seguridad.

En la fijación del quantum indemnizatorio, la Sala analiza el nexo causal de cada concepto: excluye el coste de reparación de la valla perimetral (120 euros) por ser un daño que no deriva del fallo del operador, aplica las correspondientes depreciaciones por antigüedad al ajuar industrial y reduce la indemnización a la aseguradora a 24.946,11 euros, reconociendo asimismo a CINSA la suma de 5.422,79 euros por los daños en un vehículo de tercero en depósito.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Una comprobación diligente del evento exigía revisar también las imágenes inmediatamente anteriores vinculadas en el tiempo a la activación de la alarma, en particular cuando el sistema estaba contratado para la verificación de alarmas mediante señales de vídeo.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS y CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., revocando en parte la sentencia de primera instancia.

La Sala condena a MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. a abonar:

  1. La cantidad de 24.946,11 euros a OCCIDENT GCO.
  2. La cantidad de 5.422,79 euros a CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., más los intereses legales desde la interpelación judicial.

No se realiza especial imposición de las costas procesales de ninguna de las dos instancias.  

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la falta de comprobación adecuada de las imágenes asociadas al salto de alarma supuso un cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales de la empresa de seguridad.

La responsabilidad y las cantidades reconocidas quedaron determinadas en función del nexo causal acreditado y de las circunstancias concretas examinadas por el tribunal.

 Consulte su caso ahora

The post Abogado reclamar indemnización fallo alarma: Sentencia first appeared on Burguera Abogados.



from Burguera Abogados https://ift.tt/ZlJ8FPI
via IFTTThttps://ift.tt/92dPYjS

lunes, 9 de noviembre de 2026

Abogado reclamar transferencias no autorizadas: Sentencia

Abogado reclamar transferencias no autorizadas

¿Ha detectado transferencias bancarias que no reconoce y considera que pudieron realizarse sin su autorización? Ante una situación de este tipo, consultar con un abogado reclamar transferencias no autorizadas puede ayudarle a analizar las circunstancias del fraude, revisar la actuación de la entidad bancaria y determinar qué vías legales pueden plantearse. En este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que aborda la responsabilidad del banco ante operaciones realizadas mediante una página web fraudulenta y los criterios utilizados por el tribunal para valorar la posible negligencia del cliente.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
  • Sección: 9.
  • Fecha: 13 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 292/2026.

Antecedentes 

Los demandantes, D.ª Rafaela y D. Camilo (de 74 y 78 años de edad, respectivamente), eran titulares de una cuenta bancaria en la entidad ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA. Debido a su avanzada edad, la gestión habitual de la banca electrónica de la cuenta estaba delegada en su hijo, D. Roberto.

Los días 13 y 14 de junio de 2021, D. Roberto intentó acceder al portal bancario digital de la entidad buscando la palabra “ING” en el buscador Google.

A través de dicha búsqueda, fue redirigido de forma inadvertida a una página web réplica o “espejo”) que imitaba a la perfección la apariencia de la banca electrónica del banco.

Al introducir las credenciales de acceso en la plataforma clonada, ciberdelincuentes consiguieron captar las claves y dar de alta un dispositivo móvil no autorizado.

A continuación, se ejecutaron siete transferencias bancarias no autorizadas por importes de 1 €, 5 €, 8.500 €, 8.000 €, 8.000 €, 7.500 € y 3.500 € (con destino a entidades como Banco Santander).

Tan pronto como se percataron de las disposiciones fraudulentas, los clientes contactaron telefónicamente con la entidad a las 10:30 horas del 14 de junio de 2021 para alertar del fraude.

El banco procedió al bloqueo de las tarjetas y claves, pero no logró retrotraer las transferencias. Los afectados reclamaron judicialmente la restitución de 35.500 euros.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 35) dictó sentencia el 21 de junio de 2023 estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Camilo y D.ª Rafaela.

El juzgado condenó a ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA a abonar a los actores la suma de 35.500 euros, más los intereses legales y las costas procesales, al aplicar el régimen de responsabilidad del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago y no apreciar negligencia grave en los usuarios.

Audiencia Provincial

ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba.

La entidad sostuvo que existió negligencia grave por parte de los clientes al haber cedido las claves personales a un tercero (el hijo de los titulares) y por haber facilitado las claves que permitieron completar la autenticación reforzada y la vinculación del dispositivo.

La Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la resolución recurrida.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar la distribución de la carga de la prueba y el régimen de responsabilidad de las entidades bancarias ante transferencias no autorizadas resultantes de fraudes informáticos mediante webs espejo (phishing o spoofing).

El tribunal analiza si la cesión de claves a un familiar directo para gestionar la banca digital de personas mayores constituye una negligencia grave o ruptura del nexo causal, y si la mera autenticación técnica de las operaciones exime al banco de su responsabilidad cuasi-objetiva establecida en los artículos 44, 45 y 46 del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma íntegramente la sentencia de instancia y ratifica la responsabilidad de la entidad financiera proveedora del servicio de pago.

El tribunal razona que, bajo el Real Decreto-ley 19/2018, la responsabilidad del banco tiene carácter cuasi-objetivo, lo que le obliga a reintegrar de inmediato los fondos sustraídos a menos que pruebe de forma cumplida la existencia de fraude o negligencia grave del usuario.

El tribunal determina que no puede imputarse negligencia grave a los demandantes por el hecho de que su hijo gestionara las claves, dado que la propia póliza o contrato de servicios contempla la intervención de terceros autorizados y dada la avanzada edad de los titulares (78 y 74 años).

La Sala destaca la doctrina del Tribunal Supremo sobre la nulidad de las cláusulas contractuales que exoneran de forma indiscriminada al banco por el uso de claves de acceso.

En cuanto a la conducta de la víctima, la Sala concluye que la única tacha atribuible fue confiar en una página web espejo a la que fue derivada tras una búsqueda en Google, lo que constituye un engaño articulado con suficiente pericia por ciberdelincuentes.

El tribunal subraya que el nivel de diligencia exigible a la entidad bancaria no es el de un buen padre de familia, sino el superior de un ordenado y experto comerciante, lo que la obliga a implementar sistemas de seguridad efectivos que detecten patrones anómalos (como transferencias consecutivas por importes elevados) y prevengan accesos desautorizados.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”.

Para fundamentar su decisión, la Sala invoca de manera expresa la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, citando la STS 571/2025, de 9 de abril de 2025 (sobre la responsabilidad cuasi-objetiva, la carga de la prueba de la negligencia grave y el estándar del ordenado comerciante), la STS 705/2015, de 23 de diciembre de 2015 (sobre la nulidad por abusiva de las cláusulas de exoneración total de responsabilidad del banco), y la STS de 16 de diciembre de 2009.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación interpuesto por ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA y confirma íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de instancia.

