miércoles, 28 de octubre de 2026

Abogado reclamar indemnización seguro de vida

abogado reclamar indemnización seguro de vida

¿La aseguradora ha abonado solo una parte del capital previsto en una póliza de vida y necesita conocer si existen argumentos para reclamar la cantidad pendiente? Un abogado reclamar indemnización seguro de vida puede estudiar las condiciones de la póliza, el cuestionario de salud, las circunstancias de la contratación y los motivos utilizados por la compañía para reducir la prestación. En este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que examina la aplicación del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro y el cálculo de la reducción proporcional de la indemnización cuando existieron descuentos comerciales en la prima.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Castellón.
  • Sección: 4.
  • Fecha: 2 de diciembre de 2025.
  • Nº de Resolución: Sentencia Nº 283/2025.

Antecedentes 

D. Ruperto suscribió un contrato de seguro de vida con la entidad SEGUROS SANTA LUCÍA, en el cual figuraba como beneficiaria su esposa, D.ª Tatiana, garantizando un capital asegurado de 100.000 euros.

Durante el proceso precontractual de cumplimentación de la solicitud y del cuestionario de salud, se omitieron antecedentes médicos relevantes del tomador, en particular hipercolesterolemia, dependencia alcohólica y un consumo diario de 15 cigarrillos.

Tras el fallecimiento del asegurado, la beneficiaria reclamó la indemnización pactada.

La compañía aseguradora abonó extrajudicialmente únicamente la suma de 50.123,24 euros, acogiéndose a la regla de reducción proporcional del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) al considerar que existió una declaración incompleta e inexacta del riesgo.

Para efectuar dicha reducción, la aseguradora comparó la prima abonada en la primera anualidad —que ascendió a 768,74 euros (o 769,31 euros) por habérsele aplicado un descuento promocional del 25 %— con la prima teórica de 1.534,50 euros que habría correspondido aplicar de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

D.ª Tatiana interpuso demanda judicial solicitando con carácter principal el abono de los 49.865,76 euros restantes para completar la cobertura de 100.000 euros, alegando la invalidez del cuestionario de salud por no haber sido firmado por el asegurado.

De manera subsidiaria, la actora reclamó 16.271,76 euros adicionales exigiendo que la regla de proporcionalidad se recomputara sobre la prima contractual de tarifa estipulada (1.025 euros o 1.019 euros), argumentando que la bonificación comercial no debía operar en perjuicio de la indemnización.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Vila-Real (autos de juicio ordinario 61/2021) dictó la Sentencia n.º 111 el 10 de octubre de 2022, desestimando íntegramente la demanda.

El juzgado estimó que el cuestionario fue entregado firmado por la familia y que el pago de 50.123,24 euros resultaba correcto, omitiendo resolver sobre la pretensión subsidiaria.

Audiencia Provincial

D.ª Tatiana interpuso recurso de apelación denunciando la incongruencia omisiva respecto a la petición subsidiaria y cuestionando la valoración probatoria.

La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Castellón ha estimado parcialmente el recurso de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar el alcance del deber precontractual de declaración del riesgo en el seguro de vida bajo el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) cuando se omiten datos de salud en el cuestionario sin mediar dolo o culpa grave del tomador.

Se analiza la forma correcta de aplicar la regla de reducción proporcional de la indemnización si la prima efectivamente abonada incluía un descuento o bonificación comercial en el momento de la contratación.

Razonamiento del Tribunal

La Sala subsana en primer lugar la incongruencia omisiva de la sentencia de instancia por vulneración del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), entrando a resolver la pretensión subsidiaria.

Respecto al cuestionario de salud, el tribunal confirma su validez al constatar que formaba parte de un único documento de solicitud entregado y custodiado por el entorno familiar del asegurado.

Al no constar acreditada una intencionalidad dolosa dirigida a engañar a la compañía que libere totalmente del pago, resulta aplicable la regla de reducción proporcional del párrafo tercero del artículo 10 de la LCS.

Sin embargo, el tribunal acoge la pretensión subsidiaria de la beneficiaria sobre el cálculo de la indemnización.

La Sala razona que la prima que debe tomarse como referencia para la regla de proporcionalidad es la prima contractual estipulada (1.025 euros o 1.019 euros) y no la prima aminorada por la campaña de captación comercial (768,74 euros o 769,31 euros), pues aplicar el descuento comercial para reducir aún más la cobertura iría en perjuicio injustificado de la beneficiaria.

El tribunal determina que el abono debía incrementarse en 16.271,76 euros.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“el deber legal y precontractual de declaración del riesgo, que impone al tomador del seguro el art. 10 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, no implica una obligación general y abstracta de declarar todas las circunstancias conocidas por dicho tomador que puedan influir en la valoración del riesgo, sino que se traduce en el deber más concreto y limitado de contestar verazmente al cuestionario que el asegurador le someta”.

En relación con la consecuencia aplicable a la declaración inexacta sin dolo, el tribunal precisa que:

“No dándose el supuesto del art. 10 párrafo. 2º de la LCS, la situación existente implica la solución del párrafo 3º que contempla la reducción proporcional a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Castellón estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D.ª Tatiana y revoca parcialmente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Vila-Real. El tribunal resuelve:

  1. Estimar la pretensión subsidiaria de la demanda y condenar a SEGUROS SANTA LUCÍA a abonar a D.ª Tatiana la cantidad de 16.271,76 euros.
  2. Condenar a la aseguradora al abono de los intereses legales desde la interposición de la demanda y a las costas procesales de la primera instancia.
  3. No hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales de la alzada.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Castellón consideró que la reducción proporcional debía calcularse tomando como referencia la prima contractual de tarifa, sin aplicar la bonificación comercial para reducir adicionalmente la prestación.

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¿La aseguradora ha abonado solo una parte del capital previsto en una póliza de vida y necesita conocer si existen argumentos para reclamar la cantidad pendiente? Un abogado reclamar indemnización seguro de vida puede estudiar las condiciones de la póliza, el cuestionario de salud, las circunstancias de la contratación y los motivos utilizados por la compañía para reducir la prestación. En este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que examina la aplicación del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro y el cálculo de la reducción proporcional de la indemnización cuando existieron descuentos comerciales en la prima.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Castellón.
  • Sección: 4.
  • Fecha: 2 de diciembre de 2025.
  • Nº de Resolución: Sentencia Nº 283/2025.

Antecedentes 

D. Ruperto suscribió un contrato de seguro de vida con la entidad SEGUROS SANTA LUCÍA, en el cual figuraba como beneficiaria su esposa, D.ª Tatiana, garantizando un capital asegurado de 100.000 euros.

Durante el proceso precontractual de cumplimentación de la solicitud y del cuestionario de salud, se omitieron antecedentes médicos relevantes del tomador, en particular hipercolesterolemia, dependencia alcohólica y un consumo diario de 15 cigarrillos.

Tras el fallecimiento del asegurado, la beneficiaria reclamó la indemnización pactada.

La compañía aseguradora abonó extrajudicialmente únicamente la suma de 50.123,24 euros, acogiéndose a la regla de reducción proporcional del artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) al considerar que existió una declaración incompleta e inexacta del riesgo.

Para efectuar dicha reducción, la aseguradora comparó la prima abonada en la primera anualidad —que ascendió a 768,74 euros (o 769,31 euros) por habérsele aplicado un descuento promocional del 25 %— con la prima teórica de 1.534,50 euros que habría correspondido aplicar de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

D.ª Tatiana interpuso demanda judicial solicitando con carácter principal el abono de los 49.865,76 euros restantes para completar la cobertura de 100.000 euros, alegando la invalidez del cuestionario de salud por no haber sido firmado por el asegurado.

De manera subsidiaria, la actora reclamó 16.271,76 euros adicionales exigiendo que la regla de proporcionalidad se recomputara sobre la prima contractual de tarifa estipulada (1.025 euros o 1.019 euros), argumentando que la bonificación comercial no debía operar en perjuicio de la indemnización.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Vila-Real (autos de juicio ordinario 61/2021) dictó la Sentencia n.º 111 el 10 de octubre de 2022, desestimando íntegramente la demanda.

El juzgado estimó que el cuestionario fue entregado firmado por la familia y que el pago de 50.123,24 euros resultaba correcto, omitiendo resolver sobre la pretensión subsidiaria.

Audiencia Provincial

D.ª Tatiana interpuso recurso de apelación denunciando la incongruencia omisiva respecto a la petición subsidiaria y cuestionando la valoración probatoria.

La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Castellón ha estimado parcialmente el recurso de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar el alcance del deber precontractual de declaración del riesgo en el seguro de vida bajo el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) cuando se omiten datos de salud en el cuestionario sin mediar dolo o culpa grave del tomador.

Se analiza la forma correcta de aplicar la regla de reducción proporcional de la indemnización si la prima efectivamente abonada incluía un descuento o bonificación comercial en el momento de la contratación.

Razonamiento del Tribunal

La Sala subsana en primer lugar la incongruencia omisiva de la sentencia de instancia por vulneración del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), entrando a resolver la pretensión subsidiaria.

Respecto al cuestionario de salud, el tribunal confirma su validez al constatar que formaba parte de un único documento de solicitud entregado y custodiado por el entorno familiar del asegurado.

Al no constar acreditada una intencionalidad dolosa dirigida a engañar a la compañía que libere totalmente del pago, resulta aplicable la regla de reducción proporcional del párrafo tercero del artículo 10 de la LCS.

Sin embargo, el tribunal acoge la pretensión subsidiaria de la beneficiaria sobre el cálculo de la indemnización.

La Sala razona que la prima que debe tomarse como referencia para la regla de proporcionalidad es la prima contractual estipulada (1.025 euros o 1.019 euros) y no la prima aminorada por la campaña de captación comercial (768,74 euros o 769,31 euros), pues aplicar el descuento comercial para reducir aún más la cobertura iría en perjuicio injustificado de la beneficiaria.

El tribunal determina que el abono debía incrementarse en 16.271,76 euros.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“el deber legal y precontractual de declaración del riesgo, que impone al tomador del seguro el art. 10 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, no implica una obligación general y abstracta de declarar todas las circunstancias conocidas por dicho tomador que puedan influir en la valoración del riesgo, sino que se traduce en el deber más concreto y limitado de contestar verazmente al cuestionario que el asegurador le someta”.

En relación con la consecuencia aplicable a la declaración inexacta sin dolo, el tribunal precisa que:

“No dándose el supuesto del art. 10 párrafo. 2º de la LCS, la situación existente implica la solución del párrafo 3º que contempla la reducción proporcional a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Castellón estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D.ª Tatiana y revoca parcialmente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Vila-Real. El tribunal resuelve:

  1. Estimar la pretensión subsidiaria de la demanda y condenar a SEGUROS SANTA LUCÍA a abonar a D.ª Tatiana la cantidad de 16.271,76 euros.
  2. Condenar a la aseguradora al abono de los intereses legales desde la interposición de la demanda y a las costas procesales de la primera instancia.
  3. No hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales de la alzada.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Castellón consideró que la reducción proporcional debía calcularse tomando como referencia la prima contractual de tarifa, sin aplicar la bonificación comercial para reducir adicionalmente la prestación.

