Abogado Reclama Fraude Tarjeta Bancaria Madrid ¿Ha sufrido un fraude con su tarjeta bancaria y el banco rechaza devolverle el dinero? Si busca abogado reclamar fraude tarjeta bancaria Madrid, en este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre operaciones no autorizadas, uso del PIN y retraso en la comunicación del fraude, y explicamos qué criterios jurídicos pueden ser relevantes para una reclamación. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid. Sección: 11. Fecha: 5 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 544/2025. Antecedentes El 14 de agosto de 2019, alrededor de las 17:00 horas, la Sra. Maribel sufrió la sustracción de su tarjeta de crédito del Banco Santander mientras realizaba compras en el establecimiento “Leroy Merlin” de Alcobendas. La actora no advirtió la falta de la tarjeta hasta el 19 de agosto, momento en que comprobó que se habían realizado 32 operaciones fraudulentas por un importe total de 19.486,98 euros. Entre las operaciones destacaban retiradas de efectivo en cajeros de 1.000 euros diarios (realizadas mayoritariamente de madrugada) y diversas compras. Tras tener conocimiento, la Sra. Maribel procedió a la anulación de la tarjeta y denunció los hechos ante la Comisaría y el Servicio de Atención al Cliente del banco, que rechazó la devolución de las cantidades. Tramitación Judicial Primera instancia El Tribunal de Instancia de Alcobendas dictó sentencia el 27 de enero de 2023, desestimando íntegramente la demanda. El juzgador absolvió al banco al no apreciar negligencia en su actuación, fundamentando su decisión en que las operaciones se autorizaron con el PIN de la actora y que esta tardó varios días en comunicar la sustracción. Audiencia Provincial La demandante interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba e infracción de las normas sobre la carga de la prueba previstas en el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar el régimen de responsabilidad aplicable ante operaciones de pago no autorizadas tras el robo de una tarjeta física. El tribunal debió resolver si el uso del PIN y el retraso de cinco días en comunicar la sustracción constituyen por sí mismos una negligencia grave del usuario que exonere al banco, o si la entidad financiera debe responder por no haber detectado una operativa manifiestamente anómala. Razonamiento del Tribunal La Sala revocó la sentencia de instancia al considerar que el banco no cumplió con sus obligaciones legales de seguridad y prueba: Carga de la prueba: Según el art. 44 del RDL 19/2018, corresponde al banco demostrar que el usuario cometió fraude o negligencia grave; el simple registro del uso del PIN no es prueba suficiente de ello. Inexistencia de negligencia grave: El tribunal aclaró que el hecho de que un tercero acceda al PIN no supone per se negligencia del cliente, pudiendo haber sido obtenido mediante observación u otros métodos sin culpa del titular. Asimismo, tardar cinco días en advertir el robo de una tarjeta dentro de un bolso no alcanza el grado de falta de diligencia “significativa” requerido por la norma. Deficiencia del servicio: El banco permitió una operativa “muy anómala” (17 operaciones seguidas de madrugada por importes elevados) sin activar sistemas automáticos de bloqueo o alerta. Un control experto habría detectado que esta conducta era extraña al perfil habitual de la clienta, que era una persona mayor. “la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”. Decisión del Tribunal La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia de instancia y estimó íntegramente la demanda. Condenó al Banco Santander S.A. a abonar a la Sra. Maribel la cantidad de 19.486,98 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda y los intereses de mora procesal. Asimismo, se impusieron al banco las costas de la primera instancia. Conclusión En caso de robo de tarjeta, el banco es responsable de los cargos fraudulentos a menos que pruebe una negligencia grave del cliente. Esta negligencia no se presume por el mero uso del PIN ni por un retraso razonable en el aviso, especialmente si el sistema de seguridad de la entidad falla al no bloquear una operativa de gasto manifiestamente inusual. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclama Fraude Tarjeta Bancaria Madrid first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/7R2ULuc

 

¿Ha sufrido un fraude con su tarjeta bancaria y el banco rechaza devolverle el dinero? Si busca abogado reclamar fraude tarjeta bancaria Madrid, en este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre operaciones no autorizadas, uso del PIN y retraso en la comunicación del fraude, y explicamos qué criterios jurídicos pueden ser relevantes para una reclamación.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
• Sección: 11.
• Fecha: 5 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 544/2025.

