
¿Ha tenido problemas con su préstamo hipotecario por falta de información clara sobre sus condiciones, cuotas o forma de financiación? Un abogado anular préstamo hipotecario puede estudiar la escritura, las condiciones contractuales, la información facilitada por la entidad y las circunstancias de la contratación para valorar si existen fundamentos jurídicos para plantear una reclamación o solicitar la nulidad, según las circunstancias concretas de cada caso. La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 12 de junio de 2026 analiza un supuesto en el que se cuestionó la transparencia de las condiciones de financiación y las consecuencias económicas derivadas de la nulidad contractual.
Identificación de la Sentencia
- Tribunal: Audiencia Provincial de Alicante.
- Sección: 8.
- Fecha: 12 de junio de 2026.
- Nº de Resolución: 112/2026.
Antecedentes
El 25 de octubre de 2011, D. Justo y D.ª Emilia (de nacionalidad extranjera y no conocedores del idioma español, asistidos por intérprete de ruso) otorgaron ante Notario una escritura de financiación con la entidad CAIXABANK, S.A. (protocolo número 877) en unidad de acto con una escritura de declaración de obra nueva y compraventa.
El contrato presentaba una grave confusión estructural en la definición de la financiación otorgada: figuraba rubricado como “préstamo hipotecario”, pero en el pacto primero se denominaba “Capital del crédito”, abriendo una cuenta de crédito con un límite de 100.000 euros de la que se hacía entrega en un solo acto (mecanismo propio del préstamo).
A lo largo del clausulado se intercalaban de forma contradictoria los términos “préstamo” y “crédito”, junto con conceptos confusos como “períodos de espera” y “cuotas mixtas”, sin proporcionar a los clientes información precontractual clara sobre el cálculo de cuotas, la restitución del capital ni sobre el régimen de incumplimiento.
Tras producirse impagos, CAIXABANK, S.A. promovió un procedimiento de ejecución hipotecaria (n.º 531/2015 ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Dénia), que concluyó mediante Decreto de 26 de junio de 2017 adjudicando la vivienda a un tercero por 115.000,02 euros, sin que quedara remanente para los deudores.
Al no haberse examinado las cláusulas abusivas en dicha ejecución ya finalizada, D. Justo y D.ª Emilia ejercitaron una acción ordinaria posterior solicitando la nulidad del contrato por falta de transparencia y la reparación de sus consecuencias económicas.
Tramitación Judicial
Primera instancia
El Juzgado de Primera Instancia n.º 5.BIS de Alicante (autos de juicio ordinario 3481/18) dictó sentencia el 16 de julio de 2019 (completada por auto de 27 de noviembre de 2019) desestimando la pretensión principal de nulidad total de la escritura por falta de transparencia.
No obstante, estimó parcialmente la pretensión subsidiaria declarando la nulidad de las cláusulas de gastos, intereses de demora y comisión por posiciones deudoras, con condena a restituir 450 euros.
Audiencia Provincial (primera resolución) y Tribunal Supremo
La Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante (rollo 183-CL153/20) dictó la Sentencia n.º 407/2020, de 12 de mayo de 2020, desestimando la apelación de los consumidores al apreciar de oficio la excepción de cosa juzgada.
Disconformes, los actores interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación (recurso n.º 4078/20).
La Sala Primera del Tribunal Supremo dictó la STS 40/2026, de 20 de enero de 2026, estimando el recurso por infracción procesal, anulando la resolución de apelación y devolviendo las actuaciones a la Audiencia Provincial para que resolviera el fondo del asunto partiendo de la inexistencia de cosa juzgada.
Audiencia Provincial (resolución definitiva)
La Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha estimado el recurso de apelación promovido por D. Justo y D.ª Emilia, revocando íntegramente la sentencia de la primera instancia.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia radica en determinar si, en las circunstancias concretas analizadas por la Audiencia Provincial, la falta de transparencia en las cláusulas que definen el objeto y la modalidad de la financiación (al amalgamar confusamente las reglas de un préstamo hipotecario y un contrato de crédito) provoca la invalidez de los elementos esenciales y puede determinar la nulidad total del contrato por imposibilidad de subsistencia (artículo 9.2 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación).