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Abogado reclamar indemnización contrato de agencia bancaria

 abogado reclamar indemnización contrato de agencia bancaria

¿Ha finalizado su relación con una entidad bancaria y considera que determinados incumplimientos del contrato de agencia le han ocasionado un perjuicio económico? En estos casos, conviene revisar las condiciones pactadas, la forma en que se desarrolló la relación contractual y las circunstancias que llevaron a su finalización. Un abogado reclamar indemnización contrato de agencia bancaria puede analizar la documentación disponible y valorar las posibles acciones jurídicas, incluida la eventual reclamación de cantidades por incumplimientos contractuales o por indemnización por clientela. A continuación, examinamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que aborda estas cuestiones.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Asturias (Sede Gijón).
  • Sección: 7.
  • Fecha: 15 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 586/2026.

Antecedentes 

El 25 de mayo de 2018, D. Lázaro suscribió un contrato de agencia en exclusiva con Liberbank (posteriormente Unicaja Banco, S.A.) para gestionar la sucursal de la entidad en La Camocha, Gijón.

Para poder iniciar y desarrollar la actividad profesional pactada, el agente abonó a la entidad un canon de adhesión fijado en 66.500 euros.

El contrato imponía al agente el deber de identificarse inequívocamente como agente financiero del banco e instalar la rotulación y elementos publicitarios correspondientes.

Durante la vigencia de la relación contractual surgieron tres discrepancias operativas relevantes:

  1. El 3 de agosto de 2021, la entidad bancaria remitió un correo electrónico a sus agentes prohibiéndoles el uso del logotipo del banco en las firmas de sus correos electrónicos y en sus tarjetas de visita.
  2. El banco comenzó a imputar en la cuenta de resultados y retribuciones del agente las pérdidas derivadas de las anulaciones judiciales de comisiones e intereses de productos financieros, con independencia de que el agente no hubiera intervenido en la irregularidad o de que las nulidades fueran imputables a negligencias propias de la entidad.
  3. El banco aplicó de forma errónea la tasa de ajuste (coeficiente variable empleado para determinar el margen y la rentabilidad de las operaciones de activo y pasivo del agente) en las facturas giradas de manera periódica.

El agente solicitó la resolución del contrato por incumplimiento e interpuso demanda frente al banco.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Gijón (Plaza nº 12 del Tribunal de Instancia de Gijón, autos 665/2022) dictó sentencia el 30 de noviembre de 2023 (aclarada por auto de 6 de febrero de 2024) estimando parcialmente la demanda de D. Lázaro.

El juzgado declaró resuelto el contrato de agencia por incumplimientos graves de la entidad financiera y condenó a Unicaja Banco, S.A. a abonar la suma de 137.205 euros (66.500 euros por devolución del canon de adhesión y 70.705 euros por indemnización por clientela), más los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Audiencia Provincial

Unicaja Banco, S.A. interpuso recurso de apelación negando la existencia e importancia de las infracciones contractuales, oponiéndose a la devolución del canon por no concurrir los requisitos de resolución voluntaria previstos en el contrato y solicitando la reducción de la indemnización por clientela.

La Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Asturias (Sede Gijón) ha estimado parcialmente el recurso de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si las prohibiciones del uso de la marca digital y en tarjetas de visita, la traslación de pérdidas por sentencias de nulidad no imputables al agente y el cálculo incorrecto de las tasas de ajuste constituyen incumplimientos contractuales graves que justifican la resolución del contrato de agencia a instancias del agente bajo el artículo 1124 del Código Civil.

Asimismo, el tribunal debe dilucidar si procede la devolución total del canon de adhesión prestado y fijar los criterios de cuantificación de la indemnización por clientela regulada en el artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia.

Razonamiento del Tribunal

La Sala ratifica la existencia de los tres incumplimientos apreciados en la primera instancia.

Respecto al uso de la marca, el tribunal razona que, si bien la oficina disponía de rótulos fijos de Unicaja, prohibir al agente el uso del logotipo en sus tarjetas de visita y correos electrónicos generó un obstáculo relevante para desarrollar la labor de captación de clientes fuera del local comercial.

En relación con las nulidades judiciales de productos financieros, el tribunal considera que trasladar las consecuencias de resoluciones judiciales desfavorables a la cuenta del agente de forma indiscriminada constituye una infracción del contrato cuando la nulidad obedece a deficiencias atribuibles al propio banco y no a una actuación negligente del agente.

Por otra parte, la pericial judicial confirmó que el banco aplicó incorrectamente las tasas de ajuste a los productos facturados al agente.

En este caso concreto, el tribunal concluye que estas infracciones tienen la gravedad suficiente para acordar la resolución contractual.

Al tratarse de una resolución por causa atribuible al banco y no de un desistimiento voluntario, la Sala determina la devolución íntegra del canon de adhesión de 66.500 euros al amparo del artículo 1124 del Código Civil, para evitar un perjuicio injustificado al agente.

Por último, al examinar la indemnización por clientela, la Sala confirma el derecho al cobro al haberse incrementado el volumen de negocio de la sucursal.

No obstante, al no haber aportado el demandante una justificación del desglose de los 70.705 euros reclamados, la Sala adopta el cálculo pericial del promedio anual de facturación acreditado entre julio de 2018 y septiembre de 2022, reduciendo el importe a 67.582,27 euros.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“siendo los mismos causa de resolución del contrato, no solo por el artículo 1124 del CC sino por la aplicación de la cláusula XIV del contrato de agencia, redactado por la demandada, cláusula que faculta al agente ante el incumplimiento de la demandada de sus obligaciones, para resolver el contrato, sin distinguir el alcance de estos incumplimientos, los cuales son graves, a juicio de esta sala, ya que no solo afectan a la retribución del agente, sino limitan o condicionan su actividad”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Asturias estima en parte el recurso de apelación de Unicaja Banco, S.A. y revoca parcialmente la sentencia de instancia en el exclusivo extremo de reducir el importe total de la condena a 134.132,27 euros (suma resultante del canon de 66.500 euros y la indemnización por clientela de 67.582,27 euros), manteniendo los intereses legales fijados en instancia.

No se realiza especial imposición sobre las costas procesales de la apelación al haberse estimado parcialmente el recurso.

Conclusión

En este caso, la Audiencia Provincial de Asturias consideró que determinados incumplimientos de la entidad bancaria tenían entidad suficiente para resolver el contrato de agencia y reconoció al agente la devolución del canon de adhesión y una indemnización por clientela, esta última ajustada al importe que el tribunal consideró acreditado. La aplicación de estos criterios a otros supuestos dependerá de las circunstancias de cada relación contractual y de la documentación disponible.

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¿Ha finalizado su relación con una entidad bancaria y considera que determinados incumplimientos del contrato de agencia le han ocasionado un perjuicio económico? En estos casos, conviene revisar las condiciones pactadas, la forma en que se desarrolló la relación contractual y las circunstancias que llevaron a su finalización. Un abogado reclamar indemnización contrato de agencia bancaria puede analizar la documentación disponible y valorar las posibles acciones jurídicas, incluida la eventual reclamación de cantidades por incumplimientos contractuales o por indemnización por clientela. A continuación, examinamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que aborda estas cuestiones.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Asturias (Sede Gijón).
  • Sección: 7.
  • Fecha: 15 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 586/2026.

Antecedentes 

El 25 de mayo de 2018, D. Lázaro suscribió un contrato de agencia en exclusiva con Liberbank (posteriormente Unicaja Banco, S.A.) para gestionar la sucursal de la entidad en La Camocha, Gijón.

Para poder iniciar y desarrollar la actividad profesional pactada, el agente abonó a la entidad un canon de adhesión fijado en 66.500 euros.

El contrato imponía al agente el deber de identificarse inequívocamente como agente financiero del banco e instalar la rotulación y elementos publicitarios correspondientes.

Durante la vigencia de la relación contractual surgieron tres discrepancias operativas relevantes:

  1. El 3 de agosto de 2021, la entidad bancaria remitió un correo electrónico a sus agentes prohibiéndoles el uso del logotipo del banco en las firmas de sus correos electrónicos y en sus tarjetas de visita.
  2. El banco comenzó a imputar en la cuenta de resultados y retribuciones del agente las pérdidas derivadas de las anulaciones judiciales de comisiones e intereses de productos financieros, con independencia de que el agente no hubiera intervenido en la irregularidad o de que las nulidades fueran imputables a negligencias propias de la entidad.
  3. El banco aplicó de forma errónea la tasa de ajuste (coeficiente variable empleado para determinar el margen y la rentabilidad de las operaciones de activo y pasivo del agente) en las facturas giradas de manera periódica.

El agente solicitó la resolución del contrato por incumplimiento e interpuso demanda frente al banco.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Gijón (Plaza nº 12 del Tribunal de Instancia de Gijón, autos 665/2022) dictó sentencia el 30 de noviembre de 2023 (aclarada por auto de 6 de febrero de 2024) estimando parcialmente la demanda de D. Lázaro.

El juzgado declaró resuelto el contrato de agencia por incumplimientos graves de la entidad financiera y condenó a Unicaja Banco, S.A. a abonar la suma de 137.205 euros (66.500 euros por devolución del canon de adhesión y 70.705 euros por indemnización por clientela), más los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Audiencia Provincial

Unicaja Banco, S.A. interpuso recurso de apelación negando la existencia e importancia de las infracciones contractuales, oponiéndose a la devolución del canon por no concurrir los requisitos de resolución voluntaria previstos en el contrato y solicitando la reducción de la indemnización por clientela.

La Sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Asturias (Sede Gijón) ha estimado parcialmente el recurso de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si las prohibiciones del uso de la marca digital y en tarjetas de visita, la traslación de pérdidas por sentencias de nulidad no imputables al agente y el cálculo incorrecto de las tasas de ajuste constituyen incumplimientos contractuales graves que justifican la resolución del contrato de agencia a instancias del agente bajo el artículo 1124 del Código Civil.

Asimismo, el tribunal debe dilucidar si procede la devolución total del canon de adhesión prestado y fijar los criterios de cuantificación de la indemnización por clientela regulada en el artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia.

Razonamiento del Tribunal

La Sala ratifica la existencia de los tres incumplimientos apreciados en la primera instancia.

Respecto al uso de la marca, el tribunal razona que, si bien la oficina disponía de rótulos fijos de Unicaja, prohibir al agente el uso del logotipo en sus tarjetas de visita y correos electrónicos generó un obstáculo relevante para desarrollar la labor de captación de clientes fuera del local comercial.

