Abogado reclamar seguro de vida Bilbao: Sentencia Si la aseguradora ha rechazado el pago de una póliza alegando una supuesta ocultación de datos médicos, contar con un abogado reclamar seguro de vida Bilbao puede marcar la diferencia para defender sus derechos. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia demuestra que las compañías aseguradoras no pueden ampararse en cuestionarios de salud genéricos o ambiguos para evitar el cumplimiento de sus obligaciones. En casos de invalidez permanente o denegación de indemnizaciones, analizar cómo se realizó la contratación y qué preguntas formuló realmente la aseguradora resulta fundamental para valorar la viabilidad de una reclamación y reclamar la indemnización que legalmente pueda corresponder. Consulte su caso ahora

Si la aseguradora ha rechazado el pago de una póliza alegando una supuesta ocultación de datos médicos, contar con un abogado reclamar seguro de vida Bilbao puede marcar la diferencia para defender sus derechos. La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia demuestra que las compañías aseguradoras no pueden ampararse en cuestionarios de salud genéricos o ambiguos para evitar el cumplimiento de sus obligaciones. En casos de invalidez permanente o denegación de indemnizaciones, analizar cómo se realizó la contratación y qué preguntas formuló realmente la aseguradora resulta fundamental para valorar la viabilidad de una reclamación y reclamar la indemnización que legalmente pueda corresponder.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Bizkaia.
• Sección: 3.
• Fecha: 4 de marzo de 2026.
• Nº de Resolución: 127/2026

Antecedentes 

El 23 de abril de 2012, el Sr. Víctor suscribió un contrato de seguro de vida con la entidad BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (póliza nº NUM000), el cual incluía una garantía de indemnización por invalidez permanente absoluta por un capital de 67.500 euros.

La contratación se realizó a iniciativa de una correduría de seguros, y el cuestionario de salud fue cumplimentado ante una agente de la entidad.

En dicho cuestionario, el asegurado declaró que se sometía a revisiones anuales por rutina, pero no mencionó antecedentes específicos de patologías oculares, ya que no se le preguntó expresamente por ellas.

Previamente, en 2008, solo había tenido una baja corta por una operación de cataratas.

El 1 de marzo de 2021, casi nueve años después de la firma, el INSS declaró al Sr. Víctor en situación de incapacidad permanente absoluta debido a un glaucoma miópico con afectación severa del campo visual.

La aseguradora rechazó el pago alegando que el cliente ocultó dolosamente su dolencia oftalmológica al contratar.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Tribunal de Instancia de Bilbao dictó sentencia el 22 de noviembre de 2023, desestimando íntegramente la demanda.

El juzgador consideró que el asegurado incurrió en dolo o negligencia grave al no declarar sus antecedentes de visión.

Audiencia Provincial

El asegurado interpuso recurso de apelación alegando una valoración errónea de la prueba y la infracción del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), argumentando que nunca se le preguntó por dolencias oftalmológicas específicas.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si existe una infracción del deber de declarar el riesgo por parte del asegurado cuando la compañía utiliza un cuestionario de salud genérico y estereotipado.

El tribunal analiza si las preguntas formuladas permitieron al asegurado ser consciente de que estaba silenciando datos relevantes, especialmente cuando el cliente admitió realizar revisiones anuales y la aseguradora no solicitó aclaración alguna en ese momento.

Razonamiento del Tribunal

La Sala revoca la sentencia de instancia al considerar que no hubo ocultación de datos.

El tribunal subraya que el deber de declaración es un deber de contestación a lo que pregunte el asegurador, quien debe soportar las consecuencias de presentar un formulario incompleto o ambiguo.

Se destaca que, en 2012, la aseguradora no incluyó preguntas concretas sobre trastornos oftalmológicos (algo que sí hace en sus formularios actuales de 2022), lo que demuestra que el cuestionario original era insuficiente para que el asegurado vinculara su historial de visión con el riesgo cubierto.

Además, al declarar el Sr. Víctor que se sometía a revisiones, fue la aseguradora la que mostró “desatención” al no indagar más sobre la naturaleza de dichas consultas.

“el formalizado en el año 2012 es un cuestionario incompleto, demasiado genérico o ambiguo, con preguntas sobre la salud general del asegurado claramente estereotipadas que no permitan al asegurado vincular dichos antecedentes con la enfermedad causante del siniestro”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación, revoca la sentencia anterior y estima íntegramente la demanda.

