miércoles, 18 de noviembre de 2026

¿Puede ayudarle un abogado anular préstamo hipotecario?

abogado anular préstamo hipotecario

¿Ha tenido problemas con su préstamo hipotecario por falta de información clara sobre sus condiciones, cuotas o forma de financiación? Un abogado anular préstamo hipotecario puede estudiar la escritura, las condiciones contractuales, la información facilitada por la entidad y las circunstancias de la contratación para valorar si existen fundamentos jurídicos para plantear una reclamación o solicitar la nulidad, según las circunstancias concretas de cada caso. La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 12 de junio de 2026 analiza un supuesto en el que se cuestionó la transparencia de las condiciones de financiación y las consecuencias económicas derivadas de la nulidad contractual.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante.
  • Sección: 8.
  • Fecha: 12 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 112/2026.

Antecedentes 

El 25 de octubre de 2011, D. Justo y D.ª Emilia (de nacionalidad extranjera y no conocedores del idioma español, asistidos por intérprete de ruso) otorgaron ante Notario una escritura de financiación con la entidad CAIXABANK, S.A. (protocolo número 877) en unidad de acto con una escritura de declaración de obra nueva y compraventa.

El contrato presentaba una grave confusión estructural en la definición de la financiación otorgada: figuraba rubricado como “préstamo hipotecario”, pero en el pacto primero se denominaba “Capital del crédito”, abriendo una cuenta de crédito con un límite de 100.000 euros de la que se hacía entrega en un solo acto (mecanismo propio del préstamo).

A lo largo del clausulado se intercalaban de forma contradictoria los términos “préstamo” y “crédito”, junto con conceptos confusos como “períodos de espera” y “cuotas mixtas”, sin proporcionar a los clientes información precontractual clara sobre el cálculo de cuotas, la restitución del capital ni sobre el régimen de incumplimiento.

Tras producirse impagos, CAIXABANK, S.A. promovió un procedimiento de ejecución hipotecaria (n.º 531/2015 ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Dénia), que concluyó mediante Decreto de 26 de junio de 2017 adjudicando la vivienda a un tercero por 115.000,02 euros, sin que quedara remanente para los deudores.

Al no haberse examinado las cláusulas abusivas en dicha ejecución ya finalizada, D. Justo y D.ª Emilia ejercitaron una acción ordinaria posterior solicitando la nulidad del contrato por falta de transparencia y la reparación de sus consecuencias económicas.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 5.BIS de Alicante (autos de juicio ordinario 3481/18) dictó sentencia el 16 de julio de 2019 (completada por auto de 27 de noviembre de 2019) desestimando la pretensión principal de nulidad total de la escritura por falta de transparencia.

No obstante, estimó parcialmente la pretensión subsidiaria declarando la nulidad de las cláusulas de gastos, intereses de demora y comisión por posiciones deudoras, con condena a restituir 450 euros.

Audiencia Provincial (primera resolución) y Tribunal Supremo

La Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante (rollo 183-CL153/20) dictó la Sentencia n.º 407/2020, de 12 de mayo de 2020, desestimando la apelación de los consumidores al apreciar de oficio la excepción de cosa juzgada.

Disconformes, los actores interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación (recurso n.º 4078/20).

La Sala Primera del Tribunal Supremo dictó la STS 40/2026, de 20 de enero de 2026, estimando el recurso por infracción procesal, anulando la resolución de apelación y devolviendo las actuaciones a la Audiencia Provincial para que resolviera el fondo del asunto partiendo de la inexistencia de cosa juzgada.

Audiencia Provincial (resolución definitiva)

La Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha estimado el recurso de apelación promovido por D. Justo y D.ª Emilia, revocando íntegramente la sentencia de la primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si, en las circunstancias concretas analizadas por la Audiencia Provincial, la falta de transparencia en las cláusulas que definen el objeto y la modalidad de la financiación (al amalgamar confusamente las reglas de un préstamo hipotecario y un contrato de crédito) provoca la invalidez de los elementos esenciales y puede determinar la nulidad total del contrato por imposibilidad de subsistencia (artículo 9.2 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación).

Asimismo, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco, asunto C-600/19), se analiza cómo deben liquidarse las consecuencias económicas restitutorias en un proceso ordinario posterior cuando la finca hipotecada ya ha sido subastada e inscrita de forma irreversible a favor de un tercero.

Razonamiento del Tribunal

La Sala considera que las estipulaciones que definen la forma de financiación no superan el control de transparencia.

Según el tribunal, las condiciones generales que regulan los elementos esenciales del contrato requieren un nivel de información precontractual suficiente para que el consumidor pueda comprender el sacrificio patrimonial y la posición jurídica que asume.

En el caso analizado, la Audiencia Provincial consideró que la combinación de cláusulas propias del préstamo y del crédito dificultaba la comprensión de las obligaciones asumidas y afectaba a elementos esenciales de la contratación.

La Sala concluyó que las cláusulas afectadas no podían subsistir de forma independiente y que la falta de transparencia determinaba la nulidad del contrato conforme al artículo 9.2 de la LCGC, incluida la garantía hipotecaria por su carácter accesorio.

Conforme al criterio aplicado por la Sala en este procedimiento, y atendiendo a la doctrina del TJUE (Ibercaja Banco), al no resultar posible la restitución in natura del inmueble transmitido a un tercero en una ejecución ya finalizada, procedía una indemnización sustitutiva en dinero conforme al artículo 1.303 del Código Civil.

En consecuencia, la Audiencia estableció la liquidación económica del contrato mediante los cinco conceptos restitutorios indicados en la sentencia.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“La consecuencia de la falta de transparencia de las cláusulas esenciales que definen las obligaciones principales del contrato de financiación es la nulidad de las mismas y, a su vez, arrastra a todo el contrato, como prevé el artículo 9.2 LCGC, porque el contrato no puede subsistir sin ellas, incluida la garantía hipotecaria, dada su naturaleza accesoria respecto de la relación obligatoria principal.”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Alicante estima el recurso de apelación interpuesto por D. Justo y D.ª Emilia, revoca la sentencia de primera instancia y declara la nulidad total del contrato celebrado en la escritura de 25 de octubre de 2011 por falta de transparencia.

Establece que, declarada la nulidad del préstamo hipotecario, si la vivienda ha sido adjudicada a un tercero y resulta imposible recuperarla, debe indemnizarse al prestatario por su valor de mercado, conforme al principio de restitución recíproca del artículo 1303 CC. Para determinar ese valor, no toma el precio de adjudicación en subasta (115.000,02 €), ni la tasación hipotecaria (287.300,10 €), sino el precio de 265.000 € por el que los propios prestatarios habían anunciado la vivienda en venta, al considerar que refleja su conformidad con esa valoración. A dicha cantidad añade los intereses legales desde la adjudicación (26 de junio de 2017), las cantidades abonadas al banco y sus correspondientes intereses, y descuenta los 100.000 € recibidos como financiación, también con intereses legales.

Condena a CAIXABANK, S.A. a indemnizar a los actores en la suma que resulte en ejecución de sentencia tras la liquidación de los cinco conceptos restitutorios indicados, impone a la entidad bancaria las costas procesales de la primera instancia y las costas de la alzada a la parte apelada, acordando la devolución del depósito para recurrir.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Alicante consideró que la falta de transparencia que afectaba a las condiciones esenciales de la financiación determinaba la nulidad total del contrato, incluida la garantía hipotecaria, y estableció las consecuencias económicas restitutorias correspondientes.

La sentencia aborda, además, la forma de liquidar dichas consecuencias cuando el inmueble ya había sido adjudicado a un tercero. La aplicación de estos criterios a otros contratos dependerá de las condiciones de cada operación, de la información facilitada y de las circunstancias concretas de su contratación.

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abogado anular préstamo hipotecario

¿Ha tenido problemas con su préstamo hipotecario por falta de información clara sobre sus condiciones, cuotas o forma de financiación? Un abogado anular préstamo hipotecario puede estudiar la escritura, las condiciones contractuales, la información facilitada por la entidad y las circunstancias de la contratación para valorar si existen fundamentos jurídicos para plantear una reclamación o solicitar la nulidad, según las circunstancias concretas de cada caso. La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 12 de junio de 2026 analiza un supuesto en el que se cuestionó la transparencia de las condiciones de financiación y las consecuencias económicas derivadas de la nulidad contractual.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante.
  • Sección: 8.
  • Fecha: 12 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 112/2026.

Antecedentes 

El 25 de octubre de 2011, D. Justo y D.ª Emilia (de nacionalidad extranjera y no conocedores del idioma español, asistidos por intérprete de ruso) otorgaron ante Notario una escritura de financiación con la entidad CAIXABANK, S.A. (protocolo número 877) en unidad de acto con una escritura de declaración de obra nueva y compraventa.

El contrato presentaba una grave confusión estructural en la definición de la financiación otorgada: figuraba rubricado como “préstamo hipotecario”, pero en el pacto primero se denominaba “Capital del crédito”, abriendo una cuenta de crédito con un límite de 100.000 euros de la que se hacía entrega en un solo acto (mecanismo propio del préstamo).

A lo largo del clausulado se intercalaban de forma contradictoria los términos “préstamo” y “crédito”, junto con conceptos confusos como “períodos de espera” y “cuotas mixtas”, sin proporcionar a los clientes información precontractual clara sobre el cálculo de cuotas, la restitución del capital ni sobre el régimen de incumplimiento.

Tras producirse impagos, CAIXABANK, S.A. promovió un procedimiento de ejecución hipotecaria (n.º 531/2015 ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Dénia), que concluyó mediante Decreto de 26 de junio de 2017 adjudicando la vivienda a un tercero por 115.000,02 euros, sin que quedara remanente para los deudores.

Al no haberse examinado las cláusulas abusivas en dicha ejecución ya finalizada, D. Justo y D.ª Emilia ejercitaron una acción ordinaria posterior solicitando la nulidad del contrato por falta de transparencia y la reparación de sus consecuencias económicas.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 5.BIS de Alicante (autos de juicio ordinario 3481/18) dictó sentencia el 16 de julio de 2019 (completada por auto de 27 de noviembre de 2019) desestimando la pretensión principal de nulidad total de la escritura por falta de transparencia.

No obstante, estimó parcialmente la pretensión subsidiaria declarando la nulidad de las cláusulas de gastos, intereses de demora y comisión por posiciones deudoras, con condena a restituir 450 euros.