En relación con las nulidades judiciales de productos financieros, el tribunal considera que trasladar las consecuencias de resoluciones judiciales desfavorables a la cuenta del agente de forma indiscriminada constituye una infracción del contrato cuando la nulidad obedece a deficiencias atribuibles al propio banco y no a una actuación negligente del agente.

Por otra parte, la pericial judicial confirmó que el banco aplicó incorrectamente las tasas de ajuste a los productos facturados al agente.

En este caso concreto, el tribunal concluye que estas infracciones tienen la gravedad suficiente para acordar la resolución contractual.

Al tratarse de una resolución por causa atribuible al banco y no de un desistimiento voluntario, la Sala determina la devolución íntegra del canon de adhesión de 66.500 euros al amparo del artículo 1124 del Código Civil, para evitar un perjuicio injustificado al agente.

Por último, al examinar la indemnización por clientela, la Sala confirma el derecho al cobro al haberse incrementado el volumen de negocio de la sucursal.

No obstante, al no haber aportado el demandante una justificación del desglose de los 70.705 euros reclamados, la Sala adopta el cálculo pericial del promedio anual de facturación acreditado entre julio de 2018 y septiembre de 2022, reduciendo el importe a 67.582,27 euros.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“siendo los mismos causa de resolución del contrato, no solo por el artículo 1124 del CC sino por la aplicación de la cláusula XIV del contrato de agencia, redactado por la demandada, cláusula que faculta al agente ante el incumplimiento de la demandada de sus obligaciones, para resolver el contrato, sin distinguir el alcance de estos incumplimientos, los cuales son graves, a juicio de esta sala, ya que no solo afectan a la retribución del agente, sino limitan o condicionan su actividad”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Asturias estima en parte el recurso de apelación de Unicaja Banco, S.A. y revoca parcialmente la sentencia de instancia en el exclusivo extremo de reducir el importe total de la condena a 134.132,27 euros (suma resultante del canon de 66.500 euros y la indemnización por clientela de 67.582,27 euros), manteniendo los intereses legales fijados en instancia.

No se realiza especial imposición sobre las costas procesales de la apelación al haberse estimado parcialmente el recurso.

Conclusión

En este caso, la Audiencia Provincial de Asturias consideró que determinados incumplimientos de la entidad bancaria tenían entidad suficiente para resolver el contrato de agencia y reconoció al agente la devolución del canon de adhesión y una indemnización por clientela, esta última ajustada al importe que el tribunal consideró acreditado. La aplicación de estos criterios a otros supuestos dependerá de las circunstancias de cada relación contractual y de la documentación disponible.

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lunes, 26 de octubre de 2026

abogado reclamar indemnización por falta de consentimiento

abogado reclamar indemnización por falta de consentimiento informado

¿Le practicaron una intervención médica sin haber recibido información suficiente sobre sus posibles consecuencias o sin prestar un consentimiento informado específico? La falta de consentimiento puede plantear cuestiones jurídicas incluso cuando la actuación médica se haya realizado correctamente desde el punto de vista técnico. Un abogado reclamar indemnización por falta de consentimiento informado puede analizar las circunstancias de la intervención, la documentación médica y las condiciones de la asistencia sanitaria para valorar si existen fundamentos para presentar una reclamación. En este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que aborda la responsabilidad de una aseguradora por la actuación de profesionales integrados en su cuadro médico.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona.
  • Sección: 19.
  • Fecha: 6 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 447/2026.

Antecedentes

D.ª Leonor tenía contratada una póliza de seguro de asistencia sanitaria con la entidad Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, obteniendo la cobertura médica a través del cuadro de profesionales y centros concertados de la propia aseguradora.

El 24 de octubre de 2012, la paciente fue intervenida en el hospital POLUSA (centro integrado en el cuadro médico).

Aunque el diagnóstico preoperatorio señalaba la existencia de un hidrosalpinx izquierdo, durante la intervención quirúrgica se le practicó una salpinguectomía bilateral (extirpación de ambas trompas de Falopio).

No constaba documentalmente que la paciente hubiera sido informada previamente de la posibilidad de extirpar ambas trompas ni que hubiera prestado un consentimiento específico por escrito para dicha actuación bilateral.

Posteriormente, el 22 de enero de 2013, la paciente ingresó en el mismo centro para someterse a una histerectomía total prescrita tras sufrir dolores pélvicos persistentes.

Iniciada la cirugía, los médicos comprobaron que el útero era normal y descartaron la histerectomía.

En su lugar, practicaron una apendicectomía y una dermolipectomía.

Si bien la decisión de no extirpar el útero fue técnicamente acertada, no concurrió una situación de urgencia vital que impidiera recabar el consentimiento previo escrito para las nuevas intervenciones, enviándose las autorizaciones a la paciente para su firma ocho días después de la cirugía.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 52 de Barcelona (Juicio Ordinario 343/2017-A1) dictó la Sentencia n.º 265/2022 el 11 de octubre de 2022 (subsanada por auto de 23 de diciembre de 2022), estimando parcialmente la demanda promovida por D.ª Leonor y D. Carlos Jesús.

El juez declaró la responsabilidad contractual de Segurcaixa Adeslas por infracción de la lex artis debido a la ausencia de consentimiento informado en las dos intervenciones.

Condenó a la aseguradora a indemnizar a D.ª Leonor con 100.000 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) desde el 24 de octubre de 2012, absolviendo a la aseguradora de la pretensión indemnizatoria formulada por D. Carlos Jesús y desestimando las pretensiones dirigidas contra la facultativa D.ª Edurne.

Audiencia Provincial

Segurcaixa Adeslas y la interviniente D.ª Edurne interpusieron recursos de apelación solicitando la revocación del fallo o la reducción indemnizatoria, mientras que D.ª Leonor impugnó la resolución para instar la declaración de mala praxis técnica y la extensión del devengo de intereses moratorios hasta el completo pago.

La Sección 19 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado parcialmente los recursos y la impugnación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica consiste en determinar si una entidad aseguradora de asistencia sanitaria responde contractualmente frente al asegurado por el incumplimiento del deber de consentimiento informado por parte de los facultativos de su cuadro médico concertado, aun cuando las intervenciones quirúrgicas hayan sido ejecutadas correctamente desde el punto de vista técnico.

La Sala analiza el alcance del artículo 105 de la LCS, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente y la Ley gallega 3/2001, delimitando la responsabilidad de la aseguradora que organiza y ofrece la prestación mediante un cuadro médico propio.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma plenamente la legitimación pasiva y la responsabilidad contractual de Segurcaixa Adeslas.

El tribunal razona que la aseguradora no es un mero canalizador neutro, sino que organiza la asistencia sanitaria mediante un cuadro de profesionales y centros concertados como auxiliares de la prestación asumida contractualmente, lo que genera una dependencia funcional suficiente para responder de la defectuosa ejecución del servicio.

El tribunal subraya que el consentimiento informado no es un trámite formal accesorio, sino un presupuesto de legitimidad del acto médico que integra la lex artis ad hoc.

Si bien la ejecución de las cirugías fue técnicamente correcta y médicamente aconsejable, la ausencia de información escrita previa vulneró el derecho de la paciente a decidir libremente.

No obstante, la Audiencia revoca la cuantía indemnizatoria de 100.000 euros acordada en instancia.

La Sala constata un vicio probatorio en la resolución de origen al haberse fundado en el informe pericial del Dr. Rómulo, el cual fue inadmitido en la audiencia previa y no se practicó con contradicción en el juicio.

El tribunal clarifica que debe distinguirse entre el daño corporal por mala praxis técnica y el daño moral autónomo derivado de la privación del derecho a decidir.

Ponderando prudentemente este daño moral, la Sala reduce la indemnización a la suma de 20.000 euros.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“El consentimiento informado es parte de la asistencia sanitaria debida; no es una obligación ajena o exterior al acto médico. Si el profesional integrado en el cuadro médico actúa como auxiliar de la prestación asumida por la aseguradora, el incumplimiento del deber de información forma parte de la defectuosa ejecución de esa prestación”.

Para fundamentar la responsabilidad organizativa de la aseguradora y la integración del consentimiento informado en el contrato, el tribunal invoca la doctrina del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida en las SSTS 64/2018, de 6 de febrero, 544/2021, de 19 de julio, y STS 165/2026, de 4 de febrero.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Barcelona estima parcialmente los recursos de apelación de Segurcaixa Adeslas y D.ª Edurne, y estima parcialmente la impugnación de D.ª Leonor. El tribunal revoca la resolución de primera instancia en los siguientes términos:

  1. Fija la indemnización a favor de D.ª Leonor en la cantidad de 20.000 euros por el daño moral derivado de la privación del consentimiento informado.
  2. Condena a la aseguradora al abono de los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS sobre los 20.000 euros desde la fecha del siniestro (24 de octubre de 2012) hasta su completo pago.
  3. No realiza especial imposición sobre las costas procesales de la primera instancia ni sobre las de la alzada.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Barcelona consideró que la aseguradora debía responder contractualmente por la falta de consentimiento informado y fijó una indemnización de 20.000 euros por el daño moral derivado de la privación del derecho a decidir.

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abogado reclamar indemnización por falta de consentimiento informado

¿Le practicaron una intervención médica sin haber recibido información suficiente sobre sus posibles consecuencias o sin prestar un consentimiento informado específico? La falta de consentimiento puede plantear cuestiones jurídicas incluso cuando la actuación médica se haya realizado correctamente desde el punto de vista técnico. Un abogado reclamar indemnización por falta de consentimiento informado puede analizar las circunstancias de la intervención, la documentación médica y las condiciones de la asistencia sanitaria para valorar si existen fundamentos para presentar una reclamación. En este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que aborda la responsabilidad de una aseguradora por la actuación de profesionales integrados en su cuadro médico.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona.
  • Sección: 19.
  • Fecha: 6 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 447/2026.

Antecedentes

D.ª Leonor tenía contratada una póliza de seguro de asistencia sanitaria con la entidad Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, obteniendo la cobertura médica a través del cuadro de profesionales y centros concertados de la propia aseguradora.

El 24 de octubre de 2012, la paciente fue intervenida en el hospital POLUSA (centro integrado en el cuadro médico).

Aunque el diagnóstico preoperatorio señalaba la existencia de un hidrosalpinx izquierdo, durante la intervención quirúrgica se le practicó una salpinguectomía bilateral (extirpación de ambas trompas de Falopio).

No constaba documentalmente que la paciente hubiera sido informada previamente de la posibilidad de extirpar ambas trompas ni que hubiera prestado un consentimiento específico por escrito para dicha actuación bilateral.

Posteriormente, el 22 de enero de 2013, la paciente ingresó en el mismo centro para someterse a una histerectomía total prescrita tras sufrir dolores pélvicos persistentes.