Asimismo, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco, asunto C-600/19), se analiza cómo deben liquidarse las consecuencias económicas restitutorias en un proceso ordinario posterior cuando la finca hipotecada ya ha sido subastada e inscrita de forma irreversible a favor de un tercero.
Razonamiento del Tribunal
La Sala considera que las estipulaciones que definen la forma de financiación no superan el control de transparencia.
Según el tribunal, las condiciones generales que regulan los elementos esenciales del contrato requieren un nivel de información precontractual suficiente para que el consumidor pueda comprender el sacrificio patrimonial y la posición jurídica que asume.
En el caso analizado, la Audiencia Provincial consideró que la combinación de cláusulas propias del préstamo y del crédito dificultaba la comprensión de las obligaciones asumidas y afectaba a elementos esenciales de la contratación.
La Sala concluyó que las cláusulas afectadas no podían subsistir de forma independiente y que la falta de transparencia determinaba la nulidad del contrato conforme al artículo 9.2 de la LCGC, incluida la garantía hipotecaria por su carácter accesorio.
Conforme al criterio aplicado por la Sala en este procedimiento, y atendiendo a la doctrina del TJUE (Ibercaja Banco), al no resultar posible la restitución in natura del inmueble transmitido a un tercero en una ejecución ya finalizada, procedía una indemnización sustitutiva en dinero conforme al artículo 1.303 del Código Civil.
En consecuencia, la Audiencia estableció la liquidación económica del contrato mediante los cinco conceptos restitutorios indicados en la sentencia.
La ratio decidendi de la sentencia establece que:
“La consecuencia de la falta de transparencia de las cláusulas esenciales que definen las obligaciones principales del contrato de financiación es la nulidad de las mismas y, a su vez, arrastra a todo el contrato, como prevé el artículo 9.2 LCGC, porque el contrato no puede subsistir sin ellas, incluida la garantía hipotecaria, dada su naturaleza accesoria respecto de la relación obligatoria principal.”.
Decisión del Tribunal
La Audiencia Provincial de Alicante estima el recurso de apelación interpuesto por D. Justo y D.ª Emilia, revoca la sentencia de primera instancia y declara la nulidad total del contrato celebrado en la escritura de 25 de octubre de 2011 por falta de transparencia.
Establece que, declarada la nulidad del préstamo hipotecario, si la vivienda ha sido adjudicada a un tercero y resulta imposible recuperarla, debe indemnizarse al prestatario por su valor de mercado, conforme al principio de restitución recíproca del artículo 1303 CC. Para determinar ese valor, no toma el precio de adjudicación en subasta (115.000,02 €), ni la tasación hipotecaria (287.300,10 €), sino el precio de 265.000 € por el que los propios prestatarios habían anunciado la vivienda en venta, al considerar que refleja su conformidad con esa valoración. A dicha cantidad añade los intereses legales desde la adjudicación (26 de junio de 2017), las cantidades abonadas al banco y sus correspondientes intereses, y descuenta los 100.000 € recibidos como financiación, también con intereses legales.
Condena a CAIXABANK, S.A. a indemnizar a los actores en la suma que resulte en ejecución de sentencia tras la liquidación de los cinco conceptos restitutorios indicados, impone a la entidad bancaria las costas procesales de la primera instancia y las costas de la alzada a la parte apelada, acordando la devolución del depósito para recurrir.
Conclusión
En el caso analizado, la Audiencia Provincial de Alicante consideró que la falta de transparencia que afectaba a las condiciones esenciales de la financiación determinaba la nulidad total del contrato, incluida la garantía hipotecaria, y estableció las consecuencias económicas restitutorias correspondientes.
La sentencia aborda, además, la forma de liquidar dichas consecuencias cuando el inmueble ya había sido adjudicado a un tercero. La aplicación de estos criterios a otros contratos dependerá de las condiciones de cada operación, de la información facilitada y de las circunstancias concretas de su contratación.
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