Audiencia Provincial (primera resolución) y Tribunal Supremo

La Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante (rollo 183-CL153/20) dictó la Sentencia n.º 407/2020, de 12 de mayo de 2020, desestimando la apelación de los consumidores al apreciar de oficio la excepción de cosa juzgada.

Disconformes, los actores interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación (recurso n.º 4078/20).

La Sala Primera del Tribunal Supremo dictó la STS 40/2026, de 20 de enero de 2026, estimando el recurso por infracción procesal, anulando la resolución de apelación y devolviendo las actuaciones a la Audiencia Provincial para que resolviera el fondo del asunto partiendo de la inexistencia de cosa juzgada.

Audiencia Provincial (resolución definitiva)

La Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha estimado el recurso de apelación promovido por D. Justo y D.ª Emilia, revocando íntegramente la sentencia de la primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si, en las circunstancias concretas analizadas por la Audiencia Provincial, la falta de transparencia en las cláusulas que definen el objeto y la modalidad de la financiación (al amalgamar confusamente las reglas de un préstamo hipotecario y un contrato de crédito) provoca la invalidez de los elementos esenciales y puede determinar la nulidad total del contrato por imposibilidad de subsistencia (artículo 9.2 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación).

Asimismo, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco, asunto C-600/19), se analiza cómo deben liquidarse las consecuencias económicas restitutorias en un proceso ordinario posterior cuando la finca hipotecada ya ha sido subastada e inscrita de forma irreversible a favor de un tercero.

Razonamiento del Tribunal

La Sala considera que las estipulaciones que definen la forma de financiación no superan el control de transparencia.

Según el tribunal, las condiciones generales que regulan los elementos esenciales del contrato requieren un nivel de información precontractual suficiente para que el consumidor pueda comprender el sacrificio patrimonial y la posición jurídica que asume.

En el caso analizado, la Audiencia Provincial consideró que la combinación de cláusulas propias del préstamo y del crédito dificultaba la comprensión de las obligaciones asumidas y afectaba a elementos esenciales de la contratación.

La Sala concluyó que las cláusulas afectadas no podían subsistir de forma independiente y que la falta de transparencia determinaba la nulidad del contrato conforme al artículo 9.2 de la LCGC, incluida la garantía hipotecaria por su carácter accesorio.

Conforme al criterio aplicado por la Sala en este procedimiento, y atendiendo a la doctrina del TJUE (Ibercaja Banco), al no resultar posible la restitución in natura del inmueble transmitido a un tercero en una ejecución ya finalizada, procedía una indemnización sustitutiva en dinero conforme al artículo 1.303 del Código Civil.

En consecuencia, la Audiencia estableció la liquidación económica del contrato mediante los cinco conceptos restitutorios indicados en la sentencia.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“La consecuencia de la falta de transparencia de las cláusulas esenciales que definen las obligaciones principales del contrato de financiación es la nulidad de las mismas y, a su vez, arrastra a todo el contrato, como prevé el artículo 9.2 LCGC, porque el contrato no puede subsistir sin ellas, incluida la garantía hipotecaria, dada su naturaleza accesoria respecto de la relación obligatoria principal.”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Alicante estima el recurso de apelación interpuesto por D. Justo y D.ª Emilia, revoca la sentencia de primera instancia y declara la nulidad total del contrato celebrado en la escritura de 25 de octubre de 2011 por falta de transparencia.

Establece que, declarada la nulidad del préstamo hipotecario, si la vivienda ha sido adjudicada a un tercero y resulta imposible recuperarla, debe indemnizarse al prestatario por su valor de mercado, conforme al principio de restitución recíproca del artículo 1303 CC. Para determinar ese valor, no toma el precio de adjudicación en subasta (115.000,02 €), ni la tasación hipotecaria (287.300,10 €), sino el precio de 265.000 € por el que los propios prestatarios habían anunciado la vivienda en venta, al considerar que refleja su conformidad con esa valoración. A dicha cantidad añade los intereses legales desde la adjudicación (26 de junio de 2017), las cantidades abonadas al banco y sus correspondientes intereses, y descuenta los 100.000 € recibidos como financiación, también con intereses legales.

Condena a CAIXABANK, S.A. a indemnizar a los actores en la suma que resulte en ejecución de sentencia tras la liquidación de los cinco conceptos restitutorios indicados, impone a la entidad bancaria las costas procesales de la primera instancia y las costas de la alzada a la parte apelada, acordando la devolución del depósito para recurrir.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Alicante consideró que la falta de transparencia que afectaba a las condiciones esenciales de la financiación determinaba la nulidad total del contrato, incluida la garantía hipotecaria, y estableció las consecuencias económicas restitutorias correspondientes.

La sentencia aborda, además, la forma de liquidar dichas consecuencias cuando el inmueble ya había sido adjudicado a un tercero. La aplicación de estos criterios a otros contratos dependerá de las condiciones de cada operación, de la información facilitada y de las circunstancias concretas de su contratación.

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martes, 17 de noviembre de 2026

Abogado recuperar dinero estafa bancaria

abogado recuperar dinero estafa bancaria

Si has sido víctima de un fraude informático mediante suplantación telefónica o SMS y tu entidad bancaria rechaza reembolsarte los fondos, conviene analizar las circunstancias concretas del caso y la normativa aplicable. La sentencia judicial que revisamos confirma la viabilidad de acudir a un abogado para recuperar dinero de una estafa bancaria, estableciendo que las entidades financieras ostentan una responsabilidad cuasi-objetiva ante operaciones no autorizadas por vishing o spoofing y considera que, en las circunstancias concretas analizadas, no quedó acreditada una negligencia grave de la usuaria.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Girona.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 14 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 967/2026.

Antecedentes

El 9 de mayo de 2024, D.ª Inmaculada (de 64 años de edad y sin conocimientos especiales en materia de ciberseguridad) fue víctima de una estafa informática compleja mediante la combinación de técnicas de suplantación de llamada telefónica (vishing) y suplantación del emisor de SMS (spoofing).

Ciberdelincuentes profesionales lograron suplantar la línea telefónica oficial de la sucursal del banco en Girona.

En la pantalla del dispositivo móvil de la clienta aparecía el identificador y el número real de la entidad bancaria, dirigiéndose los estafadores a ella por su nombre de forma personalizada.

Creyendo que hablaba con empleados de su banco, D.ª Inmaculada siguió las instrucciones telefónicas e instaló en su ordenador la aplicación de acceso remoto AnyDesk.

Mediante esta intrusión, los estafadores ejecutaron sin su consentimiento un total de siete transferencias bancarias y dos traspasos entre cuentas por un importe total de 35.223,64 euros, pertenecientes a las cuentas de D.ª Inmaculada, D. Gonzalo, KEOPSFINX S.L. y la COMUNITAT DE BENS DIRECCION000.

Tras percatarse de las operaciones fraudulentas, la afectada intentó contactar inmediatamente con su gestor y presentó denuncia ante la policía ese mismo día.

Ante la negativa de ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. a restituir los fondos, los perjudicados iniciaron acciones judiciales reclamando el importe sustraído.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Figueres (Plaza nº 9, procedimiento ordinario 1131/2024) dictó sentencia el 22 de septiembre de 2025 estimando íntegramente la demanda.

El juzgado declaró que la clienta no incurrió en negligencia grave y condenó a ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. a abonar a los demandantes la suma de 35.223,64 euros, más los intereses legales desde la reclamación extrajudicial y las costas procesales.

Audiencia Provincial

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 44 del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago.

La entidad sostuvo que las operaciones se autenticaron con las claves de la clienta y que esta incurrió en negligencia grave al facilitar el acceso remoto.

La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Girona ha desestimado el recurso de apelación, confirmando la condena dictada en primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de pago en casos de disposiciones no autorizadas provocadas por ciberestafas mediante suplantación de identidad telefónica y SMS (vishing y spoofing).

El tribunal analiza si la actuación del usuario al ceder credenciales o acceso bajo el engaño de llamadas entrantes que simulan el número oficial del banco constituye una negligencia grave conforme al artículo 46 del Real Decreto-ley 19/2018, o si la entidad financiera asume una responsabilidad cuasi-objetiva al no poder justificar la exención de responsabilidad.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma íntegramente la sentencia apelada al considerar que el banco no probó la concurrencia de una falta de diligencia grave o actuación fraudulenta por parte de la usuaria.

El tribunal razona que, bajo la Directiva (UE) 2015/2366 y el Real Decreto-ley 19/2018, la responsabilidad del banco ante operaciones no autorizadas es cuasi-objetiva, correspondiendo exclusivamente a la entidad la carga de la prueba sobre la negligencia grave del cliente.

La negligencia grave no surge cuando el usuario es inducido a error por la destreza de un ciberdelincuente profesional.

El empleo del número de teléfono real del banco en pantalla, sumado al uso coordinado de mensajería SMS y a la apariencia de bloqueo de la banca digital, impidió a una usuaria media intuir la estafa.

La Sala destaca que las entidades bancarias deben actuar bajo el estándar de un ordenado y experto comerciante, estando obligadas a implementar mecanismos activos de seguridad para detectar patrones anómalos de transferencia y evitar la suplantación de sus propios canales de comunicación.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la negligencia que hace responder al cliente es la que se deriva de una conducta caracterizada por un grado significativo de falta de diligencia, lo que supone que la misma surge o se produce por iniciativa del usuario, no como consecuencia del engaño al que haya podido ser inducido por un delincuente profesional”.

Asimismo, en cuanto al carácter de la responsabilidad bancaria en operaciones no autorizadas, el tribunal remarca que:

“la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Girona desestima el recurso de apelación de ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. y confirma en su totalidad la sentencia del juzgado de primera instancia de Figueres.

Ratifica la obligación del banco de devolver los 35.223,64 euros sustraídos más los intereses legales e impone a la entidad bancaria recurrente las costas procesales de la alzada.

Para fundamentar su fallo sobre la responsabilidad cuasi-objetiva y la prueba de la negligencia, la Sala cita las siguientes resoluciones procesales:

  • Tribunal Supremo: STS 571/2025, de 9 de abril de 2025.
  • Audiencias Provinciales: SAP de Málaga (Sección 5ª) de 22 de septiembre de 2025, SAP de La Rioja (Sección 1ª) de 3 de julio de 2025, SAP de Asturias (Sección 3ª) de 5 de octubre de 2023 y SAP de Pontevedra Nº 177/2023, de 23 de marzo de 2023.