Iniciada la cirugía, los médicos comprobaron que el útero era normal y descartaron la histerectomía.

En su lugar, practicaron una apendicectomía y una dermolipectomía.

Si bien la decisión de no extirpar el útero fue técnicamente acertada, no concurrió una situación de urgencia vital que impidiera recabar el consentimiento previo escrito para las nuevas intervenciones, enviándose las autorizaciones a la paciente para su firma ocho días después de la cirugía.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 52 de Barcelona (Juicio Ordinario 343/2017-A1) dictó la Sentencia n.º 265/2022 el 11 de octubre de 2022 (subsanada por auto de 23 de diciembre de 2022), estimando parcialmente la demanda promovida por D.ª Leonor y D. Carlos Jesús.

El juez declaró la responsabilidad contractual de Segurcaixa Adeslas por infracción de la lex artis debido a la ausencia de consentimiento informado en las dos intervenciones.

Condenó a la aseguradora a indemnizar a D.ª Leonor con 100.000 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) desde el 24 de octubre de 2012, absolviendo a la aseguradora de la pretensión indemnizatoria formulada por D. Carlos Jesús y desestimando las pretensiones dirigidas contra la facultativa D.ª Edurne.

Audiencia Provincial

Segurcaixa Adeslas y la interviniente D.ª Edurne interpusieron recursos de apelación solicitando la revocación del fallo o la reducción indemnizatoria, mientras que D.ª Leonor impugnó la resolución para instar la declaración de mala praxis técnica y la extensión del devengo de intereses moratorios hasta el completo pago.

La Sección 19 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado parcialmente los recursos y la impugnación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica consiste en determinar si una entidad aseguradora de asistencia sanitaria responde contractualmente frente al asegurado por el incumplimiento del deber de consentimiento informado por parte de los facultativos de su cuadro médico concertado, aun cuando las intervenciones quirúrgicas hayan sido ejecutadas correctamente desde el punto de vista técnico.

La Sala analiza el alcance del artículo 105 de la LCS, la Ley 41/2002 de autonomía del paciente y la Ley gallega 3/2001, delimitando la responsabilidad de la aseguradora que organiza y ofrece la prestación mediante un cuadro médico propio.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma plenamente la legitimación pasiva y la responsabilidad contractual de Segurcaixa Adeslas.

El tribunal razona que la aseguradora no es un mero canalizador neutro, sino que organiza la asistencia sanitaria mediante un cuadro de profesionales y centros concertados como auxiliares de la prestación asumida contractualmente, lo que genera una dependencia funcional suficiente para responder de la defectuosa ejecución del servicio.

El tribunal subraya que el consentimiento informado no es un trámite formal accesorio, sino un presupuesto de legitimidad del acto médico que integra la lex artis ad hoc.

Si bien la ejecución de las cirugías fue técnicamente correcta y médicamente aconsejable, la ausencia de información escrita previa vulneró el derecho de la paciente a decidir libremente.

No obstante, la Audiencia revoca la cuantía indemnizatoria de 100.000 euros acordada en instancia.

La Sala constata un vicio probatorio en la resolución de origen al haberse fundado en el informe pericial del Dr. Rómulo, el cual fue inadmitido en la audiencia previa y no se practicó con contradicción en el juicio.

El tribunal clarifica que debe distinguirse entre el daño corporal por mala praxis técnica y el daño moral autónomo derivado de la privación del derecho a decidir.

Ponderando prudentemente este daño moral, la Sala reduce la indemnización a la suma de 20.000 euros.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“El consentimiento informado es parte de la asistencia sanitaria debida; no es una obligación ajena o exterior al acto médico. Si el profesional integrado en el cuadro médico actúa como auxiliar de la prestación asumida por la aseguradora, el incumplimiento del deber de información forma parte de la defectuosa ejecución de esa prestación”.

Para fundamentar la responsabilidad organizativa de la aseguradora y la integración del consentimiento informado en el contrato, el tribunal invoca la doctrina del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida en las SSTS 64/2018, de 6 de febrero, 544/2021, de 19 de julio, y STS 165/2026, de 4 de febrero.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Barcelona estima parcialmente los recursos de apelación de Segurcaixa Adeslas y D.ª Edurne, y estima parcialmente la impugnación de D.ª Leonor. El tribunal revoca la resolución de primera instancia en los siguientes términos:

  1. Fija la indemnización a favor de D.ª Leonor en la cantidad de 20.000 euros por el daño moral derivado de la privación del consentimiento informado.
  2. Condena a la aseguradora al abono de los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS sobre los 20.000 euros desde la fecha del siniestro (24 de octubre de 2012) hasta su completo pago.
  3. No realiza especial imposición sobre las costas procesales de la primera instancia ni sobre las de la alzada.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Barcelona consideró que la aseguradora debía responder contractualmente por la falta de consentimiento informado y fijó una indemnización de 20.000 euros por el daño moral derivado de la privación del derecho a decidir.

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Abogado reclamar indemnización lucro cesante

abogado reclamar indemnización lucro cesante

Cuando una póliza incluye una cobertura por pérdida de beneficios, pero la aseguradora rechaza la indemnización, es importante conocer qué condiciones fueron realmente contratadas y qué límites pueden aplicarse. Un abogado reclamar indemnización lucro cesante puede analizar la póliza, la documentación del siniestro y las circunstancias concretas del caso para valorar las posibles vías de reclamación. La Sentencia 387/2026 de la Audiencia Provincial de Málaga ofrece un interesante ejemplo sobre la interpretación de esta cobertura y la importancia de las condiciones generales y particulares del seguro.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga.
  • Sección: 5.
  • Fecha: 13 de mayo de 2026.
  • Nº de Resolución: 387/2026.

Antecedentes 

El 9 de marzo de 2020, la mercantil VERWEIJ RETAIL INTERNACIONAL BV ESPAÑA contrató con la entidad aseguradora HELVETIA S.A. un seguro multirriesgo de comercio y autoemprendedores para dar cobertura a su establecimiento comercial.

En el condicionado particular de la póliza, bajo la rúbrica de riesgos opcionales, se pactó expresamente la garantía de “Pérdida de beneficios (gastos generales permanentes)” con un límite asegurado de 1.050.000,00 euros, previendo un periodo de indemnización de 3 meses y una suma indemnizatoria diaria de 310,87 euros.

A raíz de la declaración gubernamental del estado de alarma y las subsiguientes medidas de contención para combatir la pandemia del COVID-19, la asegurada se vio obligada a paralizar temporalmente la actividad comercial de su establecimiento.

Como consecuencia directa de dicho cierre forzoso, la empresa sufrió una pérdida de beneficios que fue valorada técnicamente en 54.652,23 euros por el perito D. Alfonso.

HELVETIA S.A. rehusó el siniestro argumentando que, según el artículo 15 de sus condiciones generales, la cobertura de pérdida de beneficios (lucro cesante) no operaba de manera autónoma, sino que requería obligatoriamente la concurrencia de un “daño material o físico en el inmueble” previo y que estuviera cubierto por la póliza (como incendios o inundaciones).

Al no existir daños materiales en la tienda por la crisis sanitaria, la aseguradora consideró que el siniestro no era indemnizable.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Marbella (Procedimiento Ordinario 91/2022) dictó sentencia el 5 de diciembre de 2022 estimando íntegramente la demanda de la asegurada.

El juez de instancia constató que las condiciones generales del contrato no constaban entregadas, conocidas ni aceptadas por la asegurada al tiempo de suscribir la póliza el 9 de marzo de 2020 (ni en fechas posteriores).

Al no haberse incorporado válidamente al contrato, el juzgado descartó la aplicación de las limitaciones de las condiciones generales y condenó a HELVETIA S.A. a abonar los 54.652,23 euros reclamados, más las costas procesales e intereses comerciales (interés legal incrementado en un 50 % desde el 1 de junio de 2021, y al 20 % anual desde el 2 de junio de 2023 de no haberse producido el pago).

Audiencia Provincial

La compañía aseguradora interpuso recurso de apelación alegando que no existía error de valoración de la prueba, insistiendo en que el lucro cesante no podía reclamarse sin un daño material previo y sosteniendo que la cobertura del COVID-19 no estaba prevista contractualmente.

La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso de apelación de la entidad aseguradora.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica se centra en determinar si las cláusulas restrictivas de las condiciones generales del contrato de seguro —que supeditan la indemnización por pérdida de beneficios a la existencia de un daño físico previo en las instalaciones— pueden oponerse al asegurado cuando no se acredita que este haya recibido, conocido y firmado tales condiciones generales al formalizar la póliza.

El tribunal analiza si, en ausencia de la entrega del clausulado general, la garantía de lucro cesante descrita en las condiciones particulares debe operar como un riesgo de cobertura autónoma e independiente.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma íntegramente la sentencia del juzgado de instancia al considerar que las condiciones generales de la póliza no fueron entregadas a la demandante al tiempo de suscribir el contrato, por lo que resultan ineficaces para limitar sus derechos.

El tribunal destaca que el mero hecho de que las condiciones particulares aludan en una fórmula estereotipada de estilo a la aceptación de las cláusulas limitativas no prueba en absoluto que el condicionado general fuera efectivamente suministrado al tomador.

Para fundamentar su resolución, la Audiencia Provincial de Málaga acude a la doctrina del Tribunal Supremo sobre el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y el control de transparencia de las pólizas seriadas (citando, entre otras, las SSTS de 21 de abril de 2025, 316/2009 de 18 de mayo, 475/2019 de 17 de septiembre, 263/2021 de 6 de mayo y 1321/2023 de 27 de septiembre).

El tribunal recuerda que el asegurado debe tener una constancia real, clara y fidedigna de los riesgos cubiertos y de las limitaciones impuestas a los mismos para evitar verse sorprendido por cláusulas que cercenen sus legítimas expectativas de resarcimiento.

Al quedar las condiciones generales excluidas de la relación contractual por falta de entrega, el tribunal examina únicamente las condiciones particulares de la póliza.

En estas, la garantía de pérdida de beneficios consta suscrita de forma “opcional” e individualizada bajo una suma asegurada y un periodo de indemnización propio, sin subordinación a ningún otro riesgo de la póliza ni exigencia de daño material previo.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la pérdida de beneficios es un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura de forma autónoma e independiente de cualesquiera otros riesgos contratados, de suerte que aquella pérdida de beneficios no ha de derivar, para que se trate de un riesgo cubierto, de otro riesgo distinto también cubierto”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Málaga desestima el recurso de apelación interpuesto por HELVETIA S.A. y confirma en su totalidad la sentencia de instancia. Ratifica la condena de la aseguradora a pagar a VERWEIJ RETAIL INTERNACIONAL BV ESPAÑA la cantidad de 54.652,23 euros, devengando los intereses del artículo 20 de la LCS en la forma fijada en el fallo apelado, e impone a la aseguradora recurrente las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

La Sentencia 387/2026 de la Audiencia Provincial de Málaga considera que la falta de entrega de las condiciones generales impidió aplicar la limitación que supeditaba la cobertura del lucro cesante a la existencia de un daño físico previo.

