Abogado reclamar seguro ahorro: sentencia clave No todos los seguros de ahorro funcionan como parece a primera vista, y en este contexto contar con un abogado reclamar seguro ahorro puede ayudar a analizar adecuadamente la situación. Cuando una aseguradora limita el pago o interpreta la póliza de forma restrictiva, surgen dudas legítimas sobre qué cantidad corresponde realmente al beneficiario. Te mostramos esta sentencia, porque revisar cómo han resuelto los tribunales casos similares permite comprender mejor el alcance de sus derechos y las posibles vías de reclamación. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Teruel. Sección: 1. Fecha: 26 de enero de 2026. Nº de Resolución: 11/2026. Antecedentes El 22 de junio de 1988, el Sr. Segundo suscribió una póliza de seguro de vida y jubilación con la entidad Unión Iberoamericana (cedida posteriormente a Zurich Vida). El contrato establecía tres garantías diferenciadas: la entrega de un Capital Final (64.474,49 €) si el asegurado vivía al vencimiento (8 de junio de 2022); los rendimientos por participación en beneficios; y una cantidad igual a la suma de las primas netas si el asegurado fallecía antes del vencimiento. El Sr. Segundo falleció el 17 de septiembre de 2021, meses antes de la fecha de jubilación pactada. La aseguradora abonó a su viuda, la Sra. Tania, la suma de 33.273,57 €. Sin embargo, la beneficiaria reclamó un total de 72.226,50 €, entendiendo que tenía derecho también al capital final de jubilación, ya que este figuraba como “capital garantizado” en los apéndices anuales informativos enviados por la compañía. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Teruel estimó íntegramente la demanda el 5 de junio de 2025. Condenó a Zurich Vida a pagar los 38.952,93 € restantes más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), al considerar que el capital de jubilación debía entregarse a la viuda. Audiencia Provincial La aseguradora apeló alegando que la sentencia de instancia realizó una interpretación errónea de la póliza, confundiendo la garantía de vida (fallecimiento) con la de jubilación (supervivencia). Zurich admitió únicamente una deuda adicional de 7.135,99 € por rendimientos no incluidos inicialmente. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si, en un contrato de seguro de ahorro y jubilación, el fallecimiento del asegurado antes del vencimiento permite al beneficiario reclamar el Capital Final de jubilación o si la prestación debe limitarse estrictamente a lo pactado para el caso de muerte (primas netas y rendimientos). Asimismo, se analizó si la mención informativa del capital de jubilación en los suplementos anuales de revalorización modifica el objeto y las garantías de la póliza original. Razonamiento del Tribunal La Sala estimó el recurso de la aseguradora al considerar que la póliza distingue claramente entre los beneficios por supervivencia y por fallecimiento. El tribunal razonó que el “Capital Final” estaba condicionado a que el asegurado estuviera vivo en junio de 2022. Al producirse el óbito antes de esa fecha, el contrato solo obliga a devolver las primas satisfechas y los rendimientos acumulados. El tribunal aclaró que los apéndices anuales no modifican la estructura del seguro; su función es informar sobre la actualización de beneficios, y el hecho de que recuerden el capital garantizado al vencimiento no otorga un derecho que el contrato supedita a la supervivencia del tomador. Además, respecto a los intereses de demora, el tribunal determinó que la aseguradora no incurrió en mora hasta que la beneficiaria aportó la documentación necesaria en julio de 2024. “el capital que debe ser abonado por la aseguradora a la viuda del asegurado es el capital obtenido por participación en beneficios”. Decisión del Tribunal La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de Zurich Vida y revocó la sentencia anterior. El tribunal redujo la condena de la aseguradora al pago de 7.135,99 € (cantidad ya consignada por la compañía), más los intereses del artículo 20 de la LCS calculados únicamente desde el 29 de julio de 2024, fecha en que la viuda facilitó la documentación requerida. No se impusieron costas procesales de ninguna instancia. Conclusión En los seguros de ahorro con garantía de jubilación, si el asegurado fallece antes del vencimiento, el beneficiario solo tiene derecho a percibir la suma de las primas netas y los rendimientos generados, sin que sea posible reclamar el capital final previsto para la supervivencia del tomador. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar seguro ahorro: sentencia clave first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/EU7pLYD

No todos los seguros de ahorro funcionan como parece a primera vista, y en este contexto contar con un abogado reclamar seguro ahorro puede ayudar a analizar adecuadamente la situación. Cuando una aseguradora limita el pago o interpreta la póliza de forma restrictiva, surgen dudas legítimas sobre qué cantidad corresponde realmente al beneficiario. Te mostramos esta sentencia, porque revisar cómo han resuelto los tribunales casos similares permite comprender mejor el alcance de sus derechos y las posibles vías de reclamación.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Teruel. 
• Sección: 1.
• Fecha: 26 de enero de 2026.
• Nº de Resolución: 11/2026.

Antecedentes 

El 22 de junio de 1988, el Sr. Segundo suscribió una póliza de seguro de vida y jubilación con la entidad Unión Iberoamericana (cedida posteriormente a Zurich Vida).

El contrato establecía tres garantías diferenciadas: la entrega de un Capital Final (64.474,49 €) si el asegurado vivía al vencimiento (8 de junio de 2022); los rendimientos por participación en beneficios; y una cantidad igual a la suma de las primas netas si el asegurado fallecía antes del vencimiento.

El Sr. Segundo falleció el 17 de septiembre de 2021, meses antes de la fecha de jubilación pactada.

La aseguradora abonó a su viuda, la Sra. Tania, la suma de 33.273,57 €.

Sin embargo, la beneficiaria reclamó un total de 72.226,50 €, entendiendo que tenía derecho también al capital final de jubilación, ya que este figuraba como “capital garantizado” en los apéndices anuales informativos enviados por la compañía.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Teruel estimó íntegramente la demanda el 5 de junio de 2025.

Condenó a Zurich Vida a pagar los 38.952,93 € restantes más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), al considerar que el capital de jubilación debía entregarse a la viuda.

Audiencia Provincial 

La aseguradora apeló alegando que la sentencia de instancia realizó una interpretación errónea de la póliza, confundiendo la garantía de vida (fallecimiento) con la de jubilación (supervivencia). Zurich admitió únicamente una deuda adicional de 7.135,99 € por rendimientos no incluidos inicialmente.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si, en un contrato de seguro de ahorro y jubilación, el fallecimiento del asegurado antes del vencimiento permite al beneficiario reclamar el Capital Final de jubilación o si la prestación debe limitarse estrictamente a lo pactado para el caso de muerte (primas netas y rendimientos).

Asimismo, se analizó si la mención informativa del capital de jubilación en los suplementos anuales de revalorización modifica el objeto y las garantías de la póliza original.

Razonamiento del Tribunal

La Sala estimó el recurso de la aseguradora al considerar que la póliza distingue claramente entre los beneficios por supervivencia y por fallecimiento.

El tribunal razonó que el “Capital Final” estaba condicionado a que el asegurado estuviera vivo en junio de 2022.

Al producirse el óbito antes de esa fecha, el contrato solo obliga a devolver las primas satisfechas y los rendimientos acumulados.

El tribunal aclaró que los apéndices anuales no modifican la estructura del seguro; su función es informar sobre la actualización de beneficios, y el hecho de que recuerden el capital garantizado al vencimiento no otorga un derecho que el contrato supedita a la supervivencia del tomador.

