Abogado reclamar indemnización seguro robo hogar Barcelona Si le han denegado la cobertura tras un robo en su vivienda, conviene revisar la póliza y las circunstancias del siniestro. Un abogado reclamar indemnizacion seguro robo hogar Barcelona puede analizar la viabilidad de la reclamación por equipos y otros bienes asegurados. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal y Provincia: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección: 13. Fecha de la Sentencia: 10 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 873/2025. Antecedentes El Sr. Plácido tenía contratada una póliza de seguro de hogar con la compañía Ocaso SA para su vivienda situada en Barcelona. El contrato incluía una cobertura específica contra el riesgo de robo para el contenido de la vivienda, con un límite asegurado de 20.000 €. El 25 de febrero de 2020, se produjo una sustracción ilegítima por parte de terceros en el domicilio asegurado. Entre los objetos robados se encontraba diverso material fotográfico. La aseguradora rechazó indemnizar el valor de dicho material alegando dos motivos: que el inmueble se dedicaba a una actividad profesional (fotografía) no declarada y que, según su definición de “contenido”, el material fotográfico profesional estaba excluido de la garantía. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Barcelona dictó sentencia el 26 de abril de 2023. El juez estimó parcialmente la demanda del asegurado y condenó a Ocaso SA al pago de 9.002,30 €, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). Audiencia Provincial La aseguradora interpuso recurso de apelación solicitando la desestimación total de la demanda por falta de cobertura o, subsidiariamente, la reducción de la cuantía por pluspetición. Por su parte, el demandante impugnó la sentencia inicial únicamente para solicitar que se impusieran las costas de la primera instancia a la aseguradora. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si las cláusulas que excluyen determinados bienes (como el material profesional) en una póliza de hogar son cláusulas oscuras y si cumplen con los requisitos de transparencia del artículo 3 de la LCS. El tribunal debió resolver si, ante la falta de claridad en la redacción de la aseguradora, prevalece la interpretación literal o la más favorable al asegurado, y si se probó que el uso del material robado fuera exclusivamente profesional para justificar la exclusión. Razonamiento del Tribunal La Sala confirmó la cobertura del siniestro pero ajustó la cuantía indemnizatoria basándose en los siguientes argumentos: Interpretación “pro consumidore”: El contrato de seguro, al ser de adhesión, no admite interpretaciones que perjudiquen al asegurado. Las cláusulas oscuras deben interpretarse siempre a favor de este (art. 1288 del Código Civil). Destino de la vivienda: No se aportó prueba alguna de que el Sr. Plácido ejerciera la profesión de fotógrafo en el inmueble. Se acreditó que la vivienda cumplía su función primordial de satisfacer la necesidad de residencia permanente del asegurado. Ambigüedad en la definición de contenido: La póliza aseguraba “enseres propios y característicos de una vivienda”. El tribunal determinó que esto incluye bienes muebles transportables y que no existía una exclusión expresa, clara y destacada para el material que pudiera dedicarse también a una actividad profesional. Ajuste de la cuantía: El tribunal acogió el argumento de pluspetición de la aseguradora. Tras valorar la única prueba pericial aportada, aplicó una depreciación del 10% sobre los objetos, fijando la indemnización final en 8.192,57 €. “cuando de la interpretación de cláusulas oscuras se trata, debe realizarse la exégesis más favorable al asegurado”. Decisión del Tribunal El tribunal estimó parcialmente el recurso de apelación de Ocaso SA y desestimó la impugnación del demandante. La sentencia de instancia fue revocada únicamente para reducir la condena a 8.192,57 €, manteniendo el resto de pronunciamientos. No se hizo imposición de costas en la apelación al haber una estimación parcial, pero se impusieron al demandante las costas derivadas de su impugnación fallida. Conclusión La aseguradora no puede excluir de la cobertura de robo bienes muebles que forman parte del ajuar doméstico (como equipos fotográficos u ordenadores) basándose en cláusulas imprecisas o genéricas sobre el uso profesional; ante la falta de claridad y resalte de tales limitaciones, los tribunales aplicarán siempre la interpretación más favorable al asegurado. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar indemnización seguro robo hogar Barcelona first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/8AmES1a

Si le han denegado la cobertura tras un robo en su vivienda, conviene revisar la póliza y las circunstancias del siniestro. Un abogado reclamar indemnizacion seguro robo hogar Barcelona puede analizar la viabilidad de la reclamación por equipos y otros bienes asegurados.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal y Provincia: Audiencia Provincial de Barcelona.
• Sección: 13.
• Fecha de la Sentencia: 10 de diciembre de 2025. 
• Nº de Resolución: 873/2025.

 

Antecedentes

El Sr. Plácido tenía contratada una póliza de seguro de hogar con la compañía Ocaso SA para su vivienda situada en Barcelona.

El contrato incluía una cobertura específica contra el riesgo de robo para el contenido de la vivienda, con un límite asegurado de 20.000 €.

El 25 de febrero de 2020, se produjo una sustracción ilegítima por parte de terceros en el domicilio asegurado.

Entre los objetos robados se encontraba diverso material fotográfico.

La aseguradora rechazó indemnizar el valor de dicho material alegando dos motivos: que el inmueble se dedicaba a una actividad profesional (fotografía) no declarada y que, según su definición de “contenido”, el material fotográfico profesional estaba excluido de la garantía.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Barcelona dictó sentencia el 26 de abril de 2023.

El juez estimó parcialmente la demanda del asegurado y condenó a Ocaso SA al pago de 9.002,30 €, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

Audiencia Provincial 

La aseguradora interpuso recurso de apelación solicitando la desestimación total de la demanda por falta de cobertura o, subsidiariamente, la reducción de la cuantía por pluspetición.

Por su parte, el demandante impugnó la sentencia inicial únicamente para solicitar que se impusieran las costas de la primera instancia a la aseguradora.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si las cláusulas que excluyen determinados bienes (como el material profesional) en una póliza de hogar son cláusulas oscuras y si cumplen con los requisitos de transparencia del artículo 3 de la LCS.

El tribunal debió resolver si, ante la falta de claridad en la redacción de la aseguradora, prevalece la interpretación literal o la más favorable al asegurado, y si se probó que el uso del material robado fuera exclusivamente profesional para justificar la exclusión.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirmó la cobertura del siniestro pero ajustó la cuantía indemnizatoria basándose en los siguientes argumentos:

1. Interpretación “pro consumidore”: El contrato de seguro, al ser de adhesión, no admite interpretaciones que perjudiquen al asegurado. Las cláusulas oscuras deben interpretarse siempre a favor de este (art. 1288 del Código Civil).
2. Destino de la vivienda: No se aportó prueba alguna de que el Sr. Plácido ejerciera la profesión de fotógrafo en el inmueble. Se acreditó que la vivienda cumplía su función primordial de satisfacer la necesidad de residencia permanente del asegurado.
3. Ambigüedad en la definición de contenido: La póliza aseguraba “enseres propios y característicos de una vivienda”. El tribunal determinó que esto incluye bienes muebles transportables y que no existía una exclusión expresa, clara y destacada para el material que pudiera dedicarse también a una actividad profesional.
4. Ajuste de la cuantía: El tribunal acogió el argumento de pluspetición de la aseguradora. Tras valorar la única prueba pericial aportada, aplicó una depreciación del 10% sobre los objetos, fijando la indemnización final en 8.192,57 €.