En las circunstancias concretas analizadas, la Sala confirmó la indemnización reconocida a la asegurada por la pérdida de beneficios.

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Cuando una póliza incluye una cobertura por pérdida de beneficios, pero la aseguradora rechaza la indemnización, es importante conocer qué condiciones fueron realmente contratadas y qué límites pueden aplicarse. Un abogado reclamar indemnización lucro cesante puede analizar la póliza, la documentación del siniestro y las circunstancias concretas del caso para valorar las posibles vías de reclamación. La Sentencia 387/2026 de la Audiencia Provincial de Málaga ofrece un interesante ejemplo sobre la interpretación de esta cobertura y la importancia de las condiciones generales y particulares del seguro.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga.
  • Sección: 5.
  • Fecha: 13 de mayo de 2026.
  • Nº de Resolución: 387/2026.

Antecedentes 

El 9 de marzo de 2020, la mercantil VERWEIJ RETAIL INTERNACIONAL BV ESPAÑA contrató con la entidad aseguradora HELVETIA S.A. un seguro multirriesgo de comercio y autoemprendedores para dar cobertura a su establecimiento comercial.

En el condicionado particular de la póliza, bajo la rúbrica de riesgos opcionales, se pactó expresamente la garantía de “Pérdida de beneficios (gastos generales permanentes)” con un límite asegurado de 1.050.000,00 euros, previendo un periodo de indemnización de 3 meses y una suma indemnizatoria diaria de 310,87 euros.

A raíz de la declaración gubernamental del estado de alarma y las subsiguientes medidas de contención para combatir la pandemia del COVID-19, la asegurada se vio obligada a paralizar temporalmente la actividad comercial de su establecimiento.

Como consecuencia directa de dicho cierre forzoso, la empresa sufrió una pérdida de beneficios que fue valorada técnicamente en 54.652,23 euros por el perito D. Alfonso.

HELVETIA S.A. rehusó el siniestro argumentando que, según el artículo 15 de sus condiciones generales, la cobertura de pérdida de beneficios (lucro cesante) no operaba de manera autónoma, sino que requería obligatoriamente la concurrencia de un “daño material o físico en el inmueble” previo y que estuviera cubierto por la póliza (como incendios o inundaciones).

Al no existir daños materiales en la tienda por la crisis sanitaria, la aseguradora consideró que el siniestro no era indemnizable.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Marbella (Procedimiento Ordinario 91/2022) dictó sentencia el 5 de diciembre de 2022 estimando íntegramente la demanda de la asegurada.

El juez de instancia constató que las condiciones generales del contrato no constaban entregadas, conocidas ni aceptadas por la asegurada al tiempo de suscribir la póliza el 9 de marzo de 2020 (ni en fechas posteriores).

Al no haberse incorporado válidamente al contrato, el juzgado descartó la aplicación de las limitaciones de las condiciones generales y condenó a HELVETIA S.A. a abonar los 54.652,23 euros reclamados, más las costas procesales e intereses comerciales (interés legal incrementado en un 50 % desde el 1 de junio de 2021, y al 20 % anual desde el 2 de junio de 2023 de no haberse producido el pago).

Audiencia Provincial

La compañía aseguradora interpuso recurso de apelación alegando que no existía error de valoración de la prueba, insistiendo en que el lucro cesante no podía reclamarse sin un daño material previo y sosteniendo que la cobertura del COVID-19 no estaba prevista contractualmente.

La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso de apelación de la entidad aseguradora.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica se centra en determinar si las cláusulas restrictivas de las condiciones generales del contrato de seguro —que supeditan la indemnización por pérdida de beneficios a la existencia de un daño físico previo en las instalaciones— pueden oponerse al asegurado cuando no se acredita que este haya recibido, conocido y firmado tales condiciones generales al formalizar la póliza.

El tribunal analiza si, en ausencia de la entrega del clausulado general, la garantía de lucro cesante descrita en las condiciones particulares debe operar como un riesgo de cobertura autónoma e independiente.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma íntegramente la sentencia del juzgado de instancia al considerar que las condiciones generales de la póliza no fueron entregadas a la demandante al tiempo de suscribir el contrato, por lo que resultan ineficaces para limitar sus derechos.

El tribunal destaca que el mero hecho de que las condiciones particulares aludan en una fórmula estereotipada de estilo a la aceptación de las cláusulas limitativas no prueba en absoluto que el condicionado general fuera efectivamente suministrado al tomador.

Para fundamentar su resolución, la Audiencia Provincial de Málaga acude a la doctrina del Tribunal Supremo sobre el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y el control de transparencia de las pólizas seriadas (citando, entre otras, las SSTS de 21 de abril de 2025, 316/2009 de 18 de mayo, 475/2019 de 17 de septiembre, 263/2021 de 6 de mayo y 1321/2023 de 27 de septiembre).

El tribunal recuerda que el asegurado debe tener una constancia real, clara y fidedigna de los riesgos cubiertos y de las limitaciones impuestas a los mismos para evitar verse sorprendido por cláusulas que cercenen sus legítimas expectativas de resarcimiento.

Al quedar las condiciones generales excluidas de la relación contractual por falta de entrega, el tribunal examina únicamente las condiciones particulares de la póliza.

En estas, la garantía de pérdida de beneficios consta suscrita de forma “opcional” e individualizada bajo una suma asegurada y un periodo de indemnización propio, sin subordinación a ningún otro riesgo de la póliza ni exigencia de daño material previo.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la pérdida de beneficios es un evento cuyo riesgo es objeto de cobertura de forma autónoma e independiente de cualesquiera otros riesgos contratados, de suerte que aquella pérdida de beneficios no ha de derivar, para que se trate de un riesgo cubierto, de otro riesgo distinto también cubierto”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Málaga desestima el recurso de apelación interpuesto por HELVETIA S.A. y confirma en su totalidad la sentencia de instancia. Ratifica la condena de la aseguradora a pagar a VERWEIJ RETAIL INTERNACIONAL BV ESPAÑA la cantidad de 54.652,23 euros, devengando los intereses del artículo 20 de la LCS en la forma fijada en el fallo apelado, e impone a la aseguradora recurrente las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

La Sentencia 387/2026 de la Audiencia Provincial de Málaga considera que la falta de entrega de las condiciones generales impidió aplicar la limitación que supeditaba la cobertura del lucro cesante a la existencia de un daño físico previo.

En las circunstancias concretas analizadas, la Sala confirmó la indemnización reconocida a la asegurada por la pérdida de beneficios.

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jueves, 22 de octubre de 2026

Abogado anular producto financiero estructurado: Sentencia

abogado anular producto financiero estructurado

¿Ha sufrido pérdidas tras contratar un producto financiero estructurado y considera que no recibió información suficiente sobre sus riesgos? Antes de valorar una reclamación, es importante revisar cómo se comercializó el producto, qué información recibió y las circunstancias concretas de la contratación. Un abogado anular producto financiero estructurado puede analizar la documentación disponible y valorar las posibles vías jurídicas. La Sentencia 369/2026 de la Audiencia Provincial de Bizkaia aborda precisamente la importancia de la información previa en la contratación de productos financieros complejos.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Bizkaia (Sede Bilbao).
  • Sección: 4.
  • Fecha: 24 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 369/2026.

Antecedentes

El 16 de junio de 2016, D. Bienvenido suscribió con la entidad Banco Santander, S.A. un contrato de producto financiero estructurado denominado “PFE DOBLE TRAMO 90%-10% Autocancelable con garantía parcial de capital a vencimiento”.

La inversión total ascendió a 122.000 euros, la cual se dividió en dos tramos inseparables:

  1. Primer tramo (90% del capital): Correspondiente a 109.800 euros, con un vencimiento a 183 días, donde la entidad garantizaba la restitución de la totalidad de este importe.
  2. Segundo tramo (10% del capital): Correspondiente a 12.200 euros, con una duración de 3 años (1.095 días), cuya devolución y rentabilidad quedaban condicionadas a la evolución bursátil de una cesta de tres acciones: ArcelorMittal S.A., Banco Popular Español y Repsol S.A..

Una vez finalizado el primer tramo, el banco devolvió el capital garantizado de 109.800 euros.

Sin embargo, al vencimiento del segundo tramo, no se produjo la restitución de los 12.200 euros correspondientes a dicho tramo. El banco notificó al cliente que, debido a la resolución de Banco Popular Español acordada por la Junta Única de Resolución (JUR) en junio de 2017, la cotización de dichas acciones se había reducido a cero euros, lo que provocaba la pérdida total del capital de este tramo.

El cliente demandó la nulidad del contrato alegando que el banco comercializó el estructurado sin suministrarle información precontractual de forma comprensible, omitiendo explicar de manera sencilla los riesgos reales de pérdida del capital y entregándole la documentación precontractual el mismo día de la firma del contrato, impidiéndole sopesar la operación con tranquilidad.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Durango (autos de procedimiento ordinario n.º 231/2022) dictó sentencia el 30 de diciembre de 2024 estimando la demanda subsidiaria de D. Bienvenido.

El juzgador declaró la nulidad de la orden de suscripción por vicio en el consentimiento, condenando al banco a restituir los 12.200 euros retenidos más los intereses legales desde el abono, e imponiendo las costas a la entidad demandada.

Audiencia Provincial

Banco Santander, S.A. interpuso recurso de apelación alegando que el estructurado era un producto comprensible y que no se acreditó el error vicio en el consentimiento.

Sostuvo que D. Bienvenido tenía un perfil financiero cualificado por su experiencia previa como administrador en varias sociedades de carpintería metálica y sus inversiones previas en renta variable. Asimismo, adujo que la pérdida del capital se debió a un hecho ajeno, imprevisible e inevitable: la amortización forzosa de Banco Popular.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha desestimado el recurso de apelación de la entidad financiera, confirmando la resolución recurrida.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si la entrega de la documentación informativa el mismo día de la firma del contrato de un producto estructurado complejo cumple con los deberes de transparencia y antelación exigidos por la normativa MiFID y la Ley del Mercado de Valores.

El tribunal analiza si la condición de administrador de sociedades mercantiles familiares o la tenencia previa de acciones o fondos de inversión convierte al cliente en un “inversor experto”, o si la omisión de un tiempo mínimo de reflexión precontractual hace que el error del consentimiento deba calificarse judicialmente como sustancial y excusable.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma que el producto comercializado tiene la consideración legal de producto complejo y de elevado riesgo.

Por tanto, la entidad financiera venía obligada a desplegar un deber de información reforzado y proactivo que facilitara al cliente minorista la comprensión real del escenario de pérdida total de capital.