Además, respecto a los intereses de demora, el tribunal determinó que la aseguradora no incurrió en mora hasta que la beneficiaria aportó la documentación necesaria en julio de 2024.

“el capital que debe ser abonado por la aseguradora a la viuda del asegurado es el capital obtenido por participación en beneficios”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de Zurich Vida y revocó la sentencia anterior.

El tribunal redujo la condena de la aseguradora al pago de 7.135,99 € (cantidad ya consignada por la compañía), más los intereses del artículo 20 de la LCS calculados únicamente desde el 29 de julio de 2024, fecha en que la viuda facilitó la documentación requerida.

No se impusieron costas procesales de ninguna instancia.

Conclusión

En los seguros de ahorro con garantía de jubilación, si el asegurado fallece antes del vencimiento, el beneficiario solo tiene derecho a percibir la suma de las primas netas y los rendimientos generados, sin que sea posible reclamar el capital final previsto para la supervivencia del tomador.

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Abogado reclamar nulidad seguro vinculado hipoteca Muchas personas firmaron su hipoteca sin ser plenamente conscientes del impacto real de algunos productos asociados, especialmente los seguros de prima única financiados junto al préstamo. En este tipo de situaciones, contar con un abogado reclamar nulidad seguro vinculado hipoteca Valladolid puede marcar la diferencia a la hora de analizar si existió falta de transparencia, si se ocultó el coste financiero real o si no se ofrecieron alternativas válidas. En este caso concreto, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid pone el foco en estas prácticas y abre la puerta a la reclamación de cantidades pagadas indebidamente. Consulte su caso ahora Identificación de la sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Valladolid. Sección: 3. Fecha de la sentencia: 12 de diciembre de 2025. Nº de resolución: 556/2025. Antecedentes El 20 de junio de 2008, D. Cirilo y Dª Amparo suscribieron con la entidad BBVA S.A. un contrato de préstamo hipotecario. Vinculado a esta operación, se concertaron dos seguros de protección de riesgos hipotecarios con la aseguradora del mismo grupo, BBVA SEGUROS S.A. La particularidad de estos contratos fue la imposición de una prima única anticipada que fue detraída directamente del capital del préstamo hipotecario, de modo que nunca llegó a estar a disposición de los prestatarios. Esto supuso que la cantidad satisfecha por la prima generase, a su vez, intereses remuneratorios a favor del banco al quedar integrada en el capital prestado. Los actores reclamaron la nulidad de dichos seguros por falta de transparencia y el reintegro de las primas. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Valladolid estimó sustancialmente la demanda en abril de 2025. Declaró nulos de pleno derecho por abusivos los contratos de seguro, condenando a la aseguradora a devolver las primas (detrayendo la parte consumida) con intereses legales. Asimismo, declaró la responsabilidad contractual de BBVA S.A. por defectuoso asesoramiento. Audiencia Provincial La entidad BBVA SEGUROS S.A. interpuso recurso de apelación alegando, entre otros motivos, que los prestatarios aceptaron la suscripción para obtener una bonificación en el tipo de interés del préstamo. La Audiencia desestimó el recurso y confirmó íntegramente la sentencia de instancia. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si la contratación de un seguro de vida a prima única, vinculado a un préstamo hipotecario y financiado mediante el mismo, constituye una práctica abusiva por falta de transparencia material. El tribunal analizó si se proporcionó información suficiente sobre la carga económica real (pago de intereses por la propia prima) y si se ofrecieron alternativas, como seguros de prima anual renovable o con otras compañías ajenas al grupo bancario. Razonamiento del Tribunal La Sala fundamentó su decisión en que no existió una negociación individual de la cláusula, sino que fue una condición predispuesta por el banco en su beneficio. Se destacó que la entidad actuó como mediadora para una aseguradora de su propio grupo, garantizándose el cobro de la indemnización y de los intereses del capital financiado para la prima. El tribunal subrayó que la supuesta ventaja de una bonificación en el diferencial no compensa el desequilibrio causado al consumidor, quien se ve obligado a un mayor nivel de endeudamiento. “debe reputarse nula por abusiva la práctica bancaria que conduce a la imposición de la contratación de un seguro sin información suficiente sobre su coste, y en beneficio principal de la propia entidad”. Decisión del Tribunal La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de BBVA SEGUROS S.A. y confirmó la nulidad. El banco debe restituir las primas abonadas, restando la parte proporcional que cubrió el riesgo durante el tiempo de vigencia, más los intereses legales desde la interpelación judicial. Se impusieron las costas de la alzada a la parte apelante. Conclusión Es nula por abusiva la imposición de un seguro de vida vinculado a la hipoteca bajo la modalidad de prima única financiada cuando el banco, actuando en beneficio propio, no informa con transparencia sobre el coste financiero de la operación ni ofrece alternativas de contratación anual renovable. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar nulidad seguro vinculado hipoteca first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/TfkLBi8

Muchas personas firmaron su hipoteca sin ser plenamente conscientes del impacto real de algunos productos asociados, especialmente los seguros de prima única financiados junto al préstamo. En este tipo de situaciones, contar con un abogado reclamar nulidad seguro vinculado hipoteca Valladolid puede marcar la diferencia a la hora de analizar si existió falta de transparencia, si se ocultó el coste financiero real o si no se ofrecieron alternativas válidas. En este caso concreto, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid pone el foco en estas prácticas y abre la puerta a la reclamación de cantidades pagadas indebidamente.

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Identificación de la sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Valladolid.
• Sección: 3.
• Fecha de la sentencia: 12 de diciembre de 2025.
• Nº de resolución: 556/2025.

Antecedentes

El 20 de junio de 2008, D. Cirilo y Dª Amparo suscribieron con la entidad BBVA S.A. un contrato de préstamo hipotecario.

Vinculado a esta operación, se concertaron dos seguros de protección de riesgos hipotecarios con la aseguradora del mismo grupo, BBVA SEGUROS S.A.

La particularidad de estos contratos fue la imposición de una prima única anticipada que fue detraída directamente del capital del préstamo hipotecario, de modo que nunca llegó a estar a disposición de los prestatarios.

Esto supuso que la cantidad satisfecha por la prima generase, a su vez, intereses remuneratorios a favor del banco al quedar integrada en el capital prestado.

Los actores reclamaron la nulidad de dichos seguros por falta de transparencia y el reintegro de las primas.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Valladolid estimó sustancialmente la demanda en abril de 2025.

Declaró nulos de pleno derecho por abusivos los contratos de seguro, condenando a la aseguradora a devolver las primas (detrayendo la parte consumida) con intereses legales.

Asimismo, declaró la responsabilidad contractual de BBVA S.A. por defectuoso asesoramiento.

Audiencia Provincial

La entidad BBVA SEGUROS S.A. interpuso recurso de apelación alegando, entre otros motivos, que los prestatarios aceptaron la suscripción para obtener una bonificación en el tipo de interés del préstamo.

La Audiencia desestimó el recurso y confirmó íntegramente la sentencia de instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si la contratación de un seguro de vida a prima única, vinculado a un préstamo hipotecario y financiado mediante el mismo, constituye una práctica abusiva por falta de transparencia material.

El tribunal analizó si se proporcionó información suficiente sobre la carga económica real (pago de intereses por la propia prima) y si se ofrecieron alternativas, como seguros de prima anual renovable o con otras compañías ajenas al grupo bancario.