“cuando de la interpretación de cláusulas oscuras se trata, debe realizarse la exégesis más favorable al asegurado”.

Decisión del Tribunal

El tribunal estimó parcialmente el recurso de apelación de Ocaso SA y desestimó la impugnación del demandante.

La sentencia de instancia fue revocada únicamente para reducir la condena a 8.192,57 €, manteniendo el resto de pronunciamientos.

No se hizo imposición de costas en la apelación al haber una estimación parcial, pero se impusieron al demandante las costas derivadas de su impugnación fallida.

Conclusión

La aseguradora no puede excluir de la cobertura de robo bienes muebles que forman parte del ajuar doméstico (como equipos fotográficos u ordenadores) basándose en cláusulas imprecisas o genéricas sobre el uso profesional; ante la falta de claridad y resalte de tales limitaciones, los tribunales aplicarán siempre la interpretación más favorable al asegurado.

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Abogado Reclama Indemnización Cierre Clínica Dental ¿Víctima del cierre repentino de su clínica? Un abogado reclamar indemnización cierre clínica dental recupera su dinero de Mapfre. El Tribunal Supremo confirma que este abandono negligente activa la póliza RC profesional. Lea la sentencia y conozca los detalles sobre este caso. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Madrid. Sección: 1. Fecha: 23 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 1948/2025. Antecedentes En marzo de 2015, D. Nazario contrató un tratamiento odontológico con la mercantil Dental Salud 2012, S.L. (clínica Funnydent) por un importe de 2.200 euros. El tratamiento se interrumpió abruptamente el 28 de enero de 2016, cuando la clínica cerró de forma repentina sus instalaciones sin haber finalizado los trabajos pactados. Posteriormente, la empresa titular fue declarada en concurso de acreedores. El paciente tuvo que continuar su tratamiento meses después en otro centro dental. La clínica tenía suscrita una póliza de responsabilidad civil profesional con la entidad Mapfre España S.A., que garantizaba el pago de indemnizaciones por daños corporales, materiales y perjuicios ocasionados a terceros en el ejercicio de su actividad. D. Nazario reclamó 7.500 euros por la pérdida de calidad de vida derivada del retraso en el tratamiento, el perjuicio moral y el estrés sufrido. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 73 de Madrid estimó íntegramente la demanda. El magistrado condenó a la aseguradora al pago de los 7.500 euros solicitados más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), al considerar que el cierre sin preaviso constituía una negligencia cubierta por la póliza. Audiencia Provincial La Sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso de Mapfre. Si bien confirmó que el riesgo estaba cubierto, redujo la indemnización a 1.560 euros al entender que el periodo de retraso imputable a la clínica no debía superar los 30 días, frente a los 150 días reclamados, por falta de prueba sobre la diligencia del actor para buscar otro centro. Tribunal Supremo Mapfre interpuso recurso de casación alegando que el cierre de un negocio es un riesgo ajeno a la responsabilidad profesional y que el incumplimiento contractual propio de un seguro de caución no puede ser cubierto por una póliza de responsabilidad civil. Cuestión Jurídica Principal La controversia se centró en determinar si el perjuicio causado a un paciente por la interrupción repentina de un tratamiento sanitario, debido al cierre del establecimiento sin adoptar medidas para su continuidad, tiene encaje en la cobertura de una póliza de responsabilidad civil profesional. El tribunal debió decidir si este hecho constituye una “mala praxis” empresarial y profesional o si se trata de un simple incumplimiento contractual patrimonial. Razonamiento del Tribunal El Tribunal Supremo desestimó el recurso de la aseguradora confirmando que los daños derivados del abandono del tratamiento son indemnizables bajo la póliza de RC. La Sala razonó que la clínica se había comprometido a una prestación de tracto continuado y que su cierre inesperado, sin avisar ni facilitar la transición a otra clínica, supuso una prestación defectuosa del servicio. El tribunal aclaró que no se están cubriendo daños propios de un seguro de caución (resarcimiento por incumplimiento legal o contractual), sino el perjuicio derivado de una omisión negligente de los directivos y empleados en el ejercicio de sus funciones. Esta conducta generó una pérdida de calidad de vida en el paciente que entra dentro del concepto de “daño” y “perjuicio” definido en el contrato de seguro. La ratio decidendi de la sentencia establece que: “el daño que se cubre en este caso es el perjuicio derivado de la mala praxis de la clínica, que ante la inminencia del cierre, con la consiguiente interrupción del tratamiento, no adoptó medida alguna”. Decisión del Tribunal El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por Mapfre España S.A.. La Sala confirmó el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, ratificando la condena a la aseguradora de abonar los 1.560 euros más los intereses del artículo 20 LCS y las costas del recurso. Conclusión La interrupción desordenada de un tratamiento médico por cierre repentino de la clínica sin medidas de continuidad constituye una negligencia profesional cuyos perjuicios deben ser cubiertos por el seguro de responsabilidad civil de la entidad. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclama Indemnización Cierre Clínica Dental first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/fYh2sWL

¿Víctima del cierre repentino de su clínica? Un abogado reclamar indemnización cierre clínica dental recupera su dinero de Mapfre. El Tribunal Supremo confirma que este abandono negligente activa la póliza RC profesional. Lea la sentencia y conozca los detalles sobre este caso.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Madrid. 
• Sección: 1.
• Fecha: 23 de diciembre de 2025. 
• Nº de Resolución: 1948/2025.

 

Antecedentes

En marzo de 2015, D. Nazario contrató un tratamiento odontológico con la mercantil Dental Salud 2012, S.L. (clínica Funnydent) por un importe de 2.200 euros.

El tratamiento se interrumpió abruptamente el 28 de enero de 2016, cuando la clínica cerró de forma repentina sus instalaciones sin haber finalizado los trabajos pactados.

Posteriormente, la empresa titular fue declarada en concurso de acreedores.

El paciente tuvo que continuar su tratamiento meses después en otro centro dental.

La clínica tenía suscrita una póliza de responsabilidad civil profesional con la entidad Mapfre España S.A., que garantizaba el pago de indemnizaciones por daños corporales, materiales y perjuicios ocasionados a terceros en el ejercicio de su actividad.

D. Nazario reclamó 7.500 euros por la pérdida de calidad de vida derivada del retraso en el tratamiento, el perjuicio moral y el estrés sufrido.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 73 de Madrid estimó íntegramente la demanda.

El magistrado condenó a la aseguradora al pago de los 7.500 euros solicitados más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), al considerar que el cierre sin preaviso constituía una negligencia cubierta por la póliza.

Audiencia Provincial 

La Sección 11.ª de la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso de Mapfre.

Si bien confirmó que el riesgo estaba cubierto, redujo la indemnización a 1.560 euros al entender que el periodo de retraso imputable a la clínica no debía superar los 30 días, frente a los 150 días reclamados, por falta de prueba sobre la diligencia del actor para buscar otro centro.

Tribunal Supremo 

Mapfre interpuso recurso de casación alegando que el cierre de un negocio es un riesgo ajeno a la responsabilidad profesional y que el incumplimiento contractual propio de un seguro de caución no puede ser cubierto por una póliza de responsabilidad civil.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centró en determinar si el perjuicio causado a un paciente por la interrupción repentina de un tratamiento sanitario, debido al cierre del establecimiento sin adoptar medidas para su continuidad, tiene encaje en la cobertura de una póliza de responsabilidad civil profesional.

El tribunal debió decidir si este hecho constituye una “mala praxis” empresarial y profesional o si se trata de un simple incumplimiento contractual patrimonial.