Ratifica la condena al banco a abonar a D. Camilo y D.ª Rafaela la cantidad de 35.500 euros, más los intereses legales. Asimismo, impone a la entidad bancaria apelante las costas procesales de la alzada.   

Conclusión

En la sentencia analizada, la Audiencia Provincial de Madrid considera que la responsabilidad del proveedor de servicios de pago por operaciones no autorizadas tiene carácter cuasi-objetivo y examina las circunstancias necesarias para determinar si existe fraude o negligencia grave del usuario.

El criterio aplicado por el tribunal pone de relieve la importancia de analizar las circunstancias concretas de cada fraude informático y la actuación de la entidad bancaria antes de determinar las posibles vías de reclamación.

Consulte su caso ahora

The post Abogado reclamar transferencias no autorizadas: Sentencia first appeared on Burguera Abogados.

https://ift.tt/GPYfRs0

Abogado reclamar transferencias no autorizadas

¿Ha detectado transferencias bancarias que no reconoce y considera que pudieron realizarse sin su autorización? Ante una situación de este tipo, consultar con un abogado reclamar transferencias no autorizadas puede ayudarle a analizar las circunstancias del fraude, revisar la actuación de la entidad bancaria y determinar qué vías legales pueden plantearse. En este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que aborda la responsabilidad del banco ante operaciones realizadas mediante una página web fraudulenta y los criterios utilizados por el tribunal para valorar la posible negligencia del cliente.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
  • Sección: 9.
  • Fecha: 13 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 292/2026.

Antecedentes 

Los demandantes, D.ª Rafaela y D. Camilo (de 74 y 78 años de edad, respectivamente), eran titulares de una cuenta bancaria en la entidad ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA. Debido a su avanzada edad, la gestión habitual de la banca electrónica de la cuenta estaba delegada en su hijo, D. Roberto.

Los días 13 y 14 de junio de 2021, D. Roberto intentó acceder al portal bancario digital de la entidad buscando la palabra “ING” en el buscador Google.

A través de dicha búsqueda, fue redirigido de forma inadvertida a una página web réplica o “espejo”) que imitaba a la perfección la apariencia de la banca electrónica del banco.

Al introducir las credenciales de acceso en la plataforma clonada, ciberdelincuentes consiguieron captar las claves y dar de alta un dispositivo móvil no autorizado.

A continuación, se ejecutaron siete transferencias bancarias no autorizadas por importes de 1 €, 5 €, 8.500 €, 8.000 €, 8.000 €, 7.500 € y 3.500 € (con destino a entidades como Banco Santander).

Tan pronto como se percataron de las disposiciones fraudulentas, los clientes contactaron telefónicamente con la entidad a las 10:30 horas del 14 de junio de 2021 para alertar del fraude.

El banco procedió al bloqueo de las tarjetas y claves, pero no logró retrotraer las transferencias. Los afectados reclamaron judicialmente la restitución de 35.500 euros.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 35) dictó sentencia el 21 de junio de 2023 estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Camilo y D.ª Rafaela.

El juzgado condenó a ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA a abonar a los actores la suma de 35.500 euros, más los intereses legales y las costas procesales, al aplicar el régimen de responsabilidad del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago y no apreciar negligencia grave en los usuarios.

Audiencia Provincial

ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba.

La entidad sostuvo que existió negligencia grave por parte de los clientes al haber cedido las claves personales a un tercero (el hijo de los titulares) y por haber facilitado las claves que permitieron completar la autenticación reforzada y la vinculación del dispositivo.

La Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la resolución recurrida.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar la distribución de la carga de la prueba y el régimen de responsabilidad de las entidades bancarias ante transferencias no autorizadas resultantes de fraudes informáticos mediante webs espejo (phishing o spoofing).

El tribunal analiza si la cesión de claves a un familiar directo para gestionar la banca digital de personas mayores constituye una negligencia grave o ruptura del nexo causal, y si la mera autenticación técnica de las operaciones exime al banco de su responsabilidad cuasi-objetiva establecida en los artículos 44, 45 y 46 del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma íntegramente la sentencia de instancia y ratifica la responsabilidad de la entidad financiera proveedora del servicio de pago.

El tribunal razona que, bajo el Real Decreto-ley 19/2018, la responsabilidad del banco tiene carácter cuasi-objetivo, lo que le obliga a reintegrar de inmediato los fondos sustraídos a menos que pruebe de forma cumplida la existencia de fraude o negligencia grave del usuario.

El tribunal determina que no puede imputarse negligencia grave a los demandantes por el hecho de que su hijo gestionara las claves, dado que la propia póliza o contrato de servicios contempla la intervención de terceros autorizados y dada la avanzada edad de los titulares (78 y 74 años).

La Sala destaca la doctrina del Tribunal Supremo sobre la nulidad de las cláusulas contractuales que exoneran de forma indiscriminada al banco por el uso de claves de acceso.

En cuanto a la conducta de la víctima, la Sala concluye que la única tacha atribuible fue confiar en una página web espejo a la que fue derivada tras una búsqueda en Google, lo que constituye un engaño articulado con suficiente pericia por ciberdelincuentes.

El tribunal subraya que el nivel de diligencia exigible a la entidad bancaria no es el de un buen padre de familia, sino el superior de un ordenado y experto comerciante, lo que la obliga a implementar sistemas de seguridad efectivos que detecten patrones anómalos (como transferencias consecutivas por importes elevados) y prevengan accesos desautorizados.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”.

Para fundamentar su decisión, la Sala invoca de manera expresa la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, citando la STS 571/2025, de 9 de abril de 2025 (sobre la responsabilidad cuasi-objetiva, la carga de la prueba de la negligencia grave y el estándar del ordenado comerciante), la STS 705/2015, de 23 de diciembre de 2015 (sobre la nulidad por abusiva de las cláusulas de exoneración total de responsabilidad del banco), y la STS de 16 de diciembre de 2009.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación interpuesto por ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA y confirma íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de instancia.

Ratifica la condena al banco a abonar a D. Camilo y D.ª Rafaela la cantidad de 35.500 euros, más los intereses legales. Asimismo, impone a la entidad bancaria apelante las costas procesales de la alzada.   

Conclusión

En la sentencia analizada, la Audiencia Provincial de Madrid considera que la responsabilidad del proveedor de servicios de pago por operaciones no autorizadas tiene carácter cuasi-objetivo y examina las circunstancias necesarias para determinar si existe fraude o negligencia grave del usuario.

El criterio aplicado por el tribunal pone de relieve la importancia de analizar las circunstancias concretas de cada fraude informático y la actuación de la entidad bancaria antes de determinar las posibles vías de reclamación.