 

Antecedentes

El 14 de agosto de 2019, alrededor de las 17:00 horas, la Sra. Maribel sufrió la sustracción de su tarjeta de crédito del Banco Santander mientras realizaba compras en el establecimiento “Leroy Merlin” de Alcobendas.

La actora no advirtió la falta de la tarjeta hasta el 19 de agosto, momento en que comprobó que se habían realizado 32 operaciones fraudulentas por un importe total de 19.486,98 euros.

Entre las operaciones destacaban retiradas de efectivo en cajeros de 1.000 euros diarios (realizadas mayoritariamente de madrugada) y diversas compras.

Tras tener conocimiento, la Sra. Maribel procedió a la anulación de la tarjeta y denunció los hechos ante la Comisaría y el Servicio de Atención al Cliente del banco, que rechazó la devolución de las cantidades.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Tribunal de Instancia de Alcobendas dictó sentencia el 27 de enero de 2023, desestimando íntegramente la demanda.

El juzgador absolvió al banco al no apreciar negligencia en su actuación, fundamentando su decisión en que las operaciones se autorizaron con el PIN de la actora y que esta tardó varios días en comunicar la sustracción.

Audiencia Provincial 

La demandante interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba e infracción de las normas sobre la carga de la prueba previstas en el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar el régimen de responsabilidad aplicable ante operaciones de pago no autorizadas tras el robo de una tarjeta física.

El tribunal debió resolver si el uso del PIN y el retraso de cinco días en comunicar la sustracción constituyen por sí mismos una negligencia grave del usuario que exonere al banco, o si la entidad financiera debe responder por no haber detectado una operativa manifiestamente anómala.

Razonamiento del Tribunal

La Sala revocó la sentencia de instancia al considerar que el banco no cumplió con sus obligaciones legales de seguridad y prueba:

1. Carga de la prueba: Según el art. 44 del RDL 19/2018, corresponde al banco demostrar que el usuario cometió fraude o negligencia grave; el simple registro del uso del PIN no es prueba suficiente de ello.
2. Inexistencia de negligencia grave: El tribunal aclaró que el hecho de que un tercero acceda al PIN no supone per se negligencia del cliente, pudiendo haber sido obtenido mediante observación u otros métodos sin culpa del titular. Asimismo, tardar cinco días en advertir el robo de una tarjeta dentro de un bolso no alcanza el grado de falta de diligencia “significativa” requerido por la norma.
3. Deficiencia del servicio: El banco permitió una operativa “muy anómala” (17 operaciones seguidas de madrugada por importes elevados) sin activar sistemas automáticos de bloqueo o alerta. Un control experto habría detectado que esta conducta era extraña al perfil habitual de la clienta, que era una persona mayor.

“la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia de instancia y estimó íntegramente la demanda.

Condenó al Banco Santander S.A. a abonar a la Sra. Maribel la cantidad de 19.486,98 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda y los intereses de mora procesal. Asimismo, se impusieron al banco las costas de la primera instancia.

Conclusión

En caso de robo de tarjeta, el banco es responsable de los cargos fraudulentos a menos que pruebe una negligencia grave del cliente. 

Esta negligencia no se presume por el mero uso del PIN ni por un retraso razonable en el aviso, especialmente si el sistema de seguridad de la entidad falla al no bloquear una operativa de gasto manifiestamente inusual.