Razonamiento del Tribunal

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de la aseguradora confirmando que los daños derivados del abandono del tratamiento son indemnizables bajo la póliza de RC.

La Sala razonó que la clínica se había comprometido a una prestación de tracto continuado y que su cierre inesperado, sin avisar ni facilitar la transición a otra clínica, supuso una prestación defectuosa del servicio.

El tribunal aclaró que no se están cubriendo daños propios de un seguro de caución (resarcimiento por incumplimiento legal o contractual), sino el perjuicio derivado de una omisión negligente de los directivos y empleados en el ejercicio de sus funciones.

Esta conducta generó una pérdida de calidad de vida en el paciente que entra dentro del concepto de “daño” y “perjuicio” definido en el contrato de seguro.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“el daño que se cubre en este caso es el perjuicio derivado de la mala praxis de la clínica, que ante la inminencia del cierre, con la consiguiente interrupción del tratamiento, no adoptó medida alguna”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por Mapfre España S.A..

La Sala confirmó el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid, ratificando la condena a la aseguradora de abonar los 1.560 euros más los intereses del artículo 20 LCS y las costas del recurso.

Conclusión

La interrupción desordenada de un tratamiento médico por cierre repentino de la clínica sin medidas de continuidad constituye una negligencia profesional cuyos perjuicios deben ser cubiertos por el seguro de responsabilidad civil de la entidad.

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Abogado reclamar transferencia fraudulenta Jaén ¿Recibió un SMS falso de su banco y le robaron 15.000 € en minutos? La Audiencia Provincial de Jaén (sentencia 1528/2025) ha obligado a Unicaja a devolver el dinero por fallos en su sistema de alertas. Si busca un abogado reclamar transferencia fraudulenta, esta resolución judicial demuestra que los bancos deben responder ante fraudes por ciberestafas. Descubra el análisis completo. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Jaén. Sección: 1. Fecha: 19 de noviembre de 2025. Nº de Resolución: 1528/2025. Antecedentes El 23 de junio de 2022, el Sr. Carlos Jesús, cliente de Unicaja Banco, recibió un SMS en el hilo oficial de comunicación de la entidad informándole de que su cuenta había sido bloqueada y debía reactivarla a través de un enlace. Siguiendo las instrucciones, el cliente accedió al enlace e introdujo sus claves, facilitando sin saberlo la vinculación de un nuevo dispositivo a su banca a distancia por parte de un tercero. En apenas siete minutos, se realizaron seis transferencias fraudulentas de 2.500 euros cada una, sumando un total de 15.000 euros. El dinero fue enviado a una cuenta de Solaris Bank a nombre de un desconocido. Los demandantes (el Sr. Carlos Jesús y otros familiares titulares) reclamaron la restitución del capital sustraído. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Jaén estimó la demanda íntegramente. Declaró que el banco incumplió su deber de vigilancia y control sobre las transferencias y le condenó al pago de los 15.000 euros más intereses y costas. Audiencia Provincial Unicaja Banco interpuso recurso de apelación alegando que no hubo brecha de seguridad en sus sistemas y que el fraude se debió exclusivamente a la negligencia grave del cliente por facilitar sus claves personales y de seguridad tras acceder a un enlace sospechoso. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si la actuación del cliente, al ser engañado mediante la técnica de phishing (o SMS spoofing), constituye una negligencia grave que exonere de responsabilidad a la entidad financiera. El tribunal analizó el régimen de responsabilidad cuasi-objetiva de los proveedores de servicios de pago y la carga de la prueba, que obliga al banco a demostrar que el usuario actuó con fraude o negligencia grave para evitar el reembolso. Razonamiento del Tribunal La Sala confirmó la sentencia de instancia tras valorar que la técnica de fraude empleada era altamente sofisticada. Los puntos clave del razonamiento fueron: Apariencia de veracidad: El mensaje fraudulento entró por el mismo canal SMS habitual de Unicaja, lo que genera una confianza legítima en un usuario medio y reduce su nivel de alerta. Fallo en la detección de anomalías: La realización de seis transferencias idénticas en un intervalo tan corto de tiempo era una operativa absolutamente inusual para el cliente. La entidad debió contar con instrumentos idóneos para bloquear automáticamente la cuenta ante tales indicios de fraude. Inexistencia de negligencia grave: No se puede culpar al usuario con un “sesgo retrospectivo”; su conducta debe valorarse desde la óptica de quien cree estar operando en un entorno lícito y seguro proporcionado por su banco. La ratio decidendi de la sentencia establece que: “constituye obligación esencial de las entidades prestadoras del servicio de banca “on line” el dotarse de medidas suficientes que garanticen al usuario la seguridad de las operaciones por lo que, en el supuesto de insuficiencia o mal funcionamiento de las adoptadas, deben ser las entidades bancarias las que asuman las consecuencias derivadas de los fallos de seguridad del sistema”. Decisión del Tribunal El tribunal desestimó el recurso de apelación de Unicaja Banco y confirmó la sentencia de primera instancia en todos sus términos. La entidad financiera es condenada a devolver los 15.000 euros, los intereses devengados desde el fraude y a pagar las costas de ambas instancias. Conclusión La responsabilidad de la entidad bancaria en casos de phishing es cuasi-objetiva. El banco debe reintegrar los fondos sustraídos si sus sistemas de seguridad no detectaron la operativa inusual, salvo que pruebe una negligencia de especial intensidad en el cliente. No concurre negligencia grave cuando el engaño se produce a través de canales oficiales de comunicación del propio banco. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar transferencia fraudulenta Jaén first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/uS2oNng

¿Recibió un SMS falso de su banco y le robaron 15.000 € en minutos? La Audiencia Provincial de Jaén (sentencia 1528/2025) ha obligado a Unicaja a devolver el dinero por fallos en su sistema de alertas. Si busca un abogado reclamar transferencia fraudulenta, esta resolución judicial demuestra que los bancos deben responder ante fraudes por ciberestafas. Descubra el análisis completo.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Jaén.
• Sección: 1.
• Fecha: 19 de noviembre de 2025.
• Nº de Resolución: 1528/2025.

 

Antecedentes

El 23 de junio de 2022, el Sr. Carlos Jesús, cliente de Unicaja Banco, recibió un SMS en el hilo oficial de comunicación de la entidad informándole de que su cuenta había sido bloqueada y debía reactivarla a través de un enlace.

Siguiendo las instrucciones, el cliente accedió al enlace e introdujo sus claves, facilitando sin saberlo la vinculación de un nuevo dispositivo a su banca a distancia por parte de un tercero.

En apenas siete minutos, se realizaron seis transferencias fraudulentas de 2.500 euros cada una, sumando un total de 15.000 euros.

El dinero fue enviado a una cuenta de Solaris Bank a nombre de un desconocido.

Los demandantes (el Sr. Carlos Jesús y otros familiares titulares) reclamaron la restitución del capital sustraído.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Jaén estimó la demanda íntegramente.

Declaró que el banco incumplió su deber de vigilancia y control sobre las transferencias y le condenó al pago de los 15.000 euros más intereses y costas.

Audiencia Provincial

Unicaja Banco interpuso recurso de apelación alegando que no hubo brecha de seguridad en sus sistemas y que el fraude se debió exclusivamente a la negligencia grave del cliente por facilitar sus claves personales y de seguridad tras acceder a un enlace sospechoso.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si la actuación del cliente, al ser engañado mediante la técnica de phishing (o SMS spoofing), constituye una negligencia grave que exonere de responsabilidad a la entidad financiera.