Conclusión

La Audiencia Provincial de Girona, en su sentencia de 14 de julio de 2026, considera que la responsabilidad del proveedor de servicios de pago tiene carácter cuasi-objetivo en el supuesto analizado y concluye que no quedó acreditada una negligencia grave de la usuaria.

La decisión se fundamenta en las circunstancias concretas del fraude mediante vishing y spoofing, por lo que la posible reclamación frente a una entidad bancaria debe valorarse atendiendo a las características y pruebas de cada caso.

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Si has sido víctima de un fraude informático mediante suplantación telefónica o SMS y tu entidad bancaria rechaza reembolsarte los fondos, conviene analizar las circunstancias concretas del caso y la normativa aplicable. La sentencia judicial que revisamos confirma la viabilidad de acudir a un abogado para recuperar dinero de una estafa bancaria, estableciendo que las entidades financieras ostentan una responsabilidad cuasi-objetiva ante operaciones no autorizadas por vishing o spoofing y considera que, en las circunstancias concretas analizadas, no quedó acreditada una negligencia grave de la usuaria.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Girona.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 14 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 967/2026.

Antecedentes

El 9 de mayo de 2024, D.ª Inmaculada (de 64 años de edad y sin conocimientos especiales en materia de ciberseguridad) fue víctima de una estafa informática compleja mediante la combinación de técnicas de suplantación de llamada telefónica (vishing) y suplantación del emisor de SMS (spoofing).

Ciberdelincuentes profesionales lograron suplantar la línea telefónica oficial de la sucursal del banco en Girona.

En la pantalla del dispositivo móvil de la clienta aparecía el identificador y el número real de la entidad bancaria, dirigiéndose los estafadores a ella por su nombre de forma personalizada.

Creyendo que hablaba con empleados de su banco, D.ª Inmaculada siguió las instrucciones telefónicas e instaló en su ordenador la aplicación de acceso remoto AnyDesk.

Mediante esta intrusión, los estafadores ejecutaron sin su consentimiento un total de siete transferencias bancarias y dos traspasos entre cuentas por un importe total de 35.223,64 euros, pertenecientes a las cuentas de D.ª Inmaculada, D. Gonzalo, KEOPSFINX S.L. y la COMUNITAT DE BENS DIRECCION000.

Tras percatarse de las operaciones fraudulentas, la afectada intentó contactar inmediatamente con su gestor y presentó denuncia ante la policía ese mismo día.

Ante la negativa de ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. a restituir los fondos, los perjudicados iniciaron acciones judiciales reclamando el importe sustraído.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Figueres (Plaza nº 9, procedimiento ordinario 1131/2024) dictó sentencia el 22 de septiembre de 2025 estimando íntegramente la demanda.

El juzgado declaró que la clienta no incurrió en negligencia grave y condenó a ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. a abonar a los demandantes la suma de 35.223,64 euros, más los intereses legales desde la reclamación extrajudicial y las costas procesales.

Audiencia Provincial

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba e infracción del artículo 44 del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago.

La entidad sostuvo que las operaciones se autenticaron con las claves de la clienta y que esta incurrió en negligencia grave al facilitar el acceso remoto.

La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Girona ha desestimado el recurso de apelación, confirmando la condena dictada en primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de pago en casos de disposiciones no autorizadas provocadas por ciberestafas mediante suplantación de identidad telefónica y SMS (vishing y spoofing).

El tribunal analiza si la actuación del usuario al ceder credenciales o acceso bajo el engaño de llamadas entrantes que simulan el número oficial del banco constituye una negligencia grave conforme al artículo 46 del Real Decreto-ley 19/2018, o si la entidad financiera asume una responsabilidad cuasi-objetiva al no poder justificar la exención de responsabilidad.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma íntegramente la sentencia apelada al considerar que el banco no probó la concurrencia de una falta de diligencia grave o actuación fraudulenta por parte de la usuaria.

El tribunal razona que, bajo la Directiva (UE) 2015/2366 y el Real Decreto-ley 19/2018, la responsabilidad del banco ante operaciones no autorizadas es cuasi-objetiva, correspondiendo exclusivamente a la entidad la carga de la prueba sobre la negligencia grave del cliente.

La negligencia grave no surge cuando el usuario es inducido a error por la destreza de un ciberdelincuente profesional.

El empleo del número de teléfono real del banco en pantalla, sumado al uso coordinado de mensajería SMS y a la apariencia de bloqueo de la banca digital, impidió a una usuaria media intuir la estafa.

La Sala destaca que las entidades bancarias deben actuar bajo el estándar de un ordenado y experto comerciante, estando obligadas a implementar mecanismos activos de seguridad para detectar patrones anómalos de transferencia y evitar la suplantación de sus propios canales de comunicación.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la negligencia que hace responder al cliente es la que se deriva de una conducta caracterizada por un grado significativo de falta de diligencia, lo que supone que la misma surge o se produce por iniciativa del usuario, no como consecuencia del engaño al que haya podido ser inducido por un delincuente profesional”.

Asimismo, en cuanto al carácter de la responsabilidad bancaria en operaciones no autorizadas, el tribunal remarca que:

“la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Girona desestima el recurso de apelación de ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. y confirma en su totalidad la sentencia del juzgado de primera instancia de Figueres.

Ratifica la obligación del banco de devolver los 35.223,64 euros sustraídos más los intereses legales e impone a la entidad bancaria recurrente las costas procesales de la alzada.

Para fundamentar su fallo sobre la responsabilidad cuasi-objetiva y la prueba de la negligencia, la Sala cita las siguientes resoluciones procesales:

  • Tribunal Supremo: STS 571/2025, de 9 de abril de 2025.
  • Audiencias Provinciales: SAP de Málaga (Sección 5ª) de 22 de septiembre de 2025, SAP de La Rioja (Sección 1ª) de 3 de julio de 2025, SAP de Asturias (Sección 3ª) de 5 de octubre de 2023 y SAP de Pontevedra Nº 177/2023, de 23 de marzo de 2023.

Conclusión

La Audiencia Provincial de Girona, en su sentencia de 14 de julio de 2026, considera que la responsabilidad del proveedor de servicios de pago tiene carácter cuasi-objetivo en el supuesto analizado y concluye que no quedó acreditada una negligencia grave de la usuaria.

La decisión se fundamenta en las circunstancias concretas del fraude mediante vishing y spoofing, por lo que la posible reclamación frente a una entidad bancaria debe valorarse atendiendo a las características y pruebas de cada caso.

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lunes, 16 de noviembre de 2026

Abogado solicitar exoneración pasivo insatisfecho

abogado solicitar exoneración pasivo insatisfecho

¿Tiene deudas que no puede pagar y teme que su situación económica le impida acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad? Un abogado solicitar exoneración pasivo insatisfecho puede estudiar su situación financiera, las circunstancias en las que contrajo sus deudas y los requisitos legales aplicables para valorar si procede solicitar la exoneración. La Sentencia 534/2026 de la Audiencia Provincial de Salamanca analiza un caso en el que se concedió la exoneración a dos deudores y examina la relevancia de la buena fe y de la evaluación de solvencia por parte de las entidades financieras.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Salamanca.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 1 de septiembre de 2026.
  • Nº de Resolución: 534/2026.

Antecedentes 

El matrimonio integrado por D. Alexis y D.ª Modesta, con cargas familiares y sujeto al régimen económico de sociedad de gananciales, acumuló un pasivo insatisfecho con diversas entidades financieras por un importe total de 170.875,37 euros.

Los ingresos anuales estables del matrimonio rondaban los 26.000 euros en el caso del esposo y los 10.000 euros en el de la esposa.

Ante la progresiva disminución de ingresos y el encarecimiento de los gastos esenciales de la vida, los deudores acudieron a la contratación de sucesivos préstamos personales para poder sufragar sus necesidades vitales.

Entre las entidades financieras acreedoras se encontraba la mercantil SF CARREFOUR EFC, S.A., la cual concedió financiación a los deudores con cuotas mensuales que llegaban a superar sus ingresos reales, sin realizar un test o evaluación de solvencia patrimonial previa ni analizar sus condiciones laborales o patrimoniales.

Tras devenir insolventes, los deudores instaron el concurso de acreedores sin masa y solicitaron la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Salamanca (en funciones de Juzgado de lo Mercantil, autos de incidente concursal 1022/2023) dictó sentencia el 28 de mayo de 2025 estimando la demanda de oposición interpuesta por SF CARREFOUR EFC, S.A.

El juzgado de origen denegó la exoneración del pasivo insatisfecho al considerar no probada la buena fe ni el carácter fortuito del sobreendeudamiento, apreciando un endeudamiento irresponsable bajo el artículo 487.1, 6.º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

Audiencia Provincial

Alexis y D.ª Modesta interpusieron recurso de apelación denunciando error en la valoración probatoria, indebida inversión de la carga de la prueba y vulneración del principio de presunción de buena fe.

La Sección Única de la Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado el recurso de apelación, revocando íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia gira en torno a la interpretación de la excepción a la buena fe contenida en el artículo 487.1, 6.º del TRLC —tras la reforma introducida por la Ley 16/2022 en trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023—, relativa a la denegación de la exoneración cuando el deudor se hubiera comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento.

El tribunal analiza el nivel de negligencia exigible al deudor persona natural, determinando si una negligencia leve basta para impedir la exoneración o si se requiere dolo o culpa grave. Asimismo, la Sala pondera si la falta de evaluación de la solvencia del consumidor por parte del prestamista (artículo 14 de la Ley 16/2011) neutraliza la posible imprudencia del deudor y exige una interpretación restrictiva de las causas de exclusión del derecho a la segunda oportunidad.

Razonamiento del Tribunal

La Sala fundamenta su decisión en el cambio de paradigma instaurado por la Directiva (UE) 2019/1023 y la reforma concursal de 2022, según el cual la exoneración del pasivo insatisfecho se configura como un derecho del deudor persona natural de buena fe y no como un mero beneficio o privilegio.

Por ello, se parte de la presunción iuris tantum de buena fe del solicitante y las excepciones del artículo 487 TRLC deben aplicarse e interpretarse de forma restrictiva.

El tribunal precisa que para denegar la exoneración por sobreendeudamiento temerario o negligente (artículo 487.1, 6.º TRLC) no basta con apreciar una simple imprudencia o negligencia leve en la contratación de créditos.