Razonamiento del Tribunal

La Sala fundamentó su decisión en que no existió una negociación individual de la cláusula, sino que fue una condición predispuesta por el banco en su beneficio.

Se destacó que la entidad actuó como mediadora para una aseguradora de su propio grupo, garantizándose el cobro de la indemnización y de los intereses del capital financiado para la prima.

El tribunal subrayó que la supuesta ventaja de una bonificación en el diferencial no compensa el desequilibrio causado al consumidor, quien se ve obligado a un mayor nivel de endeudamiento.

“debe reputarse nula por abusiva la práctica bancaria que conduce a la imposición de la contratación de un seguro sin información suficiente sobre su coste, y en beneficio principal de la propia entidad”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de BBVA SEGUROS S.A. y confirmó la nulidad.

El banco debe restituir las primas abonadas, restando la parte proporcional que cubrió el riesgo durante el tiempo de vigencia, más los intereses legales desde la interpelación judicial.

Se impusieron las costas de la alzada a la parte apelante.

Conclusión

Es nula por abusiva la imposición de un seguro de vida vinculado a la hipoteca bajo la modalidad de prima única financiada cuando el banco, actuando en beneficio propio, no informa con transparencia sobre el coste financiero de la operación ni ofrece alternativas de contratación anual renovable.

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Abogado reclamar seguro responsabilidad directivos Madrid Si se enfrenta a un conflicto relacionado con la responsabilidad de administradores o directivos y no sabe si puede reclamar frente a la aseguradora, un abogado reclamar seguro responsabilidad directivos Madrid puede analizar su caso con rigor jurídico. Este tipo de pólizas D&O suele generar controversias complejas sobre quién puede reclamar, en qué condiciones y qué indemnizaciones corresponden realmente, especialmente cuando existen daños indirectos o estructuras societarias entre matriz y filiales. A continuación, revisamos una sentencia del Tribunal Supremo que ayuda a entender cómo se están resolviendo estos casos en la práctica judicial. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. Sección: 1. Fecha: 25 de marzo de 2026. Nº de Resolución: 479/2026. Antecedentes La sociedad Comsa Emte S.L., como tomadora, suscribió en enero de 2012 una póliza de responsabilidad civil para administradores y directivos (D&O) con la aseguradora QBE Insurance Limited. El contrato cubría daños causados por administradores de la matriz y sus filiales, con un límite de 12.000.000 de euros. Una de sus filiales, Comsa S.A.U. (poseedora del 99% de una sociedad chilena), sufrió un perjuicio directo debido a la gestión del Sr. Luis María, gerente general en Chile. El directivo reportó información financiera falsa, sobrevalorando beneficios en más de 23 millones de euros, lo que obligó a Comsa S.A.U. a desembolsar 30.692.600 euros tras la ejecución de avales bancarios por deudas de la filial chilena. Ante el rechazo de la aseguradora, Comsa S.A.U. reclamó judicialmente el límite de la póliza (12 millones) más intereses. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Barcelona desestimó la demanda. Consideró que Comsa S.A.U., al ser filial de la tomadora, no era un “tercero ajeno” y, por tanto, carecía de legitimación para ejercitar la acción directa contra la aseguradora. Audiencia Provincial La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona estimó parcialmente el recurso. Reconoció la legitimación de Comsa S.A.U. como tercero perjudicado y condenó a QBE al pago de los 12 millones de euros, pero aplicó únicamente el interés legal del Código Civil desde la fecha de la demanda. Tribunal Supremo Ambas partes recurrieron en casación. El Tribunal Supremo confirmó la legitimación de la filial y corrigió el pronunciamiento sobre los intereses, aplicando el régimen especial de mora procesal para aseguradoras. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar dos puntos clave: primero, si el socio de control de una filial (persona jurídica) puede ser considerado “tercero perjudicado” para ejercer la acción directa (art. 76 LCS) contra una póliza D&O; y segundo, si los intereses punitivos del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) deben aplicarse de oficio, incluso si el demandante solo solicitó genéricamente “intereses legales”. Razonamiento del Tribunal El Tribunal Supremo desestimó el recurso de la aseguradora y estimó el de la demandante basándose en: Legitimación activa: La póliza no contenía una definición de “tercero perjudicado” ni excluía expresamente a los accionistas de las sociedades administradas. Al haber sufrido Comsa S.A.U. un daño patrimonial directo (pago de avales), tiene derecho a la acción directa contra la aseguradora del directivo causante del daño. Intereses del art. 20 LCS: El Tribunal recordó que este recargo tiene carácter imperativo y debe imponerse de oficio por el juzgador. No es óbice que la demanda pida “intereses legales” de forma genérica, pues estos intereses especiales forman parte del régimen legal de mora para aseguradoras. Dómputo del tiempo (dies a quo): El plazo para los intereses comienza cuando la aseguradora conoce el siniestro. Es irrelevante quién lo comunique (en este caso lo hizo la tomadora en junio de 2012); desde ese momento, la aseguradora incurre en mora si no paga en tres meses. “la indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial”. Decisión del Tribunal El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación de Comsa S.A.U. y casó la sentencia de la Audiencia Provincial únicamente respecto a los intereses. Condenó a QBE Insurance al pago de los 12.000.000 de euros más los intereses del art. 20 LCS (interés legal incrementado en un 50% los dos primeros años y un mínimo del 20% anual a partir del segundo año) devengados desde el 1 de junio de 2012, fecha de comunicación inicial del siniestro. Conclusión En los seguros D&O, el accionista que sufre un daño directo por la gestión del administrador tiene acción directa contra la aseguradora. Además, el tribunal debe aplicar de oficio los intereses punitivos por mora del artículo 20 LCS desde que la compañía tiene noticia del siniestro, independientemente de cómo se haya formulado la petición de intereses en la demanda. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar seguro responsabilidad directivos Madrid first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/4HFnyGK

Si se enfrenta a un conflicto relacionado con la responsabilidad de administradores o directivos y no sabe si puede reclamar frente a la aseguradora, un abogado reclamar seguro responsabilidad directivos Madrid puede analizar su caso con rigor jurídico. Este tipo de pólizas D&O suele generar controversias complejas sobre quién puede reclamar, en qué condiciones y qué indemnizaciones corresponden realmente, especialmente cuando existen daños indirectos o estructuras societarias entre matriz y filiales. A continuación, revisamos una sentencia del Tribunal Supremo que ayuda a entender cómo se están resolviendo estos casos en la práctica judicial.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
• Sección: 1.
• Fecha: 25 de marzo de 2026. 
• Nº de Resolución: 479/2026.

Antecedentes 

La sociedad Comsa Emte S.L., como tomadora, suscribió en enero de 2012 una póliza de responsabilidad civil para administradores y directivos (D&O) con la aseguradora QBE Insurance Limited.

El contrato cubría daños causados por administradores de la matriz y sus filiales, con un límite de 12.000.000 de euros.

Una de sus filiales, Comsa S.A.U. (poseedora del 99% de una sociedad chilena), sufrió un perjuicio directo debido a la gestión del Sr. Luis María, gerente general en Chile.

El directivo reportó información financiera falsa, sobrevalorando beneficios en más de 23 millones de euros, lo que obligó a Comsa S.A.U. a desembolsar 30.692.600 euros tras la ejecución de avales bancarios por deudas de la filial chilena.