El tribunal analizó el régimen de responsabilidad cuasi-objetiva de los proveedores de servicios de pago y la carga de la prueba, que obliga al banco a demostrar que el usuario actuó con fraude o negligencia grave para evitar el reembolso.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirmó la sentencia de instancia tras valorar que la técnica de fraude empleada era altamente sofisticada. Los puntos clave del razonamiento fueron:

1. Apariencia de veracidad: El mensaje fraudulento entró por el mismo canal SMS habitual de Unicaja, lo que genera una confianza legítima en un usuario medio y reduce su nivel de alerta.
2. Fallo en la detección de anomalías: La realización de seis transferencias idénticas en un intervalo tan corto de tiempo era una operativa absolutamente inusual para el cliente. La entidad debió contar con instrumentos idóneos para bloquear automáticamente la cuenta ante tales indicios de fraude.
3. Inexistencia de negligencia grave: No se puede culpar al usuario con un “sesgo retrospectivo”; su conducta debe valorarse desde la óptica de quien cree estar operando en un entorno lícito y seguro proporcionado por su banco.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“constituye obligación esencial de las entidades prestadoras del servicio de banca “on line” el dotarse de medidas suficientes que garanticen al usuario la seguridad de las operaciones por lo que, en el supuesto de insuficiencia o mal funcionamiento de las adoptadas, deben ser las entidades bancarias las que asuman las consecuencias derivadas de los fallos de seguridad del sistema”.

Decisión del Tribunal

El tribunal desestimó el recurso de apelación de Unicaja Banco y confirmó la sentencia de primera instancia en todos sus términos.

La entidad financiera es condenada a devolver los 15.000 euros, los intereses devengados desde el fraude y a pagar las costas de ambas instancias.

Conclusión

La responsabilidad de la entidad bancaria en casos de phishing es cuasi-objetiva. 

El banco debe reintegrar los fondos sustraídos si sus sistemas de seguridad no detectaron la operativa inusual, salvo que pruebe una negligencia de especial intensidad en el cliente.

No concurre negligencia grave cuando el engaño se produce a través de canales oficiales de comunicación del propio banco.

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Abogado anular seguro prima única hipoteca A Coruña ¿Le impusieron un seguro de prima única al contratar su hipoteca? La Audiencia Provincial de A Coruña (sentencia 442/2025) acaba de anular uno contra Banco Santander, condenándole a devolver 6.552,24 € más intereses. Si busca un abogado anular seguro prima única hipoteca A Coruña, esta victoria judicial demuestra que puede recuperar su dinero: continúe leyendo el análisis completo de esta sentencia. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de A Coruña (Sede en Santiago de Compostela). Sección: 6. Fecha: 2 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 442/2025. Antecedentes El 8 de septiembre de 2011, D. Jesús María suscribió un contrato de préstamo hipotecario con la entidad Banco Popular Español S.A (sucedida por Banco Santander S.A.). En la cláusula primera de la escritura, se incluyó una orden de transferencia por importe de 6.552,24 € destinada al pago de una prima de seguro de vida de amortización de crédito por fallecimiento a favor de la compañía EUROVIDA, S.A., perteneciente al mismo grupo económico del banco. Dicha cantidad no fue abonada en efectivo por el prestatario, sino que se detrajo directamente del capital del préstamo. Esto supuso que el consumidor, además de ver reducido el capital efectivamente percibido, se viera obligado a pagar intereses sobre el importe de la propia prima durante toda la vida de la hipoteca, incrementando notablemente el coste financiero de la operación. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Padrón dictó sentencia el 6 de agosto de 2024 estimando íntegramente la demanda. El juzgado declaró la nulidad de las cláusulas relativas al seguro de vida, los gastos hipotecarios y la cláusula suelo, condenando al banco a devolver los 6.552,24 € de la prima única más intereses legales. Audiencia Provincial Banco Santander interpuso recurso de apelación alegando, entre otros motivos, falta de interés legítimo (por haber vencido ya la póliza) y la licitud de la contratación del seguro como garantía adicional. El tribunal desestimó estos argumentos, señalando que lo que se juzga es la nulidad de la cláusula de imposición en el préstamo y no la póliza en sí. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si la cláusula que impone un seguro de vida de prima única financiada en el préstamo hipotecario constituye una condición general de la contratación abusiva por falta de transparencia. El tribunal analizó si la entidad bancaria cumplió con su deber de informar sobre la carga económica real de la operación y si permitió al consumidor la libre elección de aseguradora o de modalidades de pago más favorables, como la prima periódica anual. Razonamiento del Tribunal La Sala confirmó la nulidad de la cláusula al considerar probado que fue una imposición unilateral del banco sin negociación individualizada (art. 82.2 TRLGDCU). El tribunal destacó que el banco actuó como mediador de una aseguradora de su propio grupo, obteniendo un beneficio doble: la prima para su aseguradora y el cobro de intereses sobre esa prima financiada para el banco. El razonamiento se centró en los siguientes incumplimientos: Falta de transparencia formal: La obligación de contratar el seguro ni siquiera se redactó claramente en el contrato, camuflándose bajo una apariencia de “orden de transferencia”. Falta de transparencia material: No se informó al cliente del coste financiero real ni de la posibilidad de contratar el seguro de forma independiente con otras entidades. Desequilibrio contractual: La imposición de la prima única frente a la anual renovable resulta mucho más gravosa para el consumidor y solo beneficia a la entidad financiera. La ratio decidendi de la sentencia establece que: “Tras una aparente orden de transferencia se oculta un gasto financiero evidente que resulta de una condición financiera, por su estrecha vinculación al contrato de seguro. La ocultación es, pues, manifiesta”. Decisión del Tribunal El tribunal desestimó el recurso de apelación de Banco Santander S.A. y confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia. La resolución ratifica la obligación del banco de restituir la totalidad de la prima (6.552,24 €) con sus intereses legales desde el pago, al considerar que debe restablecerse la situación de hecho y de derecho como si la cláusula abusiva nunca hubiera existido. Asimismo, se impusieron las costas de la alzada a la entidad apelante. Conclusión Es nula por abusiva la imposición de un seguro de vida de prima única financiado dentro de un préstamo hipotecario cuando el banco no acredita una negociación individualizada ni informa transparentemente al consumidor sobre la carga económica de la operación y la posibilidad de contratar alternativas más ventajosas con otros proveedores. Consulte su caso ahora The post Abogado anular seguro prima única hipoteca A Coruña first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/ORgKMvQ

¿Le impusieron un seguro de prima única al contratar su hipoteca? La Audiencia Provincial de A Coruña (sentencia 442/2025) acaba de anular uno contra Banco Santander, condenándole a devolver 6.552,24 € más intereses. Si busca un abogado anular seguro prima única hipoteca A Coruña, esta victoria judicial demuestra que puede recuperar su dinero: continúe leyendo el análisis completo de esta sentencia.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de A Coruña (Sede en Santiago de Compostela).
• Sección: 6.
• Fecha: 2 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 442/2025.

Antecedentes

El 8 de septiembre de 2011, D. Jesús María suscribió un contrato de préstamo hipotecario con la entidad Banco Popular Español S.A (sucedida por Banco Santander S.A.).  