Condena a BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA a abonar al Sr. Víctor 67.500 euros, incrementados con un 3% acumulativo y los intereses del artículo 20 de la LCS. 

Conclusión

La aseguradora no puede invocar la ocultación de antecedentes para evitar el pago si el cuestionario de salud empleado fue genérico y no contenía preguntas específicas sobre la patología causante de la invalidez.  Recae sobre la entidad la responsabilidad de la falta de precisión en la valoración del riesgo.

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Abogado anular seguro vinculado Girona: Conoce sentencia Firmar una hipoteca puede parecer un trámite sencillo, pero en muchos casos incorpora productos adicionales cuyo impacto económico no se percibe con claridad en el momento de la firma. Si sospecha que su préstamo incluye condiciones poco transparentes, un abogado anular seguro vinculado Girona puede ayudarle a revisar si la contratación del seguro fue obligatoria y si existen fundamentos jurídicos para solicitar su nulidad. En este análisis comentamos una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Girona que aborda precisamente la validez de los seguros de vida vinculados a hipotecas bajo la modalidad de prima única financiada. Consulte su caso ahora

Firmar una hipoteca puede parecer un trámite sencillo, pero en muchos casos incorpora productos adicionales cuyo impacto económico no se percibe con claridad en el momento de la firma. Si sospecha que su préstamo incluye condiciones poco transparentes, un abogado anular seguro vinculado Girona puede ayudarle a revisar si la contratación del seguro fue obligatoria y si existen fundamentos jurídicos para solicitar su nulidad. En este análisis comentamos una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Girona que aborda precisamente la validez de los seguros de vida vinculados a hipotecas bajo la modalidad de prima única financiada.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Girona.
• Sección: 1.
• Fecha: 11 de marzo de 2026.
• Nº de Resolución: 324/2026.

Antecedentes

El 26 de enero de 2017, la Sra. Fátima y el Sr. Millán suscribieron un contrato de préstamo hipotecario con la entidad Banco Sabadell S.A. por un importe total de 203.635,82 euros.

De dicha cantidad, 178.000 euros correspondían al capital solicitado para la vivienda, mientras que 25.635,82 euros se destinaron íntegramente a financiar el pago de una prima única de un seguro de vida vinculado al préstamo por toda su duración (300 meses).

La particularidad del caso radica en que el importe de la prima del seguro se sumó al capital del préstamo, lo que provocó que los prestatarios tuvieran que pagar intereses remuneratorios sobre el coste del propio seguro durante toda la vida de la hipoteca.

El seguro fue contratado con una compañía perteneciente al mismo grupo empresarial del banco (BanSabadell Vida S.A.).

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Tribunal de Instancia de Girona (Sección Civil n.º 5) dictó sentencia el 3 de junio de 2025 estimando la demanda de los consumidores.

El juzgado declaró la nulidad de la obligación de contratar el seguro y de la cláusula de gastos, condenando al banco a devolver 3.455,28 euros en concepto de intereses remuneratorios cobrados indebidamente por dicho seguro.

Audiencia Provincial 

Banco Sabadell interpuso recurso de apelación alegando que carecía de legitimación pasiva (argumentando que el seguro es un contrato distinto a la hipoteca y que ellos solo actuaron como mediadores) y defendiendo que la práctica no era abusiva al ser perfectamente lícita la bonificación del tipo de interés por contratar productos vinculados.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centra en determinar si una entidad financiera es responsable de la nulidad de un seguro vinculado cuando su contratación ha sido impuesta como condición ineludible para la concesión del crédito.

El tribunal analiza si la modalidad de “prima única financiada” —que detrae el coste del seguro del capital prestado o lo suma a este para generar más intereses— es transparente y equilibrada, o si, por el contrario, constituye una cláusula abusiva según los artículos 82 y 89 del TRLGDCU al generar un beneficio desproporcionado para el banco y sus empresas del grupo.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial desestima el recurso del banco confirmando su responsabilidad directa.

El tribunal razona que existe una plena vinculación entre ambos contratos, ya que la oferta bancaria condicionaba la concesión del préstamo en esas condiciones a la firma del seguro.