El tribunal determina que la experiencia empresarial de D. Bienvenido en sectores no financieros no exime al banco de sus obligaciones informativas precontractuales, pues los conocimientos mercantiles ordinarios no equivalen a los de un inversor profesional cualificado.

Destaca que no consta acreditado que la información precontractual se facilitara con la suficiente antelación.

Al entregarse los folletos explicativos y firmarse el contrato de suscripción de forma simultánea en la misma jornada (el 16 de junio de 2016), el banco conculcó el artículo 209.3 de la Ley del Mercado de Valores, que exige que los datos se proporcionen de manera oportuna y previa para permitir una reflexión meditada.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la omisión de esa información, o la facilitación de una información inexacta, incompleta, poco clara o sin la antelación suficiente, determina que el error de la contraparte haya de considerarse excusable, porque es dicha parte la que merece la protección del ordenamiento jurídico frente al incumplimiento por la contraparte de la obligación de informar de forma imparcial, veraz, completa, exacta, comprensible y con la necesaria antelación que le impone el ordenamiento jurídico”.

Para fundamentar su doctrina sobre el error excusable y la suficiencia de la información previa, el tribunal invoca de manera expresa la consolidada jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, citando las SSTS de 18 de abril de 2013, de 22 de octubre de 2015 (STS 549/2015), de 10 de diciembre de 2015 (STS 692/2015) y de 20 de enero de 2013 (STS 840/2013).

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Bizkaia desestima el recurso de apelación interpuesto por Banco Santander, S.A. y confirma en su integridad la sentencia apelada del juzgado de Durango.

Declara la nulidad total de la suscripción del estructurado y obliga al banco a reintegrar a D. Bienvenido la suma de 12.200 euros incrementada con los intereses legales.

Condena a la entidad bancaria apelante al pago de las costas procesales generadas en la alzada.  

Conclusión

La Sentencia 369/2026 de la Audiencia Provincial de Bizkaia considera que, en las circunstancias concretas examinadas, la entrega de la documentación informativa y la firma del producto estructurado en la misma jornada no permitieron acreditar una información precontractual facilitada con la antelación necesaria. La Sala confirmó la nulidad de la suscripción y la restitución de 12.200 euros al inversor, junto con los intereses legales correspondientes.

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abogado anular producto financiero estructurado

¿Ha sufrido pérdidas tras contratar un producto financiero estructurado y considera que no recibió información suficiente sobre sus riesgos? Antes de valorar una reclamación, es importante revisar cómo se comercializó el producto, qué información recibió y las circunstancias concretas de la contratación. Un abogado anular producto financiero estructurado puede analizar la documentación disponible y valorar las posibles vías jurídicas. La Sentencia 369/2026 de la Audiencia Provincial de Bizkaia aborda precisamente la importancia de la información previa en la contratación de productos financieros complejos.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Bizkaia (Sede Bilbao).
  • Sección: 4.
  • Fecha: 24 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 369/2026.

Antecedentes

El 16 de junio de 2016, D. Bienvenido suscribió con la entidad Banco Santander, S.A. un contrato de producto financiero estructurado denominado “PFE DOBLE TRAMO 90%-10% Autocancelable con garantía parcial de capital a vencimiento”.

La inversión total ascendió a 122.000 euros, la cual se dividió en dos tramos inseparables:

  1. Primer tramo (90% del capital): Correspondiente a 109.800 euros, con un vencimiento a 183 días, donde la entidad garantizaba la restitución de la totalidad de este importe.
  2. Segundo tramo (10% del capital): Correspondiente a 12.200 euros, con una duración de 3 años (1.095 días), cuya devolución y rentabilidad quedaban condicionadas a la evolución bursátil de una cesta de tres acciones: ArcelorMittal S.A., Banco Popular Español y Repsol S.A..

Una vez finalizado el primer tramo, el banco devolvió el capital garantizado de 109.800 euros.

Sin embargo, al vencimiento del segundo tramo, no se produjo la restitución de los 12.200 euros correspondientes a dicho tramo. El banco notificó al cliente que, debido a la resolución de Banco Popular Español acordada por la Junta Única de Resolución (JUR) en junio de 2017, la cotización de dichas acciones se había reducido a cero euros, lo que provocaba la pérdida total del capital de este tramo.

El cliente demandó la nulidad del contrato alegando que el banco comercializó el estructurado sin suministrarle información precontractual de forma comprensible, omitiendo explicar de manera sencilla los riesgos reales de pérdida del capital y entregándole la documentación precontractual el mismo día de la firma del contrato, impidiéndole sopesar la operación con tranquilidad.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Durango (autos de procedimiento ordinario n.º 231/2022) dictó sentencia el 30 de diciembre de 2024 estimando la demanda subsidiaria de D. Bienvenido.

El juzgador declaró la nulidad de la orden de suscripción por vicio en el consentimiento, condenando al banco a restituir los 12.200 euros retenidos más los intereses legales desde el abono, e imponiendo las costas a la entidad demandada.

Audiencia Provincial

Banco Santander, S.A. interpuso recurso de apelación alegando que el estructurado era un producto comprensible y que no se acreditó el error vicio en el consentimiento.

Sostuvo que D. Bienvenido tenía un perfil financiero cualificado por su experiencia previa como administrador en varias sociedades de carpintería metálica y sus inversiones previas en renta variable. Asimismo, adujo que la pérdida del capital se debió a un hecho ajeno, imprevisible e inevitable: la amortización forzosa de Banco Popular.

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha desestimado el recurso de apelación de la entidad financiera, confirmando la resolución recurrida.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si la entrega de la documentación informativa el mismo día de la firma del contrato de un producto estructurado complejo cumple con los deberes de transparencia y antelación exigidos por la normativa MiFID y la Ley del Mercado de Valores.

El tribunal analiza si la condición de administrador de sociedades mercantiles familiares o la tenencia previa de acciones o fondos de inversión convierte al cliente en un “inversor experto”, o si la omisión de un tiempo mínimo de reflexión precontractual hace que el error del consentimiento deba calificarse judicialmente como sustancial y excusable.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma que el producto comercializado tiene la consideración legal de producto complejo y de elevado riesgo.

Por tanto, la entidad financiera venía obligada a desplegar un deber de información reforzado y proactivo que facilitara al cliente minorista la comprensión real del escenario de pérdida total de capital.

El tribunal determina que la experiencia empresarial de D. Bienvenido en sectores no financieros no exime al banco de sus obligaciones informativas precontractuales, pues los conocimientos mercantiles ordinarios no equivalen a los de un inversor profesional cualificado.

Destaca que no consta acreditado que la información precontractual se facilitara con la suficiente antelación.

Al entregarse los folletos explicativos y firmarse el contrato de suscripción de forma simultánea en la misma jornada (el 16 de junio de 2016), el banco conculcó el artículo 209.3 de la Ley del Mercado de Valores, que exige que los datos se proporcionen de manera oportuna y previa para permitir una reflexión meditada.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la omisión de esa información, o la facilitación de una información inexacta, incompleta, poco clara o sin la antelación suficiente, determina que el error de la contraparte haya de considerarse excusable, porque es dicha parte la que merece la protección del ordenamiento jurídico frente al incumplimiento por la contraparte de la obligación de informar de forma imparcial, veraz, completa, exacta, comprensible y con la necesaria antelación que le impone el ordenamiento jurídico”.

Para fundamentar su doctrina sobre el error excusable y la suficiencia de la información previa, el tribunal invoca de manera expresa la consolidada jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, citando las SSTS de 18 de abril de 2013, de 22 de octubre de 2015 (STS 549/2015), de 10 de diciembre de 2015 (STS 692/2015) y de 20 de enero de 2013 (STS 840/2013).

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Bizkaia desestima el recurso de apelación interpuesto por Banco Santander, S.A. y confirma en su integridad la sentencia apelada del juzgado de Durango.

Declara la nulidad total de la suscripción del estructurado y obliga al banco a reintegrar a D. Bienvenido la suma de 12.200 euros incrementada con los intereses legales.

Condena a la entidad bancaria apelante al pago de las costas procesales generadas en la alzada.  

Conclusión

La Sentencia 369/2026 de la Audiencia Provincial de Bizkaia considera que, en las circunstancias concretas examinadas, la entrega de la documentación informativa y la firma del producto estructurado en la misma jornada no permitieron acreditar una información precontractual facilitada con la antelación necesaria. La Sala confirmó la nulidad de la suscripción y la restitución de 12.200 euros al inversor, junto con los intereses legales correspondientes.

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miércoles, 21 de octubre de 2026

Abogado reclamar indemnización seguro incapacidad permanente

abogado reclamar indemnización seguro incapacidad permanente

¿La aseguradora ha rechazado o cuestionado el pago de una prestación por incapacidad permanente y necesita conocer qué opciones jurídicas existen en su situación? Un abogado reclamar indemnización seguro incapacidad permanente puede analizar la póliza, las circunstancias que rodean la incapacidad y la respuesta de la compañía para valorar las posibles vías de reclamación. En este artículo examinamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que aborda un supuesto en el que el asegurado falleció después de manifestar su voluntad de reclamar la prestación, y analiza si sus herederos podían continuar la reclamación.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Murcia.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 7 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 401/2026.

Antecedentes 

El 24 de octubre de 2017, D. Eleuterio suscribió una póliza de seguro multirriesgo personal con la entidad Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, que incluía la cobertura de indemnización por incapacidad permanente total.

Pocas semanas después, el 3 de diciembre de 2017, el asegurado sufrió un accidente de tráfico en el que resultó con severas lesiones en el hombro izquierdo.

El 19 de noviembre de 2018, D. Eleuterio remitió un correo electrónico al departamento de atención al cliente de la aseguradora solicitando información explícita para el cobro del seguro por la incapacidad permanente derivada del accidente y mostrando su voluntad de reclamar.

Tras un largo proceso médico y de baja laboral, la estabilización de sus lesiones incapacitantes se produjo el 15 de abril de 2019.

Sin embargo, D. Eleuterio falleció de forma sobrevenida cuatro días después, el 19 de abril de 2019, sin disponer de tiempo material para tramitar los impresos formales exigidos por la compañía.

Posteriormente, sus herederos (D.ª Zulima, D. Eleuterio y D.ª María Inmaculada) promovieron demanda judicial contra Divina Pastora reclamando 103.563,34 euros (correspondientes a los 100.000 euros de la cobertura contratada más una revalorización anual pactada del 3 %).

La entidad aseguradora se opuso alegando falta de legitimación activa de los herederos al considerar que la incapacidad es una prestación personalísima e intransferible, invocando además la caducidad del plazo de un año para la manifestación de la incapacidad y la exclusión de patologías psiquiátricas.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Jumilla (Juicio Ordinario 33/2023) dictó sentencia el 11 de noviembre de 2024, estimando parcialmente la demanda.