En la cláusula primera de la escritura, se incluyó una orden de transferencia por importe de 6.552,24 € destinada al pago de una prima de seguro de vida de amortización de crédito por fallecimiento a favor de la compañía EUROVIDA, S.A., perteneciente al mismo grupo económico del banco.

Dicha cantidad no fue abonada en efectivo por el prestatario, sino que se detrajo directamente del capital del préstamo.

Esto supuso que el consumidor, además de ver reducido el capital efectivamente percibido, se viera obligado a pagar intereses sobre el importe de la propia prima durante toda la vida de la hipoteca, incrementando notablemente el coste financiero de la operación.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Padrón dictó sentencia el 6 de agosto de 2024 estimando íntegramente la demanda.

El juzgado declaró la nulidad de las cláusulas relativas al seguro de vida, los gastos hipotecarios y la cláusula suelo, condenando al banco a devolver los 6.552,24 € de la prima única más intereses legales.

Audiencia Provincial 

Banco Santander interpuso recurso de apelación alegando, entre otros motivos, falta de interés legítimo (por haber vencido ya la póliza) y la licitud de la contratación del seguro como garantía adicional.

El tribunal desestimó estos argumentos, señalando que lo que se juzga es la nulidad de la cláusula de imposición en el préstamo y no la póliza en sí.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si la cláusula que impone un seguro de vida de prima única financiada en el préstamo hipotecario constituye una condición general de la contratación abusiva por falta de transparencia.

El tribunal analizó si la entidad bancaria cumplió con su deber de informar sobre la carga económica real de la operación y si permitió al consumidor la libre elección de aseguradora o de modalidades de pago más favorables, como la prima periódica anual.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirmó la nulidad de la cláusula al considerar probado que fue una imposición unilateral del banco sin negociación individualizada (art. 82.2 TRLGDCU).

El tribunal destacó que el banco actuó como mediador de una aseguradora de su propio grupo, obteniendo un beneficio doble: la prima para su aseguradora y el cobro de intereses sobre esa prima financiada para el banco.

El razonamiento se centró en los siguientes incumplimientos:

1. Falta de transparencia formal: La obligación de contratar el seguro ni siquiera se redactó claramente en el contrato, camuflándose bajo una apariencia de “orden de transferencia”.
2. Falta de transparencia material: No se informó al cliente del coste financiero real ni de la posibilidad de contratar el seguro de forma independiente con otras entidades.
3. Desequilibrio contractual: La imposición de la prima única frente a la anual renovable resulta mucho más gravosa para el consumidor y solo beneficia a la entidad financiera.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Tras una aparente orden de transferencia se oculta un gasto financiero evidente que resulta de una condición financiera, por su estrecha vinculación al contrato de seguro. La ocultación es, pues, manifiesta”.

Decisión del Tribunal

El tribunal desestimó el recurso de apelación de Banco Santander S.A. y confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.

La resolución ratifica la obligación del banco de restituir la totalidad de la prima (6.552,24 €) con sus intereses legales desde el pago, al considerar que debe restablecerse la situación de hecho y de derecho como si la cláusula abusiva nunca hubiera existido.

Asimismo, se impusieron las costas de la alzada a la entidad apelante.

Conclusión

Es nula por abusiva la imposición de un seguro de vida de prima única financiado dentro de un préstamo hipotecario cuando el banco no acredita una negociación individualizada ni informa transparentemente al consumidor sobre la carga económica de la operación y la posibilidad de contratar alternativas más ventajosas con otros proveedores.

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Abogado Reclamar Indemnizacion Seguro RC: Sentencia TS ¿Generali rechaza la indemnización por los daños causados por el incendio de un vecino? Un abogado reclamar indemnizacion seguro responsabilidad civil analiza la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a la aseguradora a pagar 66.387,48 €, pese a la existencia de vínculos societarios. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal y Provincia: Tribunal: Tribunal Supremo (Sede en Madrid). Fecha de la Sentencia: 27 de enero de 2026. Nº de Resolución: 72/2026. Antecedentes El 13 de septiembre de 2018, se produjo un incendio en las instalaciones de la empresa Castañas Barredo S.L., en O Barco (Ourense), en una nave destinada al almacenamiento de maquinaria y residuos de castañas. El fuego causó daños materiales de diversa consideración, afectando especialmente a una partida de pizarra propiedad de la empresa Porredo S.L., valorada en 66.387,48 euros. Dicha pizarra se encontraba almacenada en una explanada colindante, dentro de un recinto vallado compartido por tres mercantiles. Castañas Barredo tenía suscrita una póliza de responsabilidad civil con Generali España S.A., que cubría daños a terceros por incendios originados en sus instalaciones. No obstante, la aseguradora rechazó la indemnización alegando que Porredo S.L. no era un “tercero” al compartir socios y administrador con la asegurada, y que los bienes estaban bajo custodia de esta última. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Ponferrada desestimó la demanda interpuesta por Porredo S.L. La magistrada consideró que la demandante no era legalmente un tercero porque una misma persona poseía el 50% del capital de ambas sociedades y ejercía como administrador único de las dos. Audiencia Provincial La Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de León desestimó el recurso de apelación de la demandante. Declaró que las cláusulas que excluían la cobertura a empresas vinculadas eran delimitadoras del riesgo (no limitativas) y que, efectivamente, la demandante no tenía la condición de tercera. Tribunal Supremo La mercantil Porredo S.L. interpuso recurso de casación denunciando la infracción del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), alegando que la cláusula era limitativa y requería aceptación expresa. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si las cláusulas que definen quiénes no tienen la consideración de “terceros” en un seguro de responsabilidad civil son delimitadoras o limitativas. Asimismo, se analizó si el hecho de compartir un administrador común permite aplicar la teoría del levantamiento del velo para excluir la cobertura, a pesar de que la póliza solo mencionara expresamente a filiales, matrices o empresas del mismo grupo. Razonamiento del Tribunal El Tribunal Supremo estimó el recurso, aclarando que, aunque este tipo de cláusulas son delimitadoras del riesgo y no requieren las formalidades del art. 3 LCS, los tribunales de instancia realizaron una interpretación errónea y extensiva de las mismas: Naturaleza de la cláusula: Definir quién es tercero y qué bienes están cubiertos fija el objeto del seguro y no desnaturaliza el contrato, por lo que son cláusulas delimitadoras. Personalidad jurídica diferenciada: El tribunal reprochó que se aplicara el levantamiento del velo más allá de lo pactado. Las sociedades Porredo y Castañas Barredo no eran filiales ni matrices entre sí, ni formaban un grupo jurídico bajo el art. 42 del Código de Comercio. Insuficiencia del administrador común: La mera coincidencia de la persona del administrador no diluye la personalidad jurídica propia de cada sociedad ni constituye automáticamente un fraude o abuso. Ausencia de custodia: Se acreditó que la pizarra no estaba “en poder” ni bajo custodia de la asegurada, sino simplemente en un terreno colindante como parte de una actividad empresarial distinta. “lo pretende la cláusula en cuestión es evitar el fraude derivado de un abuso de personalidad jurídica y la mera coincidencia de la persona del administrador no constituye tal situación”. Decisión del Tribunal El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial y, asumiendo la instancia, estimó íntegramente la demanda. Condenó a Generali España S.A. a pagar a Porredo S.L. la suma de 66.387,48 euros, más los intereses del artículo 20 de la LCS. Se impusieron a la aseguradora las costas de la primera instancia. Conclusión Las cláusulas que definen quién es tercero en una póliza son delimitadoras, pero no permiten excluir la cobertura por la simple coincidencia de administradores si no concurren los supuestos expresos de vinculación societaria (filial/matriz) previstos en el contrato. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclamar Indemnizacion Seguro RC: Sentencia TS first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/kh6vlLb

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal y Provincia: Tribunal: Tribunal Supremo (Sede en Madrid).
• Fecha de la Sentencia: 27 de enero de 2026.
• Nº de Resolución: 72/2026.

