lunes, 16 de noviembre de 2026

Abogado solicitar exoneración pasivo insatisfecho

abogado solicitar exoneración pasivo insatisfecho

¿Tiene deudas que no puede pagar y teme que su situación económica le impida acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad? Un abogado solicitar exoneración pasivo insatisfecho puede estudiar su situación financiera, las circunstancias en las que contrajo sus deudas y los requisitos legales aplicables para valorar si procede solicitar la exoneración. La Sentencia 534/2026 de la Audiencia Provincial de Salamanca analiza un caso en el que se concedió la exoneración a dos deudores y examina la relevancia de la buena fe y de la evaluación de solvencia por parte de las entidades financieras.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Salamanca.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 1 de septiembre de 2026.
  • Nº de Resolución: 534/2026.

Antecedentes 

El matrimonio integrado por D. Alexis y D.ª Modesta, con cargas familiares y sujeto al régimen económico de sociedad de gananciales, acumuló un pasivo insatisfecho con diversas entidades financieras por un importe total de 170.875,37 euros.

Los ingresos anuales estables del matrimonio rondaban los 26.000 euros en el caso del esposo y los 10.000 euros en el de la esposa.

Ante la progresiva disminución de ingresos y el encarecimiento de los gastos esenciales de la vida, los deudores acudieron a la contratación de sucesivos préstamos personales para poder sufragar sus necesidades vitales.

Entre las entidades financieras acreedoras se encontraba la mercantil SF CARREFOUR EFC, S.A., la cual concedió financiación a los deudores con cuotas mensuales que llegaban a superar sus ingresos reales, sin realizar un test o evaluación de solvencia patrimonial previa ni analizar sus condiciones laborales o patrimoniales.

Tras devenir insolventes, los deudores instaron el concurso de acreedores sin masa y solicitaron la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Salamanca (en funciones de Juzgado de lo Mercantil, autos de incidente concursal 1022/2023) dictó sentencia el 28 de mayo de 2025 estimando la demanda de oposición interpuesta por SF CARREFOUR EFC, S.A.

El juzgado de origen denegó la exoneración del pasivo insatisfecho al considerar no probada la buena fe ni el carácter fortuito del sobreendeudamiento, apreciando un endeudamiento irresponsable bajo el artículo 487.1, 6.º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

Audiencia Provincial

Alexis y D.ª Modesta interpusieron recurso de apelación denunciando error en la valoración probatoria, indebida inversión de la carga de la prueba y vulneración del principio de presunción de buena fe.

La Sección Única de la Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado el recurso de apelación, revocando íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia gira en torno a la interpretación de la excepción a la buena fe contenida en el artículo 487.1, 6.º del TRLC —tras la reforma introducida por la Ley 16/2022 en trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023—, relativa a la denegación de la exoneración cuando el deudor se hubiera comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento.

El tribunal analiza el nivel de negligencia exigible al deudor persona natural, determinando si una negligencia leve basta para impedir la exoneración o si se requiere dolo o culpa grave. Asimismo, la Sala pondera si la falta de evaluación de la solvencia del consumidor por parte del prestamista (artículo 14 de la Ley 16/2011) neutraliza la posible imprudencia del deudor y exige una interpretación restrictiva de las causas de exclusión del derecho a la segunda oportunidad.

Razonamiento del Tribunal

La Sala fundamenta su decisión en el cambio de paradigma instaurado por la Directiva (UE) 2019/1023 y la reforma concursal de 2022, según el cual la exoneración del pasivo insatisfecho se configura como un derecho del deudor persona natural de buena fe y no como un mero beneficio o privilegio.

Por ello, se parte de la presunción iuris tantum de buena fe del solicitante y las excepciones del artículo 487 TRLC deben aplicarse e interpretarse de forma restrictiva.

El tribunal precisa que para denegar la exoneración por sobreendeudamiento temerario o negligente (artículo 487.1, 6.º TRLC) no basta con apreciar una simple imprudencia o negligencia leve en la contratación de créditos.

Se exige una conducta dolosa o gravemente negligente, en parámetros equiparables al dolo o culpa grave exigidos para la calificación culpable del concurso (artículo 442 TRLC).

Asimismo, la Audiencia enfatiza que la conducta del deudor no puede analizarse de forma aislada, sino que debe ponerse en la balanza con el comportamiento del acreedor profesional.

Las entidades financieras están obligadas legalmente a evaluar en profundidad la solvencia del consumidor antes de conceder crédito (artículo 14 de la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo).

Cuando el prestamista otorga financiación irresponsable superando la capacidad de pago del cliente, incurre en una negligencia profesional que absorbe la imprudencia del deudor y le impide invocar la culpa de este para bloquear la exoneración.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“no basta con la apreciación de una negligencia leve en la conducta de los deudores al tiempo de contraer sus obligaciones, sino que la conducta mostrada por el deudor debe ser dolosa (consciencia) o gravemente negligente (culpable)”.

Adicionalmente, en relación con la función correctora de la exoneración sobre la concesión irresponsable de crédito, el tribunal remarca que:

“la exoneración del pasivo insatisfecho funge en la práctica como una suerte de sanción o corrección indirecta de la conducta negligente de quienes como las entidades financieras, por su actividad profesional cualificada, deben tener un grado de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes legales superior a la de los ciudadanos comunes”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Salamanca estima el recurso de apelación interpuesto por D. Alexis y D.ª Modesta y revoca íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Salamanca.

La Sala declara la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a favor de los concursados y acuerda la conclusión del concurso de acreedores por insuficiencia de masa activa, con el archivo de las actuaciones y sin hacer especial imposición sobre las costas procesales de ninguna de las dos instancias al concurrir serias dudas de hecho y de derecho.

Conclusión

La exoneración del pasivo insatisfecho permite que las personas físicas que cumplen los requisitos legales puedan solicitar la exoneración de determinadas deudas. La Sentencia 534/2026 de la Audiencia Provincial de Salamanca analiza cómo debe valorarse la conducta del deudor cuando se cuestiona su buena fe y qué relevancia puede tener la falta de evaluación de solvencia por parte de la entidad financiera.

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¿Tiene deudas que no puede pagar y teme que su situación económica le impida acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad? Un abogado solicitar exoneración pasivo insatisfecho puede estudiar su situación financiera, las circunstancias en las que contrajo sus deudas y los requisitos legales aplicables para valorar si procede solicitar la exoneración. La Sentencia 534/2026 de la Audiencia Provincial de Salamanca analiza un caso en el que se concedió la exoneración a dos deudores y examina la relevancia de la buena fe y de la evaluación de solvencia por parte de las entidades financieras.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Salamanca.
  • Sección: 1.
  • Fecha: 1 de septiembre de 2026.
  • Nº de Resolución: 534/2026.

Antecedentes 

El matrimonio integrado por D. Alexis y D.ª Modesta, con cargas familiares y sujeto al régimen económico de sociedad de gananciales, acumuló un pasivo insatisfecho con diversas entidades financieras por un importe total de 170.875,37 euros.

Los ingresos anuales estables del matrimonio rondaban los 26.000 euros en el caso del esposo y los 10.000 euros en el de la esposa.

Ante la progresiva disminución de ingresos y el encarecimiento de los gastos esenciales de la vida, los deudores acudieron a la contratación de sucesivos préstamos personales para poder sufragar sus necesidades vitales.

Entre las entidades financieras acreedoras se encontraba la mercantil SF CARREFOUR EFC, S.A., la cual concedió financiación a los deudores con cuotas mensuales que llegaban a superar sus ingresos reales, sin realizar un test o evaluación de solvencia patrimonial previa ni analizar sus condiciones laborales o patrimoniales.

Tras devenir insolventes, los deudores instaron el concurso de acreedores sin masa y solicitaron la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Salamanca (en funciones de Juzgado de lo Mercantil, autos de incidente concursal 1022/2023) dictó sentencia el 28 de mayo de 2025 estimando la demanda de oposición interpuesta por SF CARREFOUR EFC, S.A.

El juzgado de origen denegó la exoneración del pasivo insatisfecho al considerar no probada la buena fe ni el carácter fortuito del sobreendeudamiento, apreciando un endeudamiento irresponsable bajo el artículo 487.1, 6.º del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

Audiencia Provincial

Alexis y D.ª Modesta interpusieron recurso de apelación denunciando error en la valoración probatoria, indebida inversión de la carga de la prueba y vulneración del principio de presunción de buena fe.

La Sección Única de la Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado el recurso de apelación, revocando íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia gira en torno a la interpretación de la excepción a la buena fe contenida en el artículo 487.1, 6.º del TRLC —tras la reforma introducida por la Ley 16/2022 en trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023—, relativa a la denegación de la exoneración cuando el deudor se hubiera comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento.

El tribunal analiza el nivel de negligencia exigible al deudor persona natural, determinando si una negligencia leve basta para impedir la exoneración o si se requiere dolo o culpa grave. Asimismo, la Sala pondera si la falta de evaluación de la solvencia del consumidor por parte del prestamista (artículo 14 de la Ley 16/2011) neutraliza la posible imprudencia del deudor y exige una interpretación restrictiva de las causas de exclusión del derecho a la segunda oportunidad.

Razonamiento del Tribunal

La Sala fundamenta su decisión en el cambio de paradigma instaurado por la Directiva (UE) 2019/1023 y la reforma concursal de 2022, según el cual la exoneración del pasivo insatisfecho se configura como un derecho del deudor persona natural de buena fe y no como un mero beneficio o privilegio.

Por ello, se parte de la presunción iuris tantum de buena fe del solicitante y las excepciones del artículo 487 TRLC deben aplicarse e interpretarse de forma restrictiva.

El tribunal precisa que para denegar la exoneración por sobreendeudamiento temerario o negligente (artículo 487.1, 6.º TRLC) no basta con apreciar una simple imprudencia o negligencia leve en la contratación de créditos.

Se exige una conducta dolosa o gravemente negligente, en parámetros equiparables al dolo o culpa grave exigidos para la calificación culpable del concurso (artículo 442 TRLC).