Se destaca que el banco impuso su propia aseguradora sin ofrecer alternativas de mercado y que la prima única financiada supone un sobrecoste financiero para el consumidor, quien acaba pagando intereses por un servicio que beneficia principalmente a la entidad asegurando el cobro de la deuda.

La Sala subraya que no hubo negociación individual y que los clientes no recibieron información precontractual suficiente para comprender la carga económica de adelantar 25 años de prima en un solo pago financiado.

“se trató de una estipulación, la de exigir una cobertura de seguro de vida solo con cargo al cliente consumidor, absolutamente abusiva”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Girona desestima el recurso de apelación de Banco Sabadell S.A. y confirma íntegramente la sentencia de instancia.

El tribunal ratifica la nulidad de la obligación de contratar el seguro por su carácter abusivo y condena a la entidad al pago de las costas procesales de la segunda instancia, además de decretar la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Conclusión

Es nula por abusiva la imposición de un seguro de vida vinculado a la hipoteca bajo la modalidad de prima única financiada cuando el banco no acredita haber negociado la cláusula ni haber ofrecido alternativas, obteniendo un beneficio extra mediante el cobro de intereses sobre la propia prima del seguro contratado con una empresa de su grupo.

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Abogado reclamar estafa bancaria Málaga: Caso real Cuando aparecen cargos en la cuenta que el cliente no reconoce, especialmente en casos de fraude digital, es normal sentirse desbordado y sin saber por dónde empezar a reclamar. En estas situaciones, contar con un abogado reclamar estafa bancaria Málaga puede ser determinante para analizar la operativa, exigir responsabilidades a la entidad financiera y valorar si existe base legal para recuperar el dinero perdido. A continuación, revisamos una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que aclara cómo deben responder los bancos ante operaciones no autorizadas en casos de fraude sofisticado. Consulte su caso ahora

Cuando aparecen cargos en la cuenta que el cliente no reconoce, especialmente en casos de fraude digital, es normal sentirse desbordado y sin saber por dónde empezar a reclamar. En estas situaciones, contar con un abogado reclamar estafa bancaria Málaga puede ser determinante para analizar la operativa, exigir responsabilidades a la entidad financiera y valorar si existe base legal para recuperar el dinero perdido. A continuación, revisamos una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que aclara cómo deben responder los bancos ante operaciones no autorizadas en casos de fraude sofisticado.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga.
• Sección: 5.
• Fecha: 14 de enero de 2026.
• Nº de Resolución: 20/2026.

Antecedentes 

D. Ezequiel era cliente de la entidad Cajamar Caja Rural desde 2013 y titular de una tarjeta de crédito Visa Classic.

Entre los días 2 y 9 de octubre de 2020, se realizaron 77 operaciones de disposición de efectivo en diversos cajeros de la provincia de Málaga, la mayoría de ellas durante la madrugada y por pequeñas cuantías.

El importe total sustraído ascendió a 9.470,25 euros, a lo que se sumaron 31,25 euros en concepto de comisiones por los reintegros.

El fraude se ejecutó mediante la tecnología Apple Pay, utilizando un PIN asociado a la tarjeta.

El cliente, que no disponía de dispositivos de dicha marca y solo usaba la tarjeta para pagos puntuales de impuestos o facturas de hotel, comunicó el fraude y bloqueó la tarjeta el 31 de diciembre de 2020 tras percatarse de los cargos.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Coín estimó íntegramente la demanda interpuesta por el cliente el 3 de octubre de 2022.

El juzgado declaró el incumplimiento contractual de Cajamar y la condenó a devolver 9.501,25 euros más los intereses legales y las costas.

Audiencia Provincial

Cajamar interpuso recurso de apelación alegando que el cliente incurrió en una negligencia grave al desarticular supuestamente los niveles de seguridad de la entidad (código de usuario, PIN y autenticación reforzada).

La entidad sostuvo que el sistema de seguridad no falló y que el uso de las claves acreditaba la autorización del cliente.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar el alcance de la responsabilidad del proveedor de servicios de pago ante operaciones no autorizadas, según el Real Decreto Ley 19/2018.

El tribunal debe resolver si el mero hecho de que una operación se realice con las claves y códigos personales del usuario basta para considerarla “autorizada” y exonerar al banco, o si la entidad debe probar la existencia de fraude o negligencia grave por parte del cliente.