 

Antecedentes

El 13 de septiembre de 2018, se produjo un incendio en las instalaciones de la empresa Castañas Barredo S.L., en O Barco (Ourense), en una nave destinada al almacenamiento de maquinaria y residuos de castañas.

El fuego causó daños materiales de diversa consideración, afectando especialmente a una partida de pizarra propiedad de la empresa Porredo S.L., valorada en 66.387,48 euros.

Dicha pizarra se encontraba almacenada en una explanada colindante, dentro de un recinto vallado compartido por tres mercantiles.

Castañas Barredo tenía suscrita una póliza de responsabilidad civil con Generali España S.A., que cubría daños a terceros por incendios originados en sus instalaciones.

No obstante, la aseguradora rechazó la indemnización alegando que Porredo S.L. no era un “tercero” al compartir socios y administrador con la asegurada, y que los bienes estaban bajo custodia de esta última.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Ponferrada desestimó la demanda interpuesta por Porredo S.L. La magistrada consideró que la demandante no era legalmente un tercero porque una misma persona poseía el 50% del capital de ambas sociedades y ejercía como administrador único de las dos.

Audiencia Provincial 

La Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de León desestimó el recurso de apelación de la demandante.

Declaró que las cláusulas que excluían la cobertura a empresas vinculadas eran delimitadoras del riesgo (no limitativas) y que, efectivamente, la demandante no tenía la condición de tercera.

Tribunal Supremo 

La mercantil Porredo S.L. interpuso recurso de casación denunciando la infracción del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), alegando que la cláusula era limitativa y requería aceptación expresa.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si las cláusulas que definen quiénes no tienen la consideración de “terceros” en un seguro de responsabilidad civil son delimitadoras o limitativas. Asimismo, se analizó si el hecho de compartir un administrador común permite aplicar la teoría del levantamiento del velo para excluir la cobertura, a pesar de que la póliza solo mencionara expresamente a filiales, matrices o empresas del mismo grupo.

Razonamiento del Tribunal

El Tribunal Supremo estimó el recurso, aclarando que, aunque este tipo de cláusulas son delimitadoras del riesgo y no requieren las formalidades del art. 3 LCS, los tribunales de instancia realizaron una interpretación errónea y extensiva de las mismas:

1. Naturaleza de la cláusula: Definir quién es tercero y qué bienes están cubiertos fija el objeto del seguro y no desnaturaliza el contrato, por lo que son cláusulas delimitadoras.
2. Personalidad jurídica diferenciada: El tribunal reprochó que se aplicara el levantamiento del velo más allá de lo pactado. Las sociedades Porredo y Castañas Barredo no eran filiales ni matrices entre sí, ni formaban un grupo jurídico bajo el art. 42 del Código de Comercio.
3. Insuficiencia del administrador común: La mera coincidencia de la persona del administrador no diluye la personalidad jurídica propia de cada sociedad ni constituye automáticamente un fraude o abuso.
4. Ausencia de custodia: Se acreditó que la pizarra no estaba “en poder” ni bajo custodia de la asegurada, sino simplemente en un terreno colindante como parte de una actividad empresarial distinta.

“lo pretende la cláusula en cuestión es evitar el fraude derivado de un abuso de personalidad jurídica y la mera coincidencia de la persona del administrador no constituye tal situación”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial y, asumiendo la instancia, estimó íntegramente la demanda.

Condenó a Generali España S.A. a pagar a Porredo S.L. la suma de 66.387,48 euros, más los intereses del artículo 20 de la LCS.

Se impusieron a la aseguradora las costas de la primera instancia.

Conclusión

Las cláusulas que definen quién es tercero en una póliza son delimitadoras, pero no permiten excluir la cobertura por la simple coincidencia de administradores si no concurren los supuestos expresos de vinculación societaria (filial/matriz) previstos en el contrato.

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Abogado Reclama Gastos Defensa Seguro D&O ¿Tu aseguradora se niega a cubrir los gastos de defensa en una póliza D&O? Un abogado reclamar gastos defensa seguro D&O analiza un caso en el que el Juzgado de A Coruña condenó a SegurCaixa a abonar 7.449 € por falta de actuación tras la notificación. Conozca la sentencia y los aspectos jurídicos más relevantes. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de A Coruña (Sede en Santiago de Compostela). Sección: 6. Fecha: 24 de noviembre de 2025. Nº de Resolución: 423/2025. Antecedentes El Sr. Ceferino, en su condición de administrador de la sociedad SEMCOR 3000 S.L., fue emplazado en mayo de 2017 en la pieza de calificación del concurso de acreedores de dicha mercantil. La sociedad contaba con una póliza de seguro de Responsabilidad Civil de Directivos (D&O) suscrita en 2013 con la entidad Segurcaixa Adeslas, que cubría expresamente los gastos de defensa jurídica de sus administradores. Tras el proceso concursal, el Sr. Ceferino resultó condenado al pago de 450.000 euros como indemnización por responsabilidad en el concurso culpable. El administrador reclamó a la aseguradora el reembolso de 7.449 euros correspondientes a los honorarios del letrado y procurador que tuvo que contratar para su defensa ante la pasividad de la compañía, que no asumió la dirección jurídica tras ser notificada de la reclamación. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Santiago de Compostela desestimó la demanda. La jueza consideró que no constaba que el asegurado hubiera comunicado el siniestro a la aseguradora para solicitar el servicio antes de contratar a sus propios profesionales, y que la reclamación de 2019 fue extemporánea por producirse tras el vencimiento de la póliza. Audiencia Provincial El Sr. Ceferino apeló la sentencia alegando que la reclamación sí fue comunicada en tiempo y forma mediante un burofax enviado el 25 de mayo de 2017 por la sociedad tomadora, y que existen sentencias firmes previas que ya habían validado la cobertura de la misma póliza para otros directivos en la misma pieza de calificación. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si el burofax remitido por la sociedad tomadora activó válidamente el deber de dirección jurídica de la aseguradora respecto a todos los directivos afectados. Asimismo, el tribunal debió resolver si la actitud omisiva de la compañía tras conocer la reclamación faculta al asegurado para designar libremente a sus profesionales y repercutir sus costes, incluso si no comunicó personalmente su decisión de defensa privada en ese momento inicial. Razonamiento del Tribunal La Audiencia Provincial revocó la sentencia de instancia basándose en los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. El tribunal razonó que: 1. Prejudicialidad de sentencias previas: Secciones anteriores de la misma Audiencia ya habían declarado firme que la póliza estaba vigente en mayo de 2017 y que la aseguradora debía cubrir a otro administrador de la misma empresa. Dos sentencias firmes de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 3ª de 12/5/22, proc. 888/20; Sección 4ª de 14/12/23, proc. 293/21) contra SegurCaixa Adeslas en casos idénticos sobre póliza de RC de directivos de SEMCOR 3000 S.L. (sección VI de calificación concursal) habían condenado a la aseguradora ante siniestros notificados en plazo. 2. Validez de la notificación: La aseguradora obtuvo un conocimiento pleno de que el Sr. Ceferino era un directivo asegurado y que existía una reclamación contra él en la sección de calificación, desentendiéndose totalmente del proceso. 3. Libre elección por pasividad: Según el art. 74 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), si la aseguradora no asume la dirección jurídica tras conocer el siniestro, el asegurado queda habilitado para contratar a sus propios profesionales. El tribunal subrayó que la iniciativa para ofrecer la defensa corresponde a la aseguradora y no al revés. “unos hechos idénticos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado, pues a ello se oponen principios elementales de lógica jurídica y extrajurídica”. Decisión del Tribunal El tribunal estimó el recurso de apelación y revocó la sentencia previa, condenando a Segurcaixa Adeslas a pagar al Sr. Ceferino 7.449 euros más los intereses legales desde la interposición de la demanda. No se impusieron los intereses punitivos del art. 20 LCS al existir dudas de hecho y de derecho justificadas por la complejidad del caso y la falta de acreditación del pago previo de las facturas. Asimismo, no se hizo imposición de costas en ninguna de las instancias debido a la “dejadez” inicial del demandante al no comunicar personalmente el siniestro hasta años después. Conclusión La aseguradora de una póliza D&O es responsable del reembolso de los gastos de defensa de un directivo cuando, habiendo tenido conocimiento efectivo de la reclamación judicial (aunque la notificación haya sido realizada por la sociedad tomadora), mantiene una actitud de desentendimiento total, permitiendo así que el asegurado designe profesionales de su confianza bajo el amparo del artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclama Gastos Defensa Seguro D&O first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/C8EMGTv