Consulte su caso ahora

The post Abogado reclamar transferencias no autorizadas: Sentencia first appeared on Burguera Abogados.



from Burguera Abogados https://ift.tt/GPYfRs0
via IFTTThttps://ift.tt/92dPYjS

domingo, 8 de noviembre de 2026

Abogado anular fondo de inversión: Falta de información

abogado anular fondo de inversión

Si contrataste un producto financiero con tu banco sin la información previa adecuada o sin la realización del obligatorio test de idoneidad, debes saber que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para cuestionar determinadas contrataciones financieras cuando existen defectos en la información facilitada o en el consentimiento. La reciente sentencia confirma que es viable recurrir a un abogado para anular un fondo de inversión y solicitar, cuando proceda, la restitución de las cantidades correspondientes junto con los intereses legales, demostrando que la falta de transparencia invalida el consentimiento.

Si te encuentras en una situación análoga o sospechas que tu entidad bancaria omitió sus deberes de información precontractual, te invitamos a examinar el análisis detallado de esta sentencia para conocer los pasos legales que te permitirán valorar si existen fundamentos para formular una reclamación.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Lleida.
  • Sección: 2.
  • Fecha: 27 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 598/2026.

Antecedentes 

El 19 de enero de 2021, el cliente minorista D. Aureliano (de 80 años de edad, jubilado y con un nivel de conocimientos financieros básicos) suscribió con la entidad BANCO SABADELL, S.A. el producto financiero denominado Fondo de Inversión Amundi Funds Protect 90 A2 Eur ACC.

La contratación se realizó tras una breve reunión informativa con el director de la oficina, Sr. Baldomero, que duró apenas quince minutos y en la que la información precontractual se facilitó y firmó el mismo día de la suscripción del contrato.

A pesar de que la comercialización del producto se configuró en el contrato como un servicio de asesoramiento financiero personalizado por producto, la entidad bancaria no realizó el test de idoneidad exigido por la normativa.

El 3 de marzo de 2023, el fondo fue vendido y cancelado.

Tras dicha cancelación, el cliente interpuso una demanda judicial solicitando la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento derivado de la falta de información precontractual clara y suficiente sobre los riesgos de la inversión, reclamando la restitución de las sumas depositadas.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cervera (autos de procedimiento ordinario 825/2023) dictó la Sentencia nº 141/2025 estimando íntegramente la demanda promovida por D. Aureliano.

El juzgado declaró la nulidad del contrato del fondo de inversión por vicio en el consentimiento y condenó a BANCO SABADELL, S.A. a reintegrar la totalidad de las cantidades depositadas (deduciendo los importes ya reintegrados), más los intereses legales y las costas procesales.

Audiencia Provincial

BANCO SABADELL, S.A. interpuso recurso de apelación alegando la imposibilidad de ejercitar la acción de nulidad sobre un contrato ya extinguido y cancelado. Asimismo, la entidad bancaria sostuvo que no existió error vicio al contar el cliente con un perfil inversor previo, haberse practicado el test de conveniencia y haberse entregado la documentación del fondo.

La Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado el recurso de apelación, confirmando íntegramente la resolución de la primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si la consumación o cancelación previa de un producto financiero impide al cliente minorista ejercitar la acción de nulidad relativa por vicio en el consentimiento al amparo del artículo 1301 del Código Civil.

Se analiza si la entrega de la documentación precontractual el mismo día de la firma (sin un periodo de reflexión previo) y la omisión del test de idoneidad en la prestación de un servicio de asesoramiento vulneran los deberes de información de la normativa MiFID y de la Ley del Mercado de Valores, determinando la nulidad del contrato por error esencial y excusable.

Razonamiento del Tribunal

La Sala desestima la excepción planteada por el banco sobre la extinción del contrato.

Basándose en la doctrina del Tribunal Supremo (STS 662/2019) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tribunal establece que la consumación previa de un contrato no es obstáculo para ejercitar la acción de nulidad cuando esta se dirige a obtener la restitución de lo indebidamente cobrado o invertido.

En cuanto al fondo del asunto, la Audiencia concluye que la información suministrada por Banco Sabadell fue manifiestamente deficiente y no alcanzó el estándar exigido por los artículos 78 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto 217/2008.

El tribunal razona que entregar formularios complejos en una reunión de quince minutos celebrada el mismo día de la contratación conculca el deber de proporcionar la información con la antelación suficiente para permitir una decisión fundada.

Al tratarse de un servicio de asesoramiento por producto, la ausencia del test de idoneidad genera la presunción de que el cliente carecía del conocimiento necesario sobre los riesgos reales de la operación.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Concurre, así, una falta de información precontractual clara, concreta, precisa y suficiente sobre las características del producto y los riesgos que entrañaba, atendidas las individuales características del Sr. Aureliano, lo que determina la nulidad por error vicio.”

Para fundamentar su decisión sobre la viabilidad de las acciones en contratos cancelados, las obligaciones MiFID y el error excusable, la Sala invoca la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida en las SSTS 662/2019 (de 12 de diciembre), 89/2018 (de 19 de febrero), 546/2019 (de 16 de octubre), STS de Pleno de 20 de enero de 2014 y STS de Pleno de 8 de septiembre de 2014, así como la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asentada en las SSTJUE de 30 de mayo de 2013 (Asunto C-488/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse), 6 de octubre de 2009 (Asunto C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones), 21 de diciembre de 2016 (Asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, Gutiérrez Naranjo) y 26 de enero de 2017 (Asunto C-421/14, Banco Primus).

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Lleida desestima el recurso de apelación interpuesto por BANCO SABADELL, S.A. y confirma en su totalidad la sentencia del juzgado de instancia.

Ratifica la nulidad del contrato del fondo de inversión con la obligación del banco de devolver el capital depositado más los intereses legales.

Impone a la entidad bancaria recurrente las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

La previa venta o cancelación de un fondo de inversión no impide por sí sola ejercitar una acción de nulidad por vicio en el consentimiento.

Esta resulta procedente cuando la entidad bancaria proporciona la información precontractual el mismo día de la firma sin la antelación suficiente y omite la realización del test de idoneidad en el marco de un servicio de asesoramiento a un cliente minorista.

Consulte su caso ahora

The post Abogado anular fondo de inversión: Falta de información first appeared on Burguera Abogados.

https://ift.tt/jX3h5UZ

abogado anular fondo de inversión

Si contrataste un producto financiero con tu banco sin la información previa adecuada o sin la realización del obligatorio test de idoneidad, debes saber que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para cuestionar determinadas contrataciones financieras cuando existen defectos en la información facilitada o en el consentimiento. La reciente sentencia confirma que es viable recurrir a un abogado para anular un fondo de inversión y solicitar, cuando proceda, la restitución de las cantidades correspondientes junto con los intereses legales, demostrando que la falta de transparencia invalida el consentimiento.