Asimismo, se analiza si caer en un engaño sofisticado (como phishing o ataques de malware) constituye una falta de diligencia cualificada del usuario.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma la responsabilidad cuasi objetiva de la entidad financiera, derivada del riesgo profesional de su actividad.

El tribunal razona que, una vez que el cliente niega haber autorizado las operaciones, la carga de la prueba recae exclusivamente sobre el banco, que debe acreditar no solo que el pago fue autenticado, sino que no hubo fallos técnicos y que el usuario actuó con una negligencia grave.

En este caso, el tribunal valoró que el fraude fue cometido por terceros mediante métodos complejos difícilmente detectables para un cliente habitual.

Se destacó que el cliente no utilizaba Apple Pay ni banca online para extracciones, lo que refuerza la tesis del fraude externo sin colaboración del titular.

Además, el tribunal subrayó que la negligencia grave requiere una falta de diligencia significativa por iniciativa del usuario, y no la mera caída en un engaño provocado por delincuentes profesionales. 

“el consentimiento no se entiende prestado por el solo hecho de que la operación de pago se haya realizado mediante la utilización de las claves personales, sino que es necesario que provenga del usuario o, en caso de que éste niegue su intervención, que se acredite fraude, incumplimiento deliberado o, al menos, negligencia grave por parte del usuario, cuya prueba recae sobre la entidad bancaria”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de Cajamar y confirma íntegramente la sentencia de instancia.

El tribunal ratifica la obligación de la entidad de restituir los 9.501,25 euros más los intereses legales.

Para fundamentar su decisión, la Sala cita jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 571/2025) y diversas resoluciones de otras Audiencias Provinciales que protegen al consumidor frente al riesgo de las plataformas de pago electrónicas. Se imponen las costas del recurso a la parte apelante.

Conclusión

En el ámbito de los servicios de pago, el banco debe reembolsar de inmediato las operaciones no autorizadas, a menos que pruebe que el cliente actuó con negligencia grave.

No se considera tal el ser víctima de un fraude informático sofisticado si el banco no acredita una conducta del usuario caracterizada por una falta de diligencia extraordinaria.

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Abogado recuperar indemnización invalidez seguro vida No siempre una negativa de la aseguradora significa que el caso esté perdido; muchas veces es justo el inicio del análisis jurídico más importante del contrato. Si estás en esta situación, un abogado recuperar indemnización invalidez seguro vida Madrid puede revisar si la compañía ha aplicado correctamente la Ley de Contrato de Seguro, especialmente cuando se discute la validez del cuestionario de salud o la existencia de supuesta ocultación de información médica. En estos casos, la sentencia reciente del Tribunal Supremo resulta clave para determinar si la aseguradora está realmente legitimada para rechazar el pago de la indemnización por invalidez. Consulte su caso ahora

No siempre una negativa de la aseguradora significa que el caso esté perdido; muchas veces es justo el inicio del análisis jurídico más importante del contrato. Si estás en esta situación, un abogado recuperar indemnización invalidez seguro vida Madrid puede revisar si la compañía ha aplicado correctamente la Ley de Contrato de Seguro, especialmente cuando se discute la validez del cuestionario de salud o la existencia de supuesta ocultación de información médica. En estos casos, la sentencia reciente del Tribunal Supremo resulta clave para determinar si la aseguradora está realmente legitimada para rechazar el pago de la indemnización por invalidez.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Tribunal Supremo.
• Sección: 1.
• Fecha: 13 de abril de 2026.
• Nº de Resolución: 554/2026.

Antecedentes

El 19 de septiembre de 2011, D.ª Andrea, abogada de profesión, suscribió con la entidad Seguros Bilbao una póliza de seguro de vida que incluía la garantía de invalidez permanente absoluta con un capital asegurado de 60.000 euros.

Al momento de la contratación, se generó un cuestionario de salud que no fue rellenado de forma manuscrita por la asegurada ni quedó acreditado que la firma que figuraba en el mismo fuera suya.

El 17 de marzo de 2016, la Mutualidad General de la Abogacía reconoció a la Sra. Andrea una invalidez permanente absoluta.

Tras reclamar el capital de la póliza, la aseguradora rechazó el pago en octubre de 2017, alegando que la cliente había ocultado dolosamente información sobre su estado de salud previo a la firma del contrato.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de A Coruña estimó íntegramente la demanda en octubre de 2019.