Asimismo, la Audiencia enfatiza que la conducta del deudor no puede analizarse de forma aislada, sino que debe ponerse en la balanza con el comportamiento del acreedor profesional.

Las entidades financieras están obligadas legalmente a evaluar en profundidad la solvencia del consumidor antes de conceder crédito (artículo 14 de la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo).

Cuando el prestamista otorga financiación irresponsable superando la capacidad de pago del cliente, incurre en una negligencia profesional que absorbe la imprudencia del deudor y le impide invocar la culpa de este para bloquear la exoneración.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“no basta con la apreciación de una negligencia leve en la conducta de los deudores al tiempo de contraer sus obligaciones, sino que la conducta mostrada por el deudor debe ser dolosa (consciencia) o gravemente negligente (culpable)”.

Adicionalmente, en relación con la función correctora de la exoneración sobre la concesión irresponsable de crédito, el tribunal remarca que:

“la exoneración del pasivo insatisfecho funge en la práctica como una suerte de sanción o corrección indirecta de la conducta negligente de quienes como las entidades financieras, por su actividad profesional cualificada, deben tener un grado de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes legales superior a la de los ciudadanos comunes”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Salamanca estima el recurso de apelación interpuesto por D. Alexis y D.ª Modesta y revoca íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Salamanca.

La Sala declara la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho a favor de los concursados y acuerda la conclusión del concurso de acreedores por insuficiencia de masa activa, con el archivo de las actuaciones y sin hacer especial imposición sobre las costas procesales de ninguna de las dos instancias al concurrir serias dudas de hecho y de derecho.

Conclusión

La exoneración del pasivo insatisfecho permite que las personas físicas que cumplen los requisitos legales puedan solicitar la exoneración de determinadas deudas. La Sentencia 534/2026 de la Audiencia Provincial de Salamanca analiza cómo debe valorarse la conducta del deudor cuando se cuestiona su buena fe y qué relevancia puede tener la falta de evaluación de solvencia por parte de la entidad financiera.

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domingo, 15 de noviembre de 2026

Abogado recuperar dinero fraude bancario

abogado recuperar dinero fraude bancario

¿Ha realizado una transferencia bancaria por error y la entidad financiera se niega a facilitar la devolución del dinero? La Sentencia 1329/2026 del Tribunal Supremo analiza un supuesto en el que una transferencia de 28.500 euros fue ingresada por equivocación en una cuenta con un descubierto y el banco destinó parte de esos fondos a compensarlo. En situaciones de este tipo, un abogado recuperar dinero fraude bancario puede analizar las circunstancias de la operación, las comunicaciones realizadas al banco y las posibles vías jurídicas para reclamar la restitución de las cantidades que correspondan.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
  • Fecha: 1 de septiembre de 2026.
  • Nº de Resolución: 1329/2026.

Antecedentes 

El 21 de febrero de 2017, la entidad Bernelink S.L. ordenó una transferencia bancaria por importe de 28.500 euros desde su cuenta en Banco Caminos para abonar una factura a favor de D.ª Encarnación.

Sin embargo, al introducir los datos de la orden, la empresa cometió un error e indicó el número de IBAN correspondiente a la cuenta que la sociedad DIRECCION000 mantenía en la entidad Caixabank S.A., mercantil con la que la ordenante había mantenido relaciones comerciales con anterioridad.

En la fecha en que se recibió el traspaso de fondos, la cuenta de DIRECCION000 en Caixabank arrojaba un descubierto por importe de (-) 21.605,02 euros.

Al recibir la transferencia, Caixabank aplicó de forma automática los fondos para compensar el saldo deudor del titular, reteniendo en su favor 21.605,02 euros y dejando la cuenta con un saldo acreedor de 6.894,98 euros.

Al día siguiente (22 de febrero de 2017), Bernelink S.L. se percató de su equivocación y solicitó a través de Banco Caminos la inmediata retrocesión de la transferencia. CaixaBank rechazó la solicitud el 9 de marzo de 2017 alegando “saldo insuficiente”, y denegó una segunda petición en mayo señalando que no constaba orden expresa del titular de la cuenta.

Ante la negativa a devolver el dinero, Bernelink S.L. requirió formalmente mediante burofax tanto a la sociedad titular como a Caixabank para lograr el reintegro de lo cobrado indebidamente.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Telde (autos de juicio ordinario nº 776/2018) dictó la Sentencia nº 117/2019, de 27 de marzo, estimando parcialmente la demanda frente a DIRECCION000 (condenándola a restituir 6.894,98 euros) e íntegramente frente a Caixabank S.A.

El juzgado declaró la responsabilidad de la entidad financiera por el cobro de lo indebido (21.605,02 euros) y su obligación solidaria respecto a los 6.894,98 euros restantes por actuar con falta de diligencia profesional bajo los artículos 44 y 45 de la Ley 16/2009 de servicios de pago y el artículo 1902 del Código Civil.

Audiencia Provincial

CaixaBank S.A. interpuso recurso de apelación.

La Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas (rollo de apelación nº 865/2019) dictó la Sentencia nº 542/2022, de 20 de julio, desestimando el recurso y confirmando íntegramente la condena de primera instancia.

Tribunal Supremo

CaixaBank S.A. interpuso recurso de casación alegando que, conforme a la normativa de servicios de pago y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la entidad no responde por los errores del ordenante cuando la orden se ejecuta de acuerdo con el identificador único (IBAN) facilitado.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si la regla de exoneración de responsabilidad del proveedor de servicios de pago que ejecuta una orden conforme al identificador único (IBAN) —artículos 44 y 45 de la Ley 16/2009 de servicios de pago y artículo 59 del Real Decreto-ley 19/2018— exime a la entidad bancaria cuando, tras ser informada tempestivamente del error, aprovecha la transferencia ajena en su propio beneficio para compensar un descubierto del titular de la cuenta e impide la retrocesión de los fondos.

Razonamiento del Tribunal

La Sala de lo Civil aclara que, conforme a la legislación de servicios de pago y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 21 de marzo de 2019, Asunto C-245/18), la entidad bancaria cumple en principio su obligación ejecutando la orden según el IBAN proporcionado, sin que la inclusión de datos adicionales (como el nombre del beneficiario) le imponga un deber general de comprobación previa.

No obstante, el Tribunal Supremo enfatiza que esta exoneración técnica no ampara las actuaciones ulteriores del banco contrarias a la buena fe y a la diligencia mercantil.

Cuando la entidad colectora es notificada sin demora del error cometido, no puede utilizar dichos fondos para saldar un descubierto previo de su cliente en provecho propio.

Según el razonamiento recogido en la sentencia, esta actuación puede dar lugar a responsabilidad por cobro de lo indebido y por falta de diligencia (artículo 1895 del Código Civil) y una negligencia grave (artículo 1902 del Código Civil) por omitir los deberes de un ordenado y experto comerciante para facilitar la retrocesión y minimizar el daño.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Los arts. 44 y 45 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, liberan al proveedor de los servicios de pago de la responsabilidad que pudiera derivarse de una orden de pago correctamente realizada conforme al identificador único, aunque no coincida con el beneficiario designado por el ordenante, pero esa exoneración no se extiende a los daños y perjuicios derivados de una ulterior actuación que, por dolo o culpa, impida la recuperación del dinero objeto de la transferencia”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Caixabank S.A. y confirma en su totalidad la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Condena a la entidad financiera recurrente al pago de las costas procesales del recurso de casación y decreta la pérdida del depósito constituido para su interposición.

Para fijar su doctrina, la Sala cita expresamente las SSTS 507/2025 (de 27 de marzo) y 1733/2025 (de 27 de noviembre), la STS del Pleno 431/2020 (de 15 de julio), la STJUE de 21 de marzo de 2019 (Asunto C-245/18), y analiza las garantías introducidas por el Reglamento (UE) 2024/886 respecto al servicio de verificación de beneficiarios.

Conclusión

La ejecución de una transferencia bancaria conforme al IBAN libera al banco de verificar la coincidencia del nombre del destinatario, pero no le faculta para apropiarse de los fondos recibidos por error para saldar descubiertos de su cliente, obligándole a responder por cobro de lo indebido si deniega injustificadamente la retrocesión de la operación.

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¿Ha realizado una transferencia bancaria por error y la entidad financiera se niega a facilitar la devolución del dinero? La Sentencia 1329/2026 del Tribunal Supremo analiza un supuesto en el que una transferencia de 28.500 euros fue ingresada por equivocación en una cuenta con un descubierto y el banco destinó parte de esos fondos a compensarlo. En situaciones de este tipo, un abogado recuperar dinero fraude bancario puede analizar las circunstancias de la operación, las comunicaciones realizadas al banco y las posibles vías jurídicas para reclamar la restitución de las cantidades que correspondan.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
  • Fecha: 1 de septiembre de 2026.
  • Nº de Resolución: 1329/2026.

Antecedentes 

El 21 de febrero de 2017, la entidad Bernelink S.L. ordenó una transferencia bancaria por importe de 28.500 euros desde su cuenta en Banco Caminos para abonar una factura a favor de D.ª Encarnación.

Sin embargo, al introducir los datos de la orden, la empresa cometió un error e indicó el número de IBAN correspondiente a la cuenta que la sociedad DIRECCION000 mantenía en la entidad Caixabank S.A., mercantil con la que la ordenante había mantenido relaciones comerciales con anterioridad.

En la fecha en que se recibió el traspaso de fondos, la cuenta de DIRECCION000 en Caixabank arrojaba un descubierto por importe de (-) 21.605,02 euros.

Al recibir la transferencia, Caixabank aplicó de forma automática los fondos para compensar el saldo deudor del titular, reteniendo en su favor 21.605,02 euros y dejando la cuenta con un saldo acreedor de 6.894,98 euros.

Al día siguiente (22 de febrero de 2017), Bernelink S.L. se percató de su equivocación y solicitó a través de Banco Caminos la inmediata retrocesión de la transferencia. CaixaBank rechazó la solicitud el 9 de marzo de 2017 alegando “saldo insuficiente”, y denegó una segunda petición en mayo señalando que no constaba orden expresa del titular de la cuenta.