Si te encuentras en una situación análoga o sospechas que tu entidad bancaria omitió sus deberes de información precontractual, te invitamos a examinar el análisis detallado de esta sentencia para conocer los pasos legales que te permitirán valorar si existen fundamentos para formular una reclamación.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Lleida.
  • Sección: 2.
  • Fecha: 27 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 598/2026.

Antecedentes 

El 19 de enero de 2021, el cliente minorista D. Aureliano (de 80 años de edad, jubilado y con un nivel de conocimientos financieros básicos) suscribió con la entidad BANCO SABADELL, S.A. el producto financiero denominado Fondo de Inversión Amundi Funds Protect 90 A2 Eur ACC.

La contratación se realizó tras una breve reunión informativa con el director de la oficina, Sr. Baldomero, que duró apenas quince minutos y en la que la información precontractual se facilitó y firmó el mismo día de la suscripción del contrato.

A pesar de que la comercialización del producto se configuró en el contrato como un servicio de asesoramiento financiero personalizado por producto, la entidad bancaria no realizó el test de idoneidad exigido por la normativa.

El 3 de marzo de 2023, el fondo fue vendido y cancelado.

Tras dicha cancelación, el cliente interpuso una demanda judicial solicitando la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento derivado de la falta de información precontractual clara y suficiente sobre los riesgos de la inversión, reclamando la restitución de las sumas depositadas.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cervera (autos de procedimiento ordinario 825/2023) dictó la Sentencia nº 141/2025 estimando íntegramente la demanda promovida por D. Aureliano.

El juzgado declaró la nulidad del contrato del fondo de inversión por vicio en el consentimiento y condenó a BANCO SABADELL, S.A. a reintegrar la totalidad de las cantidades depositadas (deduciendo los importes ya reintegrados), más los intereses legales y las costas procesales.

Audiencia Provincial

BANCO SABADELL, S.A. interpuso recurso de apelación alegando la imposibilidad de ejercitar la acción de nulidad sobre un contrato ya extinguido y cancelado. Asimismo, la entidad bancaria sostuvo que no existió error vicio al contar el cliente con un perfil inversor previo, haberse practicado el test de conveniencia y haberse entregado la documentación del fondo.

La Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado el recurso de apelación, confirmando íntegramente la resolución de la primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si la consumación o cancelación previa de un producto financiero impide al cliente minorista ejercitar la acción de nulidad relativa por vicio en el consentimiento al amparo del artículo 1301 del Código Civil.

Se analiza si la entrega de la documentación precontractual el mismo día de la firma (sin un periodo de reflexión previo) y la omisión del test de idoneidad en la prestación de un servicio de asesoramiento vulneran los deberes de información de la normativa MiFID y de la Ley del Mercado de Valores, determinando la nulidad del contrato por error esencial y excusable.

Razonamiento del Tribunal

La Sala desestima la excepción planteada por el banco sobre la extinción del contrato.

Basándose en la doctrina del Tribunal Supremo (STS 662/2019) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tribunal establece que la consumación previa de un contrato no es obstáculo para ejercitar la acción de nulidad cuando esta se dirige a obtener la restitución de lo indebidamente cobrado o invertido.

En cuanto al fondo del asunto, la Audiencia concluye que la información suministrada por Banco Sabadell fue manifiestamente deficiente y no alcanzó el estándar exigido por los artículos 78 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto 217/2008.

El tribunal razona que entregar formularios complejos en una reunión de quince minutos celebrada el mismo día de la contratación conculca el deber de proporcionar la información con la antelación suficiente para permitir una decisión fundada.

Al tratarse de un servicio de asesoramiento por producto, la ausencia del test de idoneidad genera la presunción de que el cliente carecía del conocimiento necesario sobre los riesgos reales de la operación.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Concurre, así, una falta de información precontractual clara, concreta, precisa y suficiente sobre las características del producto y los riesgos que entrañaba, atendidas las individuales características del Sr. Aureliano, lo que determina la nulidad por error vicio.”

Para fundamentar su decisión sobre la viabilidad de las acciones en contratos cancelados, las obligaciones MiFID y el error excusable, la Sala invoca la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida en las SSTS 662/2019 (de 12 de diciembre), 89/2018 (de 19 de febrero), 546/2019 (de 16 de octubre), STS de Pleno de 20 de enero de 2014 y STS de Pleno de 8 de septiembre de 2014, así como la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asentada en las SSTJUE de 30 de mayo de 2013 (Asunto C-488/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse), 6 de octubre de 2009 (Asunto C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones), 21 de diciembre de 2016 (Asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, Gutiérrez Naranjo) y 26 de enero de 2017 (Asunto C-421/14, Banco Primus).

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Lleida desestima el recurso de apelación interpuesto por BANCO SABADELL, S.A. y confirma en su totalidad la sentencia del juzgado de instancia.

Ratifica la nulidad del contrato del fondo de inversión con la obligación del banco de devolver el capital depositado más los intereses legales.

Impone a la entidad bancaria recurrente las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

La previa venta o cancelación de un fondo de inversión no impide por sí sola ejercitar una acción de nulidad por vicio en el consentimiento.

Esta resulta procedente cuando la entidad bancaria proporciona la información precontractual el mismo día de la firma sin la antelación suficiente y omite la realización del test de idoneidad en el marco de un servicio de asesoramiento a un cliente minorista.

Consulte su caso ahora

The post Abogado anular fondo de inversión: Falta de información first appeared on Burguera Abogados.



from Burguera Abogados https://ift.tt/jX3h5UZ
via IFTTThttps://ift.tt/BhCKFYc

jueves, 5 de noviembre de 2026

Abogado reclamar gastos médicos seguro de viaje

abogado reclamar gastos médicos seguro de viaje

¿Su seguro de viaje ha rechazado los gastos médicos de una urgencia ocurrida en el extranjero alegando que se trataba de una enfermedad preexistente? En estos casos, un abogado reclamar gastos médicos seguro de viaje puede revisar las condiciones de la póliza, las circunstancias de la asistencia recibida y la forma en que se comunicaron las exclusiones para valorar las posibles vías de reclamación. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Araba/Álava analiza precisamente esta cuestión y examina los requisitos aplicables a las cláusulas limitativas en los seguros colectivos de asistencia en viaje.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Álava.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 14 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 912/2026.