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Abogado reclamar seguro amortización préstamo Marbella ¿Le han denegado el seguro de amortización del préstamo pese a tener reconocida una incapacidad permanente absoluta? Un Abogado reclamar seguro amortización de préstamo Marbella puede revisar su póliza, la denegación y el capital pendiente para valorar si procede reclamar. La Audiencia Provincial de Málaga, en su sentencia 1238/2025, condena a Kutxabank a pagar 10.142,29 € e intereses aunque la incapacidad fuera revisable. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga. Sección: 6. Fecha: 9 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 1238/2025. Antecedentes El D. Simón suscribió en octubre de 2013 un contrato de seguro bajo la modalidad “Seguro de Amortización de Préstamo CajaSur Protegido” con la entidad Kutxabank Vida y Pensiones SAU. La póliza cubría los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente y absoluta (IPA) por cualquier causa. Desde octubre de 2020 hasta julio de 2023, el asegurado estuvo formalmente reconocido en situación de IPA por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sin embargo, tras una revisión administrativa en julio de 2023, su situación fue modificada a incapacidad permanente total (IPT). El asegurado reclamó a la compañía el pago de 10.142,29 euros, correspondientes a las cuotas del préstamo que tuvo que seguir abonando durante el periodo en que estuvo declarada su incapacidad absoluta. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Marbella desestimó la demanda el 10 de abril de 2025. El juez consideró que el riesgo no se había cumplido porque la póliza exigía que la invalidez fuera “permanente”, interpretando dicho término como irreversible. Al haber sido revisada la incapacidad por mejoría, el juzgador entendió que faltaba el carácter definitivo exigido para activar la cobertura. Audiencia Provincial El asegurado interpuso recurso de apelación alegando error en la interpretación del contrato. Argumentó que las condiciones particulares solo exigían una declaración de IPA por un tribunal médico y no contenían ninguna limitación relativa a la irreversibilidad o la imposibilidad de revisión. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si el término “permanente” en un seguro de invalidez debe interpretarse como “irreversible” o si, por el contrario, la cobertura debe activarse ante una declaración administrativa de incapacidad absoluta, aunque esta sea sujeta a revisión. El tribunal analizó si la falta de una cláusula limitativa clara que exija la irreversibilidad impide a la aseguradora oponer la revisión posterior del grado de incapacidad para negar el pago. Razonamiento del Tribunal La Audiencia Provincial estimó el recurso y revocó la sentencia de instancia, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 599/2023) y en los siguientes puntos: Naturaleza jurídica de la incapacidad: Por definición legal (art. 200 LGSS), toda declaración de incapacidad permanente es susceptible de revisión por mejoría o agravamiento; por tanto, exigir irreversibilidad literal vaciaría de contenido la garantía contratada. Ausencia de cláusulas limitativas: En las condiciones particulares no constaba que la invalidez tuviera que ser irreversible o no revisable para estar cubierta. Interpretación “contra proferentem”: Al no haberse probado que el asegurado conociera o aceptara restricciones adicionales a la definición de IPA, cualquier duda en el contrato debe interpretarse de la forma más favorable al asegurado (art. 3 LCS y 1288 CC). “el sentido de la expresión es que es permanente pero sin perjuicio de su revisión y no con carácter irreversible”. Decisión del Tribunal El tribunal estimó el recurso de apelación del asegurado y revoca la sentencia del juzgado. Condenó a Kutxabank Vida y Pensiones SAU a pagar a D. Simón la cantidad de 10.142,29 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Se impusieron a la aseguradora las costas de la primera instancia. Conclusión En los seguros de invalidez, la situación de incapacidad permanente absoluta activa la cobertura desde su reconocimiento administrativo, sin que la aseguradora pueda negar el pago alegando que la lesión es revisable o no irreversible, a menos que tal limitación figure de forma clara, destacada y aceptada expresamente en la póliza. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar seguro amortización préstamo Marbella first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/6fihU9Z

 

¿Le han denegado el seguro de amortización del préstamo pese a tener reconocida una incapacidad permanente absoluta? Un Abogado reclamar seguro amortización de préstamo Marbella puede revisar su póliza, la denegación y el capital pendiente para valorar si procede reclamar. La Audiencia Provincial de Málaga, en su sentencia 1238/2025, condena a Kutxabank a pagar 10.142,29 € e intereses aunque la incapacidad fuera revisable.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga. 
• Sección: 6.
• Fecha: 9 de diciembre de 2025. 
• Nº de Resolución: 1238/2025.