Se exige una conducta dolosa o gravemente negligente, en parámetros equiparables al dolo o culpa grave exigidos para la calificación culpable del concurso (artículo 442 TRLC).

Asimismo, la Audiencia enfatiza que la conducta del deudor no puede analizarse de forma aislada, sino que debe ponerse en la balanza con el comportamiento del acreedor profesional.

Las entidades financieras están obligadas legalmente a evaluar en profundidad la solvencia del consumidor antes de conceder crédito (artículo 14 de la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo).

Cuando el prestamista otorga financiación irresponsable superando la capacidad de pago del cliente, incurre en una negligencia profesional que absorbe la imprudencia del deudor y le impide invocar la culpa de este para bloquear la exoneración.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“no basta con la apreciación de una negligencia leve en la conducta de los deudores al tiempo de contraer sus obligaciones, sino que la conducta mostrada por el deudor debe ser dolosa (consciencia) o gravemente negligente (culpable)”.

Adicionalmente, en relación con la función correctora de la exoneración sobre la concesión irresponsable de crédito, el tribunal remarca que:

“la exoneración del pasivo insatisfecho funge en la práctica como una suerte de sanción o corrección indirecta de la conducta negligente de quienes como las entidades financieras, por su actividad profesional cualificada, deben tener un grado de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes legales superior a la de los ciudadanos comunes”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Salamanca estima el recurso de apelación interpuesto por D. Alexis y D.ª Modesta y revoca íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Salamanca.

La Sala declara la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a favor de los concursados y acuerda la conclusión del concurso de acreedores por insuficiencia de masa activa, con el archivo de las actuaciones y sin hacer especial imposición sobre las costas procesales de ninguna de las dos instancias al concurrir serias dudas de hecho y de derecho.

Conclusión

La exoneración del pasivo insatisfecho permite que las personas físicas que cumplen los requisitos legales puedan solicitar la exoneración de determinadas deudas. La Sentencia 534/2026 de la Audiencia Provincial de Salamanca analiza cómo debe valorarse la conducta del deudor cuando se cuestiona su buena fe y qué relevancia puede tener la falta de evaluación de solvencia por parte de la entidad financiera.

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abogado solicitar exoneración pasivo insatisfecho

¿Tiene deudas que no puede pagar y teme que su situación económica le impida acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad? Un abogado solicitar exoneración pasivo insatisfecho puede estudiar su situación financiera, las circunstancias en las que contrajo sus deudas y los requisitos legales aplicables para valorar si procede solicitar la exoneración. La Sentencia 534/2026 de la Audiencia Provincial de Salamanca analiza un caso en el que se concedió la exoneración a dos deudores y examina la relevancia de la buena fe y de la evaluación de solvencia por parte de las entidades financieras.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Salamanca.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 1 de septiembre de 2026.
  • Nº de Resolución: 534/2026.

Antecedentes 

El matrimonio integrado por D. Alexis y D.ª Modesta, con cargas familiares y sujeto al régimen económico de sociedad de gananciales, acumuló un pasivo insatisfecho con diversas entidades financieras por un importe total de 170.875,37 euros.

Los ingresos anuales estables del matrimonio rondaban los 26.000 euros en el caso del esposo y los 10.000 euros en el de la esposa.

Ante la progresiva disminución de ingresos y el encarecimiento de los gastos esenciales de la vida, los deudores acudieron a la contratación de sucesivos préstamos personales para poder sufragar sus necesidades vitales.

Entre las entidades financieras acreedoras se encontraba la mercantil SF CARREFOUR EFC, S.A., la cual concedió financiación a los deudores con cuotas mensuales que llegaban a superar sus ingresos reales, sin realizar un test o evaluación de solvencia patrimonial previa ni analizar sus condiciones laborales o patrimoniales.

Tras devenir insolventes, los deudores instaron el concurso de acreedores sin masa y solicitaron la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Salamanca (en funciones de Juzgado de lo Mercantil, autos de incidente concursal 1022/2023) dictó sentencia el 28 de mayo de 2025 estimando la demanda de oposición interpuesta por SF CARREFOUR EFC, S.A.

El juzgado de origen denegó la exoneración del pasivo insatisfecho al considerar no probada la buena fe ni el carácter fortuito del sobreendeudamiento, apreciando un endeudamiento irresponsable bajo el artículo 487.1, 6.º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

Audiencia Provincial

Alexis y D.ª Modesta interpusieron recurso de apelación denunciando error en la valoración probatoria, indebida inversión de la carga de la prueba y vulneración del principio de presunción de buena fe.

La Sección Única de la Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado el recurso de apelación, revocando íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia gira en torno a la interpretación de la excepción a la buena fe contenida en el artículo 487.1, 6.º del TRLC —tras la reforma introducida por la Ley 16/2022 en trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023—, relativa a la denegación de la exoneración cuando el deudor se hubiera comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento.

El tribunal analiza el nivel de negligencia exigible al deudor persona natural, determinando si una negligencia leve basta para impedir la exoneración o si se requiere dolo o culpa grave. Asimismo, la Sala pondera si la falta de evaluación de la solvencia del consumidor por parte del prestamista (artículo 14 de la Ley 16/2011) neutraliza la posible imprudencia del deudor y exige una interpretación restrictiva de las causas de exclusión del derecho a la segunda oportunidad.

Razonamiento del Tribunal

La Sala fundamenta su decisión en el cambio de paradigma instaurado por la Directiva (UE) 2019/1023 y la reforma concursal de 2022, según el cual la exoneración del pasivo insatisfecho se configura como un derecho del deudor persona natural de buena fe y no como un mero beneficio o privilegio.

Por ello, se parte de la presunción iuris tantum de buena fe del solicitante y las excepciones del artículo 487 TRLC deben aplicarse e interpretarse de forma restrictiva.

El tribunal precisa que para denegar la exoneración por sobreendeudamiento temerario o negligente (artículo 487.1, 6.º TRLC) no basta con apreciar una simple imprudencia o negligencia leve en la contratación de créditos.

Se exige una conducta dolosa o gravemente negligente, en parámetros equiparables al dolo o culpa grave exigidos para la calificación culpable del concurso (artículo 442 TRLC).

Asimismo, la Audiencia enfatiza que la conducta del deudor no puede analizarse de forma aislada, sino que debe ponerse en la balanza con el comportamiento del acreedor profesional.

Las entidades financieras están obligadas legalmente a evaluar en profundidad la solvencia del consumidor antes de conceder crédito (artículo 14 de la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo).

Cuando el prestamista otorga financiación irresponsable superando la capacidad de pago del cliente, incurre en una negligencia profesional que absorbe la imprudencia del deudor y le impide invocar la culpa de este para bloquear la exoneración.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“no basta con la apreciación de una negligencia leve en la conducta de los deudores al tiempo de contraer sus obligaciones, sino que la conducta mostrada por el deudor debe ser dolosa (consciencia) o gravemente negligente (culpable)”.

Adicionalmente, en relación con la función correctora de la exoneración sobre la concesión irresponsable de crédito, el tribunal remarca que:

“la exoneración del pasivo insatisfecho funge en la práctica como una suerte de sanción o corrección indirecta de la conducta negligente de quienes como las entidades financieras, por su actividad profesional cualificada, deben tener un grado de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes legales superior a la de los ciudadanos comunes”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Salamanca estima el recurso de apelación interpuesto por D. Alexis y D.ª Modesta y revoca íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Salamanca.

La Sala declara la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a favor de los concursados y acuerda la conclusión del concurso de acreedores por insuficiencia de masa activa, con el archivo de las actuaciones y sin hacer especial imposición sobre las costas procesales de ninguna de las dos instancias al concurrir serias dudas de hecho y de derecho.

Conclusión

La exoneración del pasivo insatisfecho permite que las personas físicas que cumplen los requisitos legales puedan solicitar la exoneración de determinadas deudas. La Sentencia 534/2026 de la Audiencia Provincial de Salamanca analiza cómo debe valorarse la conducta del deudor cuando se cuestiona su buena fe y qué relevancia puede tener la falta de evaluación de solvencia por parte de la entidad financiera.

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domingo, 15 de noviembre de 2026

Abogado recuperar dinero fraude bancario

abogado recuperar dinero fraude bancario

¿Ha realizado una transferencia bancaria por error y la entidad financiera se niega a facilitar la devolución del dinero? La Sentencia 1329/2026 del Tribunal Supremo analiza un supuesto en el que una transferencia de 28.500 euros fue ingresada por equivocación en una cuenta con un descubierto y el banco destinó parte de esos fondos a compensarlo. En situaciones de este tipo, un abogado recuperar dinero fraude bancario puede analizar las circunstancias de la operación, las comunicaciones realizadas al banco y las posibles vías jurídicas para reclamar la restitución de las cantidades que correspondan.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
  • Fecha: 1 de septiembre de 2026.
  • Nº de Resolución: 1329/2026.

Antecedentes 

El 21 de febrero de 2017, la entidad Bernelink S.L. ordenó una transferencia bancaria por importe de 28.500 euros desde su cuenta en Banco Caminos para abonar una factura a favor de D.ª Encarnación.

Sin embargo, al introducir los datos de la orden, la empresa cometió un error e indicó el número de IBAN correspondiente a la cuenta que la sociedad DIRECCION000 mantenía en la entidad Caixabank S.A., mercantil con la que la ordenante había mantenido relaciones comerciales con anterioridad.

En la fecha en que se recibió el traspaso de fondos, la cuenta de DIRECCION000 en Caixabank arrojaba un descubierto por importe de (-) 21.605,02 euros.

Al recibir la transferencia, Caixabank aplicó de forma automática los fondos para compensar el saldo deudor del titular, reteniendo en su favor 21.605,02 euros y dejando la cuenta con un saldo acreedor de 6.894,98 euros.

Al día siguiente (22 de febrero de 2017), Bernelink S.L. se percató de su equivocación y solicitó a través de Banco Caminos la inmediata retrocesión de la transferencia. CaixaBank rechazó la solicitud el 9 de marzo de 2017 alegando “saldo insuficiente”, y denegó una segunda petición en mayo señalando que no constaba orden expresa del titular de la cuenta.

Ante la negativa a devolver el dinero, Bernelink S.L. requirió formalmente mediante burofax tanto a la sociedad titular como a Caixabank para lograr el reintegro de lo cobrado indebidamente.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Telde (autos de juicio ordinario nº 776/2018) dictó la Sentencia nº 117/2019, de 27 de marzo, estimando parcialmente la demanda frente a DIRECCION000 (condenándola a restituir 6.894,98 euros) e íntegramente frente a Caixabank S.A.