Ante la negativa a devolver el dinero, Bernelink S.L. requirió formalmente mediante burofax tanto a la sociedad titular como a Caixabank para lograr el reintegro de lo cobrado indebidamente.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Telde (autos de juicio ordinario nº 776/2018) dictó la Sentencia nº 117/2019, de 27 de marzo, estimando parcialmente la demanda frente a DIRECCION000 (condenándola a restituir 6.894,98 euros) e íntegramente frente a Caixabank S.A.

El juzgado declaró la responsabilidad de la entidad financiera por el cobro de lo indebido (21.605,02 euros) y su obligación solidaria respecto a los 6.894,98 euros restantes por actuar con falta de diligencia profesional bajo los artículos 44 y 45 de la Ley 16/2009 de servicios de pago y el artículo 1902 del Código Civil.

Audiencia Provincial

CaixaBank S.A. interpuso recurso de apelación.

La Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas (rollo de apelación nº 865/2019) dictó la Sentencia nº 542/2022, de 20 de julio, desestimando el recurso y confirmando íntegramente la condena de primera instancia.

Tribunal Supremo

CaixaBank S.A. interpuso recurso de casación alegando que, conforme a la normativa de servicios de pago y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la entidad no responde por los errores del ordenante cuando la orden se ejecuta de acuerdo con el identificador único (IBAN) facilitado.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si la regla de exoneración de responsabilidad del proveedor de servicios de pago que ejecuta una orden conforme al identificador único (IBAN) —artículos 44 y 45 de la Ley 16/2009 de servicios de pago y artículo 59 del Real Decreto-ley 19/2018— exime a la entidad bancaria cuando, tras ser informada tempestivamente del error, aprovecha la transferencia ajena en su propio beneficio para compensar un descubierto del titular de la cuenta e impide la retrocesión de los fondos.

Razonamiento del Tribunal

La Sala de lo Civil aclara que, conforme a la legislación de servicios de pago y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 21 de marzo de 2019, Asunto C-245/18), la entidad bancaria cumple en principio su obligación ejecutando la orden según el IBAN proporcionado, sin que la inclusión de datos adicionales (como el nombre del beneficiario) le imponga un deber general de comprobación previa.

No obstante, el Tribunal Supremo enfatiza que esta exoneración técnica no ampara las actuaciones ulteriores del banco contrarias a la buena fe y a la diligencia mercantil.

Cuando la entidad colectora es notificada sin demora del error cometido, no puede utilizar dichos fondos para saldar un descubierto previo de su cliente en provecho propio.

Según el razonamiento recogido en la sentencia, esta actuación puede dar lugar a responsabilidad por cobro de lo indebido y por falta de diligencia (artículo 1895 del Código Civil) y una negligencia grave (artículo 1902 del Código Civil) por omitir los deberes de un ordenado y experto comerciante para facilitar la retrocesión y minimizar el daño.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Los arts. 44 y 45 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, liberan al proveedor de los servicios de pago de la responsabilidad que pudiera derivarse de una orden de pago correctamente realizada conforme al identificador único, aunque no coincida con el beneficiario designado por el ordenante, pero esa exoneración no se extiende a los daños y perjuicios derivados de una ulterior actuación que, por dolo o culpa, impida la recuperación del dinero objeto de la transferencia”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por Caixabank S.A. y confirma en su totalidad la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Condena a la entidad financiera recurrente al pago de las costas procesales del recurso de casación y decreta la pérdida del depósito constituido para su interposición.

Para fijar su doctrina, la Sala cita expresamente las SSTS 507/2025 (de 27 de marzo) y 1733/2025 (de 27 de noviembre), la STS del Pleno 431/2020 (de 15 de julio), la STJUE de 21 de marzo de 2019 (Asunto C-245/18), y analiza las garantías introducidas por el Reglamento (UE) 2024/886 respecto al servicio de verificación de beneficiarios.

Conclusión

La ejecución de una transferencia bancaria conforme al IBAN libera al banco de verificar la coincidencia del nombre del destinatario, pero no le faculta para apropiarse de los fondos recibidos por error para saldar descubiertos de su cliente, obligándole a responder por cobro de lo indebido si deniega injustificadamente la retrocesión de la operación.

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jueves, 12 de noviembre de 2026

Abogado anular Credit Select: ¿Se puede reclamar?

abogado anular Credit Select

¿Ha contratado un producto Credit Select y considera que la estructura del préstamo, la inversión y el seguro no se correspondía con la información que recibió? Un abogado anular Credit Select puede estudiar los contratos suscritos, la documentación facilitada, las circunstancias de la comercialización y los posibles riesgos asumidos para valorar si existen fundamentos jurídicos para plantear una reclamación o solicitar la nulidad, según las circunstancias concretas del caso. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 27 de enero de 2026 analiza un producto de estas características y las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante.
  • Sección: 5.
  • Fecha: 27 de enero de 2026.
  • Nº de Resolución: 38/2026.

Antecedentes 

El 22 de febrero de 2006, D.ª Gregoria suscribió el producto financiero denominado “Credit Select Series 4”, el cual se estructuraba como un conjunto contractual complejo compuesto por tres partes interrelacionadas: un préstamo con garantía hipotecaria concedido por la entidad bancaria inglesa NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED por un importe de 1.834.050 euros (garantizado sobre la finca registral nº NUM001 de Callosa d’en Sarrià), una póliza de seguro de vida de la modalidad Unit-Linked contratada con Aspecta Assurance International Luxemburg (actualmente MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.) y la inversión de casi la totalidad del crédito en un fondo de alto riesgo (The Optima Series 2 Fund), cuyas participaciones quedaban pignoradas a favor de la prestamista.

La comercialización y mediación de este producto estructurado fue realizada por la entidad Ovidio, la cual carecía de autorización administrativa para prestar servicios de asesoramiento financiero y actuar como mediador de seguros, figurando incluso con una advertencia explícita de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

NM Rothschild & Sons Limited operaba como una entidad bancaria de inversión radicada en Inglaterra, sin sucursal abierta en España ni inscripción en el Banco de España, careciendo de autorización para operar en territorio español como entidad de crédito o empresa de servicios de inversión.

A la cliente se le presentó el producto mediante folletos publicitarios que lo calificaban de “ultracauteloso” y “100 % garantizado”, prometiéndole una renta vitalicia y ventajas fiscales, omitiendo cualquier explicación sobre el elevado riesgo de apalancamiento y la posibilidad de pérdida total del capital invertido.

En octubre de 2019, la prestamista comunicó a la cliente la apropiación del fondo y le reclamó una deuda restante de 709.475,24 euros, revelando el quebranto económico sufrido.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Benidorm (Plaza nº 5 / Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Benidorm, autos de juicio ordinario 966/2020) dictó la Sentencia nº 118/2023 el 22 de junio de 2023, estimando íntegramente la demanda promovida por D.ª Gregoria.

El juzgado declaró la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato “Credit Select 4” y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, dejando sin efecto la garantía hipotecaria constituida sobre la finca de Callosa d’en Sarrià e imponiendo las costas a las entidades demandadas.

Audiencia Provincial

Tanto NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED como MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A. interpusieron recursos de apelación solicitando la revocación del fallo de instancia.

Las apelantes alegaron caducidad y prescripción de la acción, negaron que el préstamo constituya un producto financiero complejo o que existiera una vinculación contractual entre las partes, y sostuvieron la inasumibilidad de la normativa sobre el mercado de valores al no disponer de sucursal en España.

La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado ambos recursos de apelación, confirmando la condena dictada en origen.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si el producto “Credit Select Series 4” constituye un instrumento financiero complejo integrado por negocios jurídicos conexos (préstamo hipotecario, seguro Unit-Linked y fondo de inversión pignorado) y si, en las circunstancias analizadas por la Audiencia Provincial, su comercialización e intermediación por parte de entidades que carecían de la autorización administrativa exigida vulneró normas imperativas y de orden público, con las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

Asimismo, se analiza si la acción estaba caducada o si el plazo de cuatro años del artículo 1301 del Código Civil debía computarse desde el momento en que la cliente tuvo conocimiento efectivo del perjuicio patrimonial.

Razonamiento del Tribunal

La Sala considera que el préstamo litigioso no constituía una operación de crédito aislada, sino que formaba parte de un negocio jurídico conexo e indivisible en el que el importe prestado se destinaba casi en su totalidad a un fondo de inversión pignorado.

En el caso analizado, la Audiencia Provincial calificó esta estructura como un instrumento financiero complejo sujeto a la normativa que consideró aplicable.

La Audiencia Provincial consideró que la intervención en la comercialización y concesión de estas operaciones por entidades e intermediarios que carecían de la autorización administrativa exigida suponía una infracción de normas imperativas y de orden público económico.

En atención a las circunstancias concretas del procedimiento, la Sala concluyó que dicha infracción determinaba la nulidad absoluta del entramado contractual conforme a los artículos 6.3 y 1261 del Código Civil.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“considera los contratos que nos ocupan como ilegales y, por tanto, radicalmente nulos, ya que las entidades carecían de autorización para actuar en España, puesto que no se limitaron a conceder un préstamo o crédito, tal y como afirman, sino que intervinieron en un entramado contractual complejo que comprendía un préstamo hipotecario y la inversión en un producto estructurado de alto riesgo.”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Alicante desestima los recursos de apelación interpuestos por NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED y MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., confirmando íntegramente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Benidorm.

Ratifica la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato Credit Select 4 y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, con la correspondiente cancelación de la garantía hipotecaria sobre el inmueble.

Impone a las apelantes el pago de las costas procesales causadas en la alzada.   

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Alicante consideró que el entramado contractual vinculado al producto Credit Select debía declararse nulo por las circunstancias concretas de su comercialización y por la intervención de entidades que, según la sentencia, carecían de la autorización administrativa exigida.