 

Antecedentes

El D. Simón suscribió en octubre de 2013 un contrato de seguro bajo la modalidad “Seguro de Amortización de Préstamo CajaSur Protegido” con la entidad Kutxabank Vida y Pensiones SAU.

La póliza cubría los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente y absoluta (IPA) por cualquier causa.

Desde octubre de 2020 hasta julio de 2023, el asegurado estuvo formalmente reconocido en situación de IPA por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Sin embargo, tras una revisión administrativa en julio de 2023, su situación fue modificada a incapacidad permanente total (IPT).

El asegurado reclamó a la compañía el pago de 10.142,29 euros, correspondientes a las cuotas del préstamo que tuvo que seguir abonando durante el periodo en que estuvo declarada su incapacidad absoluta.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Marbella desestimó la demanda el 10 de abril de 2025.

El juez consideró que el riesgo no se había cumplido porque la póliza exigía que la invalidez fuera “permanente”, interpretando dicho término como irreversible.

Al haber sido revisada la incapacidad por mejoría, el juzgador entendió que faltaba el carácter definitivo exigido para activar la cobertura.

Audiencia Provincial 

El asegurado interpuso recurso de apelación alegando error en la interpretación del contrato.

Argumentó que las condiciones particulares solo exigían una declaración de IPA por un tribunal médico y no contenían ninguna limitación relativa a la irreversibilidad o la imposibilidad de revisión.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si el término “permanente” en un seguro de invalidez debe interpretarse como “irreversible” o si, por el contrario, la cobertura debe activarse ante una declaración administrativa de incapacidad absoluta, aunque esta sea sujeta a revisión.

El tribunal analizó si la falta de una cláusula limitativa clara que exija la irreversibilidad impide a la aseguradora oponer la revisión posterior del grado de incapacidad para negar el pago.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial estimó el recurso y revocó la sentencia de instancia, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 599/2023) y en los siguientes puntos:

1. Naturaleza jurídica de la incapacidad: Por definición legal (art. 200 LGSS), toda declaración de incapacidad permanente es susceptible de revisión por mejoría o agravamiento; por tanto, exigir irreversibilidad literal vaciaría de contenido la garantía contratada.
2. Ausencia de cláusulas limitativas: En las condiciones particulares no constaba que la invalidez tuviera que ser irreversible o no revisable para estar cubierta.
3. Interpretación “contra proferentem”: Al no haberse probado que el asegurado conociera o aceptara restricciones adicionales a la definición de IPA, cualquier duda en el contrato debe interpretarse de la forma más favorable al asegurado (art. 3 LCS y 1288 CC).

“el sentido de la expresión es que es permanente pero sin perjuicio de su revisión y no con carácter irreversible”.

Decisión del Tribunal

El tribunal estimó el recurso de apelación del asegurado y revoca la sentencia del juzgado.

Condenó a Kutxabank Vida y Pensiones SAU a pagar a D. Simón la cantidad de 10.142,29 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Se impusieron a la aseguradora las costas de la primera instancia.

Conclusión

En los seguros de invalidez, la situación de incapacidad permanente absoluta activa la cobertura desde su reconocimiento administrativo, sin que la aseguradora pueda negar el pago alegando que la lesión es revisable o no irreversible, a menos que tal limitación figure de forma clara, destacada y aceptada expresamente en la póliza.