Ante el rechazo de la aseguradora, Comsa S.A.U. reclamó judicialmente el límite de la póliza (12 millones) más intereses.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Barcelona desestimó la demanda.

Consideró que Comsa S.A.U., al ser filial de la tomadora, no era un “tercero ajeno” y, por tanto, carecía de legitimación para ejercitar la acción directa contra la aseguradora.

Audiencia Provincial 

La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona estimó parcialmente el recurso.

Reconoció la legitimación de Comsa S.A.U. como tercero perjudicado y condenó a QBE al pago de los 12 millones de euros, pero aplicó únicamente el interés legal del Código Civil desde la fecha de la demanda.

Tribunal Supremo 

Ambas partes recurrieron en casación.

El Tribunal Supremo confirmó la legitimación de la filial y corrigió el pronunciamiento sobre los intereses, aplicando el régimen especial de mora procesal para aseguradoras.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar dos puntos clave: primero, si el socio de control de una filial (persona jurídica) puede ser considerado “tercero perjudicado” para ejercer la acción directa (art. 76 LCS) contra una póliza D&O; y segundo, si los intereses punitivos del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) deben aplicarse de oficio, incluso si el demandante solo solicitó genéricamente “intereses legales”.

Razonamiento del Tribunal

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de la aseguradora y estimó el de la demandante basándose en:

1. Legitimación activa: La póliza no contenía una definición de “tercero perjudicado” ni excluía expresamente a los accionistas de las sociedades administradas. Al haber sufrido Comsa S.A.U. un daño patrimonial directo (pago de avales), tiene derecho a la acción directa contra la aseguradora del directivo causante del daño.
2. Intereses del art. 20 LCS: El Tribunal recordó que este recargo tiene carácter imperativo y debe imponerse de oficio por el juzgador. No es óbice que la demanda pida “intereses legales” de forma genérica, pues estos intereses especiales forman parte del régimen legal de mora para aseguradoras.
3. Dómputo del tiempo (dies a quo): El plazo para los intereses comienza cuando la aseguradora conoce el siniestro. Es irrelevante quién lo comunique (en este caso lo hizo la tomadora en junio de 2012); desde ese momento, la aseguradora incurre en mora si no paga en tres meses.

“la indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación de Comsa S.A.U. y casó la sentencia de la Audiencia Provincial únicamente respecto a los intereses.

Condenó a QBE Insurance al pago de los 12.000.000 de euros más los intereses del art. 20 LCS (interés legal incrementado en un 50% los dos primeros años y un mínimo del 20% anual a partir del segundo año) devengados desde el 1 de junio de 2012, fecha de comunicación inicial del siniestro.

Conclusión

En los seguros D&O, el accionista que sufre un daño directo por la gestión del administrador tiene acción directa contra la aseguradora.

Además, el tribunal debe aplicar de oficio los intereses punitivos por mora del artículo 20 LCS desde que la compañía tiene noticia del siniestro, independientemente de cómo se haya formulado la petición de intereses en la demanda.

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Abogado reclamar devolución cuentas en participación Cuando un contrato de cuentas en participación genera dudas sobre la devolución del dinero invertido, es esencial contar con un abogado reclamar devolución cuentas en participación que conozca la jurisprudencia reciente. En este artículo explicamos cómo la Audiencia Provincial de Oviedo resolvió un caso concreto, qué criterios determinan el vencimiento de la obligación de pago y cómo proteger sus derechos frente a retrasos o incumplimientos contractuales. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Oviedo. Sección: 1. Fecha: 23 de febrero de 2026. Nº de Resolución: 82/2026. Antecedentes El 16 de agosto de 2017, las sociedades CAPAZITARIA, S.L. y NUESO GROUP, S.L. suscribieron un contrato mercantil para financiar un proyecto de importación de fruta desde Chile. En virtud de este acuerdo, CAPAZITARIA aportó la suma de 200.000 euros. El contrato estipulaba que la devolución del capital debía realizarse antes del 31 de diciembre de 2017. No obstante, la cláusula segunda establecía una excepción: el vencimiento se aplazaría si la mercancía era rehusada por el cliente final y existía una reclamación abierta con la compañía aseguradora. En octubre de 2017, al llegar al puerto de Algeciras, se constató que varios contenedores de aguacates presentaban daños por exceso de maduración, lo que redujo significativamente su valor comercial. NUESO GROUP inició un procedimiento arbitral en Chile contra los transportistas, pero la póliza de seguro de transporte había sido contratada por el operador logístico y no directamente por la demandada. CAPAZITARIA reclamó la devolución del capital aportado a NUESO. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Gijón dictó sentencia el 17 de octubre de 2024 desestimando íntegramente la demanda. El juez consideró que la obligación de reintegro aún no era exigible al entender que concurrían las circunstancias de excepcionalidad previstas en el contrato. Audiencia Provincial La demandante apeló alegando que no se cumplían los requisitos para el aplazamiento, ya que la mercancía no fue técnicamente “rehusada” y no existía una reclamación directa frente a una aseguradora propia que permitiera un cobro inmediato. Los administradores de la sociedad también fueron demandados por responsabilidad individual y por deudas. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en interpretar el alcance de la cláusula de vencimiento del contrato. El tribunal debió determinar si el uso de la conjunción copulativa “y” obligaba al cumplimiento simultáneo de dos requisitos (rechazo de mercancía y reclamación al seguro) para retrasar la devolución del dinero. Asimismo, se analizó si una reclamación judicial contra transportistas equivale a una “reclamación abierta con la aseguradora” y si el hecho de que el seguro fuera ajeno (contratado por un tercero) afectaba a la exigibilidad del crédito. Razonamiento del Tribunal La Sala estimó parcialmente el recurso al considerar que la deuda sí estaba vencida. El tribunal razonó que, aunque el término “rehusada” puede entenderse como la reserva o protesta por daños en la mercancía (lo cual sí ocurrió), el segundo requisito falló. Al no haber contratado NUESO GROUP el seguro directamente, carecía de acción directa contra la aseguradora, lo que provocaba que el cobro de la indemnización —y por ende el reintegro al inversor— quedara relegado a una fecha incierta fuera del control de las partes. Respecto a los administradores, el tribunal confirmó su absolución al no acreditarse una situación de insolvencia legal (el patrimonio neto era positivo) ni un ilícito orgánico con relación causal directa con el impago. Para exonerarse de la obligación de reintegro, se “exige el cumplimiento de un doble requisito cumulativo, como se deduce del empleo de la conjunción copulativa “y”, de manera que solo se entenderá aplazada la obligación de reintegrar el capital”. Decisión del Tribunal El tribunal estimó parcialmente el recurso de apelación de CAPAZITARIA, S.L. y revocó la sentencia de instancia. Condenó a NUESO GROUP, S.L. a abonar los 200.000 euros, más los intereses moratorios desde la fecha de la demanda. Por el contrario, confirmó la absolución de los administradores, D. Jose Ignacio y Dña. Genoveva, al no probarse los presupuestos de la acción de responsabilidad. Se impusieron a la sociedad demandada las costas de la acción dirigida contra ella en primera instancia. Conclusión En un contrato de cuentas en participación, si el aplazamiento de la devolución del capital está condicionado al cumplimiento de requisitos acumulativos, la falta de cualquiera de ellos —incluyendo la inexistencia de una reclamación directa y eficaz contra un seguro propio— determina el vencimiento inmediato de la obligación de pago. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar devolución cuentas en participación first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/4R2hjsF

Cuando un contrato de cuentas en participación genera dudas sobre la devolución del dinero invertido, es esencial contar con un abogado reclamar devolución cuentas en participación  que conozca la jurisprudencia reciente. En este artículo explicamos cómo la Audiencia Provincial de Oviedo resolvió un caso concreto, qué criterios determinan el vencimiento de la obligación de pago y cómo proteger sus derechos frente a retrasos o incumplimientos contractuales.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Oviedo.
• Sección: 1.
• Fecha: 23 de febrero de 2026.
• Nº de Resolución: 82/2026.