La Sala confirmó igualmente el criterio adoptado sobre el momento de inicio del cómputo del plazo de impugnación, atendiendo al conocimiento efectivo del perjuicio en ese procedimiento.

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abogado anular Credit Select

¿Ha contratado un producto Credit Select y considera que la estructura del préstamo, la inversión y el seguro no se correspondía con la información que recibió? Un abogado anular Credit Select puede estudiar los contratos suscritos, la documentación facilitada, las circunstancias de la comercialización y los posibles riesgos asumidos para valorar si existen fundamentos jurídicos para plantear una reclamación o solicitar la nulidad, según las circunstancias concretas del caso. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 27 de enero de 2026 analiza un producto de estas características y las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante.
  • Sección: 5.
  • Fecha: 27 de enero de 2026.
  • Nº de Resolución: 38/2026.

Antecedentes 

El 22 de febrero de 2006, D.ª Gregoria suscribió el producto financiero denominado “Credit Select Series 4”, el cual se estructuraba como un conjunto contractual complejo compuesto por tres partes interrelacionadas: un préstamo con garantía hipotecaria concedido por la entidad bancaria inglesa NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED por un importe de 1.834.050 euros (garantizado sobre la finca registral nº NUM001 de Callosa d’en Sarrià), una póliza de seguro de vida de la modalidad Unit-Linked contratada con Aspecta Assurance International Luxemburg (actualmente MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.) y la inversión de casi la totalidad del crédito en un fondo de alto riesgo (The Optima Series 2 Fund), cuyas participaciones quedaban pignoradas a favor de la prestamista.

La comercialización y mediación de este producto estructurado fue realizada por la entidad Ovidio, la cual carecía de autorización administrativa para prestar servicios de asesoramiento financiero y actuar como mediador de seguros, figurando incluso con una advertencia explícita de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

NM Rothschild & Sons Limited operaba como una entidad bancaria de inversión radicada en Inglaterra, sin sucursal abierta en España ni inscripción en el Banco de España, careciendo de autorización para operar en territorio español como entidad de crédito o empresa de servicios de inversión.

A la cliente se le presentó el producto mediante folletos publicitarios que lo calificaban de “ultracauteloso” y “100 % garantizado”, prometiéndole una renta vitalicia y ventajas fiscales, omitiendo cualquier explicación sobre el elevado riesgo de apalancamiento y la posibilidad de pérdida total del capital invertido.

En octubre de 2019, la prestamista comunicó a la cliente la apropiación del fondo y le reclamó una deuda restante de 709.475,24 euros, revelando el quebranto económico sufrido.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Benidorm (Plaza nº 5 / Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Benidorm, autos de juicio ordinario 966/2020) dictó la Sentencia nº 118/2023 el 22 de junio de 2023, estimando íntegramente la demanda promovida por D.ª Gregoria.

El juzgado declaró la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato “Credit Select 4” y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, dejando sin efecto la garantía hipotecaria constituida sobre la finca de Callosa d’en Sarrià e imponiendo las costas a las entidades demandadas.

Audiencia Provincial

Tanto NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED como MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A. interpusieron recursos de apelación solicitando la revocación del fallo de instancia.

Las apelantes alegaron caducidad y prescripción de la acción, negaron que el préstamo constituya un producto financiero complejo o que existiera una vinculación contractual entre las partes, y sostuvieron la inasumibilidad de la normativa sobre el mercado de valores al no disponer de sucursal en España.

La Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado ambos recursos de apelación, confirmando la condena dictada en origen.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si el producto “Credit Select Series 4” constituye un instrumento financiero complejo integrado por negocios jurídicos conexos (préstamo hipotecario, seguro Unit-Linked y fondo de inversión pignorado) y si, en las circunstancias analizadas por la Audiencia Provincial, su comercialización e intermediación por parte de entidades que carecían de la autorización administrativa exigida vulneró normas imperativas y de orden público, con las consecuencias jurídicas apreciadas por el tribunal.

Asimismo, se analiza si la acción estaba caducada o si el plazo de cuatro años del artículo 1301 del Código Civil debía computarse desde el momento en que la cliente tuvo conocimiento efectivo del perjuicio patrimonial.

Razonamiento del Tribunal

La Sala considera que el préstamo litigioso no constituía una operación de crédito aislada, sino que formaba parte de un negocio jurídico conexo e indivisible en el que el importe prestado se destinaba casi en su totalidad a un fondo de inversión pignorado.

En el caso analizado, la Audiencia Provincial calificó esta estructura como un instrumento financiero complejo sujeto a la normativa que consideró aplicable.

La Audiencia Provincial consideró que la intervención en la comercialización y concesión de estas operaciones por entidades e intermediarios que carecían de la autorización administrativa exigida suponía una infracción de normas imperativas y de orden público económico.

En atención a las circunstancias concretas del procedimiento, la Sala concluyó que dicha infracción determinaba la nulidad absoluta del entramado contractual conforme a los artículos 6.3 y 1261 del Código Civil.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“considera los contratos que nos ocupan como ilegales y, por tanto, radicalmente nulos, ya que las entidades carecían de autorización para actuar en España, puesto que no se limitaron a conceder un préstamo o crédito, tal y como afirman, sino que intervinieron en un entramado contractual complejo que comprendía un préstamo hipotecario y la inversión en un producto estructurado de alto riesgo.”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Alicante desestima los recursos de apelación interpuestos por NM ROTHSCHILD & SONS LIMITED y MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A., confirmando íntegramente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Benidorm.

Ratifica la nulidad de la escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato Credit Select 4 y de la póliza de seguro de vida Unit-Linked, con la correspondiente cancelación de la garantía hipotecaria sobre el inmueble.

Impone a las apelantes el pago de las costas procesales causadas en la alzada.   

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Alicante consideró que el entramado contractual vinculado al producto Credit Select debía declararse nulo por las circunstancias concretas de su comercialización y por la intervención de entidades que, según la sentencia, carecían de la autorización administrativa exigida.

La Sala confirmó igualmente el criterio adoptado sobre el momento de inicio del cómputo del plazo de impugnación, atendiendo al conocimiento efectivo del perjuicio en ese procedimiento.

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miércoles, 11 de noviembre de 2026

Abogado reclamar seguro incapacidad: ¿Cuándo procede?

abogado reclamar seguro incapacidad

¿La aseguradora ha rechazado el pago de un seguro de incapacidad alegando que las enfermedades que dieron lugar a la invalidez ya existían cuando contrató la póliza? Un abogado reclamar seguro incapacidad puede estudiar las condiciones del contrato, el cuestionario de salud, la documentación médica y los motivos de la negativa para valorar si existen fundamentos jurídicos para reclamar la prestación prevista en la póliza. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 22 de julio de 2026 analiza precisamente una controversia de estas características.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Murcia.
  • Sección: 4.
  • Fecha: 22 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 762/2026.

Antecedentes 

En noviembre de 2014, D. Fabio suscribió una póliza de seguro de vida e incapacidad absoluta y permanente con la entidad Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A..

La póliza definía la incapacidad asegurada como el estado fisiológico de disminución irreversible de la capacidad funcional que inhabilita por completo al asegurado para ejercer toda profesión u oficio.

Durante el proceso de contratación, el cuestionario médico se realizó mediante llamada telefónica y fue grabado por la compañía.

En enero de 2015, el asegurado fue declarado por la Seguridad Social en situación de incapacidad temporal.

Dicha baja derivó en abril de 2015 en una incapacidad permanente total y, finalmente, el 15 de octubre de 2015, en una incapacidad permanente absoluta tras solicitar una revisión de grado por empeoramiento.

Al activarse la garantía contratada, el asegurado reclamó el pago del capital indemnizable por importe de 102.008,69 euros.

Sin embargo, la aseguradora rehusó abonar la prestación alegando que D. Fabio no fue veraz al responder al cuestionario de salud previo, sosteniendo que las dolencias causantes de la incapacidad eran anteriores a la suscripción de la póliza.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Molina de Segura (autos de procedimiento ordinario 915/2019) dictó sentencia el 23 de abril de 2022 estimando íntegramente la demanda de D. Fabio.

El juzgado condenó a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. a abonar los 102.008,69 euros reclamados, más los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) desde la fecha del siniestro y las costas procesales.

Audiencia Provincial

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. interpuso recurso de apelación solicitando la revocación del fallo por supuesta inexactitud en el cuestionario de salud y reclamando subsidiariamente la no imposición de costas y la exención de los intereses moratorios.

La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la sentencia de primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica consiste en determinar si la existencia de patologías de carácter degenerativo no diagnosticadas al tiempo de cumplimentar el cuestionario de salud faculta a la aseguradora a rehusar el pago del seguro por inexactitud o dolo del tomador bajo el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro.

Asimismo, se analiza la eficacia del cuestionario de salud realizado telefónicamente y la procedencia de los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma plenamente la resolución de instancia al concluir que no cabe apreciar dolo ni culpa grave en la actuación del asegurado.

El tribunal destaca que la invalidez absoluta derivó de patologías fundamentalmente degenerativas cuyo diagnóstico médico formal se produjo con posterioridad a la firma del contrato. Por ello, no se puede exigir al paciente el conocimiento de enfermedades que aún no habían sido diagnosticadas.

En relación con el formato de la encuesta médica, la Audiencia enfatiza que, al haberse efectuado de forma telefónica y grabada por un empleado o intermediario de la aseguradora, la entidad dispuso de la oportunidad de solicitar aclaraciones, ampliar la información o someter al cliente a reconocimientos médicos antes de cobrar la prima. Al no hacerlo y dar por bueno el cuestionario, la aseguradora no puede liberarse posteriormente de sus obligaciones contractuales.