Antecedentes 

El 30 de junio de 2024, Dª Vicenta y su cónyuge suscribieron un seguro colectivo de asistencia en viaje con la entidad IMA Ibérica Seguros y Reaseguros S.A. para cubrir un desplazamiento a Canadá fijado entre el 10 y el 24 de agosto de 2024.

Antes del viaje, el 24 de julio de 2024, Dª Vicenta se sometió en España a una punción folicular dentro de un tratamiento de reproducción asistida motivado por una endometriosis previa, recibiendo el alta con una pauta antibiótica preventiva que concluyó el 3 de agosto de 2024.

El 10 de agosto de 2024, la asegurada inició su viaje transoceánico encontrándose completamente asintomática.

El 11 de agosto de 2024, tras su llegada a Canadá, Dª Vicenta comenzó a padecer un dolor abdominal agudo y fiebre originados por un endometrioma infectado con sepsis secundaria, requiriendo su ingreso de urgencia e intervención quirúrgica en el Hospital Civic de Ottawa.

Los gastos asistenciales devengados en el centro hospitalario canadiense ascendieron a 51.669,71 euros.

La compañía aseguradora rehusó asumir dicha cuantía sosteniendo que la complicación derivaba de una enfermedad crónica previa (endometriosis) y de una intervención médica anterior al viaje, supuestos excluidos en las condiciones generales del contrato.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz (Plaza nº 2) dictó la Sentencia nº 39/2026 el 4 de febrero de 2026, estimando íntegramente la demanda interpuesta por Dª Vicenta.

El juzgado condenó a IMA Ibérica Seguros y Reaseguros S.A. al abono de los 51.669,71 euros, más los intereses moratorios del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y las costas procesales.

Audiencia Provincial

IMA Ibérica Seguros y Reaseguros S.A. interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración probatoria, incorrecta interpretación del contrato de seguro, falta de acreditación de daño indemnizable e indebida imposición de intereses.

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Araba/Álava ha desestimado el recurso de apelación, confirmando íntegramente la resolución de instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si una entidad aseguradora puede oponer las cláusulas de exclusión por enfermedades preexistentes o crónicas en un seguro colectivo de asistencia en viaje cuando no consta que la asegurada haya suscrito de forma individual un boletín de adhesión ni recibido certificación de las cláusulas limitativas bajo el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro.

Asimismo, se analiza si una infección sobrevenida y asintomática antes del desplazamiento queda amparada por la cobertura de asistencia sanitaria en el extranjero.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma el derecho al cobro de la indemnización abordando el régimen legal de los seguros colectivos o de grupo.

El tribunal destaca que, en los contratos de seguro colectivo donde la perfección de la cobertura exige la incorporación individual del asegurado, las exigencias de transparencia del artículo 3 de la LCS obligan a la aseguradora a entregar un boletín de adhesión o certificación individual donde consten resaltadas las cláusulas limitativas y recabar la firma de aceptación del usuario.

Al no probar la aseguradora que Dª Vicenta hubiera firmado de forma especial un boletín de adhesión ni recibido la certificación comprensiva de las exclusiones, dichas cláusulas devienen ineficaces e inoponibles frente a la asegurada.

El tribunal concluye que, pese a la existencia de la patología previa, la infección abdominal constituyó un evento sobrevenido durante el viaje que no manifestó clínica ni sintomatología alguna con anterioridad a la salida.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Es menester, pues, que cuando la aseguradora interviene expidiendo un documento individual en favor del solicitante que se adhiere a un seguro colectivo y con ello presta su consentimiento para la perfección del contrato, haga constar en el expresado documento con suficiente claridad no sólo la cobertura del seguro, sino también la existencia de cláusulas limitativas, con los requisitos formales exigidos por el artículo 3 LCS”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Araba/Álava desestima el recurso de apelación de IMA Ibérica Seguros y Reaseguros S.A. y confirma en su integridad la sentencia apelada.

Condena a la entidad aseguradora a pagar a Dª Vicenta la suma de 51.669,71 euros, más los intereses moratorios del artículo 20.4 de la LCS desde el 11 de agosto de 2024 hasta su completo pago, e impone a la apelante las costas procesales de la segunda instancia. 

Para fundamentar su doctrina sobre la inoponibilidad de las cláusulas limitativas en seguros colectivos y la regulación del ramo de asistencia en viaje, la Sala invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las SSTS de 14 de junio de 1994, 24 de junio de 1994, 6 de abril de 2001, 27 de julio de 2006, 14 de septiembre de 2016, 4 de noviembre de 2019 y 7 de junio de 2023.

Conclusión

En las pólizas colectivas de asistencia en viaje, la aplicación de determinadas cláusulas limitativas puede depender de que la aseguradora haya cumplido los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro.

La sentencia analizada considera que, en las circunstancias concretas del caso, la falta de acreditación de la entrega y aceptación de dichas cláusulas impedía oponerlas a la asegurada.

Por ello, ante una denegación de cobertura por gastos médicos en el extranjero, se deben revisar las condiciones de la póliza, la documentación facilitada al asegurado y las circunstancias concretas de la asistencia recibida.

Consulte su caso ahora

The post Abogado reclamar gastos médicos seguro de viaje first appeared on Burguera Abogados.

https://ift.tt/tQ50y46

abogado reclamar gastos médicos seguro de viaje

¿Su seguro de viaje ha rechazado los gastos médicos de una urgencia ocurrida en el extranjero alegando que se trataba de una enfermedad preexistente? En estos casos, un abogado reclamar gastos médicos seguro de viaje puede revisar las condiciones de la póliza, las circunstancias de la asistencia recibida y la forma en que se comunicaron las exclusiones para valorar las posibles vías de reclamación. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Araba/Álava analiza precisamente esta cuestión y examina los requisitos aplicables a las cláusulas limitativas en los seguros colectivos de asistencia en viaje.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Álava.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 14 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 912/2026.

Antecedentes 

El 30 de junio de 2024, Dª Vicenta y su cónyuge suscribieron un seguro colectivo de asistencia en viaje con la entidad IMA Ibérica Seguros y Reaseguros S.A. para cubrir un desplazamiento a Canadá fijado entre el 10 y el 24 de agosto de 2024.

Antes del viaje, el 24 de julio de 2024, Dª Vicenta se sometió en España a una punción folicular dentro de un tratamiento de reproducción asistida motivado por una endometriosis previa, recibiendo el alta con una pauta antibiótica preventiva que concluyó el 3 de agosto de 2024.

El 10 de agosto de 2024, la asegurada inició su viaje transoceánico encontrándose completamente asintomática.

El 11 de agosto de 2024, tras su llegada a Canadá, Dª Vicenta comenzó a padecer un dolor abdominal agudo y fiebre originados por un endometrioma infectado con sepsis secundaria, requiriendo su ingreso de urgencia e intervención quirúrgica en el Hospital Civic de Ottawa.