El juzgado declaró la responsabilidad de la entidad financiera por el cobro de lo indebido (21.605,02 euros) y su obligación solidaria respecto a los 6.894,98 euros restantes por actuar con falta de diligencia profesional bajo los artículos 44 y 45 de la Ley 16/2009 de servicios de pago y el artículo 1902 del Código Civil.

Audiencia Provincial

CaixaBank S.A. interpuso recurso de apelación.

La Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas (rollo de apelación nº 865/2019) dictó la Sentencia nº 542/2022, de 20 de julio, desestimando el recurso y confirmando íntegramente la condena de primera instancia.

Tribunal Supremo

CaixaBank S.A. interpuso recurso de casación alegando que, conforme a la normativa de servicios de pago y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la entidad no responde por los errores del ordenante cuando la orden se ejecuta de acuerdo con el identificador único (IBAN) facilitado.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si la regla de exoneración de responsabilidad del proveedor de servicios de pago que ejecuta una orden conforme al identificador único (IBAN) —artículos 44 y 45 de la Ley 16/2009 de servicios de pago y artículo 59 del Real Decreto-ley 19/2018— exime a la entidad bancaria cuando, tras ser informada tempestivamente del error, aprovecha la transferencia ajena en su propio beneficio para compensar un descubierto del titular de la cuenta e impide la retrocesión de los fondos.

Razonamiento del Tribunal

La Sala de lo Civil aclara que, conforme a la legislación de servicios de pago y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 21 de marzo de 2019, Asunto C-245/18), la entidad bancaria cumple en principio su obligación ejecutando la orden según el IBAN proporcionado, sin que la inclusión de datos adicionales (como el nombre del beneficiario) le imponga un deber general de comprobación previa.

No obstante, el Tribunal Supremo enfatiza que esta exoneración técnica no ampara las actuaciones ulteriores del banco contrarias a la buena fe y a la diligencia mercantil.

Cuando la entidad colectora es notificada sin demora del error cometido, no puede utilizar dichos fondos para saldar un descubierto previo de su cliente en provecho propio.

Según el razonamiento recogido en la sentencia, esta actuación puede dar lugar a responsabilidad por cobro de lo indebido y por falta de diligencia (artículo 1895 del Código Civil) y una negligencia grave (artículo 1902 del Código Civil) por omitir los deberes de un ordenado y experto comerciante para facilitar la retrocesión y minimizar el daño.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Los arts. 44 y 45 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, liberan al proveedor de los servicios de pago de la responsabilidad que pudiera derivarse de una orden de pago correctamente realizada conforme al identificador único, aunque no coincida con el beneficiario designado por el ordenante, pero esa exoneración no se extiende a los daños y perjuicios derivados de una ulterior actuación que, por dolo o culpa, impida la recuperación del dinero objeto de la transferencia”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Caixabank S.A. y confirma en su totalidad la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Condena a la entidad financiera recurrente al pago de las costas procesales del recurso de casación y decreta la pérdida del depósito constituido para su interposición.

Para fijar su doctrina, la Sala cita expresamente las SSTS 507/2025 (de 27 de marzo) y 1733/2025 (de 27 de noviembre), la STS del Pleno 431/2020 (de 15 de julio), la STJUE de 21 de marzo de 2019 (Asunto C-245/18), y analiza las garantías introducidas por el Reglamento (UE) 2024/886 respecto al servicio de verificación de beneficiarios.

Conclusión

La ejecución de una transferencia bancaria conforme al IBAN libera al banco de verificar la coincidencia del nombre del destinatario, pero no le faculta para apropiarse de los fondos recibidos por error para saldar descubiertos de su cliente, obligándole a responder por cobro de lo indebido si deniega injustificadamente la retrocesión de la operación.

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abogado recuperar dinero fraude bancario

¿Ha realizado una transferencia bancaria por error y la entidad financiera se niega a facilitar la devolución del dinero? La Sentencia 1329/2026 del Tribunal Supremo analiza un supuesto en el que una transferencia de 28.500 euros fue ingresada por equivocación en una cuenta con un descubierto y el banco destinó parte de esos fondos a compensarlo. En situaciones de este tipo, un abogado recuperar dinero fraude bancario puede analizar las circunstancias de la operación, las comunicaciones realizadas al banco y las posibles vías jurídicas para reclamar la restitución de las cantidades que correspondan.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
  • Fecha: 1 de septiembre de 2026.
  • Nº de Resolución: 1329/2026.

Antecedentes 

El 21 de febrero de 2017, la entidad Bernelink S.L. ordenó una transferencia bancaria por importe de 28.500 euros desde su cuenta en Banco Caminos para abonar una factura a favor de D.ª Encarnación.

Sin embargo, al introducir los datos de la orden, la empresa cometió un error e indicó el número de IBAN correspondiente a la cuenta que la sociedad DIRECCION000 mantenía en la entidad Caixabank S.A., mercantil con la que la ordenante había mantenido relaciones comerciales con anterioridad.

En la fecha en que se recibió el traspaso de fondos, la cuenta de DIRECCION000 en Caixabank arrojaba un descubierto por importe de (-) 21.605,02 euros.

Al recibir la transferencia, Caixabank aplicó de forma automática los fondos para compensar el saldo deudor del titular, reteniendo en su favor 21.605,02 euros y dejando la cuenta con un saldo acreedor de 6.894,98 euros.

Al día siguiente (22 de febrero de 2017), Bernelink S.L. se percató de su equivocación y solicitó a través de Banco Caminos la inmediata retrocesión de la transferencia. CaixaBank rechazó la solicitud el 9 de marzo de 2017 alegando “saldo insuficiente”, y denegó una segunda petición en mayo señalando que no constaba orden expresa del titular de la cuenta.

Ante la negativa a devolver el dinero, Bernelink S.L. requirió formalmente mediante burofax tanto a la sociedad titular como a Caixabank para lograr el reintegro de lo cobrado indebidamente.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Telde (autos de juicio ordinario nº 776/2018) dictó la Sentencia nº 117/2019, de 27 de marzo, estimando parcialmente la demanda frente a DIRECCION000 (condenándola a restituir 6.894,98 euros) e íntegramente frente a Caixabank S.A.

El juzgado declaró la responsabilidad de la entidad financiera por el cobro de lo indebido (21.605,02 euros) y su obligación solidaria respecto a los 6.894,98 euros restantes por actuar con falta de diligencia profesional bajo los artículos 44 y 45 de la Ley 16/2009 de servicios de pago y el artículo 1902 del Código Civil.

Audiencia Provincial

CaixaBank S.A. interpuso recurso de apelación.

La Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas (rollo de apelación nº 865/2019) dictó la Sentencia nº 542/2022, de 20 de julio, desestimando el recurso y confirmando íntegramente la condena de primera instancia.

Tribunal Supremo

CaixaBank S.A. interpuso recurso de casación alegando que, conforme a la normativa de servicios de pago y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la entidad no responde por los errores del ordenante cuando la orden se ejecuta de acuerdo con el identificador único (IBAN) facilitado.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si la regla de exoneración de responsabilidad del proveedor de servicios de pago que ejecuta una orden conforme al identificador único (IBAN) —artículos 44 y 45 de la Ley 16/2009 de servicios de pago y artículo 59 del Real Decreto-ley 19/2018— exime a la entidad bancaria cuando, tras ser informada tempestivamente del error, aprovecha la transferencia ajena en su propio beneficio para compensar un descubierto del titular de la cuenta e impide la retrocesión de los fondos.

Razonamiento del Tribunal

La Sala de lo Civil aclara que, conforme a la legislación de servicios de pago y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 21 de marzo de 2019, Asunto C-245/18), la entidad bancaria cumple en principio su obligación ejecutando la orden según el IBAN proporcionado, sin que la inclusión de datos adicionales (como el nombre del beneficiario) le imponga un deber general de comprobación previa.

No obstante, el Tribunal Supremo enfatiza que esta exoneración técnica no ampara las actuaciones ulteriores del banco contrarias a la buena fe y a la diligencia mercantil.

Cuando la entidad colectora es notificada sin demora del error cometido, no puede utilizar dichos fondos para saldar un descubierto previo de su cliente en provecho propio.

Según el razonamiento recogido en la sentencia, esta actuación puede dar lugar a responsabilidad por cobro de lo indebido y por falta de diligencia (artículo 1895 del Código Civil) y una negligencia grave (artículo 1902 del Código Civil) por omitir los deberes de un ordenado y experto comerciante para facilitar la retrocesión y minimizar el daño.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Los arts. 44 y 45 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, liberan al proveedor de los servicios de pago de la responsabilidad que pudiera derivarse de una orden de pago correctamente realizada conforme al identificador único, aunque no coincida con el beneficiario designado por el ordenante, pero esa exoneración no se extiende a los daños y perjuicios derivados de una ulterior actuación que, por dolo o culpa, impida la recuperación del dinero objeto de la transferencia”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Caixabank S.A. y confirma en su totalidad la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Condena a la entidad financiera recurrente al pago de las costas procesales del recurso de casación y decreta la pérdida del depósito constituido para su interposición.

Para fijar su doctrina, la Sala cita expresamente las SSTS 507/2025 (de 27 de marzo) y 1733/2025 (de 27 de noviembre), la STS del Pleno 431/2020 (de 15 de julio), la STJUE de 21 de marzo de 2019 (Asunto C-245/18), y analiza las garantías introducidas por el Reglamento (UE) 2024/886 respecto al servicio de verificación de beneficiarios.

Conclusión

La ejecución de una transferencia bancaria conforme al IBAN libera al banco de verificar la coincidencia del nombre del destinatario, pero no le faculta para apropiarse de los fondos recibidos por error para saldar descubiertos de su cliente, obligándole a responder por cobro de lo indebido si deniega injustificadamente la retrocesión de la operación.

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jueves, 12 de noviembre de 2026

Abogado anular Credit Select: ¿Se puede reclamar?

abogado anular Credit Select

¿Ha contratado un producto Credit Select y considera que la estructura del préstamo, la inversión y el seguro no se correspondía con la información que recibió? Un abogado anular Credit Select puede estudiar los contratos suscritos, la documentación facilitada, las circunstancias de la comercialización y los posibles riesgos asumidos para valorar si existen fundamentos jurídicos para plantear una reclamación o solicitar la nulidad, según las circunstancias concretas del caso. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 27 de enero de 2026 analiza un producto de estas características y las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante.
  • Sección: 5.
  • Fecha: 27 de enero de 2026.
  • Nº de Resolución: 38/2026.