El juzgado negó validez probatoria al cuestionario de salud aportado por la aseguradora al no estar rellenado ni firmado por la interesada, condenando a la compañía al pago de los 60.000 euros más el 3% acumulativo pactado y los intereses de demora.

Audiencia Provincial

La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la condena principal, pero modificó el inicio del devengo de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), retrasándolo hasta diciembre de 2016 por considerar que fue entonces cuando se realizó una reclamación “en forma”.

Tribunal Supremo

La asegurada recurrió en casación para recuperar el abono de los intereses desde la fecha original del siniestro.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centró en dos puntos fundamentales: la eficacia de un cuestionario de salud no suscrito por el asegurado y el momento inicial del cómputo de los intereses punitivos por mora. El tribunal analizó si la falta de firma en el cuestionario impide a la aseguradora invocar el incumplimiento del deber de declarar el riesgo (art. 10 LCS) y si el retraso en el pago de la indemnización debe penalizarse desde la fecha del siniestro o desde que la aseguradora considera que tiene documentación “suficiente” para valorar el caso.

Razonamiento del Tribunal

El Tribunal Supremo estimó el recurso de la asegurada.

Respecto al cuestionario, la Sala ratificó que no tiene valor probatorio contra el cliente si no ha sido rellenado o firmado por él, lo que impide a la aseguradora alegar que se le ocultó información relevante.

Sobre los intereses de demora, el tribunal recordó que la regla general sitúa el inicio del cómputo en la fecha del siniestro.

Razonó que la aseguradora no probó que el asegurado incumpliera su deber de comunicación y que el hecho de solicitar documentación adicional no justifica posponer el devengo de los intereses si la realidad del siniestro ya era conocida. 

“no está justificado posponer el inicio del cómputo de los intereses a una fecha distinta a la del siniestro conforme al art. 20.6º.I LCS”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación de D.ª Andrea y revocó parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial.

El tribunal confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia, obligando a Seguros Bilbao a pagar los 60.000 euros más el incremento del 3% y los intereses del artículo 20 LCS calculados desde el 17 de marzo de 2016 (fecha del reconocimiento de la invalidez).

Se impusieron a la aseguradora las costas del recurso de apelación.

Conclusión

Un cuestionario de salud que no ha sido firmado ni rellenado por el asegurado carece de validez para que la aseguradora alegue ocultación de datos.

Los intereses por mora del artículo 20 LCS deben abonarse desde la fecha del siniestro si la compañía no prueba un retraso culpable del asegurado en la comunicación del mismo.

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Abogado reclamar indemnización negligencia sanitaria Si ha sufrido daños por mala praxis médica y desea comprender cómo proteger sus derechos, contar con un abogado especializado en reclamar indemnización por negligencia sanitaria en Madrid puede ser determinante para analizar su caso con rigor jurídico. La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un parto complicado tras cesárea previa ofrece un criterio relevante sobre el consentimiento informado y la pérdida de oportunidad, útil para entender cuándo puede proceder una indemnización proporcional al daño sufrido. Este artículo resume los hechos, la tramitación judicial y los fundamentos legales para ayudarle a valorar situaciones similares Consulte su caso ahora

Si ha sufrido daños por mala praxis médica y desea comprender cómo proteger sus derechos, contar con un abogado especializado en reclamar indemnización por negligencia sanitaria en Madrid puede ser determinante para analizar su caso con rigor jurídico. La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un parto complicado tras cesárea previa ofrece un criterio relevante sobre el consentimiento informado y la pérdida de oportunidad, útil para entender cuándo puede proceder una indemnización proporcional al daño sufrido. Este artículo resume los hechos, la tramitación judicial y los fundamentos legales para ayudarle a valorar situaciones similares

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
• Sección: 1.
• Fecha: 10 de marzo de 2026.
• Nº de Resolución: 374/2026.

Antecedentes 

El 24 de diciembre de 2013, D.ª Eufrasia, embarazada de 41 semanas y 3 días y con el antecedente de una cesárea previa, acudió al Servicio de Urgencias del Hospital de Guadalajara. Tras ser monitorizada, se intentó un parto vaginal en el que se produjo una rotura uterina con sospecha de sufrimiento fetal.

A las 4:00 horas nació por cesárea de urgencia su hija, Palmira, quien sufrió una encefalopatía isquémica severa que le ha provocado una incapacidad del 78%.