Los gastos asistenciales devengados en el centro hospitalario canadiense ascendieron a 51.669,71 euros.

La compañía aseguradora rehusó asumir dicha cuantía sosteniendo que la complicación derivaba de una enfermedad crónica previa (endometriosis) y de una intervención médica anterior al viaje, supuestos excluidos en las condiciones generales del contrato.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz (Plaza nº 2) dictó la Sentencia nº 39/2026 el 4 de febrero de 2026, estimando íntegramente la demanda interpuesta por Dª Vicenta.

El juzgado condenó a IMA Ibérica Seguros y Reaseguros S.A. al abono de los 51.669,71 euros, más los intereses moratorios del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y las costas procesales.

Audiencia Provincial

IMA Ibérica Seguros y Reaseguros S.A. interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración probatoria, incorrecta interpretación del contrato de seguro, falta de acreditación de daño indemnizable e indebida imposición de intereses.

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Araba/Álava ha desestimado el recurso de apelación, confirmando íntegramente la resolución de instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si una entidad aseguradora puede oponer las cláusulas de exclusión por enfermedades preexistentes o crónicas en un seguro colectivo de asistencia en viaje cuando no consta que la asegurada haya suscrito de forma individual un boletín de adhesión ni recibido certificación de las cláusulas limitativas bajo el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro.

Asimismo, se analiza si una infección sobrevenida y asintomática antes del desplazamiento queda amparada por la cobertura de asistencia sanitaria en el extranjero.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma el derecho al cobro de la indemnización abordando el régimen legal de los seguros colectivos o de grupo.

El tribunal destaca que, en los contratos de seguro colectivo donde la perfección de la cobertura exige la incorporación individual del asegurado, las exigencias de transparencia del artículo 3 de la LCS obligan a la aseguradora a entregar un boletín de adhesión o certificación individual donde consten resaltadas las cláusulas limitativas y recabar la firma de aceptación del usuario.

Al no probar la aseguradora que Dª Vicenta hubiera firmado de forma especial un boletín de adhesión ni recibido la certificación comprensiva de las exclusiones, dichas cláusulas devienen ineficaces e inoponibles frente a la asegurada.

El tribunal concluye que, pese a la existencia de la patología previa, la infección abdominal constituyó un evento sobrevenido durante el viaje que no manifestó clínica ni sintomatología alguna con anterioridad a la salida.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Es menester, pues, que cuando la aseguradora interviene expidiendo un documento individual en favor del solicitante que se adhiere a un seguro colectivo y con ello presta su consentimiento para la perfección del contrato, haga constar en el expresado documento con suficiente claridad no sólo la cobertura del seguro, sino también la existencia de cláusulas limitativas, con los requisitos formales exigidos por el artículo 3 LCS”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Araba/Álava desestima el recurso de apelación de IMA Ibérica Seguros y Reaseguros S.A. y confirma en su integridad la sentencia apelada.

Condena a la entidad aseguradora a pagar a Dª Vicenta la suma de 51.669,71 euros, más los intereses moratorios del artículo 20.4 de la LCS desde el 11 de agosto de 2024 hasta su completo pago, e impone a la apelante las costas procesales de la segunda instancia. 

Para fundamentar su doctrina sobre la inoponibilidad de las cláusulas limitativas en seguros colectivos y la regulación del ramo de asistencia en viaje, la Sala invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo contenida en las SSTS de 14 de junio de 1994, 24 de junio de 1994, 6 de abril de 2001, 27 de julio de 2006, 14 de septiembre de 2016, 4 de noviembre de 2019 y 7 de junio de 2023.

Conclusión

En las pólizas colectivas de asistencia en viaje, la aplicación de determinadas cláusulas limitativas puede depender de que la aseguradora haya cumplido los requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro.

La sentencia analizada considera que, en las circunstancias concretas del caso, la falta de acreditación de la entrega y aceptación de dichas cláusulas impedía oponerlas a la asegurada.

Por ello, ante una denegación de cobertura por gastos médicos en el extranjero, se deben revisar las condiciones de la póliza, la documentación facilitada al asegurado y las circunstancias concretas de la asistencia recibida.

Consulte su caso ahora

The post Abogado reclamar gastos médicos seguro de viaje first appeared on Burguera Abogados.



from Burguera Abogados https://ift.tt/tQ50y46
via IFTTThttps://ift.tt/W0onkvL

miércoles, 4 de noviembre de 2026

abogado reclamar indemnización por clientela contrato

abogado reclamar indemnización por clientela contrato de agencia

¿Ha terminado su contrato de agencia y considera que la cartera de clientes que aportó sigue generando beneficios para la empresa? En estos casos, un abogado reclamar indemnización por clientela contrato de agencia puede analizar las circunstancias de la relación contractual, la forma en que se produjo su extinción y la continuidad de los clientes captados para determinar si existen fundamentos jurídicos para reclamar una compensación conforme al artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia. La sentencia que analizamos a continuación examina, además, cuándo puede plantearse una indemnización por lucro cesante derivada de la terminación anticipada del contrato por incumplimientos del empresario.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Pontevedra (Sede Vigo).
  • Sección: 6.
  • Fecha: 10 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 626/2026.

Antecedentes 

El 16 de octubre de 2020, D. Juan Luis suscribió un contrato de agencia mercantil con la entidad CAFÉS CANDELAS S.L. para asumir la promoción y gestión de ventas de productos alimenticios (principalmente café) en la provincia de Pontevedra por un plazo determinado de 5 años.

D. Juan Luis venía desempeñando previamente la labor de administrador en la mercantil UNIPROSA DE VIGO, la cual se extinguió tras entrar en concurso de acreedores.

En el contrato de agencia se pactó una retribución a favor del agente del 30 % del importe mensual de las ventas registradas y una cláusula de exclusividad y no competencia durante la vigencia del contrato.

Al iniciar la relación contractual, el agente aportó una cartera integrada por 13 nuevos clientes que comenzaron a adquirir los productos de CAFÉS CANDELAS S.L. gracias a su intermediación personal.

Durante la ejecución de la agencia, la mercantil incurrió en diversos incumplimientos: dejó de abonar en plazo las comisiones devengadas, se negó a facilitar catálogos y tarifas de precios actualizados al agente y comenzó a comunicarse directamente con los clientes para desviar la tramitación de los pedidos hacia sus promotores propios.

Ante esta obstrucción a su labor comercial, D. Juan Luis declaró resuelto el contrato el 31 de octubre de 2022 por causa imputable al empresario, tras dos años de vigencia.