Antecedentes

El 16 de agosto de 2017, las sociedades CAPAZITARIA, S.L. y NUESO GROUP, S.L. suscribieron un contrato mercantil para financiar un proyecto de importación de fruta desde Chile.

En virtud de este acuerdo, CAPAZITARIA aportó la suma de 200.000 euros.

El contrato estipulaba que la devolución del capital debía realizarse antes del 31 de diciembre de 2017.

No obstante, la cláusula segunda establecía una excepción: el vencimiento se aplazaría si la mercancía era rehusada por el cliente final y existía una reclamación abierta con la compañía aseguradora. En octubre de 2017, al llegar al puerto de Algeciras, se constató que varios contenedores de aguacates presentaban daños por exceso de maduración, lo que redujo significativamente su valor comercial.

NUESO GROUP inició un procedimiento arbitral en Chile contra los transportistas, pero la póliza de seguro de transporte había sido contratada por el operador logístico y no directamente por la demandada.

CAPAZITARIA reclamó la devolución del capital aportado a NUESO.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Gijón dictó sentencia el 17 de octubre de 2024 desestimando íntegramente la demanda.

El juez consideró que la obligación de reintegro aún no era exigible al entender que concurrían las circunstancias de excepcionalidad previstas en el contrato.

Audiencia Provincial 

La demandante apeló alegando que no se cumplían los requisitos para el aplazamiento, ya que la mercancía no fue técnicamente “rehusada” y no existía una reclamación directa frente a una aseguradora propia que permitiera un cobro inmediato.

Los administradores de la sociedad también fueron demandados por responsabilidad individual y por deudas.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en interpretar el alcance de la cláusula de vencimiento del contrato.

El tribunal debió determinar si el uso de la conjunción copulativa “y” obligaba al cumplimiento simultáneo de dos requisitos (rechazo de mercancía y reclamación al seguro) para retrasar la devolución del dinero.

Asimismo, se analizó si una reclamación judicial contra transportistas equivale a una “reclamación abierta con la aseguradora” y si el hecho de que el seguro fuera ajeno (contratado por un tercero) afectaba a la exigibilidad del crédito.

Razonamiento del Tribunal

La Sala estimó parcialmente el recurso al considerar que la deuda sí estaba vencida.

El tribunal razonó que, aunque el término “rehusada” puede entenderse como la reserva o protesta por daños en la mercancía (lo cual sí ocurrió), el segundo requisito falló.

Al no haber contratado NUESO GROUP el seguro directamente, carecía de acción directa contra la aseguradora, lo que provocaba que el cobro de la indemnización —y por ende el reintegro al inversor— quedara relegado a una fecha incierta fuera del control de las partes.

Respecto a los administradores, el tribunal confirmó su absolución al no acreditarse una situación de insolvencia legal (el patrimonio neto era positivo) ni un ilícito orgánico con relación causal directa con el impago.

Para  exonerarse de la obligación de reintegro, se

“exige el cumplimiento de un doble requisito cumulativo, como se deduce del empleo de la conjunción copulativa “y”, de manera que solo se entenderá aplazada la obligación de reintegrar el capital”.

Decisión del Tribunal

El tribunal estimó parcialmente el recurso de apelación de CAPAZITARIA, S.L. y revocó la sentencia de instancia. Condenó a NUESO GROUP, S.L. a abonar los 200.000 euros, más los intereses moratorios desde la fecha de la demanda.

Por el contrario, confirmó la absolución de los administradores, D. Jose Ignacio y Dña. Genoveva, al no probarse los presupuestos de la acción de responsabilidad. Se impusieron a la sociedad demandada las costas de la acción dirigida contra ella en primera instancia.

Conclusión

En un contrato de cuentas en participación, si el aplazamiento de la devolución del capital está condicionado al cumplimiento de requisitos acumulativos, la falta de cualquiera de ellos —incluyendo la inexistencia de una reclamación directa y eficaz contra un seguro propio— determina el vencimiento inmediato de la obligación de pago.

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Abogado anular opción de compra simulada Barcelona En situaciones de opciones de compra simuladas que encubren préstamos usurarios un abogado anular opción de compra simulada Barcelona puede guiarle con base en precedentes judiciales sólidos. La sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona ilustra cómo los tribunales protegen a quienes firman opciones de compra desproporcionadas bajo presión financiera. La Sra. Natividad recuperó su inmueble tasado en más de 285.000 euros, pese a una prima de solo 41.800 euros que ocultaba un préstamo con TAE del 54,5%. Siga leyendo para conocer los detalles clave de este caso. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección: 16. Fecha: 27 de febrero de 2026. Nº de Resolución: 92/2026. Antecedentes La Sra. Natividad se encontraba en una situación financiera angustiosa y con la vía de financiación bancaria cerrada. Ante esta necesidad urgente de liquidez, contactó con un inversor y suscribió, el 29 de marzo de 2019, una escritura de opción de compra sobre su vivienda habitual. En la escritura se fijó una prima de opción de 41.800 euros y un precio de compraventa de 115.000 euros, a pesar de que la finca había sido tasada poco antes en más de 285.000 euros. En realidad, la operación ocultaba un préstamo: la Sra. Natividad solo recibió 26.500 euros (el resto se destinó a intermediarios) y debía devolver una cantidad superior para “redimir” su vivienda. Al no devolverse el dinero, la mercantil A3M INAMOVIBLE, S.L. ejercitó la opción de compra el 30 de junio de 2020 para adjudicarse el inmueble. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Rubí dictó sentencia el 7 de marzo de 2022. El juzgador estimó parcialmente la demanda, declarando la nulidad del contrato por ser un préstamo usurario bajo una forma simulada y ordenando a la actora restituir únicamente el capital de la prima (41.800 euros). Audiencia Provincial La mercantil demandada apeló alegando que no existía simulación y que, en todo caso, la restitución debía incluir otras cantidades satisfechas, como pagos de la hipoteca que gravaba la finca y depósitos notariales. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si una opción de compra puede ser declarada nula por simulación relativa cuando su verdadera función es garantizar un préstamo usurario. El tribunal analizó si la apariencia de legalidad de una escritura notarial prevalece sobre las pruebas de un pacto verbal paralelo. Asimismo, se debatió el alcance de los efectos restitutorios tras la nulidad: si el prestatario solo debe devolver el capital recibido o si debe reintegrar todos los gastos asumidos por el inversor en relación con el inmueble. Razonamiento del Tribunal La Sala confirmó la existencia de simulación y usura basándose en comunicaciones privadas y testimonios de intermediarios que revelaron un pacto verbal de préstamo con un interés real cercano al 54,5% TAE. El tribunal razonó que la opción de compra no buscaba la adquisición del inmueble, sino que actuaba como una garantía desproporcionada sujeta al impago del préstamo. “que los contratos impugnados reunieran formalmente los requisitos que el Código Civil exige para la validez de los contratos… no impide que existiera una simulación”. Respecto a la restitución, el tribunal corrigió la sentencia de instancia. Determinó que, al anularse no solo el préstamo, sino también la opción de compra y la posterior venta, la actora debe devolver todas las cantidades que la demandada invirtió en el negocio, incluyendo pagos hipotecarios y consignaciones notariales, para evitar un enriquecimiento injusto. Decisión del Tribunal El tribunal estimó parcialmente el recurso de apelación de A3M INAMOVIBLE, S.L.. Confirmó la nulidad absoluta de la opción de compra y de la compraventa derivada, pero revocó el límite de la restitución. La Sra. Natividad deberá devolver no solo los 41.800 euros de la prima, sino todas las cantidades abonadas por la mercantil en base a dicho negocio jurídico, cuya cuantía exacta se determinará en ejecución de sentencia. Se revocó la condena en costas de la primera instancia. Conclusión La declaración de nulidad de una opción de compra que encubre un préstamo usurario conlleva la obligación del prestatario de restituir la totalidad de los desembolsos efectivamente realizados por el prestamista en relación con la operación y el inmueble. Consulte su caso ahora The post Abogado anular opción de compra simulada Barcelona first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/G0kJnVD