La madre y la menor reclamaron una indemnización superior al millón de euros alegando mala praxis y, especialmente, la infracción del consentimiento informado, ya que no se informó a la gestante de los riesgos de un parto vaginal tras cesárea previa ni de la alternativa de una cesárea programada.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Majadahonda estimó parcialmente la demanda.

Consideró que no hubo mala praxis médica en la ejecución del parto, pero sí una falta de información a la paciente, fijando una indemnización de 10.000 euros exclusivamente por daño moral autónomo.

Audiencia Provincial 

La Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la sentencia de instancia.

El tribunal ratificó que la falta de información solo generaba un daño moral desligado de las lesiones físicas, argumentando que la elección del método de parto (cesárea o vaginal) correspondía al personal médico y no a la paciente.

Tribunal Supremo 

La demandante interpuso recurso de casación denunciando que la falta de consentimiento informado impedía a la madre evitar el riesgo que finalmente se materializó (rotura uterina), por lo que debían indemnizarse los daños corporales y no solo el moral.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si, ante una infracción del deber de información sobre las alternativas de finalización de un parto (parto vaginal tras cesárea o cesárea electiva), procede únicamente una indemnización por daño moral o si debe aplicarse la doctrina de la pérdida de oportunidad.

El tribunal analiza si el paciente tiene derecho a decidir sobre intervenciones invasivas y si el riesgo materializado debe ser resarcido en función de la probabilidad de que el paciente hubiera elegido otra opción de haber sido informado.

Razonamiento del Tribunal

El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso basándose en el derecho de autodeterminación de la mujer en el proceso del parto.

El tribunal razona que el parto no es un proceso ajeno a la voluntad de la paciente y que el personal médico no puede sustituir su decisión, especialmente cuando el protocolo de la SEGO recomienda informar de que el riesgo de rotura uterina es diez veces mayor en partos vaginales tras cesárea previa.

La Sala concluye que existió una incertidumbre causal sobre qué habría decidido la madre.

Aplicando la doctrina de la pérdida de oportunidad, realiza un juicio de probabilidad y estima en un 20% las posibilidades de que la mujer hubiera optado por la cesárea programada, evitando así el daño.

Por tanto, la indemnización no puede ser un importe simbólico por daño moral, sino el 20% del valor total de los daños corporales sufridos.

“consentimiento informado es presupuesto y elemento integrante de la lex artis ad hoc”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación y casa la sentencia de la Audiencia Provincial.

Condena a Mapfre Empresas Seguros y Reaseguros, S.A. a abonar a la hija la suma de 200.000 euros (correspondiente al 20% del daño corporal evaluado) y a la madre la cantidad de 1.077,96 euros.

Ambas cantidades devengarán los intereses especiales del artículo 20 de la LCS desde mayo de 2015.

No se imponen costas procesales de las instancias ni del recurso.

Conclusión

En el ámbito sanitario, la omisión del consentimiento informado sobre alternativas terapéuticas y riesgos típicos genera una responsabilidad por pérdida de oportunidad.

Si existe una probabilidad razonable de que el paciente hubiera evitado el daño eligiendo otra opción, la aseguradora debe indemnizar el daño materializado en proporción a dicha probabilidad.

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Abogado reclamar seguro amortización A Coruña Cuando una aseguradora rechaza cubrir un préstamo hipotecario tras un fallecimiento, surgen dudas que pueden marcar la diferencia entre asumir una carga económica injusta o defender sus derechos con base legal. En este contexto, contar con un abogado reclamar seguro amortización A Coruña permite analizar si la negativa de la compañía se ajusta realmente a lo pactado en la póliza y a la jurisprudencia aplicable. A continuación, examinamos una reciente sentencia que ayuda a entender cómo los tribunales valoran este tipo de situaciones, siempre teniendo en cuenta que cada caso debe estudiarse según sus circunstancias concretas. Consulte su caso ahora

Cuando una aseguradora rechaza cubrir un préstamo hipotecario tras un fallecimiento, surgen dudas que pueden marcar la diferencia entre asumir una carga económica injusta o defender sus derechos con base legal. En este contexto, contar con un abogado reclamar seguro amortización A Coruña permite analizar si la negativa de la compañía se ajusta realmente a lo pactado en la póliza y a la jurisprudencia aplicable. A continuación, examinamos una reciente sentencia que ayuda a entender cómo los tribunales valoran este tipo de situaciones, siempre teniendo en cuenta que cada caso debe estudiarse según sus circunstancias concretas.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de A Coruña.
• Sección: 3.
• Fecha: 26 de febrero de 2026. 
• Nº de Resolución: 98/2026.