Antecedentes 

El 22 de febrero de 2006, D.ª Gregoria suscribió el producto financiero denominado “Credit Select Series 4”, el cual se estructuraba como un conjunto contractual complejo compuesto por tres partes interrelacionadas: un préstamo con garantía hipotecaria concedido por la entidad bancaria inglesa NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED por un importe de 1.834.050 euros (garantizado sobre la finca registral nº NUM001 de Callosa d’en Sarrià), una póliza de seguro de vida de la modalidad Unit-Linked contratada con Aspecta Assurance International Luxemburg (actualmente MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.) y la inversión de casi la totalidad del crédito en un fondo de alto riesgo (The Optima Series 2 Fund), cuyas participaciones quedaban pignoradas a favor de la prestamista.

La comercialización y mediación de este producto estructurado fue realizada por la entidad Ovidio, la cual carecía de autorización administrativa para prestar servicios de asesoramiento financiero y actuar como mediador de seguros, figurando incluso con una advertencia explícita de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

NM Rothschild & Sons Limited operaba como una entidad bancaria de inversión radicada en Inglaterra, sin sucursal abierta en España ni inscripción en el Banco de España, careciendo de autorización para operar en territorio español como entidad de crédito o empresa de servicios de inversión.

A la cliente se le presentó el producto mediante folletos publicitarios que lo calificaban de “ultracauteloso” y “100 % garantizado”, prometiéndole una renta vitalicia y ventajas fiscales, omitiendo cualquier explicación sobre el elevado riesgo de apalancamiento y la posibilidad de pérdida total del capital invertido.

En octubre de 2019, la prestamista comunicó a la cliente la apropiación del fondo y le reclamó una deuda restante de 709.475,24 euros, revelando el quebranto económico sufrido.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Benidorm (Plaza nº 5 / Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Benidorm, autos de juicio ordinario 966/2020) dictó la Sentencia nº 118/2023 el 22 de junio de 2023, estimando íntegramente la demanda promovida por D.ª Gregoria.

El juzgado declaró la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato “Credit Select 4” y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, dejando sin efecto la garantía hipotecaria constituida sobre la finca de Callosa d’en Sarrià e imponiendo las costas a las entidades demandadas.

Audiencia Provincial

Tanto NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED como MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A. interpusieron recursos de apelación solicitando la revocación del fallo de instancia.

Las apelantes alegaron caducidad y prescripción de la acción, negaron que el préstamo constituya un producto financiero complejo o que existiera una vinculación contractual entre las partes, y sostuvieron la inasumibilidad de la normativa sobre el mercado de valores al no disponer de sucursal en España.

La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado ambos recursos de apelación, confirmando la condena dictada en origen.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si el producto “Credit Select Series 4” constituye un instrumento financiero complejo integrado por negocios jurídicos conexos (préstamo hipotecario, seguro Unit-Linked y fondo de inversión pignorado) y si, en las circunstancias analizadas por la Audiencia Provincial, su comercialización e intermediación por parte de entidades que carecían de la autorización administrativa exigida vulneró normas imperativas y de orden público, con las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

Asimismo, se analiza si la acción estaba caducada o si el plazo de cuatro años del artículo 1301 del Código Civil debía computarse desde el momento en que la cliente tuvo conocimiento efectivo del perjuicio patrimonial.

Razonamiento del Tribunal

La Sala considera que el préstamo litigioso no constituía una operación de crédito aislada, sino que formaba parte de un negocio jurídico conexo e indivisible en el que el importe prestado se destinaba casi en su totalidad a un fondo de inversión pignorado.

En el caso analizado, la Audiencia Provincial calificó esta estructura como un instrumento financiero complejo sujeto a la normativa que consideró aplicable.

La Audiencia Provincial consideró que la intervención en la comercialización y concesión de estas operaciones por entidades e intermediarios que carecían de la autorización administrativa exigida suponía una infracción de normas imperativas y de orden público económico.

En atención a las circunstancias concretas del procedimiento, la Sala concluyó que dicha infracción determinaba la nulidad absoluta del entramado contractual conforme a los artículos 6.3 y 1261 del Código Civil.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“considera los contratos que nos ocupan como ilegales y, por tanto, radicalmente nulos, ya que las entidades carecían de autorización para actuar en España, puesto que no se limitaron a conceder un préstamo o crédito, tal y como afirman, sino que intervinieron en un entramado contractual complejo que comprendía un préstamo hipotecario y la inversión en un producto estructurado de alto riesgo.”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Alicante desestima los recursos de apelación interpuestos por NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED y MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., confirmando íntegramente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Benidorm.

Ratifica la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato Credit Select 4 y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, con la correspondiente cancelación de la garantía hipotecaria sobre el inmueble.

Impone a las apelantes el pago de las costas procesales causadas en la alzada.   

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Alicante consideró que el entramado contractual vinculado al producto Credit Select debía declararse nulo por las circunstancias concretas de su comercialización y por la intervención de entidades que, según la sentencia, carecían de la autorización administrativa exigida.

La Sala confirmó igualmente el criterio adoptado sobre el momento de inicio del cómputo del plazo de impugnación, atendiendo al conocimiento efectivo del perjuicio en ese procedimiento.

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abogado anular Credit Select

¿Ha contratado un producto Credit Select y considera que la estructura del préstamo, la inversión y el seguro no se correspondía con la información que recibió? Un abogado anular Credit Select puede estudiar los contratos suscritos, la documentación facilitada, las circunstancias de la comercialización y los posibles riesgos asumidos para valorar si existen fundamentos jurídicos para plantear una reclamación o solicitar la nulidad, según las circunstancias concretas del caso. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 27 de enero de 2026 analiza un producto de estas características y las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante.
  • Sección: 5.
  • Fecha: 27 de enero de 2026.
  • Nº de Resolución: 38/2026.

Antecedentes 

El 22 de febrero de 2006, D.ª Gregoria suscribió el producto financiero denominado “Credit Select Series 4”, el cual se estructuraba como un conjunto contractual complejo compuesto por tres partes interrelacionadas: un préstamo con garantía hipotecaria concedido por la entidad bancaria inglesa NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED por un importe de 1.834.050 euros (garantizado sobre la finca registral nº NUM001 de Callosa d’en Sarrià), una póliza de seguro de vida de la modalidad Unit-Linked contratada con Aspecta Assurance International Luxemburg (actualmente MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.) y la inversión de casi la totalidad del crédito en un fondo de alto riesgo (The Optima Series 2 Fund), cuyas participaciones quedaban pignoradas a favor de la prestamista.

La comercialización y mediación de este producto estructurado fue realizada por la entidad Ovidio, la cual carecía de autorización administrativa para prestar servicios de asesoramiento financiero y actuar como mediador de seguros, figurando incluso con una advertencia explícita de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

NM Rothschild & Sons Limited operaba como una entidad bancaria de inversión radicada en Inglaterra, sin sucursal abierta en España ni inscripción en el Banco de España, careciendo de autorización para operar en territorio español como entidad de crédito o empresa de servicios de inversión.

A la cliente se le presentó el producto mediante folletos publicitarios que lo calificaban de “ultracauteloso” y “100 % garantizado”, prometiéndole una renta vitalicia y ventajas fiscales, omitiendo cualquier explicación sobre el elevado riesgo de apalancamiento y la posibilidad de pérdida total del capital invertido.

En octubre de 2019, la prestamista comunicó a la cliente la apropiación del fondo y le reclamó una deuda restante de 709.475,24 euros, revelando el quebranto económico sufrido.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Benidorm (Plaza nº 5 / Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Benidorm, autos de juicio ordinario 966/2020) dictó la Sentencia nº 118/2023 el 22 de junio de 2023, estimando íntegramente la demanda promovida por D.ª Gregoria.

El juzgado declaró la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato “Credit Select 4” y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, dejando sin efecto la garantía hipotecaria constituida sobre la finca de Callosa d’en Sarrià e imponiendo las costas a las entidades demandadas.

Audiencia Provincial

Tanto NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED como MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A. interpusieron recursos de apelación solicitando la revocación del fallo de instancia.

Las apelantes alegaron caducidad y prescripción de la acción, negaron que el préstamo constituya un producto financiero complejo o que existiera una vinculación contractual entre las partes, y sostuvieron la inasumibilidad de la normativa sobre el mercado de valores al no disponer de sucursal en España.

La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado ambos recursos de apelación, confirmando la condena dictada en origen.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si el producto “Credit Select Series 4” constituye un instrumento financiero complejo integrado por negocios jurídicos conexos (préstamo hipotecario, seguro Unit-Linked y fondo de inversión pignorado) y si, en las circunstancias analizadas por la Audiencia Provincial, su comercialización e intermediación por parte de entidades que carecían de la autorización administrativa exigida vulneró normas imperativas y de orden público, con las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

Asimismo, se analiza si la acción estaba caducada o si el plazo de cuatro años del artículo 1301 del Código Civil debía computarse desde el momento en que la cliente tuvo conocimiento efectivo del perjuicio patrimonial.

Razonamiento del Tribunal

La Sala considera que el préstamo litigioso no constituía una operación de crédito aislada, sino que formaba parte de un negocio jurídico conexo e indivisible en el que el importe prestado se destinaba casi en su totalidad a un fondo de inversión pignorado.

En el caso analizado, la Audiencia Provincial calificó esta estructura como un instrumento financiero complejo sujeto a la normativa que consideró aplicable.

La Audiencia Provincial consideró que la intervención en la comercialización y concesión de estas operaciones por entidades e intermediarios que carecían de la autorización administrativa exigida suponía una infracción de normas imperativas y de orden público económico.

En atención a las circunstancias concretas del procedimiento, la Sala concluyó que dicha infracción determinaba la nulidad absoluta del entramado contractual conforme a los artículos 6.3 y 1261 del Código Civil.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“considera los contratos que nos ocupan como ilegales y, por tanto, radicalmente nulos, ya que las entidades carecían de autorización para actuar en España, puesto que no se limitaron a conceder un préstamo o crédito, tal y como afirman, sino que intervinieron en un entramado contractual complejo que comprendía un préstamo hipotecario y la inversión en un producto estructurado de alto riesgo.”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Alicante desestima los recursos de apelación interpuestos por NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED y MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., confirmando íntegramente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Benidorm.