Por último, la Sala ratifica la imposición de los intereses del artículo 20 de la LCS al considerar injustificada la negativa de pago de la compañía.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la declaración de incapacidad permanente absoluta obedeció a unas patologías fundamentalmente degenerativas, diagnosticadas con posterioridad al cuestionario médico. Y aunque estas patologías pudiera preexistir ya a la celebración del contrato, no se puede exigir al asegurado su conocimiento sino estaba todavía diagnosticada, y si guarda conexión con patologías anteriores, entonces hay que partir de que estas fueron declaradas en su mayor parte, y en lo más relevante, por lo que no cabe apreciar dolo o culpa grave en el contratante.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso de apelación interpuesto por Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y confirma íntegramente la sentencia apelada del Juzgado de Molina de Segura.

Ratifica la condena a la aseguradora al abono de los 102.008,69 euros, más los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro, e impone a la entidad apelante las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Murcia concluyó que no concurría dolo ni culpa grave en la cumplimentación del cuestionario de salud, al considerar que las patologías degenerativas determinantes de la incapacidad fueron diagnosticadas con posterioridad a la contratación.

Por ello, confirmó la obligación de la aseguradora de abonar la prestación prevista en la póliza, junto con los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

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abogado reclamar seguro incapacidad

¿La aseguradora ha rechazado el pago de un seguro de incapacidad alegando que las enfermedades que dieron lugar a la invalidez ya existían cuando contrató la póliza? Un abogado reclamar seguro incapacidad puede estudiar las condiciones del contrato, el cuestionario de salud, la documentación médica y los motivos de la negativa para valorar si existen fundamentos jurídicos para reclamar la prestación prevista en la póliza. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 22 de julio de 2026 analiza precisamente una controversia de estas características.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Murcia.
  • Sección: 4.
  • Fecha: 22 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 762/2026.

Antecedentes 

En noviembre de 2014, D. Fabio suscribió una póliza de seguro de vida e incapacidad absoluta y permanente con la entidad Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A..

La póliza definía la incapacidad asegurada como el estado fisiológico de disminución irreversible de la capacidad funcional que inhabilita por completo al asegurado para ejercer toda profesión u oficio.

Durante el proceso de contratación, el cuestionario médico se realizó mediante llamada telefónica y fue grabado por la compañía.

En enero de 2015, el asegurado fue declarado por la Seguridad Social en situación de incapacidad temporal.

Dicha baja derivó en abril de 2015 en una incapacidad permanente total y, finalmente, el 15 de octubre de 2015, en una incapacidad permanente absoluta tras solicitar una revisión de grado por empeoramiento.

Al activarse la garantía contratada, el asegurado reclamó el pago del capital indemnizable por importe de 102.008,69 euros.

Sin embargo, la aseguradora rehusó abonar la prestación alegando que D. Fabio no fue veraz al responder al cuestionario de salud previo, sosteniendo que las dolencias causantes de la incapacidad eran anteriores a la suscripción de la póliza.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Molina de Segura (autos de procedimiento ordinario 915/2019) dictó sentencia el 23 de abril de 2022 estimando íntegramente la demanda de D. Fabio.

El juzgado condenó a Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. a abonar los 102.008,69 euros reclamados, más los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) desde la fecha del siniestro y las costas procesales.

Audiencia Provincial

Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. interpuso recurso de apelación solicitando la revocación del fallo por supuesta inexactitud en el cuestionario de salud y reclamando subsidiariamente la no imposición de costas y la exención de los intereses moratorios.

La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la sentencia de primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica consiste en determinar si la existencia de patologías de carácter degenerativo no diagnosticadas al tiempo de cumplimentar el cuestionario de salud faculta a la aseguradora a rehusar el pago del seguro por inexactitud o dolo del tomador bajo el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro.

Asimismo, se analiza la eficacia del cuestionario de salud realizado telefónicamente y la procedencia de los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma plenamente la resolución de instancia al concluir que no cabe apreciar dolo ni culpa grave en la actuación del asegurado.

El tribunal destaca que la invalidez absoluta derivó de patologías fundamentalmente degenerativas cuyo diagnóstico médico formal se produjo con posterioridad a la firma del contrato. Por ello, no se puede exigir al paciente el conocimiento de enfermedades que aún no habían sido diagnosticadas.

En relación con el formato de la encuesta médica, la Audiencia enfatiza que, al haberse efectuado de forma telefónica y grabada por un empleado o intermediario de la aseguradora, la entidad dispuso de la oportunidad de solicitar aclaraciones, ampliar la información o someter al cliente a reconocimientos médicos antes de cobrar la prima. Al no hacerlo y dar por bueno el cuestionario, la aseguradora no puede liberarse posteriormente de sus obligaciones contractuales.

Por último, la Sala ratifica la imposición de los intereses del artículo 20 de la LCS al considerar injustificada la negativa de pago de la compañía.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la declaración de incapacidad permanente absoluta obedeció a unas patologías fundamentalmente degenerativas, diagnosticadas con posterioridad al cuestionario médico. Y aunque estas patologías pudiera preexistir ya a la celebración del contrato, no se puede exigir al asegurado su conocimiento sino estaba todavía diagnosticada, y si guarda conexión con patologías anteriores, entonces hay que partir de que estas fueron declaradas en su mayor parte, y en lo más relevante, por lo que no cabe apreciar dolo o culpa grave en el contratante.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Murcia desestima el recurso de apelación interpuesto por Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y confirma íntegramente la sentencia apelada del Juzgado de Molina de Segura.

Ratifica la condena a la aseguradora al abono de los 102.008,69 euros, más los intereses moratorios del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro, e impone a la entidad apelante las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Murcia concluyó que no concurría dolo ni culpa grave en la cumplimentación del cuestionario de salud, al considerar que las patologías degenerativas determinantes de la incapacidad fueron diagnosticadas con posterioridad a la contratación.

Por ello, confirmó la obligación de la aseguradora de abonar la prestación prevista en la póliza, junto con los intereses de mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

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martes, 10 de noviembre de 2026

Abogado reclamar indemnización fallo alarma: Sentencia

abogado reclamar indemnización fallo alarma

¿La empresa de seguridad no actuó correctamente ante un salto de alarma y el robo ocasionó daños que podrían haberse evitado? Un abogado reclamar indemnización fallo alarma puede analizar las circunstancias del servicio contratado, las actuaciones realizadas por la Central Receptora de Alarmas y la relación entre el posible incumplimiento y los daños reclamados. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid examina precisamente estas cuestiones y establece los criterios aplicados para determinar la responsabilidad de la empresa de seguridad en un caso concreto.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
  • Sección: 11.
  • Fecha: 29 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 276/2026.

Antecedentes 

La mercantil CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. (dedicada al alquiler y venta de vehículos industriales) tenía contratado con MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. un servicio de conexión y verificación de alarma y circuito cerrado de televisión (CCTV) con Central Receptora de Alarmas (CRA) para su nave en Fuenlabrada (Madrid).

El establecimiento contaba con una póliza de seguro multirriesgo contratada con SEGUROS BILBAO (posteriormente OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS).

Durante la madrugada del 22 de junio de 2019, personas desconocidas accedieron al recinto tras cortar la valla perimetral y desmontaron durante varias horas diversos componentes de numerosos vehículos (catalizadores, sensores y filtros de partículas), así como de un furgón en depósito.

A pesar de registrarse cinco saltos de alarma entre las 21:24 horas del 21 de junio y las 00:51 horas del 22 de junio, el operador de la CRA de PROSEGUR se conectó a las cámaras de forma progresiva y comunicó al cliente que todo era correcto, omitiendo enviar servicio de seguridad o avisar a la policía.

Los daños totales ocasionados en el siniestro ascendieron a 64.212,99 euros.

La aseguradora OCCIDENT GCO indemnizó a CINSA con 25.434,25 euros tras aplicar la regla de infraseguro y las franquicias contratadas.

Posteriormente, ambas entidades presentaron demanda contra MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L.: la aseguradora en ejercicio de la acción de repetición por los 25.434,25 euros abonados, y CINSA reclamando 38.778,74 euros por los daños no cubiertos, alegando un incumplimiento contractual al amparo de los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 55, autos de juicio ordinario 1952/2022) dictó sentencia el 20 de diciembre de 2024 desestimando íntegramente la demanda y absolviendo a la empresa de seguridad, al entender que no se acreditó una negligencia suficiente al haberse registrado una sola señal de alarma no confirmada en el instante exacto del visionado.

Audiencia Provincial

Las demandantes interpusieron recurso de apelación denunciando un error en la valoración de la prueba y sosteniendo que las grabaciones confirmaban la presencia de intrusos en el intervalo directamente vinculado al salto de alarma.

La Sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado en parte el recurso de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centra en definir el estándar de diligencia exigible a una Central Receptora de Alarmas (CRA) en el cumplimiento de los servicios de videovigilancia y verificación bajo los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

El tribunal analiza si la verificación efectuada por el operador cumple sus deberes contractuales si se limita a observar la imagen en directo en el instante puntual de conexión a cada cámara, o si, por el contrario, la diligencia profesional exige revisar también las imágenes inmediatamente anteriores asociadas a la activación del evento de alarma.

Razonamiento del Tribunal

La Sala concluye que la empresa de seguridad incurrió en un cumplimiento defectuoso de sus obligaciones contractuales.

El tribunal razona que, dado que la CRA no visualiza simultáneamente todas las cámaras, sino que accede a ellas de forma sucesiva, pueden transcurrir segundos o minutos entre la activación de la señal y la conexión efectiva.

Por ello, el mero hecho de no apreciar extraños en el instante preciso en que el operador mira la pantalla no excusa a la entidad.

El tribunal determina que una comprobación rigurosa exigía revisar las imágenes asociadas al intervalo de la activación.

Como las grabaciones demostraron que la intrusión era perfectamente detectable en ese lapso, la verificación fue insuficiente, lo que impidió dar la alarma por confirmada y avisar a las fuerzas de seguridad.