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Segunda oportunidad persona física: 5 sentencias El Tribunal Supremo ha dictado el 16 de marzo de 2026 cinco sentencias de la Sala de lo Civil que deben leerse de forma conjunta. No estamos ante cinco casos aislados. Estamos ante una misma línea doctrinal aplicada a supuestos distintos, pero con un núcleo común muy claro: el alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor persona física opta por la vía del plan de pagos y existe crédito público. Consulte su caso ahora Las cinco resoluciones son las sentencias 405/2026, 406/2026, 407/2026, 408/2026 y 409/2026, todas de 16 de marzo de 2026. La idea central que atraviesa este bloque jurisprudencial es muy concreta: si, en la exoneración por plan de pagos, el crédito público queda enteramente fuera o si también puede resultar afectado en la parte que no tenga la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general. La respuesta del Tribunal Supremo es clara: corrige la tesis de las audiencias provinciales y extiende la exoneración a esos créditos públicos no privilegiados ni contra la masa. No se trata de una construcción aislada, sino de una doctrina reiterada en cinco resoluciones dictadas el mismo día y con un razonamiento coincidente. La sentencia 405/2026: A Coruña y crédito de la AEAT La sentencia del Tribunal Supremo 405/2026, de 16 de marzo, resuelve un asunto en el que se había estimado la oposición de la AEAT y de la TGSS en el sentido de no extender la exoneración a la deuda pública ordinaria, subordinada y privilegiada. Tampoco se había aprobado el plan de pagos porque solo incluía créditos de derecho público. El Supremo estima la casación y, al asumir la instancia, declara que procede aprobar el plan de pagos y extender la exoneración a los créditos públicos, en concreto al crédito de la AEAT, salvo los que merezcan la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general. La consecuencia práctica es clara: ya no cabe sostener que todo crédito público quede automáticamente fuera de la exoneración en la vía del plan de pagos. La sentencia 406/2026: el mismo criterio frente a una Diputación Provincial La sentencia 406/2026 proyecta la misma doctrina sobre un crédito de la Diputación Provincial de A Coruña. La instancia había excluido el crédito público de la exoneración y la apelación había confirmado ese criterio. El Tribunal Supremo corrige esa interpretación y declara que, en la vía del plan de pagos, la exoneración alcanza también ese crédito público, salvo la parte que tenga naturaleza de crédito contra la masa o privilegio general. La consecuencia práctica es muy relevante: la doctrina no queda limitada a AEAT o TGSS, sino que alcanza también a otros entes públicos acreedores. La sentencia 407/2026: reiteración frente a la TGSS La sentencia 407/2026 resuelve un caso de oposición de la Tesorería General de la Seguridad Social. La controversia vuelve a ser la misma: exclusión total del crédito público por aplicación de la redacción originaria del TRLC. El Supremo reitera que esa interpretación no es correcta para la vía del plan de pagos y extiende la exoneración al crédito de la TGSS, salvo en la parte que merezca la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general. La consecuencia práctica es que la TGSS pierde fuerza como argumento de exclusión absoluta frente a solicitudes de exoneración correctamente planteadas. La sentencia 408/2026: nueva corrección en un asunto con la AEAT La sentencia 408/2026 vuelve sobre un supuesto en que la AEAT había sostenido que su crédito estaba excluido de la exoneración y que debía regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento. El Supremo estima el recurso y aprueba el plan de pagos, extendiendo la exoneración también al crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la misma salvedad reiterada en el resto de sentencias. La consecuencia práctica es que la doctrina no es incidental ni casuística: es una línea jurisprudencial cerrada y reiterada. La sentencia 409/2026: confirmación en un asunto de Valencia La sentencia 409/2026 reproduce el mismo esquema: la instancia había concedido la exoneración, pero excluyendo el crédito público y negando la aprobación del plan de pagos; la Audiencia confirmó ese criterio; y el Supremo lo revoca. La Sala aprueba el plan de pagos y extiende la