Ratifica la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato Credit Select 4 y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, con la correspondiente cancelación de la garantía hipotecaria sobre el inmueble.

Impone a las apelantes el pago de las costas procesales causadas en la alzada.   

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Alicante consideró que el entramado contractual vinculado al producto Credit Select debía declararse nulo por las circunstancias concretas de su comercialización y por la intervención de entidades que, según la sentencia, carecían de la autorización administrativa exigida.

La Sala confirmó igualmente el criterio adoptado sobre el momento de inicio del cómputo del plazo de impugnación, atendiendo al conocimiento efectivo del perjuicio en ese procedimiento.

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miércoles, 11 de noviembre de 2026

Abogado reclamar seguro incapacidad: ¿Cuándo procede?

abogado reclamar seguro incapacidad

¿La aseguradora ha rechazado el pago de un seguro de incapacidad alegando que las enfermedades que dieron lugar a la invalidez ya existían cuando contrató la póliza? Un abogado reclamar seguro incapacidad puede estudiar las condiciones del contrato, el cuestionario de salud, la documentación médica y los motivos de la negativa para valorar si existen fundamentos jurídicos para reclamar la prestación prevista en la póliza. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 22 de julio de 2026 analiza precisamente una controversia de estas características.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Murcia.
  • Sección: 4.
  • Fecha: 22 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 762/2026.

Antecedentes 

En noviembre de 2014, D. Fabio suscribió una póliza de seguro de vida e incapacidad absoluta y permanente con la entidad Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A..

La póliza definía la incapacidad asegurada como el estado fisiológico de disminución irreversible de la capacidad funcional que inhabilita por completo al asegurado para ejercer toda profesión u oficio.

Durante el proceso de contratación, el cuestionario médico se realizó mediante llamada telefónica y fue grabado por la compañía.

En enero de 2015, el asegurado fue declarado por la Seguridad Social en situación de incapacidad temporal.

Dicha baja derivó en abril de 2015 en una incapacidad permanente total y, finalmente, el 15 de octubre de 2015, en una incapacidad permanente absoluta tras solicitar una revisión de grado por empeoramiento.

Al activarse la garantía contratada, el asegurado reclamó el pago del capital indemnizable por importe de 102.008,69 euros.

Sin embargo, la aseguradora rehusó abonar la prestación alegando que D. Fabio no fue veraz al responder al cuestionario de salud previo, sosteniendo que las dolencias causantes de la incapacidad eran anteriores a la suscripción de la póliza.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Molina de Segura (autos de procedimiento ordinario 915/2019) dictó sentencia el 23 de abril de 2022 estimando íntegramente la demanda de D. Fabio.

El juzgado condenó a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. a abonar los 102.008,69 euros reclamados, más los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) desde la fecha del siniestro y las costas procesales.

Audiencia Provincial

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. interpuso recurso de apelación solicitando la revocación del fallo por supuesta inexactitud en el cuestionario de salud y reclamando subsidiariamente la no imposición de costas y la exención de los intereses moratorios.

La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la sentencia de primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica consiste en determinar si la existencia de patologías de carácter degenerativo no diagnosticadas al tiempo de cumplimentar el cuestionario de salud faculta a la aseguradora a rehusar el pago del seguro por inexactitud o dolo del tomador bajo el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro.

Asimismo, se analiza la eficacia del cuestionario de salud realizado telefónicamente y la procedencia de los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma plenamente la resolución de instancia al concluir que no cabe apreciar dolo ni culpa grave en la actuación del asegurado.

El tribunal destaca que la invalidez absoluta derivó de patologías fundamentalmente degenerativas cuyo diagnóstico médico formal se produjo con posterioridad a la firma del contrato. Por ello, no se puede exigir al paciente el conocimiento de enfermedades que aún no habían sido diagnosticadas.

En relación con el formato de la encuesta médica, la Audiencia enfatiza que, al haberse efectuado de forma telefónica y grabada por un empleado o intermediario de la aseguradora, la entidad dispuso de la oportunidad de solicitar aclaraciones, ampliar la información o someter al cliente a reconocimientos médicos antes de cobrar la prima. Al no hacerlo y dar por bueno el cuestionario, la aseguradora no puede liberarse posteriormente de sus obligaciones contractuales.

Por último, la Sala ratifica la imposición de los intereses del artículo 20 de la LCS al considerar injustificada la negativa de pago de la compañía.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la declaración de incapacidad permanente absoluta obedeció a unas patologías fundamentalmente degenerativas, diagnosticadas con posterioridad al cuestionario médico. Y aunque estas patologías pudiera preexistir ya a la celebración del contrato, no se puede exigir al asegurado su conocimiento sino estaba todavía diagnosticada, y si guarda conexión con patologías anteriores, entonces hay que partir de que estas fueron declaradas en su mayor parte, y en lo más relevante, por lo que no cabe apreciar dolo o culpa grave en el contratante.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso de apelación interpuesto por Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y confirma íntegramente la sentencia apelada del Juzgado de Molina de Segura.

Ratifica la condena a la aseguradora al abono de los 102.008,69 euros, más los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro, e impone a la entidad apelante las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Murcia concluyó que no concurría dolo ni culpa grave en la cumplimentación del cuestionario de salud, al considerar que las patologías degenerativas determinantes de la incapacidad fueron diagnosticadas con posterioridad a la contratación.

Por ello, confirmó la obligación de la aseguradora de abonar la prestación prevista en la póliza, junto con los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

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abogado reclamar seguro incapacidad

¿La aseguradora ha rechazado el pago de un seguro de incapacidad alegando que las enfermedades que dieron lugar a la invalidez ya existían cuando contrató la póliza? Un abogado reclamar seguro incapacidad puede estudiar las condiciones del contrato, el cuestionario de salud, la documentación médica y los motivos de la negativa para valorar si existen fundamentos jurídicos para reclamar la prestación prevista en la póliza. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 22 de julio de 2026 analiza precisamente una controversia de estas características.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Murcia.
  • Sección: 4.
  • Fecha: 22 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 762/2026.

Antecedentes 

En noviembre de 2014, D. Fabio suscribió una póliza de seguro de vida e incapacidad absoluta y permanente con la entidad Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A..

La póliza definía la incapacidad asegurada como el estado fisiológico de disminución irreversible de la capacidad funcional que inhabilita por completo al asegurado para ejercer toda profesión u oficio.

Durante el proceso de contratación, el cuestionario médico se realizó mediante llamada telefónica y fue grabado por la compañía.

En enero de 2015, el asegurado fue declarado por la Seguridad Social en situación de incapacidad temporal.

Dicha baja derivó en abril de 2015 en una incapacidad permanente total y, finalmente, el 15 de octubre de 2015, en una incapacidad permanente absoluta tras solicitar una revisión de grado por empeoramiento.

Al activarse la garantía contratada, el asegurado reclamó el pago del capital indemnizable por importe de 102.008,69 euros.

Sin embargo, la aseguradora rehusó abonar la prestación alegando que D. Fabio no fue veraz al responder al cuestionario de salud previo, sosteniendo que las dolencias causantes de la incapacidad eran anteriores a la suscripción de la póliza.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Molina de Segura (autos de procedimiento ordinario 915/2019) dictó sentencia el 23 de abril de 2022 estimando íntegramente la demanda de D. Fabio.

El juzgado condenó a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. a abonar los 102.008,69 euros reclamados, más los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) desde la fecha del siniestro y las costas procesales.

Audiencia Provincial

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. interpuso recurso de apelación solicitando la revocación del fallo por supuesta inexactitud en el cuestionario de salud y reclamando subsidiariamente la no imposición de costas y la exención de los intereses moratorios.

La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la sentencia de primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica consiste en determinar si la existencia de patologías de carácter degenerativo no diagnosticadas al tiempo de cumplimentar el cuestionario de salud faculta a la aseguradora a rehusar el pago del seguro por inexactitud o dolo del tomador bajo el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro.

Asimismo, se analiza la eficacia del cuestionario de salud realizado telefónicamente y la procedencia de los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma plenamente la resolución de instancia al concluir que no cabe apreciar dolo ni culpa grave en la actuación del asegurado.

El tribunal destaca que la invalidez absoluta derivó de patologías fundamentalmente degenerativas cuyo diagnóstico médico formal se produjo con posterioridad a la firma del contrato. Por ello, no se puede exigir al paciente el conocimiento de enfermedades que aún no habían sido diagnosticadas.

En relación con el formato de la encuesta médica, la Audiencia enfatiza que, al haberse efectuado de forma telefónica y grabada por un empleado o intermediario de la aseguradora, la entidad dispuso de la oportunidad de solicitar aclaraciones, ampliar la información o someter al cliente a reconocimientos médicos antes de cobrar la prima. Al no hacerlo y dar por bueno el cuestionario, la aseguradora no puede liberarse posteriormente de sus obligaciones contractuales.

Por último, la Sala ratifica la imposición de los intereses del artículo 20 de la LCS al considerar injustificada la negativa de pago de la compañía.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la declaración de incapacidad permanente absoluta obedeció a unas patologías fundamentalmente degenerativas, diagnosticadas con posterioridad al cuestionario médico. Y aunque estas patologías pudiera preexistir ya a la celebración del contrato, no se puede exigir al asegurado su conocimiento sino estaba todavía diagnosticada, y si guarda conexión con patologías anteriores, entonces hay que partir de que estas fueron declaradas en su mayor parte, y en lo más relevante, por lo que no cabe apreciar dolo o culpa grave en el contratante.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso de apelación interpuesto por Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y confirma íntegramente la sentencia apelada del Juzgado de Molina de Segura.

Ratifica la condena a la aseguradora al abono de los 102.008,69 euros, más los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro, e impone a la entidad apelante las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Murcia concluyó que no concurría dolo ni culpa grave en la cumplimentación del cuestionario de salud, al considerar que las patologías degenerativas determinantes de la incapacidad fueron diagnosticadas con posterioridad a la contratación.