En la fijación del quantum indemnizatorio, la Sala analiza el nexo causal de cada concepto: excluye el coste de reparación de la valla perimetral (120 euros) por ser un daño que no deriva del fallo del operador, aplica las correspondientes depreciaciones por antigüedad al ajuar industrial y reduce la indemnización a la aseguradora a 24.946,11 euros, reconociendo asimismo a CINSA la suma de 5.422,79 euros por los daños en un vehículo de tercero en depósito.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Una comprobación diligente del evento exigía revisar también las imágenes inmediatamente anteriores vinculadas en el tiempo a la activación de la alarma, en particular cuando el sistema estaba contratado para la verificación de alarmas mediante señales de vídeo.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS y CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., revocando en parte la sentencia de primera instancia.

La Sala condena a MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. a abonar:

  1. La cantidad de 24.946,11 euros a OCCIDENT GCO.
  2. La cantidad de 5.422,79 euros a CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., más los intereses legales desde la interpelación judicial.

No se realiza especial imposición de las costas procesales de ninguna de las dos instancias.  

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la falta de comprobación adecuada de las imágenes asociadas al salto de alarma supuso un cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales de la empresa de seguridad.

La responsabilidad y las cantidades reconocidas quedaron determinadas en función del nexo causal acreditado y de las circunstancias concretas examinadas por el tribunal.

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abogado reclamar indemnización fallo alarma

¿La empresa de seguridad no actuó correctamente ante un salto de alarma y el robo ocasionó daños que podrían haberse evitado? Un abogado reclamar indemnización fallo alarma puede analizar las circunstancias del servicio contratado, las actuaciones realizadas por la Central Receptora de Alarmas y la relación entre el posible incumplimiento y los daños reclamados. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid examina precisamente estas cuestiones y establece los criterios aplicados para determinar la responsabilidad de la empresa de seguridad en un caso concreto.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
  • Sección: 11.
  • Fecha: 29 de junio de 2026.
  • Nº de Resolución: 276/2026.

Antecedentes 

La mercantil CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L. (dedicada al alquiler y venta de vehículos industriales) tenía contratado con MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. un servicio de conexión y verificación de alarma y circuito cerrado de televisión (CCTV) con Central Receptora de Alarmas (CRA) para su nave en Fuenlabrada (Madrid).

El establecimiento contaba con una póliza de seguro multirriesgo contratada con SEGUROS BILBAO (posteriormente OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS).

Durante la madrugada del 22 de junio de 2019, personas desconocidas accedieron al recinto tras cortar la valla perimetral y desmontaron durante varias horas diversos componentes de numerosos vehículos (catalizadores, sensores y filtros de partículas), así como de un furgón en depósito.

A pesar de registrarse cinco saltos de alarma entre las 21:24 horas del 21 de junio y las 00:51 horas del 22 de junio, el operador de la CRA de PROSEGUR se conectó a las cámaras de forma progresiva y comunicó al cliente que todo era correcto, omitiendo enviar servicio de seguridad o avisar a la policía.

Los daños totales ocasionados en el siniestro ascendieron a 64.212,99 euros.

La aseguradora OCCIDENT GCO indemnizó a CINSA con 25.434,25 euros tras aplicar la regla de infraseguro y las franquicias contratadas.

Posteriormente, ambas entidades presentaron demanda contra MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L.: la aseguradora en ejercicio de la acción de repetición por los 25.434,25 euros abonados, y CINSA reclamando 38.778,74 euros por los daños no cubiertos, alegando un incumplimiento contractual al amparo de los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 55, autos de juicio ordinario 1952/2022) dictó sentencia el 20 de diciembre de 2024 desestimando íntegramente la demanda y absolviendo a la empresa de seguridad, al entender que no se acreditó una negligencia suficiente al haberse registrado una sola señal de alarma no confirmada en el instante exacto del visionado.

Audiencia Provincial

Las demandantes interpusieron recurso de apelación denunciando un error en la valoración de la prueba y sosteniendo que las grabaciones confirmaban la presencia de intrusos en el intervalo directamente vinculado al salto de alarma.

La Sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado en parte el recurso de apelación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centra en definir el estándar de diligencia exigible a una Central Receptora de Alarmas (CRA) en el cumplimiento de los servicios de videovigilancia y verificación bajo los artículos 1.101, 1.103 y 1.104 del Código Civil.

El tribunal analiza si la verificación efectuada por el operador cumple sus deberes contractuales si se limita a observar la imagen en directo en el instante puntual de conexión a cada cámara, o si, por el contrario, la diligencia profesional exige revisar también las imágenes inmediatamente anteriores asociadas a la activación del evento de alarma.

Razonamiento del Tribunal

La Sala concluye que la empresa de seguridad incurrió en un cumplimiento defectuoso de sus obligaciones contractuales.

El tribunal razona que, dado que la CRA no visualiza simultáneamente todas las cámaras, sino que accede a ellas de forma sucesiva, pueden transcurrir segundos o minutos entre la activación de la señal y la conexión efectiva.

Por ello, el mero hecho de no apreciar extraños en el instante preciso en que el operador mira la pantalla no excusa a la entidad.

El tribunal determina que una comprobación rigurosa exigía revisar las imágenes asociadas al intervalo de la activación.

Como las grabaciones demostraron que la intrusión era perfectamente detectable en ese lapso, la verificación fue insuficiente, lo que impidió dar la alarma por confirmada y avisar a las fuerzas de seguridad.

En la fijación del quantum indemnizatorio, la Sala analiza el nexo causal de cada concepto: excluye el coste de reparación de la valla perimetral (120 euros) por ser un daño que no deriva del fallo del operador, aplica las correspondientes depreciaciones por antigüedad al ajuar industrial y reduce la indemnización a la aseguradora a 24.946,11 euros, reconociendo asimismo a CINSA la suma de 5.422,79 euros por los daños en un vehículo de tercero en depósito.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Una comprobación diligente del evento exigía revisar también las imágenes inmediatamente anteriores vinculadas en el tiempo a la activación de la alarma, en particular cuando el sistema estaba contratado para la verificación de alarmas mediante señales de vídeo.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS y CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., revocando en parte la sentencia de primera instancia.

La Sala condena a MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS S.L. a abonar:

  1. La cantidad de 24.946,11 euros a OCCIDENT GCO.
  2. La cantidad de 5.422,79 euros a CINSA VEHÍCULOS INDUSTRIALES S.L., más los intereses legales desde la interpelación judicial.

No se realiza especial imposición de las costas procesales de ninguna de las dos instancias.  

Conclusión

En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que la falta de comprobación adecuada de las imágenes asociadas al salto de alarma supuso un cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales de la empresa de seguridad.

La responsabilidad y las cantidades reconocidas quedaron determinadas en función del nexo causal acreditado y de las circunstancias concretas examinadas por el tribunal.

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lunes, 9 de noviembre de 2026

Abogado reclamar transferencias no autorizadas: Sentencia

Abogado reclamar transferencias no autorizadas

¿Ha detectado transferencias bancarias que no reconoce y considera que pudieron realizarse sin su autorización? Ante una situación de este tipo, consultar con un abogado reclamar transferencias no autorizadas puede ayudarle a analizar las circunstancias del fraude, revisar la actuación de la entidad bancaria y determinar qué vías legales pueden plantearse. En este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que aborda la responsabilidad del banco ante operaciones realizadas mediante una página web fraudulenta y los criterios utilizados por el tribunal para valorar la posible negligencia del cliente.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
  • Sección: 9.
  • Fecha: 13 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 292/2026.

Antecedentes 

Los demandantes, D.ª Rafaela y D. Camilo (de 74 y 78 años de edad, respectivamente), eran titulares de una cuenta bancaria en la entidad ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA. Debido a su avanzada edad, la gestión habitual de la banca electrónica de la cuenta estaba delegada en su hijo, D. Roberto.

Los días 13 y 14 de junio de 2021, D. Roberto intentó acceder al portal bancario digital de la entidad buscando la palabra “ING” en el buscador Google.

A través de dicha búsqueda, fue redirigido de forma inadvertida a una página web réplica o “espejo”) que imitaba a la perfección la apariencia de la banca electrónica del banco.

Al introducir las credenciales de acceso en la plataforma clonada, ciberdelincuentes consiguieron captar las claves y dar de alta un dispositivo móvil no autorizado.

A continuación, se ejecutaron siete transferencias bancarias no autorizadas por importes de 1 €, 5 €, 8.500 €, 8.000 €, 8.000 €, 7.500 € y 3.500 € (con destino a entidades como Banco Santander).

Tan pronto como se percataron de las disposiciones fraudulentas, los clientes contactaron telefónicamente con la entidad a las 10:30 horas del 14 de junio de 2021 para alertar del fraude.

El banco procedió al bloqueo de las tarjetas y claves, pero no logró retrotraer las transferencias. Los afectados reclamaron judicialmente la restitución de 35.500 euros.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 35) dictó sentencia el 21 de junio de 2023 estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Camilo y D.ª Rafaela.

El juzgado condenó a ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA a abonar a los actores la suma de 35.500 euros, más los intereses legales y las costas procesales, al aplicar el régimen de responsabilidad del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago y no apreciar negligencia grave en los usuarios.

Audiencia Provincial

ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba.

La entidad sostuvo que existió negligencia grave por parte de los clientes al haber cedido las claves personales a un tercero (el hijo de los titulares) y por haber facilitado las claves que permitieron completar la autenticación reforzada y la vinculación del dispositivo.

La Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la resolución recurrida.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar la distribución de la carga de la prueba y el régimen de responsabilidad de las entidades bancarias ante transferencias no autorizadas resultantes de fraudes informáticos mediante webs espejo (phishing o spoofing).

El tribunal analiza si la cesión de claves a un familiar directo para gestionar la banca digital de personas mayores constituye una negligencia grave o ruptura del nexo causal, y si la mera autenticación técnica de las operaciones exime al banco de su responsabilidad cuasi-objetiva establecida en los artículos 44, 45 y 46 del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma íntegramente la sentencia de instancia y ratifica la responsabilidad de la entidad financiera proveedora del servicio de pago.

El tribunal razona que, bajo el Real Decreto-ley 19/2018, la responsabilidad del banco tiene carácter cuasi-objetivo, lo que le obliga a reintegrar de inmediato los fondos sustraídos a menos que pruebe de forma cumplida la existencia de fraude o negligencia grave del usuario.