En situaciones de opciones de compra simuladas que encubren préstamos usurarios un abogado anular opción de compra simulada Barcelona puede guiarle con base en precedentes judiciales sólidos. La sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona ilustra cómo los tribunales protegen a quienes firman opciones de compra desproporcionadas bajo presión financiera. La Sra. Natividad recuperó su inmueble tasado en más de 285.000 euros, pese a una prima de solo 41.800 euros que ocultaba un préstamo con TAE del 54,5%. Siga leyendo para conocer los detalles clave de este caso.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona.
• Sección: 16.
• Fecha:  27 de febrero de 2026.
• Nº de Resolución: 92/2026.

Antecedentes 

La Sra. Natividad se encontraba en una situación financiera angustiosa y con la vía de financiación bancaria cerrada.

Ante esta necesidad urgente de liquidez, contactó con un inversor y suscribió, el 29 de marzo de 2019, una escritura de opción de compra sobre su vivienda habitual.

En la escritura se fijó una prima de opción de 41.800 euros y un precio de compraventa de 115.000 euros, a pesar de que la finca había sido tasada poco antes en más de 285.000 euros.

En realidad, la operación ocultaba un préstamo: la Sra. Natividad solo recibió 26.500 euros (el resto se destinó a intermediarios) y debía devolver una cantidad superior para “redimir” su vivienda. Al no devolverse el dinero, la mercantil A3M INAMOVIBLE, S.L. ejercitó la opción de compra el 30 de junio de 2020 para adjudicarse el inmueble.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Rubí dictó sentencia el 7 de marzo de 2022.

El juzgador estimó parcialmente la demanda, declarando la nulidad del contrato por ser un préstamo usurario bajo una forma simulada y ordenando a la actora restituir únicamente el capital de la prima (41.800 euros).

Audiencia Provincial 

La mercantil demandada apeló alegando que no existía simulación y que, en todo caso, la restitución debía incluir otras cantidades satisfechas, como pagos de la hipoteca que gravaba la finca y depósitos notariales.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si una opción de compra puede ser declarada nula por simulación relativa cuando su verdadera función es garantizar un préstamo usurario.

El tribunal analizó si la apariencia de legalidad de una escritura notarial prevalece sobre las pruebas de un pacto verbal paralelo.

Asimismo, se debatió el alcance de los efectos restitutorios tras la nulidad: si el prestatario solo debe devolver el capital recibido o si debe reintegrar todos los gastos asumidos por el inversor en relación con el inmueble.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirmó la existencia de simulación y usura basándose en comunicaciones privadas y testimonios de intermediarios que revelaron un pacto verbal de préstamo con un interés real cercano al 54,5% TAE.

El tribunal razonó que la opción de compra no buscaba la adquisición del inmueble, sino que actuaba como una garantía desproporcionada sujeta al impago del préstamo.

“que los contratos impugnados reunieran formalmente los requisitos que el Código Civil exige para la validez de los contratos… no impide que existiera una simulación”.

Respecto a la restitución, el tribunal corrigió la sentencia de instancia.

Determinó que, al anularse no solo el préstamo, sino también la opción de compra y la posterior venta, la actora debe devolver todas las cantidades que la demandada invirtió en el negocio, incluyendo pagos hipotecarios y consignaciones notariales, para evitar un enriquecimiento injusto.

Decisión del Tribunal

El tribunal estimó parcialmente el recurso de apelación de A3M INAMOVIBLE, S.L..

Confirmó la nulidad absoluta de la opción de compra y de la compraventa derivada, pero revocó el límite de la restitución.

La Sra. Natividad deberá devolver no solo los 41.800 euros de la prima, sino todas las cantidades abonadas por la mercantil en base a dicho negocio jurídico, cuya cuantía exacta se determinará en ejecución de sentencia.

Se revocó la condena en costas de la primera instancia.

Conclusión

La declaración de nulidad de una opción de compra que encubre un préstamo usurario conlleva la obligación del prestatario de restituir la totalidad de los desembolsos efectivamente realizados por el prestamista en relación con la operación y el inmueble.