Por ello, confirmó la obligación de la aseguradora de abonar la prestación prevista en la póliza, junto con los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

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martes, 10 de noviembre de 2026

Abogado reclamar indemnización fallo alarma: Sentencia

abogado reclamar indemnización fallo alarma

¿La empresa de seguridad no actuó correctamente ante un salto de alarma y el robo ocasionó daños que podrían haberse evitado? Un abogado reclamar indemnización fallo alarma puede analizar las circunstancias del servicio contratado, las actuaciones realizadas por la Central Receptora de Alarmas y la relación entre el posible incumplimiento y los daños reclamados. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid examina precisamente estas cuestiones y establece los criterios aplicados para determinar la responsabilidad de la empresa de seguridad en un caso concreto.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
  • Sección: 11.
  • Fecha: 29 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 276/2026.

Antecedentes 

La mercantil CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. (dedicada al alquiler y venta de vehículos industriales) tenía contratado con MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. un servicio de conexión y verificación de alarma y circuito cerrado de televisión (CCTV) con Central Receptora de Alarmas (CRA) para su nave en Fuenlabrada (Madrid).

El establecimiento contaba con una póliza de seguro multirriesgo contratada con SEGUROS BILBAO (posteriormente OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS).

Durante la madrugada del 22 de junio de 2019, personas desconocidas accedieron al recinto tras cortar la valla perimetral y desmontaron durante varias horas diversos componentes de numerosos vehículos (catalizadores, sensores y filtros de partículas), así como de un furgón en depósito.

A pesar de registrarse cinco saltos de alarma entre las 21:24 horas del 21 de junio y las 00:51 horas del 22 de junio, el operador de la CRA de PROSEGUR se conectó a las cámaras de forma progresiva y comunicó al cliente que todo era correcto, omitiendo enviar servicio de seguridad o avisar a la policía.

Los daños totales ocasionados en el siniestro ascendieron a 64.212,99 euros.

La aseguradora OCCIDENT GCO indemnizó a CINSA con 25.434,25 euros tras aplicar la regla de infraseguro y las franquicias contratadas.

Posteriormente, ambas entidades presentaron demanda contra MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L.: la aseguradora en ejercicio de la acción de repetición por los 25.434,25 euros abonados, y CINSA reclamando 38.778,74 euros por los daños no cubiertos, alegando un incumplimiento contractual al amparo de los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 55, autos de juicio ordinario 1952/2022) dictó sentencia el 20 de diciembre de 2024 desestimando íntegramente la demanda y absolviendo a la empresa de seguridad, al entender que no se acreditó una negligencia suficiente al haberse registrado una sola señal de alarma no confirmada en el instante exacto del visionado.

Audiencia Provincial

Las demandantes interpusieron recurso de apelación denunciando un error en la valoración de la prueba y sosteniendo que las grabaciones confirmaban la presencia de intrusos en el intervalo directamente vinculado al salto de alarma.

La Sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado en parte el recurso de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centra en definir el estándar de diligencia exigible a una Central Receptora de Alarmas (CRA) en el cumplimiento de los servicios de videovigilancia y verificación bajo los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

El tribunal analiza si la verificación efectuada por el operador cumple sus deberes contractuales si se limita a observar la imagen en directo en el instante puntual de conexión a cada cámara, o si, por el contrario, la diligencia profesional exige revisar también las imágenes inmediatamente anteriores asociadas a la activación del evento de alarma.

Razonamiento del Tribunal

La Sala concluye que la empresa de seguridad incurrió en un cumplimiento defectuoso de sus obligaciones contractuales.

El tribunal razona que, dado que la CRA no visualiza simultáneamente todas las cámaras, sino que accede a ellas de forma sucesiva, pueden transcurrir segundos o minutos entre la activación de la señal y la conexión efectiva.

Por ello, el mero hecho de no apreciar extraños en el instante preciso en que el operador mira la pantalla no excusa a la entidad.

El tribunal determina que una comprobación rigurosa exigía revisar las imágenes asociadas al intervalo de la activación.

Como las grabaciones demostraron que la intrusión era perfectamente detectable en ese lapso, la verificación fue insuficiente, lo que impidió dar la alarma por confirmada y avisar a las fuerzas de seguridad.

En la fijación del quantum indemnizatorio, la Sala analiza el nexo causal de cada concepto: excluye el coste de reparación de la valla perimetral (120 euros) por ser un daño que no deriva del fallo del operador, aplica las correspondientes depreciaciones por antigüedad al ajuar industrial y reduce la indemnización a la aseguradora a 24.946,11 euros, reconociendo asimismo a CINSA la suma de 5.422,79 euros por los daños en un vehículo de tercero en depósito.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Una comprobación diligente del evento exigía revisar también las imágenes inmediatamente anteriores vinculadas en el tiempo a la activación de la alarma, en particular cuando el sistema estaba contratado para la verificación de alarmas mediante señales de vídeo.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS y CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., revocando en parte la sentencia de primera instancia.

La Sala condena a MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. a abonar:

  1. La cantidad de 24.946,11 euros a OCCIDENT GCO.
  2. La cantidad de 5.422,79 euros a CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., más los intereses legales desde la interpelación judicial.

No se realiza especial imposición de las costas procesales de ninguna de las dos instancias.  

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la falta de comprobación adecuada de las imágenes asociadas al salto de alarma supuso un cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales de la empresa de seguridad.

La responsabilidad y las cantidades reconocidas quedaron determinadas en función del nexo causal acreditado y de las circunstancias concretas examinadas por el tribunal.

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abogado reclamar indemnización fallo alarma

¿La empresa de seguridad no actuó correctamente ante un salto de alarma y el robo ocasionó daños que podrían haberse evitado? Un abogado reclamar indemnización fallo alarma puede analizar las circunstancias del servicio contratado, las actuaciones realizadas por la Central Receptora de Alarmas y la relación entre el posible incumplimiento y los daños reclamados. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid examina precisamente estas cuestiones y establece los criterios aplicados para determinar la responsabilidad de la empresa de seguridad en un caso concreto.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
  • Sección: 11.
  • Fecha: 29 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 276/2026.

Antecedentes 

La mercantil CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. (dedicada al alquiler y venta de vehículos industriales) tenía contratado con MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. un servicio de conexión y verificación de alarma y circuito cerrado de televisión (CCTV) con Central Receptora de Alarmas (CRA) para su nave en Fuenlabrada (Madrid).

El establecimiento contaba con una póliza de seguro multirriesgo contratada con SEGUROS BILBAO (posteriormente OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS).

Durante la madrugada del 22 de junio de 2019, personas desconocidas accedieron al recinto tras cortar la valla perimetral y desmontaron durante varias horas diversos componentes de numerosos vehículos (catalizadores, sensores y filtros de partículas), así como de un furgón en depósito.

A pesar de registrarse cinco saltos de alarma entre las 21:24 horas del 21 de junio y las 00:51 horas del 22 de junio, el operador de la CRA de PROSEGUR se conectó a las cámaras de forma progresiva y comunicó al cliente que todo era correcto, omitiendo enviar servicio de seguridad o avisar a la policía.

Los daños totales ocasionados en el siniestro ascendieron a 64.212,99 euros.

La aseguradora OCCIDENT GCO indemnizó a CINSA con 25.434,25 euros tras aplicar la regla de infraseguro y las franquicias contratadas.

Posteriormente, ambas entidades presentaron demanda contra MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L.: la aseguradora en ejercicio de la acción de repetición por los 25.434,25 euros abonados, y CINSA reclamando 38.778,74 euros por los daños no cubiertos, alegando un incumplimiento contractual al amparo de los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 55, autos de juicio ordinario 1952/2022) dictó sentencia el 20 de diciembre de 2024 desestimando íntegramente la demanda y absolviendo a la empresa de seguridad, al entender que no se acreditó una negligencia suficiente al haberse registrado una sola señal de alarma no confirmada en el instante exacto del visionado.

Audiencia Provincial

Las demandantes interpusieron recurso de apelación denunciando un error en la valoración de la prueba y sosteniendo que las grabaciones confirmaban la presencia de intrusos en el intervalo directamente vinculado al salto de alarma.

La Sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado en parte el recurso de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centra en definir el estándar de diligencia exigible a una Central Receptora de Alarmas (CRA) en el cumplimiento de los servicios de videovigilancia y verificación bajo los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

El tribunal analiza si la verificación efectuada por el operador cumple sus deberes contractuales si se limita a observar la imagen en directo en el instante puntual de conexión a cada cámara, o si, por el contrario, la diligencia profesional exige revisar también las imágenes inmediatamente anteriores asociadas a la activación del evento de alarma.

Razonamiento del Tribunal

La Sala concluye que la empresa de seguridad incurrió en un cumplimiento defectuoso de sus obligaciones contractuales.

El tribunal razona que, dado que la CRA no visualiza simultáneamente todas las cámaras, sino que accede a ellas de forma sucesiva, pueden transcurrir segundos o minutos entre la activación de la señal y la conexión efectiva.

Por ello, el mero hecho de no apreciar extraños en el instante preciso en que el operador mira la pantalla no excusa a la entidad.

El tribunal determina que una comprobación rigurosa exigía revisar las imágenes asociadas al intervalo de la activación.

Como las grabaciones demostraron que la intrusión era perfectamente detectable en ese lapso, la verificación fue insuficiente, lo que impidió dar la alarma por confirmada y avisar a las fuerzas de seguridad.

En la fijación del quantum indemnizatorio, la Sala analiza el nexo causal de cada concepto: excluye el coste de reparación de la valla perimetral (120 euros) por ser un daño que no deriva del fallo del operador, aplica las correspondientes depreciaciones por antigüedad al ajuar industrial y reduce la indemnización a la aseguradora a 24.946,11 euros, reconociendo asimismo a CINSA la suma de 5.422,79 euros por los daños en un vehículo de tercero en depósito.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Una comprobación diligente del evento exigía revisar también las imágenes inmediatamente anteriores vinculadas en el tiempo a la activación de la alarma, en particular cuando el sistema estaba contratado para la verificación de alarmas mediante señales de vídeo.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS y CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., revocando en parte la sentencia de primera instancia.

La Sala condena a MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. a abonar:

  1. La cantidad de 24.946,11 euros a OCCIDENT GCO.
  2. La cantidad de 5.422,79 euros a CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., más los intereses legales desde la interpelación judicial.

No se realiza especial imposición de las costas procesales de ninguna de las dos instancias.  

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la falta de comprobación adecuada de las imágenes asociadas al salto de alarma supuso un cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales de la empresa de seguridad.

La responsabilidad y las cantidades reconocidas quedaron determinadas en función del nexo causal acreditado y de las circunstancias concretas examinadas por el tribunal.

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