Antecedentes

El 13 de febrero de 2022, el marido de la Sra. Esther falleció por una muerte natural súbita causada por una trombosis coronaria y cardiopatía isquémica crónica.

El matrimonio había suscrito un préstamo hipotecario asociado a un seguro de vida de protección de pagos con la entidad BBVA SEGUROS, S.A., mediante el abono de una prima única de 9.493,06 euros.

Tras el fallecimiento, la aseguradora rechazó cubrir el saldo del préstamo basándose en una cláusula de exclusión que denegaba la indemnización si se certificaba médicamente la presencia de estupefacientes en el organismo en concentraciones indicativas de consumo en las horas previas al siniestro, siempre que dicha actividad fuera demostrable pericialmente en el momento del fallecimiento.

Los análisis toxicológicos detectaron en sangre una concentración de 0,19 mg/ml de benzoilecgonina (un metabolito inactivo de la cocaína), mientras que la cocaína activa se encontraba por debajo del límite de cuantificación.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de A Coruña dictó sentencia el 21 de enero de 2025, desestimando la demanda de la viuda y validando la postura de la aseguradora al considerar que existía una relación causal entre el consumo y el fallecimiento.

Audiencia Provincial 

La demandante interpuso recurso de apelación alegando un error en la valoración de la prueba pericial y en la interpretación de las cláusulas del contrato.

Sostuvo que no se acreditó consumo en las horas previas ni que este influyera en el óbito.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si la mera presencia de metabolitos inactivos de una sustancia estupefaciente es suficiente para aplicar una cláusula de exclusión de cobertura.

El tribunal analizó si la aseguradora cumplió con la carga de probar que el consumo se realizó en las “horas previas” y que la sustancia tuvo una actividad biológica demostrable en el momento del siniestro, tal como exigía el tenor literal de la propia póliza.

Razonamiento del Tribunal

La Sala estimó el recurso tras valorar que la benzoilecgonina detectada es un compuesto inactivo que solo indica un consumo pasado, no necesariamente reciente. Según los tratados de medicina legal, la cocaína activa solo es detectable hasta 12 horas después del consumo; transcurrido ese tiempo, solo se detectan metabolitos.

El tribunal subrayó que, al tratarse de un contrato de adhesión, cualquier duda debe interpretarse a favor del asegurado. En este caso, no se demostró que el fallecido presentara alteraciones corporales derivadas del estupefaciente en el momento de la muerte, la cual fue calificada médicamente como natural debido a una patología coronaria crónica previa.

“Ello revela que aún en la hipótesis de haberse consumido, no consta en absoluto una “concentración indicativa de consumo en horas previas al siniestro”, tal como exige la cláusula de exclusión; y menos aún constan datos médicos y clínicos de ninguna alteración corporal, por la acción de tal estupefaciente en el momento del siniestro, de una persona que no consta conociese su enfermedad cardíaca.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia de instancia y estimó íntegramente la demanda.

Condenó a BBVA SEGUROS, S.A. a cancelar el préstamo hipotecario con efectos desde la fecha del fallecimiento y a devolver a la viuda todas las cuotas abonadas desde entonces.

Impuso a la aseguradora los intereses del artículo 20 de la LCS y las costas de la primera instancia.

Conclusión

Para aplicar una exclusión por consumo de drogas en un seguro de vida, la aseguradora debe probar que la sustancia estaba activa en el organismo en el momento del siniestro.

La detección de metabolitos inactivos no basta para acreditar el consumo reciente ni la influencia causal en el fallecimiento.