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Abogado Reclamar Seguro Responsabilidad Administradores ¿Markel Insurance niega cobertura D&O por cláusula de desequilibrio patrimonial sin firma? La Audiencia Provincial de A Coruña obliga a indemnizar 148.416€, anulando exclusión limitativa (LCS art. 3). Si buscas un abogado reclamar seguro responsabilidad administradores, la sentencia 722/2025 es interesante. Descubre cómo se resolvió el caso. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de A Coruña. Sección: 3. Fecha: 17 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 722/2025. Antecedentes En el año 2016, la entidad JPC Viso 2004, S.L. (actualmente Incoga Norte, S.L.) concertó con Markel Insurance SE una póliza de seguro de responsabilidad civil para administradores y altos cargos con vigencia para el año 2017. El seguro cubría a la tomadora y a sus sociedades participadas, como era el caso de Tecais, S.L. En julio de 2017, la empresa Nortempo ETT, S.L. interpuso una demanda contra D. Teodosio, en su condición de administrador de Tecais, S.L., reclamando responsabilidad solidaria por deudas sociales debido a que la sociedad se encontraba en causa de disolución por desequilibrio patrimonial desde finales de 2015. D. Teodosio fue condenado al pago de 235.461,15 euros, de los cuales abonó 148.416,53 euros en ejecución provisional. Al reclamar la cobertura del seguro, Markel Insurance SE rechazó el siniestro alegando una “Exclusión de Desequilibrio Patrimonial” contenida en la póliza, la cual dejaba fuera cualquier reclamación derivada de la no adopción de medidas correctoras ante pérdidas sociales. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de A Coruña estimó íntegramente la demanda de los actores el 21 de enero de 2025. El magistrado determinó que la cláusula de exclusión era limitativa de derechos y, al no estar el contrato firmado por el tomador, dicha cláusula no le era oponible. Audiencia Provincial La aseguradora apeló insistiendo en que la cláusula era válida porque el tomador conocía el contenido de la póliza a través de su corredor de seguros y que la falta de firma no debería invalidar una exclusión específica. Cuestión Jurídica Principal La controversia se centra en la aplicación del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). El tribunal debe determinar si una cláusula que excluye la responsabilidad por desequilibrio patrimonial en un seguro de administradores (D&O) es una cláusula delimitadora del riesgo o una cláusula limitativa. En caso de ser limitativa, la cuestión es si el mero conocimiento de su existencia por parte del asegurado es suficiente o si es imperativo el requisito formal de la aceptación específica por escrito mediante firma. Razonamiento del Tribunal La Sala desestima el recurso de la aseguradora basándose en la protección que el artículo 3 de la LCS otorga al asegurado. El tribunal razona que las cláusulas limitativas deben cumplir una doble exigencia: estar destacadas tipográficamente y ser aceptadas expresamente por escrito. En este caso, consta que ni el ejemplar de la póliza del tomador ni el de la aseguradora estaban firmados. El tribunal rechaza el argumento de que el conocimiento a través de un mediador sustituye a la firma, aclarando que el conocimiento no equivale a consentimiento legal. Además, rebate la tesis de la aseguradora de que la nulidad de la cláusula debería implicar la nulidad de todo el seguro. Por el contrario, la sanción legal es la “expulsión” de la cláusula del contrato, manteniéndose el resto de la cobertura vigente. “al no estar el contrato firmado por el representante legal del tomador… la cláusula debe tenerse por no puesta, al no superar los requisitos exigidos en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro”. Decisión del Tribunal La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de Markel Insurance SE y confirma íntegramente la sentencia de instancia. La aseguradora queda obligada a cubrir los daños, perjuicios y gastos de defensa de D. Teodosio, incluyendo el reembolso de los 148.416,53 euros ya abonados, más los intereses legales. Se imponen las costas de la alzada a la entidad apelante. Conclusión En el seguro de responsabilidad de administradores, las cláusulas que excluyen la cobertura por falta de medidas ante un desequilibrio patrimonial son limitativas. Si no han sido expresamente aceptadas mediante la firma del tomador, carecen de validez y la aseguradora debe responder por el siniestro. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclamar Seguro Responsabilidad Administradores first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/lsLCBIt

¿Markel Insurance niega cobertura D&O por cláusula de desequilibrio patrimonial sin firma? La Audiencia Provincial de A Coruña obliga a indemnizar 148.416€, anulando exclusión limitativa (LCS art. 3). Si buscas un abogado reclamar seguro responsabilidad administradores, la sentencia 722/2025 es interesante. Descubre cómo se resolvió el caso.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de A Coruña.
• Sección: 3.
• Fecha: 17 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 722/2025.

Antecedentes 

En el año 2016, la entidad JPC Viso 2004, S.L. (actualmente Incoga Norte, S.L.) concertó con Markel Insurance SE una póliza de seguro de responsabilidad civil para administradores y altos cargos con vigencia para el año 2017.

El seguro cubría a la tomadora y a sus sociedades participadas, como era el caso de Tecais, S.L.

En julio de 2017, la empresa Nortempo ETT, S.L. interpuso una demanda contra D. Teodosio, en su condición de administrador de Tecais, S.L., reclamando responsabilidad solidaria por deudas sociales debido a que la sociedad se encontraba en causa de disolución por desequilibrio patrimonial desde finales de 2015.

D. Teodosio fue condenado al pago de 235.461,15 euros, de los cuales abonó 148.416,53 euros en ejecución provisional.

Al reclamar la cobertura del seguro, Markel Insurance SE rechazó el siniestro alegando una “Exclusión de Desequilibrio Patrimonial” contenida en la póliza, la cual dejaba fuera cualquier reclamación derivada de la no adopción de medidas correctoras ante pérdidas sociales.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de A Coruña estimó íntegramente la demanda de los actores el 21 de enero de 2025.

El magistrado determinó que la cláusula de exclusión era limitativa de derechos y, al no estar el contrato firmado por el tomador, dicha cláusula no le era oponible.

Audiencia Provincial 

La aseguradora apeló insistiendo en que la cláusula era válida porque el tomador conocía el contenido de la póliza a través de su corredor de seguros y que la falta de firma no debería invalidar una exclusión específica.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centra en la aplicación del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

El tribunal debe determinar si una cláusula que excluye la responsabilidad por desequilibrio patrimonial en un seguro de administradores (D&O) es una cláusula delimitadora del riesgo o una cláusula limitativa.

En caso de ser limitativa, la cuestión es si el mero conocimiento de su existencia por parte del asegurado es suficiente o si es imperativo el requisito formal de la aceptación específica por escrito mediante firma.

Razonamiento del Tribunal

La Sala desestima el recurso de la aseguradora basándose en la protección que el artículo 3 de la LCS otorga al asegurado.

El tribunal razona que las cláusulas limitativas deben cumplir una doble exigencia: estar destacadas tipográficamente y ser aceptadas expresamente por escrito.

En este caso, consta que ni el ejemplar de la póliza del tomador ni el de la aseguradora estaban firmados.

El tribunal rechaza el argumento de que el conocimiento a través de un mediador sustituye a la firma, aclarando que el conocimiento no equivale a consentimiento legal.

Además, rebate la tesis de la aseguradora de que la nulidad de la cláusula debería implicar la nulidad de todo el seguro.

Por el contrario, la sanción legal es la “expulsión” de la cláusula del contrato, manteniéndose el resto de la cobertura vigente.

“al no estar el contrato firmado por el representante legal del tomador… la cláusula debe tenerse por no puesta, al no superar los requisitos exigidos en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de Markel Insurance SE y confirma íntegramente la sentencia de instancia.

La aseguradora queda obligada a cubrir los daños, perjuicios y gastos de defensa de D. Teodosio, incluyendo el reembolso de los 148.416,53 euros ya abonados, más los intereses legales. Se imponen las costas de la alzada a la entidad apelante.

Conclusión

En el seguro de responsabilidad de administradores, las cláusulas que excluyen la cobertura por falta de medidas ante un desequilibrio patrimonial son limitativas.

Si no han sido expresamente aceptadas mediante la firma del tomador, carecen de validez y la aseguradora debe responder por el siniestro.