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de A Coruña (Sede en Santiago de Compostela).
• Sección: 6.
• Fecha: 24 de noviembre de 2025.
• Nº de Resolución: 423/2025.

 

Antecedentes

El Sr. Ceferino, en su condición de administrador de la sociedad SEMCOR 3000 S.L., fue emplazado en mayo de 2017 en la pieza de calificación del concurso de acreedores de dicha mercantil.

La sociedad contaba con una póliza de seguro de Responsabilidad Civil de Directivos (D&O) suscrita en 2013 con la entidad Segurcaixa Adeslas, que cubría expresamente los gastos de defensa jurídica de sus administradores.

Tras el proceso concursal, el Sr. Ceferino resultó condenado al pago de 450.000 euros como indemnización por responsabilidad en el concurso culpable.

El administrador reclamó a la aseguradora el reembolso de 7.449 euros correspondientes a los honorarios del letrado y procurador que tuvo que contratar para su defensa ante la pasividad de la compañía, que no asumió la dirección jurídica tras ser notificada de la reclamación.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Santiago de Compostela desestimó la demanda.

La jueza consideró que no constaba que el asegurado hubiera comunicado el siniestro a la aseguradora para solicitar el servicio antes de contratar a sus propios profesionales, y que la reclamación de 2019 fue extemporánea por producirse tras el vencimiento de la póliza.

Audiencia Provincial 

El Sr. Ceferino apeló la sentencia alegando que la reclamación sí fue comunicada en tiempo y forma mediante un burofax enviado el 25 de mayo de 2017 por la sociedad tomadora, y que existen sentencias firmes previas que ya habían validado la cobertura de la misma póliza para otros directivos en la misma pieza de calificación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si el burofax remitido por la sociedad tomadora activó válidamente el deber de dirección jurídica de la aseguradora respecto a todos los directivos afectados.

Asimismo, el tribunal debió resolver si la actitud omisiva de la compañía tras conocer la reclamación faculta al asegurado para designar libremente a sus profesionales y repercutir sus costes, incluso si no comunicó personalmente su decisión de defensa privada en ese momento inicial.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial revocó la sentencia de instancia basándose en los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. El tribunal razonó que:

1. Prejudicialidad de sentencias previas: 

Secciones anteriores de la misma Audiencia ya habían declarado firme que la póliza estaba vigente en mayo de 2017 y que la aseguradora debía cubrir a otro administrador de la misma empresa.

Dos sentencias firmes de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección 3ª de 12/5/22, proc. 888/20; Sección 4ª de 14/12/23, proc. 293/21) contra SegurCaixa Adeslas en casos idénticos sobre póliza de RC de directivos de SEMCOR 3000 S.L. (sección VI de calificación concursal) habían condenado a la aseguradora ante siniestros notificados en plazo.

2. Validez de la notificación: 

La aseguradora obtuvo un conocimiento pleno de que el Sr. Ceferino era un directivo asegurado y que existía una reclamación contra él en la sección de calificación, desentendiéndose totalmente del proceso.

3. Libre elección por pasividad: 

Según el art. 74 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), si la aseguradora no asume la dirección jurídica tras conocer el siniestro, el asegurado queda habilitado para contratar a sus propios profesionales.

El tribunal subrayó que la iniciativa para ofrecer la defensa corresponde a la aseguradora y no al revés.

“unos hechos idénticos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado, pues a ello se oponen principios elementales de lógica jurídica y extrajurídica”.

Decisión del Tribunal

El tribunal estimó el recurso de apelación y revocó la sentencia previa, condenando a Segurcaixa Adeslas a pagar al Sr. Ceferino 7.449 euros más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

No se impusieron los intereses punitivos del art. 20 LCS al existir dudas de hecho y de derecho justificadas por la complejidad del caso y la falta de acreditación del pago previo de las facturas. Asimismo, no se hizo imposición de costas en ninguna de las instancias debido a la “dejadez” inicial del demandante al no comunicar personalmente el siniestro hasta años después.

Conclusión

La aseguradora de una póliza D&O es responsable del reembolso de los gastos de defensa de un directivo cuando, habiendo tenido conocimiento efectivo de la reclamación judicial (aunque la notificación haya sido realizada por la sociedad tomadora), mantiene una actitud de desentendimiento total, permitiendo así que el asegurado designe profesionales de su confianza bajo el amparo del artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro.