Al extinguirse el vínculo, el agente reclamó el pago de las comisiones adeudadas, una indemnización por clientela y una indemnización por lucro cesante derivada de las ganancias dejadas de percibir por la terminación anticipada del contrato.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Vigo (Plaza n.º 9 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo, autos de procedimiento ordinario 1324/2022) dictó sentencia el 18 de julio de 2024 declarando la resolución del contrato de agencia por culpa imputable a CAFÉS CANDELAS S.L.

El juzgado condenó a la mercantil a abonar a D. Juan Luis la suma de 2.429,73 euros en concepto de comisiones devengadas y 21.696,97 euros como indemnización por clientela al amparo del artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia (LCA).

Sin embargo, el juzgador desestimó la pretensión de indemnización por lucro cesante de 65.090,92 euros al considerar no acreditado objetivamente el perjuicio.

Audiencia Provincial

Ambas partes interpusieron recursos de apelación: CAFÉS CANDELAS S.L. solicitó la revocación de la indemnización por clientela alegando que los clientes pertenecían a la antigua sociedad del agente y que no continuaban generando beneficios.

D. Juan Luis impugnó la desestimación del lucro cesante.

La Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado parcialmente ambos recursos de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si el agente que capta y aporta una nueva cartera de clientes al empresario ostenta derecho a la indemnización por clientela (artículo 28 de la LCA) tras la extinción del contrato de agencia, aun cuando la relación se extinga por resolución anticipada debida a incumplimientos del empresario.

Asimismo, se analiza cómo debe cuantificarse equitativamente dicha indemnización cuando no existe un pacto de limitación de competencia postcontractual y se examina la procedencia autónoma de la indemnización por lucro cesante (artículos 1101 y 1106 del Código Civil) por las comisiones que el agente deja de percibir al frustrarse la duración pactada del contrato.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma que D. Juan Luis acreditó el cumplimiento de las condiciones legales para devengar la indemnización por clientela regulada en el artículo 28 de la LCA.

El tribunal descarta que existiera confusión de personalidades jurídicas con la antigua sociedad en concurso y declara probado que el agente captó e incorporó 13 nuevos clientes a la firma demandada.

Tras analizar la prueba documental y contable, la Audiencia constata que 6 de esos clientes continuaron realizando pedidos estables con posterioridad a la extinción de la agencia, lo que genera un pronóstico razonable de que la actividad del agente seguirá produciendo ventajas sustanciales a la empresa.

No obstante, la Sala corrige la cuantificación del importe.

Al constatar que el pacto de exclusividad del contrato operaba únicamente durante su vigencia y no con carácter postcontractual, el tribunal determina que conceder el tope máximo legal (la media anual del contrato) resultaría inequitativo.

En ejercicio del juicio de equidad, la Audiencia reduce la indemnización por clientela a la suma de 8.000 euros.

Respecto al lucro cesante, la Sala revoca la resolución de instancia y estima la pretensión del agente.

El tribunal razona que la actuación desleal de la empresa —al obstaculizar la labor del agente y derivar pedidos— justificó la resolución anticipada del contrato de 5 años cuando solo transcurrieron 2.

Esta terminación imputable al empresario frustró la expectativa de negocio y causó un perjuicio patrimonial directo consistente en la pérdida de las comisiones futuras que el agente habría obtenido hasta la finalización del plazo pactado.

Tomando como base el promedio mensual de comisiones acreditado (1.703,63 euros), el tribunal fija la indemnización por lucro cesante en 61.330,80 euros.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la finalidad del artículo 28, conforme a la propia naturaleza y dinámica del contrato de agencia, responde, básicamente, a una función compensatoria legalmente prevista en el plano de la liquidación patrimonial tras la extinción de la relación contractual de las partes. Este valor de compensación se presenta de modo objetivable, sobre los beneficios o ventajas que, como consecuencia de la actividad desplegada por el agente permanecen, a su cese, a favor del empresario para quien realizó los correspondientes servicios de promoción y, en su caso, de conclusión comercial”.

Para fundamentar los requisitos de la indemnización por clientela y la naturaleza de la prueba, la Sala cita las SSTS de 3 de junio de 2015 (Sentencia nº 206/2015), 10 de enero de 2011, 4 de noviembre de 2010, 4 de enero de 2010 y 6 de noviembre de 2012.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Pontevedra estima en parte los recursos de apelación de D. Juan Luis y CAFÉS CANDELAS S.L., revocando parcialmente la sentencia de instancia. El tribunal resuelve:

  1. Reducir la cuantía de la indemnización por clientela a favor de D. Juan Luis a la suma de 8.000 euros.
  2. Condenar a CAFÉS CANDELAS S.L. a pagar a D. Juan Luis la cantidad de 61.330,80 euros en concepto de indemnización por lucro cesante.
  3. Mantener la condena al pago de las comisiones devengadas (2.429,73 euros) e incrementar las cuantías con los intereses moratorios de la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales de la alzada.

Conclusión

El agente mercantil que aporta nuevos clientes cuyos pedidos continúan reportando ventajas al empresario tras la extinción del contrato puede tener derecho a una indemnización por clientela conforme al artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia, siempre que concurran los requisitos establecidos legalmente.

Cuando el contrato finaliza anticipadamente por un incumplimiento imputable al empresario, puede plantearse la reclamación del lucro cesante por las comisiones que se hayan dejado de percibir, siempre que el perjuicio pueda acreditarse conforme a las circunstancias del caso.

Consulte su caso ahora

The post abogado reclamar indemnización por clientela contrato first appeared on Burguera Abogados.

https://ift.tt/QV5s4aX

abogado reclamar indemnización por clientela contrato de agencia

¿Ha terminado su contrato de agencia y considera que la cartera de clientes que aportó sigue generando beneficios para la empresa? En estos casos, un abogado reclamar indemnización por clientela contrato de agencia puede analizar las circunstancias de la relación contractual, la forma en que se produjo su extinción y la continuidad de los clientes captados para determinar si existen fundamentos jurídicos para reclamar una compensación conforme al artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia. La sentencia que analizamos a continuación examina, además, cuándo puede plantearse una indemnización por lucro cesante derivada de la terminación anticipada del contrato por incumplimientos del empresario.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Pontevedra (Sede Vigo).
  • Sección: 6.
  • Fecha: 10 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 626/2026.

Antecedentes 

El 16 de octubre de 2020, D. Juan Luis suscribió un contrato de agencia mercantil con la entidad CAFÉS CANDELAS S.L. para asumir la promoción y gestión de ventas de productos alimenticios (principalmente café) en la provincia de Pontevedra por un plazo determinado de 5 años.