El tribunal determina que no puede imputarse negligencia grave a los demandantes por el hecho de que su hijo gestionara las claves, dado que la propia póliza o contrato de servicios contempla la intervención de terceros autorizados y dada la avanzada edad de los titulares (78 y 74 años).

La Sala destaca la doctrina del Tribunal Supremo sobre la nulidad de las cláusulas contractuales que exoneran de forma indiscriminada al banco por el uso de claves de acceso.

En cuanto a la conducta de la víctima, la Sala concluye que la única tacha atribuible fue confiar en una página web espejo a la que fue derivada tras una búsqueda en Google, lo que constituye un engaño articulado con suficiente pericia por ciberdelincuentes.

El tribunal subraya que el nivel de diligencia exigible a la entidad bancaria no es el de un buen padre de familia, sino el superior de un ordenado y experto comerciante, lo que la obliga a implementar sistemas de seguridad efectivos que detecten patrones anómalos (como transferencias consecutivas por importes elevados) y prevengan accesos desautorizados.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”.

Para fundamentar su decisión, la Sala invoca de manera expresa la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, citando la STS 571/2025, de 9 de abril de 2025 (sobre la responsabilidad cuasi-objetiva, la carga de la prueba de la negligencia grave y el estándar del ordenado comerciante), la STS 705/2015, de 23 de diciembre de 2015 (sobre la nulidad por abusiva de las cláusulas de exoneración total de responsabilidad del banco), y la STS de 16 de diciembre de 2009.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación interpuesto por ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA y confirma íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de instancia.

Ratifica la condena al banco a abonar a D. Camilo y D.ª Rafaela la cantidad de 35.500 euros, más los intereses legales. Asimismo, impone a la entidad bancaria apelante las costas procesales de la alzada.   

Conclusión

En la sentencia analizada, la Audiencia Provincial de Madrid considera que la responsabilidad del proveedor de servicios de pago por operaciones no autorizadas tiene carácter cuasi-objetivo y examina las circunstancias necesarias para determinar si existe fraude o negligencia grave del usuario.

El criterio aplicado por el tribunal pone de relieve la importancia de analizar las circunstancias concretas de cada fraude informático y la actuación de la entidad bancaria antes de determinar las posibles vías de reclamación.

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Abogado reclamar transferencias no autorizadas

¿Ha detectado transferencias bancarias que no reconoce y considera que pudieron realizarse sin su autorización? Ante una situación de este tipo, consultar con un abogado reclamar transferencias no autorizadas puede ayudarle a analizar las circunstancias del fraude, revisar la actuación de la entidad bancaria y determinar qué vías legales pueden plantearse. En este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que aborda la responsabilidad del banco ante operaciones realizadas mediante una página web fraudulenta y los criterios utilizados por el tribunal para valorar la posible negligencia del cliente.

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Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
  • Sección: 9.
  • Fecha: 13 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 292/2026.

Antecedentes 

Los demandantes, D.ª Rafaela y D. Camilo (de 74 y 78 años de edad, respectivamente), eran titulares de una cuenta bancaria en la entidad ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA. Debido a su avanzada edad, la gestión habitual de la banca electrónica de la cuenta estaba delegada en su hijo, D. Roberto.

Los días 13 y 14 de junio de 2021, D. Roberto intentó acceder al portal bancario digital de la entidad buscando la palabra “ING” en el buscador Google.

A través de dicha búsqueda, fue redirigido de forma inadvertida a una página web réplica o “espejo”) que imitaba a la perfección la apariencia de la banca electrónica del banco.

Al introducir las credenciales de acceso en la plataforma clonada, ciberdelincuentes consiguieron captar las claves y dar de alta un dispositivo móvil no autorizado.

A continuación, se ejecutaron siete transferencias bancarias no autorizadas por importes de 1 €, 5 €, 8.500 €, 8.000 €, 8.000 €, 7.500 € y 3.500 € (con destino a entidades como Banco Santander).

Tan pronto como se percataron de las disposiciones fraudulentas, los clientes contactaron telefónicamente con la entidad a las 10:30 horas del 14 de junio de 2021 para alertar del fraude.

El banco procedió al bloqueo de las tarjetas y claves, pero no logró retrotraer las transferencias. Los afectados reclamaron judicialmente la restitución de 35.500 euros.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid (Plaza nº 35) dictó sentencia el 21 de junio de 2023 estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Camilo y D.ª Rafaela.

El juzgado condenó a ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA a abonar a los actores la suma de 35.500 euros, más los intereses legales y las costas procesales, al aplicar el régimen de responsabilidad del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago y no apreciar negligencia grave en los usuarios.

Audiencia Provincial

ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba.

La entidad sostuvo que existió negligencia grave por parte de los clientes al haber cedido las claves personales a un tercero (el hijo de los titulares) y por haber facilitado las claves que permitieron completar la autenticación reforzada y la vinculación del dispositivo.

La Sección 9.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la resolución recurrida.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar la distribución de la carga de la prueba y el régimen de responsabilidad de las entidades bancarias ante transferencias no autorizadas resultantes de fraudes informáticos mediante webs espejo (phishing o spoofing).

El tribunal analiza si la cesión de claves a un familiar directo para gestionar la banca digital de personas mayores constituye una negligencia grave o ruptura del nexo causal, y si la mera autenticación técnica de las operaciones exime al banco de su responsabilidad cuasi-objetiva establecida en los artículos 44, 45 y 46 del Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma íntegramente la sentencia de instancia y ratifica la responsabilidad de la entidad financiera proveedora del servicio de pago.

El tribunal razona que, bajo el Real Decreto-ley 19/2018, la responsabilidad del banco tiene carácter cuasi-objetivo, lo que le obliga a reintegrar de inmediato los fondos sustraídos a menos que pruebe de forma cumplida la existencia de fraude o negligencia grave del usuario.

El tribunal determina que no puede imputarse negligencia grave a los demandantes por el hecho de que su hijo gestionara las claves, dado que la propia póliza o contrato de servicios contempla la intervención de terceros autorizados y dada la avanzada edad de los titulares (78 y 74 años).

La Sala destaca la doctrina del Tribunal Supremo sobre la nulidad de las cláusulas contractuales que exoneran de forma indiscriminada al banco por el uso de claves de acceso.

En cuanto a la conducta de la víctima, la Sala concluye que la única tacha atribuible fue confiar en una página web espejo a la que fue derivada tras una búsqueda en Google, lo que constituye un engaño articulado con suficiente pericia por ciberdelincuentes.

El tribunal subraya que el nivel de diligencia exigible a la entidad bancaria no es el de un buen padre de familia, sino el superior de un ordenado y experto comerciante, lo que la obliga a implementar sistemas de seguridad efectivos que detecten patrones anómalos (como transferencias consecutivas por importes elevados) y prevengan accesos desautorizados.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”.

Para fundamentar su decisión, la Sala invoca de manera expresa la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, citando la STS 571/2025, de 9 de abril de 2025 (sobre la responsabilidad cuasi-objetiva, la carga de la prueba de la negligencia grave y el estándar del ordenado comerciante), la STS 705/2015, de 23 de diciembre de 2015 (sobre la nulidad por abusiva de las cláusulas de exoneración total de responsabilidad del banco), y la STS de 16 de diciembre de 2009.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación interpuesto por ING BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA y confirma íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de instancia.

Ratifica la condena al banco a abonar a D. Camilo y D.ª Rafaela la cantidad de 35.500 euros, más los intereses legales. Asimismo, impone a la entidad bancaria apelante las costas procesales de la alzada.   

Conclusión

En la sentencia analizada, la Audiencia Provincial de Madrid considera que la responsabilidad del proveedor de servicios de pago por operaciones no autorizadas tiene carácter cuasi-objetivo y examina las circunstancias necesarias para determinar si existe fraude o negligencia grave del usuario.

El criterio aplicado por el tribunal pone de relieve la importancia de analizar las circunstancias concretas de cada fraude informático y la actuación de la entidad bancaria antes de determinar las posibles vías de reclamación.

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domingo, 8 de noviembre de 2026

Abogado anular fondo de inversión: Falta de información

abogado anular fondo de inversión

Si contrataste un producto financiero con tu banco sin la información previa adecuada o sin la realización del obligatorio test de idoneidad, debes saber que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para cuestionar determinadas contrataciones financieras cuando existen defectos en la información facilitada o en el consentimiento. La reciente sentencia confirma que es viable recurrir a un abogado para anular un fondo de inversión y solicitar, cuando proceda, la restitución de las cantidades correspondientes junto con los intereses legales, demostrando que la falta de transparencia invalida el consentimiento.

Si te encuentras en una situación análoga o sospechas que tu entidad bancaria omitió sus deberes de información precontractual, te invitamos a examinar el análisis detallado de esta sentencia para conocer los pasos legales que te permitirán valorar si existen fundamentos para formular una reclamación.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Lleida.
  • Sección: 2.
  • Fecha: 27 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 598/2026.

Antecedentes 

El 19 de enero de 2021, el cliente minorista D. Aureliano (de 80 años de edad, jubilado y con un nivel de conocimientos financieros básicos) suscribió con la entidad BANCO SABADELL, S.A. el producto financiero denominado Fondo de Inversión Amundi Funds Protect 90 A2 Eur ACC.

La contratación se realizó tras una breve reunión informativa con el director de la oficina, Sr. Baldomero, que duró apenas quince minutos y en la que la información precontractual se facilitó y firmó el mismo día de la suscripción del contrato.

A pesar de que la comercialización del producto se configuró en el contrato como un servicio de asesoramiento financiero personalizado por producto, la entidad bancaria no realizó el test de idoneidad exigido por la normativa.

El 3 de marzo de 2023, el fondo fue vendido y cancelado.

Tras dicha cancelación, el cliente interpuso una demanda judicial solicitando la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento derivado de la falta de información precontractual clara y suficiente sobre los riesgos de la inversión, reclamando la restitución de las sumas depositadas.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cervera (autos de procedimiento ordinario 825/2023) dictó la Sentencia nº 141/2025 estimando íntegramente la demanda promovida por D. Aureliano.