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Abogado seguro colectivo: TS anula cláusula “claim made” ¿Sufrió daños por negligencia profesional y Caser niega la cobertura? Un abogado seguro colectivo logró que el Tribunal Supremo condene a la aseguradora a pagar 371.185€ al anular cláusula “claim made” por falta de transparencia. Descubra cómo reclamar su indemnización según esta sentencia. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil (Pleno). Fecha: 28 de enero de 2026. Nº de Resolución: 83/2026.º Antecedentes En el año 2007, la Sra. Sabina contrató a la abogada D.ª Palmira para gestionar una herencia y liquidar el impuesto de sucesiones correspondiente. La Sra. Sabina transfirió a la letrada 327.982,11 € para el pago del impuesto, pero la abogada no realizó el abono, lo que derivó en una condena penal por apropiación indebida y deslealtad profesional. Posteriormente, en 2010, una inspección tributaria de la Generalitat de Catalunya detectó el impago y una valoración incorrecta de bienes, resultando en un acta de conformidad firmada por la abogada sin informar a su cliente. Esto generó para la Sra. Sabina una deuda adicional de 44.185,05 € por recargos e intereses (segundo siniestro). La abogada estaba asegurada bajo una póliza colectiva de responsabilidad civil profesional suscrita por el ICAB (Colegio de la Abogacía de Barcelona) con la entidad Caser, con una cobertura ampliada que alcanzaba los 330.000 € en 2007 y 360.000 € en 2010. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 23 de Barcelona estimó parcialmente la demanda. Condenó a Caser por el segundo siniestro (2010) al estar la póliza vigente, pero la absolvió del primero (2007) al considerar que la actuación dolosa de la abogada estaba excluida de la cobertura. Audiencia Provincial La Sección 19.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona revocó la condena a la aseguradora y la absolvió totalmente. El tribunal consideró que el siniestro quedaba fuera de cobertura por la aplicación de una cláusula de delimitación temporal «claim made» (cláusula 5), puesto que la reclamación se realizó en 2015, cuando la abogada ya había causado baja en el colegio (noviembre de 2014) y la póliza ya no estaba vigente para ella. Tribunal Supremo La Sra. Sabina interpuso recurso de casación denunciando que la cláusula limitativa no le era oponible al no haber sido aceptada por la asegurada. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si una cláusula de delimitación temporal «claim made» en un seguro colectivo es oponible al asegurado y al perjudicado cuando, a pesar de estar destacada y aceptada por el tomador (el Colegio), no consta que el asegurador haya informado de ella individualmente al asegurado ni que este la haya aceptado por escrito mediante un boletín de adhesión o certificado individual. Razonamiento del Tribunal El Tribunal Supremo estimó el recurso basándose en la exigencia de transparencia del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS): Naturaleza limitativa: Las cláusulas claim made (que limitan la cobertura a reclamaciones hechas durante la vigencia de la póliza) son limitativas de derechos y deben estar resaltadas y aceptadas específicamente por escrito. Seguro colectivo y transparencia: En los seguros de grupo, la transparencia exige que el asegurador informe no solo al tomador (quien firma la póliza global), sino también a cada asegurado individual que se adhiere voluntariamente. Falta de prueba: En este caso, Caser no acreditó la existencia de un boletín de adhesión ni la expedición de un certificado individual donde se informara a la abogada de esta limitación temporal. Al no haber sido aceptada por la asegurada, la cláusula es nula e inoponible. La ratio decidendi de la sentencia establece que: “la exigencia de transparencia contractual impone la necesidad de que, en los seguros colectivos, el asegurador ponga en conocimiento, no sólo del tomador sino también del asegurado, las cláusulas limitativas con los requisitos del art. 3 LCS”. Decisión del Tribunal El Tribunal Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Provincial y, asumiendo la instancia, condenó a Caser a pagar: 328.500 € por el primer siniestro (límite de 330.000 € menos 1.500 € de franquicia). 42.685,05 € por el segundo siniestro (44.185,05 € menos 1.500 € de franquicia). Los intereses del artículo 20 LCS desde la primera reclamación (10 de febrero de 2015), al no apreciar causa justificada para el retraso en el pago. Conclusión En los seguros colectivos, las cláusulas limitativas como la claim made solo son válidas y oponibles si el asegurado individual las ha aceptado por escrito, habitualmente a través de un boletín de adhesión o certificado individual. La mera aceptación por parte del tomador del seguro no suple este requisito legal de transparencia frente al asegurado. Consulte su caso ahora The post Abogado seguro colectivo: TS anula cláusula “claim made” first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/DYeV1rx

¿Sufrió daños por negligencia profesional  y Caser niega la cobertura? Un abogado seguro colectivo logró que el Tribunal Supremo condene a la aseguradora a pagar 371.185€ al anular cláusula “claim made” por falta de transparencia. Descubra cómo reclamar su indemnización según esta sentencia.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil (Pleno). 
• Fecha: 28 de enero de 2026.
• Nº de Resolución: 83/2026.º

 

Antecedentes

En el año 2007, la Sra. Sabina contrató a la abogada D.ª Palmira para gestionar una herencia y liquidar el impuesto de sucesiones correspondiente.

La Sra. Sabina transfirió a la letrada 327.982,11 € para el pago del impuesto, pero la abogada no realizó el abono, lo que derivó en una condena penal por apropiación indebida y deslealtad profesional.

Posteriormente, en 2010, una inspección tributaria de la Generalitat de Catalunya detectó el impago y una valoración incorrecta de bienes, resultando en un acta de conformidad firmada por la abogada sin informar a su cliente.

Esto generó para la Sra. Sabina una deuda adicional de 44.185,05 € por recargos e intereses (segundo siniestro).

La abogada estaba asegurada bajo una póliza colectiva de responsabilidad civil profesional suscrita por el ICAB (Colegio de la Abogacía de Barcelona) con la entidad Caser, con una cobertura ampliada que alcanzaba los 330.000 € en 2007 y 360.000 € en 2010.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 23 de Barcelona estimó parcialmente la demanda. Condenó a Caser por el segundo siniestro (2010) al estar la póliza vigente, pero la absolvió del primero (2007) al considerar que la actuación dolosa de la abogada estaba excluida de la cobertura.

Audiencia Provincial 

La Sección 19.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona revocó la condena a la aseguradora y la absolvió totalmente.

El tribunal consideró que el siniestro quedaba fuera de cobertura por la aplicación de una cláusula de delimitación temporal «claim made» (cláusula 5), puesto que la reclamación se realizó en 2015, cuando la abogada ya había causado baja en el colegio (noviembre de 2014) y la póliza ya no estaba vigente para ella.

Tribunal Supremo 

La Sra. Sabina interpuso recurso de casación denunciando que la cláusula limitativa no le era oponible al no haber sido aceptada por la asegurada.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si una cláusula de delimitación temporal «claim made» en un seguro colectivo es oponible al asegurado y al perjudicado cuando, a pesar de estar destacada y aceptada por el tomador (el Colegio), no consta que el asegurador haya informado de ella individualmente al asegurado ni que este la haya aceptado por escrito mediante un boletín de adhesión o certificado individual.

Razonamiento del Tribunal

El Tribunal Supremo estimó el recurso basándose en la exigencia de transparencia del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS):

1. Naturaleza limitativa: Las cláusulas claim made (que limitan la cobertura a reclamaciones hechas durante la vigencia de la póliza) son limitativas de derechos y deben estar resaltadas y aceptadas específicamente por escrito.
2. Seguro colectivo y transparencia: En los seguros de grupo, la transparencia exige que el asegurador informe no solo al tomador (quien firma la póliza global), sino también a cada asegurado individual que se adhiere voluntariamente.
3. Falta de prueba: En este caso, Caser no acreditó la existencia de un boletín de adhesión ni la expedición de un certificado individual donde se informara a la abogada de esta limitación temporal. Al no haber sido aceptada por la asegurada, la cláusula es nula e inoponible.

La ratio decidendi de la sentencia establece que: 

“la exigencia de transparencia contractual impone la necesidad de que, en los seguros colectivos, el asegurador ponga en conocimiento, no sólo del tomador sino también del asegurado, las cláusulas limitativas con los requisitos del art. 3 LCS”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Provincial y, asumiendo la instancia, condenó a Caser a pagar:

• 328.500 € por el primer siniestro (límite de 330.000 € menos 1.500 € de franquicia).
• 42.685,05 € por el segundo siniestro (44.185,05 € menos 1.500 € de franquicia).
• Los intereses del artículo 20 LCS desde la primera reclamación (10 de febrero de 2015), al no apreciar causa justificada para el retraso en el pago.

Conclusión

En los seguros colectivos, las cláusulas limitativas como la claim made solo son válidas y oponibles si el asegurado individual las ha aceptado por escrito, habitualmente a través de un boletín de adhesión o certificado individual.

La mera aceptación por parte del tomador del seguro no suple este requisito legal de transparencia frente al asegurado.

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