D. Juan Luis venía desempeñando previamente la labor de administrador en la mercantil UNIPROSA DE VIGO, la cual se extinguió tras entrar en concurso de acreedores.

En el contrato de agencia se pactó una retribución a favor del agente del 30 % del importe mensual de las ventas registradas y una cláusula de exclusividad y no competencia durante la vigencia del contrato.

Al iniciar la relación contractual, el agente aportó una cartera integrada por 13 nuevos clientes que comenzaron a adquirir los productos de CAFÉS CANDELAS S.L. gracias a su intermediación personal.

Durante la ejecución de la agencia, la mercantil incurrió en diversos incumplimientos: dejó de abonar en plazo las comisiones devengadas, se negó a facilitar catálogos y tarifas de precios actualizados al agente y comenzó a comunicarse directamente con los clientes para desviar la tramitación de los pedidos hacia sus promotores propios.

Ante esta obstrucción a su labor comercial, D. Juan Luis declaró resuelto el contrato el 31 de octubre de 2022 por causa imputable al empresario, tras dos años de vigencia.

Al extinguirse el vínculo, el agente reclamó el pago de las comisiones adeudadas, una indemnización por clientela y una indemnización por lucro cesante derivada de las ganancias dejadas de percibir por la terminación anticipada del contrato.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Vigo (Plaza n.º 9 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo, autos de procedimiento ordinario 1324/2022) dictó sentencia el 18 de julio de 2024 declarando la resolución del contrato de agencia por culpa imputable a CAFÉS CANDELAS S.L.

El juzgado condenó a la mercantil a abonar a D. Juan Luis la suma de 2.429,73 euros en concepto de comisiones devengadas y 21.696,97 euros como indemnización por clientela al amparo del artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia (LCA).

Sin embargo, el juzgador desestimó la pretensión de indemnización por lucro cesante de 65.090,92 euros al considerar no acreditado objetivamente el perjuicio.

Audiencia Provincial

Ambas partes interpusieron recursos de apelación: CAFÉS CANDELAS S.L. solicitó la revocación de la indemnización por clientela alegando que los clientes pertenecían a la antigua sociedad del agente y que no continuaban generando beneficios.

D. Juan Luis impugnó la desestimación del lucro cesante.

La Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado parcialmente ambos recursos de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si el agente que capta y aporta una nueva cartera de clientes al empresario ostenta derecho a la indemnización por clientela (artículo 28 de la LCA) tras la extinción del contrato de agencia, aun cuando la relación se extinga por resolución anticipada debida a incumplimientos del empresario.

Asimismo, se analiza cómo debe cuantificarse equitativamente dicha indemnización cuando no existe un pacto de limitación de competencia postcontractual y se examina la procedencia autónoma de la indemnización por lucro cesante (artículos 1101 y 1106 del Código Civil) por las comisiones que el agente deja de percibir al frustrarse la duración pactada del contrato.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma que D. Juan Luis acreditó el cumplimiento de las condiciones legales para devengar la indemnización por clientela regulada en el artículo 28 de la LCA.

El tribunal descarta que existiera confusión de personalidades jurídicas con la antigua sociedad en concurso y declara probado que el agente captó e incorporó 13 nuevos clientes a la firma demandada.

Tras analizar la prueba documental y contable, la Audiencia constata que 6 de esos clientes continuaron realizando pedidos estables con posterioridad a la extinción de la agencia, lo que genera un pronóstico razonable de que la actividad del agente seguirá produciendo ventajas sustanciales a la empresa.

No obstante, la Sala corrige la cuantificación del importe.

Al constatar que el pacto de exclusividad del contrato operaba únicamente durante su vigencia y no con carácter postcontractual, el tribunal determina que conceder el tope máximo legal (la media anual del contrato) resultaría inequitativo.

En ejercicio del juicio de equidad, la Audiencia reduce la indemnización por clientela a la suma de 8.000 euros.

Respecto al lucro cesante, la Sala revoca la resolución de instancia y estima la pretensión del agente.

El tribunal razona que la actuación desleal de la empresa —al obstaculizar la labor del agente y derivar pedidos— justificó la resolución anticipada del contrato de 5 años cuando solo transcurrieron 2.

Esta terminación imputable al empresario frustró la expectativa de negocio y causó un perjuicio patrimonial directo consistente en la pérdida de las comisiones futuras que el agente habría obtenido hasta la finalización del plazo pactado.

Tomando como base el promedio mensual de comisiones acreditado (1.703,63 euros), el tribunal fija la indemnización por lucro cesante en 61.330,80 euros.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la finalidad del artículo 28, conforme a la propia naturaleza y dinámica del contrato de agencia, responde, básicamente, a una función compensatoria legalmente prevista en el plano de la liquidación patrimonial tras la extinción de la relación contractual de las partes. Este valor de compensación se presenta de modo objetivable, sobre los beneficios o ventajas que, como consecuencia de la actividad desplegada por el agente permanecen, a su cese, a favor del empresario para quien realizó los correspondientes servicios de promoción y, en su caso, de conclusión comercial”.

Para fundamentar los requisitos de la indemnización por clientela y la naturaleza de la prueba, la Sala cita las SSTS de 3 de junio de 2015 (Sentencia nº 206/2015), 10 de enero de 2011, 4 de noviembre de 2010, 4 de enero de 2010 y 6 de noviembre de 2012.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Pontevedra estima en parte los recursos de apelación de D. Juan Luis y CAFÉS CANDELAS S.L., revocando parcialmente la sentencia de instancia. El tribunal resuelve:

  1. Reducir la cuantía de la indemnización por clientela a favor de D. Juan Luis a la suma de 8.000 euros.
  2. Condenar a CAFÉS CANDELAS S.L. a pagar a D. Juan Luis la cantidad de 61.330,80 euros en concepto de indemnización por lucro cesante.
  3. Mantener la condena al pago de las comisiones devengadas (2.429,73 euros) e incrementar las cuantías con los intereses moratorios de la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales de la alzada.

Conclusión

El agente mercantil que aporta nuevos clientes cuyos pedidos continúan reportando ventajas al empresario tras la extinción del contrato puede tener derecho a una indemnización por clientela conforme al artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia, siempre que concurran los requisitos establecidos legalmente.

Cuando el contrato finaliza anticipadamente por un incumplimiento imputable al empresario, puede plantearse la reclamación del lucro cesante por las comisiones que se hayan dejado de percibir, siempre que el perjuicio pueda acreditarse conforme a las circunstancias del caso.

Consulte su caso ahora

The post abogado reclamar indemnización por clientela contrato first appeared on Burguera Abogados.



from Burguera Abogados https://ift.tt/QV5s4aX
via IFTTThttps://ift.tt/W0onkvL