El juzgado declaró la nulidad del contrato del fondo de inversión por vicio en el consentimiento y condenó a BANCO SABADELL, S.A. a reintegrar la totalidad de las cantidades depositadas (deduciendo los importes ya reintegrados), más los intereses legales y las costas procesales.

Audiencia Provincial

BANCO SABADELL, S.A. interpuso recurso de apelación alegando la imposibilidad de ejercitar la acción de nulidad sobre un contrato ya extinguido y cancelado. Asimismo, la entidad bancaria sostuvo que no existió error vicio al contar el cliente con un perfil inversor previo, haberse practicado el test de conveniencia y haberse entregado la documentación del fondo.

La Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado el recurso de apelación, confirmando íntegramente la resolución de la primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si la consumación o cancelación previa de un producto financiero impide al cliente minorista ejercitar la acción de nulidad relativa por vicio en el consentimiento al amparo del artículo 1301 del Código Civil.

Se analiza si la entrega de la documentación precontractual el mismo día de la firma (sin un periodo de reflexión previo) y la omisión del test de idoneidad en la prestación de un servicio de asesoramiento vulneran los deberes de información de la normativa MiFID y de la Ley del Mercado de Valores, determinando la nulidad del contrato por error esencial y excusable.

Razonamiento del Tribunal

La Sala desestima la excepción planteada por el banco sobre la extinción del contrato.

Basándose en la doctrina del Tribunal Supremo (STS 662/2019) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tribunal establece que la consumación previa de un contrato no es obstáculo para ejercitar la acción de nulidad cuando esta se dirige a obtener la restitución de lo indebidamente cobrado o invertido.

En cuanto al fondo del asunto, la Audiencia concluye que la información suministrada por Banco Sabadell fue manifiestamente deficiente y no alcanzó el estándar exigido por los artículos 78 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto 217/2008.

El tribunal razona que entregar formularios complejos en una reunión de quince minutos celebrada el mismo día de la contratación conculca el deber de proporcionar la información con la antelación suficiente para permitir una decisión fundada.

Al tratarse de un servicio de asesoramiento por producto, la ausencia del test de idoneidad genera la presunción de que el cliente carecía del conocimiento necesario sobre los riesgos reales de la operación.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Concurre, así, una falta de información precontractual clara, concreta, precisa y suficiente sobre las características del producto y los riesgos que entrañaba, atendidas las individuales características del Sr. Aureliano, lo que determina la nulidad por error vicio.”

Para fundamentar su decisión sobre la viabilidad de las acciones en contratos cancelados, las obligaciones MiFID y el error excusable, la Sala invoca la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida en las SSTS 662/2019 (de 12 de diciembre), 89/2018 (de 19 de febrero), 546/2019 (de 16 de octubre), STS de Pleno de 20 de enero de 2014 y STS de Pleno de 8 de septiembre de 2014, así como la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asentada en las SSTJUE de 30 de mayo de 2013 (Asunto C-488/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse), 6 de octubre de 2009 (Asunto C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones), 21 de diciembre de 2016 (Asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, Gutiérrez Naranjo) y 26 de enero de 2017 (Asunto C-421/14, Banco Primus).

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Lleida desestima el recurso de apelación interpuesto por BANCO SABADELL, S.A. y confirma en su totalidad la sentencia del juzgado de instancia.

Ratifica la nulidad del contrato del fondo de inversión con la obligación del banco de devolver el capital depositado más los intereses legales.

Impone a la entidad bancaria recurrente las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

La previa venta o cancelación de un fondo de inversión no impide por sí sola ejercitar una acción de nulidad por vicio en el consentimiento.

Esta resulta procedente cuando la entidad bancaria proporciona la información precontractual el mismo día de la firma sin la antelación suficiente y omite la realización del test de idoneidad en el marco de un servicio de asesoramiento a un cliente minorista.

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abogado anular fondo de inversión

Si contrataste un producto financiero con tu banco sin la información previa adecuada o sin la realización del obligatorio test de idoneidad, debes saber que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para cuestionar determinadas contrataciones financieras cuando existen defectos en la información facilitada o en el consentimiento. La reciente sentencia confirma que es viable recurrir a un abogado para anular un fondo de inversión y solicitar, cuando proceda, la restitución de las cantidades correspondientes junto con los intereses legales, demostrando que la falta de transparencia invalida el consentimiento.

Si te encuentras en una situación análoga o sospechas que tu entidad bancaria omitió sus deberes de información precontractual, te invitamos a examinar el análisis detallado de esta sentencia para conocer los pasos legales que te permitirán valorar si existen fundamentos para formular una reclamación.

Consulte su caso ahora

Identificación de la Sentencia

  • Tribunal: Audiencia Provincial de Lleida.
  • Sección: 2.
  • Fecha: 27 de julio de 2026.
  • Nº de Resolución: 598/2026.

Antecedentes 

El 19 de enero de 2021, el cliente minorista D. Aureliano (de 80 años de edad, jubilado y con un nivel de conocimientos financieros básicos) suscribió con la entidad BANCO SABADELL, S.A. el producto financiero denominado Fondo de Inversión Amundi Funds Protect 90 A2 Eur ACC.

La contratación se realizó tras una breve reunión informativa con el director de la oficina, Sr. Baldomero, que duró apenas quince minutos y en la que la información precontractual se facilitó y firmó el mismo día de la suscripción del contrato.

A pesar de que la comercialización del producto se configuró en el contrato como un servicio de asesoramiento financiero personalizado por producto, la entidad bancaria no realizó el test de idoneidad exigido por la normativa.

El 3 de marzo de 2023, el fondo fue vendido y cancelado.

Tras dicha cancelación, el cliente interpuso una demanda judicial solicitando la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento derivado de la falta de información precontractual clara y suficiente sobre los riesgos de la inversión, reclamando la restitución de las sumas depositadas.

Tramitación Judicial

Primera instancia

La Plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cervera (autos de procedimiento ordinario 825/2023) dictó la Sentencia nº 141/2025 estimando íntegramente la demanda promovida por D. Aureliano.

El juzgado declaró la nulidad del contrato del fondo de inversión por vicio en el consentimiento y condenó a BANCO SABADELL, S.A. a reintegrar la totalidad de las cantidades depositadas (deduciendo los importes ya reintegrados), más los intereses legales y las costas procesales.

Audiencia Provincial

BANCO SABADELL, S.A. interpuso recurso de apelación alegando la imposibilidad de ejercitar la acción de nulidad sobre un contrato ya extinguido y cancelado. Asimismo, la entidad bancaria sostuvo que no existió error vicio al contar el cliente con un perfil inversor previo, haberse practicado el test de conveniencia y haberse entregado la documentación del fondo.

La Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Lleida ha desestimado el recurso de apelación, confirmando íntegramente la resolución de la primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica radica en determinar si la consumación o cancelación previa de un producto financiero impide al cliente minorista ejercitar la acción de nulidad relativa por vicio en el consentimiento al amparo del artículo 1301 del Código Civil.

Se analiza si la entrega de la documentación precontractual el mismo día de la firma (sin un periodo de reflexión previo) y la omisión del test de idoneidad en la prestación de un servicio de asesoramiento vulneran los deberes de información de la normativa MiFID y de la Ley del Mercado de Valores, determinando la nulidad del contrato por error esencial y excusable.

Razonamiento del Tribunal

La Sala desestima la excepción planteada por el banco sobre la extinción del contrato.

Basándose en la doctrina del Tribunal Supremo (STS 662/2019) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tribunal establece que la consumación previa de un contrato no es obstáculo para ejercitar la acción de nulidad cuando esta se dirige a obtener la restitución de lo indebidamente cobrado o invertido.

En cuanto al fondo del asunto, la Audiencia concluye que la información suministrada por Banco Sabadell fue manifiestamente deficiente y no alcanzó el estándar exigido por los artículos 78 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto 217/2008.

El tribunal razona que entregar formularios complejos en una reunión de quince minutos celebrada el mismo día de la contratación conculca el deber de proporcionar la información con la antelación suficiente para permitir una decisión fundada.

Al tratarse de un servicio de asesoramiento por producto, la ausencia del test de idoneidad genera la presunción de que el cliente carecía del conocimiento necesario sobre los riesgos reales de la operación.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“Concurre, así, una falta de información precontractual clara, concreta, precisa y suficiente sobre las características del producto y los riesgos que entrañaba, atendidas las individuales características del Sr. Aureliano, lo que determina la nulidad por error vicio.”

Para fundamentar su decisión sobre la viabilidad de las acciones en contratos cancelados, las obligaciones MiFID y el error excusable, la Sala invoca la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo contenida en las SSTS 662/2019 (de 12 de diciembre), 89/2018 (de 19 de febrero), 546/2019 (de 16 de octubre), STS de Pleno de 20 de enero de 2014 y STS de Pleno de 8 de septiembre de 2014, así como la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea asentada en las SSTJUE de 30 de mayo de 2013 (Asunto C-488/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse), 6 de octubre de 2009 (Asunto C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones), 21 de diciembre de 2016 (Asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, Gutiérrez Naranjo) y 26 de enero de 2017 (Asunto C-421/14, Banco Primus).

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Lleida desestima el recurso de apelación interpuesto por BANCO SABADELL, S.A. y confirma en su totalidad la sentencia del juzgado de instancia.

Ratifica la nulidad del contrato del fondo de inversión con la obligación del banco de devolver el capital depositado más los intereses legales.

Impone a la entidad bancaria recurrente las costas procesales de la segunda instancia.

Conclusión

La previa venta o cancelación de un fondo de inversión no impide por sí sola ejercitar una acción de nulidad por vicio en el consentimiento.

Esta resulta procedente cuando la entidad bancaria proporciona la información precontractual el mismo día de la firma sin la antelación suficiente y omite la realización del test de idoneidad en el marco de un servicio de asesoramiento a un cliente minorista.

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