El juez condenó a Divina Pastora a abonar a los herederos los 103.563,34 euros reclamados con intereses legales desde la interpelación judicial, desestimando la aplicación de los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y sin hacer condena en costas.

Audiencia Provincial

Ambas partes interpusieron recursos de apelación: la aseguradora por entender que los herederos carecían de legitimación activa y que las cláusulas temporales eran delimitadoras del riesgo, y los actores solicitando los intereses del artículo 20 de la LCS y la imposición de costas.

La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado ambos recursos de apelación, confirmando la sentencia de instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si los herederos ostentan legitimación activa para reclamar la indemnización por incapacidad permanente de un seguro de accidentes tras el fallecimiento del tomador.

El tribunal analiza si la manifestación de voluntad previa del asegurado basta para integrar el derecho de crédito en su patrimonio hereditario conforme a los artículos 659 y 661 del Código Civil.

Se dilucida la naturaleza de la cláusula que exige que la incapacidad se produzca en el plazo de un año desde el accidente y la procedencia de los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS.

Razonamiento del Tribunal

En el supuesto analizado, la Sala considera que, cuando el asegurado había manifestado en vida una voluntad clara de reclamar el cobro de la garantía, la pretensión indemnizatoria se había incorporado a su patrimonio.

En consecuencia, tras su óbito, el derecho de crédito no se extingue, sino que se transmite a sus sucesores por vía hereditaria (arts. 659 y 661 CC).

Respecto a la limitación temporal de un año desde el accidente para la producción de la incapacidad (cláusulas 2.2.B y 2.2.C), el tribunal concluye que se trata de una cláusula limitativa de derechos y no meramente delimitadora.

Para evitar su invalidez por lesividad (art. 3 LCS), la Sala interpreta que el plazo de un año exige únicamente que la incapacidad tenga su origen causal directo en las lesiones del accidente (como ocurrió con la secuela del hombro), y no que deba recaer resolución administrativa formal en ese periodo.

Por último, en cuanto a los intereses del artículo 20 de la LCS, la Sala confirma su exención al apreciar la concurrencia de una causa justificada (art. 20.8 LCS), motivada por las dudas de derecho existentes sobre la transmisión hereditaria de la acción y la interpretación contractual.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“para que los herederos puedan reclamar dicho importe, debe de haber habido una previa reclamación por parte del propio asegurado, pues sólo a partir de dicho momento surge su derecho al cobro de la prestación si se dan las condiciones fijadas en el contrato de seguro. Y sólo a partir de dicho momento dicha acción se integra en el patrimonio del asegurado, de forma que fallecido el mismo, como señala en artículo 659 CC, pasaría a los herederos la acción para reclamar el pago de la indemnización ya solicitada por el asegurado fallecido como parte de los bienes, derecho y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte, en cuanto sucesores del mismo conforme con lo previsto en el artículo 661 CC”.

Para fundamentar su resolución, el tribunal cita la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida en las SSTS 477/2023 (de 11 de abril), 141/2021 (de 15 de marzo), 717/2026 (de 7 de mayo), 602/2025 (de 21 de abril), Pleno 853/2006 (de 11 de septiembre), 273/2016 (de 22 de abril) y 793/2021 (de 22 de noviembre), así como las decisiones de Audiencias Provinciales como las SSAP de Lugo (1ª) 386/2025 y Pontevedra (6ª) 249/2025.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Murcia desestima los recursos de apelación de ambas partes y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Jumilla.

Se ratifica la condena a Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora a abonar los 103.563,34 euros a los herederos.

Cada parte deberá asumir las costas procesales derivadas de su propio recurso en la alzada. 

Conclusión

En la sentencia analizada, la Audiencia Provincial de Murcia considera que la previa reclamación o manifestación de voluntad de cobro formulada por el asegurado en vida permite integrar la acción correspondiente en su patrimonio, de modo que, tras su fallecimiento, puede transmitirse a sus herederos conforme a las circunstancias examinadas por el tribunal.

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¿La aseguradora ha rechazado o cuestionado el pago de una prestación por incapacidad permanente y necesita conocer qué opciones jurídicas existen en su situación? Un abogado reclamar indemnización seguro incapacidad permanente puede analizar la póliza, las circunstancias que rodean la incapacidad y la respuesta de la compañía para valorar las posibles vías de reclamación. En este artículo examinamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que aborda un supuesto en el que el asegurado falleció después de manifestar su voluntad de reclamar la prestación, y analiza si sus herederos podían continuar la reclamación.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Murcia.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 7 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 401/2026.

Antecedentes 

El 24 de octubre de 2017, D. Eleuterio suscribió una póliza de seguro multirriesgo personal con la entidad Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, que incluía la cobertura de indemnización por incapacidad permanente total.

Pocas semanas después, el 3 de diciembre de 2017, el asegurado sufrió un accidente de tráfico en el que resultó con severas lesiones en el hombro izquierdo.

El 19 de noviembre de 2018, D. Eleuterio remitió un correo electrónico al departamento de atención al cliente de la aseguradora solicitando información explícita para el cobro del seguro por la incapacidad permanente derivada del accidente y mostrando su voluntad de reclamar.

Tras un largo proceso médico y de baja laboral, la estabilización de sus lesiones incapacitantes se produjo el 15 de abril de 2019.

Sin embargo, D. Eleuterio falleció de forma sobrevenida cuatro días después, el 19 de abril de 2019, sin disponer de tiempo material para tramitar los impresos formales exigidos por la compañía.

Posteriormente, sus herederos (D.ª Zulima, D. Eleuterio y D.ª María Inmaculada) promovieron demanda judicial contra Divina Pastora reclamando 103.563,34 euros (correspondientes a los 100.000 euros de la cobertura contratada más una revalorización anual pactada del 3 %).

La entidad aseguradora se opuso alegando falta de legitimación activa de los herederos al considerar que la incapacidad es una prestación personalísima e intransferible, invocando además la caducidad del plazo de un año para la manifestación de la incapacidad y la exclusión de patologías psiquiátricas.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Jumilla (Juicio Ordinario 33/2023) dictó sentencia el 11 de noviembre de 2024, estimando parcialmente la demanda.

El juez condenó a Divina Pastora a abonar a los herederos los 103.563,34 euros reclamados con intereses legales desde la interpelación judicial, desestimando la aplicación de los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y sin hacer condena en costas.

Audiencia Provincial

Ambas partes interpusieron recursos de apelación: la aseguradora por entender que los herederos carecían de legitimación activa y que las cláusulas temporales eran delimitadoras del riesgo, y los actores solicitando los intereses del artículo 20 de la LCS y la imposición de costas.

La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado ambos recursos de apelación, confirmando la sentencia de instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si los herederos ostentan legitimación activa para reclamar la indemnización por incapacidad permanente de un seguro de accidentes tras el fallecimiento del tomador.

El tribunal analiza si la manifestación de voluntad previa del asegurado basta para integrar el derecho de crédito en su patrimonio hereditario conforme a los artículos 659 y 661 del Código Civil.

Se dilucida la naturaleza de la cláusula que exige que la incapacidad se produzca en el plazo de un año desde el accidente y la procedencia de los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS.

Razonamiento del Tribunal

En el supuesto analizado, la Sala considera que, cuando el asegurado había manifestado en vida una voluntad clara de reclamar el cobro de la garantía, la pretensión indemnizatoria se había incorporado a su patrimonio.

En consecuencia, tras su óbito, el derecho de crédito no se extingue, sino que se transmite a sus sucesores por vía hereditaria (arts. 659 y 661 CC).

Respecto a la limitación temporal de un año desde el accidente para la producción de la incapacidad (cláusulas 2.2.B y 2.2.C), el tribunal concluye que se trata de una cláusula limitativa de derechos y no meramente delimitadora.

Para evitar su invalidez por lesividad (art. 3 LCS), la Sala interpreta que el plazo de un año exige únicamente que la incapacidad tenga su origen causal directo en las lesiones del accidente (como ocurrió con la secuela del hombro), y no que deba recaer resolución administrativa formal en ese periodo.

Por último, en cuanto a los intereses del artículo 20 de la LCS, la Sala confirma su exención al apreciar la concurrencia de una causa justificada (art. 20.8 LCS), motivada por las dudas de derecho existentes sobre la transmisión hereditaria de la acción y la interpretación contractual.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“para que los herederos puedan reclamar dicho importe, debe de haber habido una previa reclamación por parte del propio asegurado, pues sólo a partir de dicho momento surge su derecho al cobro de la prestación si se dan las condiciones fijadas en el contrato de seguro. Y sólo a partir de dicho momento dicha acción se integra en el patrimonio del asegurado, de forma que fallecido el mismo, como señala en artículo 659 CC, pasaría a los herederos la acción para reclamar el pago de la indemnización ya solicitada por el asegurado fallecido como parte de los bienes, derecho y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte, en cuanto sucesores del mismo conforme con lo previsto en el artículo 661 CC”.

Para fundamentar su resolución, el tribunal cita la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida en las SSTS 477/2023 (de 11 de abril), 141/2021 (de 15 de marzo), 717/2026 (de 7 de mayo), 602/2025 (de 21 de abril), Pleno 853/2006 (de 11 de septiembre), 273/2016 (de 22 de abril) y 793/2021 (de 22 de noviembre), así como las decisiones de Audiencias Provinciales como las SSAP de Lugo (1ª) 386/2025 y Pontevedra (6ª) 249/2025.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Murcia desestima los recursos de apelación de ambas partes y confirma íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Jumilla.

Se ratifica la condena a Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora a abonar los 103.563,34 euros a los herederos.

Cada parte deberá asumir las costas procesales derivadas de su propio recurso en la alzada. 

Conclusión

En la sentencia analizada, la Audiencia Provincial de Murcia considera que la previa reclamación o manifestación de voluntad de cobro formulada por el asegurado en vida permite integrar la acción correspondiente en su patrimonio, de modo que, tras su fallecimiento, puede transmitirse a sus herederos conforme a las circunstancias examinadas por el tribunal.

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martes, 20 de octubre de 2026

Abogado reclamar propiedad por doble venta inmobiliaria

abogado reclamar propiedad por doble venta inmobiliaria

¿Ha descubierto que el inmueble que adquirió mediante un contrato privado fue vendido posteriormente a otra persona y necesita determinar qué título puede prevalecer? En estos casos, la fecha de las compraventas, la buena fe de los adquirentes, la posesión y la inscripción registral pueden resultar determinantes. Un abogado reclamar propiedad por doble venta inmobiliaria puede estudiar la documentación y las circunstancias concretas de la operación para valorar las posibles vías jurídicas. La Sentencia 465/2026 de la Audiencia Provincial de Oviedo analiza precisamente un supuesto de estas características y examina la aplicación del artículo 1473 del Código Civil.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Oviedo.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 2 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 465/2026.