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Abogado Reclama Seguro Invalidez Permanente Almería ¿Cajamar niega el seguro de invalidez por superar los 65 años? Si busca abogado reclamar seguro invalidez permanente Almeria, estasentencia de la Audiencia Provincial de Almería reconoció el derecho a cobrar 15.000 euros por fijarse efectos retroactivos de la incapacidad dentro de la vigencia de la póliza. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Almería. Sección: 1. Fecha: 17 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 1128/2025. Antecedentes El Sr. Elías era titular de un seguro de vida suscrito con la entidad Cajamar Vida, S.A. con efectos desde el 5 de junio de 2014. La póliza incluía una garantía complementaria de anticipo de capital por Incapacidad Permanente y Absoluta (IPA) por un importe de 15.000 euros. El contrato establecía como límite de edad para esta cobertura los 65 años. El asegurado alcanzó los 65 años el 26 de agosto de 2021. No obstante, tras un proceso judicial ante la jurisdicción social, el Juzgado de lo Social nº 4 de Almería dictó sentencia el 29 de marzo de 2022 reconociéndole una situación de invalidez permanente absoluta. Lo relevante es que dicha resolución judicial retrotrajo los efectos de la incapacidad al 20 de noviembre de 2018, fecha en la que el Sr. Elias tenía 62 años y la póliza se encontraba plenamente vigente para este riesgo. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Almería estimó la demanda del asegurado. El juez declaró que la aseguradora incumplió el contrato y la condenó a abonar los 15.000 euros más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), al considerar que la fecha que debe primar es la de los efectos retroactivos fijados judicialmente (62 años) y no la de la sentencia de incapacidad. Audiencia Provincial Cajamar Vida apeló la decisión alegando que el riesgo se produjo cuando la sentencia de lo social fue dictada (2022), momento en el que el asegurado ya había superado los 65 años y la cobertura había expirado. También sostuvo que el asegurado pudo ocultar patologías, extremo que fue descartado por el tribunal al probarse que la entidad conocía las resoluciones del INSS. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar cuál es la “fecha del siniestro” a efectos de cobertura en un seguro de vida con garantía de invalidez cuando existe una declaración judicial de incapacidad con efectos retroactivos. La cuestión era decidir si el siniestro ocurre cuando se dicta la sentencia que reconoce la invalidez o si debe estarse a la fecha de efectos fijada por el organismo público o judicial, especialmente si esta última queda dentro del límite de edad de la póliza. Razonamiento del Tribunal La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de instancia apoyándose en las cláusulas de la propia póliza y en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (Sentencias 129/2023 y 68/2025). El tribunal razonó que: Definición contractual: La póliza establecía que la fecha de ocurrencia de la IPA coincidiría con la fijada por el organismo público en el documento acreditativo de la incapacidad. Primacía de los efectos reales: No es admisible que la cobertura dependa de la duración de los procesos judiciales o de la demora del INSS en reconocer una situación que ya existía. Doctrina del hecho causante: Tanto la sala de lo Civil como la de lo Social del Tribunal Supremo coinciden en que la fecha del siniestro debe ser, por regla general, la del dictamen de los equipos de valoración (EVI) o la fecha en que las secuelas se revelan como permanentes e irreversibles. “no puede depender la fecha del siniestro de los avatares procesales o incluso de las vicisitudes en la tramitación de un proceso judicial imputables o no a las partes cuando la fecha del siniestro viene determinada por la declaración del organismo público que la declara”. Decisión del Tribunal El tribunal desestimó el recurso de apelación de Cajamar Vida, S.A. y confirmó íntegramente la sentencia recurrida. Al haberse fijado judicialmente los efectos de la incapacidad a los 62 años, el siniestro ocurrió dentro del periodo de vigencia de la cobertura. La aseguradora queda obligada al pago de los 15.000 euros, los intereses moratorios especiales de la LCS y las costas de la apelación. Conclusión En los seguros de vida con cobertura de invalidez, la fecha del siniestro es la fecha de efectos establecida por el organismo competente o la sentencia judicial. Si dicha fecha de efectos es anterior al límite de edad de la póliza, la aseguradora debe indemnizar con independencia de que la resolución formal se dicte una vez superada la edad máxima de cobertura. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclama Seguro Invalidez Permanente Almería first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/iuGhZ2F

¿Cajamar niega el seguro de invalidez por superar los 65 años? Si busca abogado reclamar seguro invalidez permanente Almeria, estasentencia de la Audiencia Provincial de Almería  reconoció el derecho a cobrar 15.000 euros por fijarse efectos retroactivos de la incapacidad dentro de la vigencia de la póliza.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Almería.
• Sección: 1.
• Fecha: 17 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 1128/2025.

Antecedentes

El Sr. Elías era titular de un seguro de vida suscrito con la entidad Cajamar Vida, S.A. con efectos desde el 5 de junio de 2014.

La póliza incluía una garantía complementaria de anticipo de capital por Incapacidad Permanente y Absoluta (IPA) por un importe de 15.000 euros. El contrato establecía como límite de edad para esta cobertura los 65 años.

El asegurado alcanzó los 65 años el 26 de agosto de 2021.

No obstante, tras un proceso judicial ante la jurisdicción social, el Juzgado de lo Social nº 4 de Almería dictó sentencia el 29 de marzo de 2022 reconociéndole una situación de invalidez permanente absoluta.

Lo relevante es que dicha resolución judicial retrotrajo los efectos de la incapacidad al 20 de noviembre de 2018, fecha en la que el Sr. Elias tenía 62 años y la póliza se encontraba plenamente vigente para este riesgo.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Almería estimó la demanda del asegurado.

El juez declaró que la aseguradora incumplió el contrato y la condenó a abonar los 15.000 euros más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), al considerar que la fecha que debe primar es la de los efectos retroactivos fijados judicialmente (62 años) y no la de la sentencia de incapacidad.

Audiencia Provincial 

Cajamar Vida apeló la decisión alegando que el riesgo se produjo cuando la sentencia de lo social fue dictada (2022), momento en el que el asegurado ya había superado los 65 años y la cobertura había expirado.

También sostuvo que el asegurado pudo ocultar patologías, extremo que fue descartado por el tribunal al probarse que la entidad conocía las resoluciones del INSS.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar cuál es la “fecha del siniestro” a efectos de cobertura en un seguro de vida con garantía de invalidez cuando existe una declaración judicial de incapacidad con efectos retroactivos.

La cuestión era decidir si el siniestro ocurre cuando se dicta la sentencia que reconoce la invalidez o si debe estarse a la fecha de efectos fijada por el organismo público o judicial, especialmente si esta última queda dentro del límite de edad de la póliza.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de instancia apoyándose en las cláusulas de la propia póliza y en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (Sentencias 129/2023 y 68/2025). El tribunal razonó que:

1. Definición contractual: La póliza establecía que la fecha de ocurrencia de la IPA coincidiría con la fijada por el organismo público en el documento acreditativo de la incapacidad.
2. Primacía de los efectos reales: No es admisible que la cobertura dependa de la duración de los procesos judiciales o de la demora del INSS en reconocer una situación que ya existía.
3. Doctrina del hecho causante: Tanto la sala de lo Civil como la de lo Social del Tribunal Supremo coinciden en que la fecha del siniestro debe ser, por regla general, la del dictamen de los equipos de valoración (EVI) o la fecha en que las secuelas se revelan como permanentes e irreversibles.

“no puede depender la fecha del siniestro de los avatares procesales o incluso de las vicisitudes en la tramitación de un proceso judicial imputables o no a las partes cuando la fecha del siniestro viene determinada por la declaración del organismo público que la declara”.

Decisión del Tribunal

El tribunal desestimó el recurso de apelación de Cajamar Vida, S.A. y confirmó íntegramente la sentencia recurrida.

Al haberse fijado judicialmente los efectos de la incapacidad a los 62 años, el siniestro ocurrió dentro del periodo de vigencia de la cobertura.

La aseguradora queda obligada al pago de los 15.000 euros, los intereses moratorios especiales de la LCS y las costas de la apelación.

Conclusión

En los seguros de vida con cobertura de invalidez, la fecha del siniestro es la fecha de efectos establecida por el organismo competente o la sentencia judicial.

Si dicha fecha de efectos es anterior al límite de edad de la póliza, la aseguradora debe indemnizar con independencia de que la resolución formal se dicte una vez superada la edad máxima de cobertura.

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