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Abogado reclama seguro salud Adeslas: Sentencia clave Si Adeslas ha rechazado un siniestro alegando la existencia de patologías previas, contar con la orientación de un abogado reclamar seguro de salud Adeslas puede resultar útil para comprender sus derechos y analizar las opciones legales disponibles. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén muestra cómo se valoran los cuestionarios genéricos de salud y las circunstancias específicas de cada caso, permitiendo entender mejor cuándo la aseguradora puede o no denegar una cobertura. Este artículo explica, con rigor jurídico, los criterios aplicables y los pasos a considerar en situaciones similares. Consulte su caso ahora

Si Adeslas ha rechazado un siniestro alegando la existencia de patologías previas, contar con la orientación de un abogado reclamar seguro de salud Adeslas puede resultar útil para comprender sus derechos y analizar las opciones legales disponibles. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén muestra cómo se valoran los cuestionarios genéricos de salud y las circunstancias específicas de cada caso, permitiendo entender mejor cuándo la aseguradora puede o no denegar una cobertura. Este artículo explica, con rigor jurídico, los criterios aplicables y los pasos a considerar en situaciones similares.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Jaén. 
• Sección: 1.
• Fecha: 26 de febrero de 2026.
• Nº de Resolución: 281/2026.

Antecedentes

En marzo de 2023, la Sra. Leocadia suscribió un contrato de seguro de salud con la entidad Segurcaixa Adeslas S.A.

Seis meses después de la formalización de la póliza, en septiembre de 2023, la asegurada acudió por primera vez al médico por un dolor en el hombro (omalgia).

Tras las pruebas oportunas, en diciembre de 2023 se le diagnosticó una rotura completa del tendón supraespinoso, lo que requirió una intervención quirúrgica.

Los gastos de la operación y el ingreso en el hospital Vithas ascendieron a 5.297 euros. La aseguradora rechazó el pago de dicha cantidad alegando que la Sra. Leocadia había ocultado patologías previas en el cuestionario de salud.

Adeslas sostenía que la paciente ya sufría dolores antes de contratar el seguro y que existían antecedentes de cervicalgia en su historial médico.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Jaén estimó íntegramente la demanda el 24 de abril de 2025.

El magistrado determinó que no hubo ocultación, ya que la primera asistencia médica por el hombro fue posterior a la firma de la póliza y las preguntas del cuestionario no eran lo suficientemente claras.

Audiencia Provincial 

Adeslas interpuso recurso de apelación denunciando una incorrecta valoración de la prueba y reiterando la existencia de dolo por parte de la asegurada al silenciar sus dolencias previas.

La Audiencia desestimó el recurso y confirmó la condena a la aseguradora.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centra en el cumplimiento del deber de declaración del riesgo previsto en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

El tribunal analiza si una asegurada infringe este deber al no declarar “dolores” o “molestias menores” cuando el cuestionario le pregunta de forma genérica si padece “alguna enfermedad”.

La cuestión clave es determinar si la aseguradora cumplió con su obligación de presentar un cuestionario claro y específico o si, por el contrario, su ambigüedad impide apreciar mala fe en el tomador.

Razonamiento del Tribunal

La Sala fundamenta su decisión en que el deber del asegurado es de contestación a lo que se le pregunte, no de autodiagnóstico.

El tribunal resalta que el cuestionario de Adeslas era “muy genérico” al preguntar por “alguna enfermedad” sin definir el término ni incluir expresamente las “dolencias”. Además, se destaca que:

1. Falta de diagnóstico previo: No constaba ningún informe ni asistencia médica por el hombro antes de contratar el seguro.
2. Ausencia de relación causal: No se acreditó que antecedentes como una cervicalgia tuvieran relación con la rotura del tendón supraespinoso objeto del siniestro.
3. Responsabilidad de la aseguradora: Al presentar un cuestionario estereotipado y ambiguo, la entidad debe asumir las consecuencias de que el asegurado no vincule sus molestias con una enfermedad relevante para el riesgo.

 “lo verdaderamente relevante para descartar la infracción del deber de declarar el riesgo por parte del tomador es que, por la forma en que se rellenó el cuestionario, pueda concluirse que el tomador del seguro no fue preguntado por esa información relevante”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de Segurcaixa Adeslas S.A. y confirma la sentencia de instancia.

La entidad queda obligada a indemnizar a la Sra. Leocadia con 5.297 euros, más los intereses legales.

Se imponen las costas de la alzada a la aseguradora y se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Conclusión

En el contrato de seguro, el tomador solo está obligado a declarar lo que se le pregunte de forma clara y específica.

Las preguntas genéricas sobre “enfermedades” no obligan a declarar síntomas o dolores menores no diagnosticados, y cualquier ambigüedad en el cuestionario perjudica exclusivamente a la aseguradora.

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