Antecedentes 

El 2 de diciembre de 2005, la mercantil SANTOS BRAVO PROMOCIONES S.L. suscribió un documento privado de compraventa con D. Patricio por el que adquirió tres cientocuarentaicuatroavas partes indivisas (3/144) de un edificio residencial.

Años más tarde, el 4 de diciembre de 2018, D. Patricio otorgó escritura pública de compraventa sobre la misma participación indivisa a favor de Dª. Lidia y Dª. Almudena.

Sin embargo, Dª. Lidia y Dª. Almudena residían previamente en el inmueble como arrendatarias y tenían pleno conocimiento de las ventas efectuadas en 2005, al haber asistido a reuniones de la comunidad donde se mostraron dichos contratos.

Tras el fallecimiento de Dª. Almudena, sus derechos pasaron a sus sucesores, D. Apolonio y D. Octavio.

Ninguna de las dos compraventas fue inscrita en el Registro de la Propiedad.

La mercantil adquirente en el contrato privado promovió demanda judicial para declarar la preferencia de su título y la obligación de elevar a escritura pública el documento privado.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

La Plaza Nº 5 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Oviedo dictó sentencia el 5 de noviembre de 2024 desestimando la acción principal y estimando la pretensión subsidiaria de doble venta formulada por SANTOS BRAVO PROMOCIONES S.L.

El juzgado declaró la validez del contrato privado de 2005 y su preferencia sobre la escritura pública de 2018 debido a la falta de buena fe de las segundas adquirentes, condenando a la heredera del vendedor (Dª. Esther) a elevar a escritura pública el contrato originario tras percibir el saldo pendiente del precio.

Audiencia Provincial

Dª. Lidia, D. Apolonio y D. Octavio interpusieron recurso de apelación alegando que el artículo 1473 del Código Civil no resultaba aplicable por falta de entrega de la posesión (traditio) en la venta de 2005 y negando la concurrencia de mala fe.

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso de apelación, confirmando íntegramente la sentencia de instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar la regla de preferencia aplicable bajo el artículo 1473 del Código Civil en un supuesto de doble venta de un inmueble no inscrito en el Registro de la Propiedad.

Se analiza si la falta de entrega material o posesoria (traditio) en la primera compraventa en documento privado impide aplicar las reglas de la doble venta frente a una escritura pública posterior, y si el conocimiento efectivo de la venta previa por las segundas adquirentes quiebra la buena fe exigida legalmente para otorgar preferencia al título más reciente.

Razonamiento del Tribunal

La Sala desestima el recurso apoyándose en la doctrina unificada del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo (SSTS de 5 de marzo de 2007, 7 de septiembre de 2007 y 11 de noviembre de 2024).

El tribunal aclara que el artículo 1473 del Código Civil es aplicable a las ventas múltiples, aunque no haya existido la entrega de la posesión al primer comprador y medie una notable distancia temporal entre ambos negocios.

En ausencia de inscripción registral, el artículo 1473 del Código Civil establece criterios de preferencia vinculados a la posesión de buena fe y, en determinadas circunstancias, a la antigüedad del título.

Al haberse probado que las segundas adquirentes tenían conocimiento de la venta celebrada en 2005, se excluye su condición de adquirentes de buena fe, haciendo prevalecer el título originario más antiguo.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“no existe impedimento alguno en el hecho de aplicar la prelación a la que antes nos hemos referido por el hecho de que no existiera traditio en la primera de las ventas”.

Asimismo, en relación con la aplicación del precepto legal y la irrelevancia de la entrega previa de la posesión en el primer título, la sentencia destaca la doctrina del Tribunal Supremo al señalar que:

“Para los supuestos de doble venta de inmuebles, el art. 1473 CC otorga preferencia a la primera inscripción. Hay doble venta, con independencia de que hubiera habido tradición al primer comprador, pues desde la sentencia de 5 de marzo de 2007 (rc. 5299/1999), corrigiendo las discrepancias anteriores, no se excluye la aplicación del art. 1473 CC aunque hubiera habido adquisición por el primer comprador y aunque las ventas estuvieran separadas por un considerable espacio de tiempo”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Oviedo desestima el recurso de apelación interpuesto por los codemandados y confirma en su totalidad la sentencia de primera instancia.

Ratifica la preferencia del documento privado de compraventa de 2 de diciembre de 2005 sobre la escritura pública de 4 de diciembre de 2018, e impone las costas procesales de la alzada a la parte apelante.  

Para fundamentar la exigencia de la buena fe y la interpretación del artículo 1473 del Código Civil, el tribunal cita las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2007, 11 de febrero de 2011, 27 de junio de 2012, 28 de mayo de 2019 y 11 de noviembre de 2024, así como la Sentencia 72/2015 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Balears.

Conclusión

En los supuestos de doble venta de bienes inmuebles no inscritos en el Registro de la Propiedad, la falta de entrega material de la posesión en el primer contrato privado no impide la aplicación del artículo 1473 del Código Civil. En este caso, la Audiencia Provincial de Oviedo consideró preferente el título de 2005 al apreciar que las segundas adquirentes conocían la existencia de la venta anterior.

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abogado reclamar propiedad por doble venta inmobiliaria

¿Ha descubierto que el inmueble que adquirió mediante un contrato privado fue vendido posteriormente a otra persona y necesita determinar qué título puede prevalecer? En estos casos, la fecha de las compraventas, la buena fe de los adquirentes, la posesión y la inscripción registral pueden resultar determinantes. Un abogado reclamar propiedad por doble venta inmobiliaria puede estudiar la documentación y las circunstancias concretas de la operación para valorar las posibles vías jurídicas. La Sentencia 465/2026 de la Audiencia Provincial de Oviedo analiza precisamente un supuesto de estas características y examina la aplicación del artículo 1473 del Código Civil.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Oviedo.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 2 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 465/2026.

Antecedentes 

El 2 de diciembre de 2005, la mercantil SANTOS BRAVO PROMOCIONES S.L. suscribió un documento privado de compraventa con D. Patricio por el que adquirió tres cientocuarentaicuatroavas partes indivisas (3/144) de un edificio residencial.

Años más tarde, el 4 de diciembre de 2018, D. Patricio otorgó escritura pública de compraventa sobre la misma participación indivisa a favor de Dª. Lidia y Dª. Almudena.

Sin embargo, Dª. Lidia y Dª. Almudena residían previamente en el inmueble como arrendatarias y tenían pleno conocimiento de las ventas efectuadas en 2005, al haber asistido a reuniones de la comunidad donde se mostraron dichos contratos.

Tras el fallecimiento de Dª. Almudena, sus derechos pasaron a sus sucesores, D. Apolonio y D. Octavio.

Ninguna de las dos compraventas fue inscrita en el Registro de la Propiedad.

La mercantil adquirente en el contrato privado promovió demanda judicial para declarar la preferencia de su título y la obligación de elevar a escritura pública el documento privado.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

La Plaza Nº 5 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Oviedo dictó sentencia el 5 de noviembre de 2024 desestimando la acción principal y estimando la pretensión subsidiaria de doble venta formulada por SANTOS BRAVO PROMOCIONES S.L.

El juzgado declaró la validez del contrato privado de 2005 y su preferencia sobre la escritura pública de 2018 debido a la falta de buena fe de las segundas adquirentes, condenando a la heredera del vendedor (Dª. Esther) a elevar a escritura pública el contrato originario tras percibir el saldo pendiente del precio.

Audiencia Provincial

Dª. Lidia, D. Apolonio y D. Octavio interpusieron recurso de apelación alegando que el artículo 1473 del Código Civil no resultaba aplicable por falta de entrega de la posesión (traditio) en la venta de 2005 y negando la concurrencia de mala fe.

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso de apelación, confirmando íntegramente la sentencia de instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar la regla de preferencia aplicable bajo el artículo 1473 del Código Civil en un supuesto de doble venta de un inmueble no inscrito en el Registro de la Propiedad.

Se analiza si la falta de entrega material o posesoria (traditio) en la primera compraventa en documento privado impide aplicar las reglas de la doble venta frente a una escritura pública posterior, y si el conocimiento efectivo de la venta previa por las segundas adquirentes quiebra la buena fe exigida legalmente para otorgar preferencia al título más reciente.

Razonamiento del Tribunal

La Sala desestima el recurso apoyándose en la doctrina unificada del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo (SSTS de 5 de marzo de 2007, 7 de septiembre de 2007 y 11 de noviembre de 2024).

El tribunal aclara que el artículo 1473 del Código Civil es aplicable a las ventas múltiples, aunque no haya existido la entrega de la posesión al primer comprador y medie una notable distancia temporal entre ambos negocios.

En ausencia de inscripción registral, el artículo 1473 del Código Civil establece criterios de preferencia vinculados a la posesión de buena fe y, en determinadas circunstancias, a la antigüedad del título.

Al haberse probado que las segundas adquirentes tenían conocimiento de la venta celebrada en 2005, se excluye su condición de adquirentes de buena fe, haciendo prevalecer el título originario más antiguo.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“no existe impedimento alguno en el hecho de aplicar la prelación a la que antes nos hemos referido por el hecho de que no existiera traditio en la primera de las ventas”.

Asimismo, en relación con la aplicación del precepto legal y la irrelevancia de la entrega previa de la posesión en el primer título, la sentencia destaca la doctrina del Tribunal Supremo al señalar que:

“Para los supuestos de doble venta de inmuebles, el art. 1473 CC otorga preferencia a la primera inscripción. Hay doble venta, con independencia de que hubiera habido tradición al primer comprador, pues desde la sentencia de 5 de marzo de 2007 (rc. 5299/1999), corrigiendo las discrepancias anteriores, no se excluye la aplicación del art. 1473 CC aunque hubiera habido adquisición por el primer comprador y aunque las ventas estuvieran separadas por un considerable espacio de tiempo”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Oviedo desestima el recurso de apelación interpuesto por los codemandados y confirma en su totalidad la sentencia de primera instancia.

Ratifica la preferencia del documento privado de compraventa de 2 de diciembre de 2005 sobre la escritura pública de 4 de diciembre de 2018, e impone las costas procesales de la alzada a la parte apelante.  

Para fundamentar la exigencia de la buena fe y la interpretación del artículo 1473 del Código Civil, el tribunal cita las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2007, 11 de febrero de 2011, 27 de junio de 2012, 28 de mayo de 2019 y 11 de noviembre de 2024, así como la Sentencia 72/2015 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Balears.

Conclusión

En los supuestos de doble venta de bienes inmuebles no inscritos en el Registro de la Propiedad, la falta de entrega material de la posesión en el primer contrato privado no impide la aplicación del artículo 1473 del Código Civil. En este caso, la Audiencia Provincial de Oviedo consideró preferente el título de 2005 al apreciar que las segundas adquirentes conocían la existencia de la venta anterior.

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