exoneración a los créditos públicos, en concreto al de la TGSS, salvo los que merezcan la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general. La conclusión vuelve a ser la misma: el problema no reside en la buena fe del deudor, sino en la incorrecta delimitación del alcance de la exoneración del crédito público. Doctrina común que dejan las cinco sentencias De la lectura conjunta de estas resoluciones se extraen varias reglas operativas claras. El crédito público no queda automáticamente excluido Cuando el deudor persona física opta por la exoneración mediante plan de pagos, el crédito público no queda excluido en bloque. Resulta afectado al menos en la parte que no tenga la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general. Se consolida la interpretación jurisprudencial previa Las resoluciones enlazan con la doctrina anterior del Tribunal Supremo y consolidan la interpretación de que la vía del plan de pagos permite extender la exoneración a determinados créditos públicos. El eje del litigio está en el alcance objetivo de la exoneración La discusión no gira sobre una noción amplia de buena fe del deudor, sino sobre la correcta delimitación jurídica del crédito público y su encaje dentro del plan de pagos. La doctrina es aplicable a distintos acreedores públicos El criterio no se limita a AEAT o TGSS, sino que alcanza a cualquier acreedor público, siempre que el crédito no tenga naturaleza de crédito contra la masa o privilegio general. Lo que cambia en la práctica forense Cómo cambia el planteamiento de la solicitud Ya no basta con afirmar que el crédito público es inexonerable. Debe analizarse su composición y distinguir qué parte puede resultar afectada por la exoneración. Esto obliga a planteamientos más técnicos y precisos. Qué objeciones previsibles formularán los acreedores públicos Las oposiciones seguirán apoyándose en la exclusión del crédito público y en la aplicación de sus normas específicas de aplazamiento. La respuesta deberá basarse en la doctrina jurisprudencial consolidada por estas sentencias. Qué debe cuidarse en la preparación del plan de pagos El foco debe ponerse en la correcta estructuración del plan de pagos y en la determinación precisa del alcance de la exoneración, más que en una narrativa genérica del sobreendeudamiento. Conclusión Estas cinco sentencias no amplían solo una figura concursal. Fijan el nuevo mapa de la segunda oportunidad de las personas físicas cuando existe crédito público y se opta por la vía del plan de pagos. El mensaje del Tribunal Supremo es claro: la exclusión del crédito público no puede manejarse como una barrera absoluta e indiferenciada. Debe analizarse conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada. Quien tramite hoy concursos de persona física sin integrar esta doctrina del Supremo está asesorando con un mapa incompleto. Consulte su caso ahora The post Segunda oportunidad persona física: 5 sentencias first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/GNvPeVH

El Tribunal Supremo ha dictado el 16 de marzo de 2026 cinco sentencias de la Sala de lo Civil que deben leerse de forma conjunta. No estamos ante cinco casos aislados. Estamos ante una misma línea doctrinal aplicada a supuestos distintos, pero con un núcleo común muy claro: el alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor persona física opta por la vía del plan de pagos y existe crédito público.

Consulte su caso ahora

Las cinco resoluciones son las sentencias 405/2026, 406/2026, 407/2026, 408/2026 y 409/2026, todas de 16 de marzo de 2026. La idea central que atraviesa este bloque jurisprudencial es muy concreta: si, en la exoneración por plan de pagos, el crédito público queda enteramente fuera o si también puede resultar afectado en la parte que no tenga la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general.

La respuesta del Tribunal Supremo es clara: corrige la tesis de las audiencias provinciales y extiende la exoneración a esos créditos públicos no privilegiados ni contra la masa. No se trata de una construcción aislada, sino de una doctrina reiterada en cinco resoluciones dictadas el mismo día y con un razonamiento coincidente.

La sentencia 405/2026: A Coruña y crédito de la AEAT

La sentencia del Tribunal Supremo 405/2026, de 16 de marzo, resuelve un asunto en el que se había estimado la oposición de la AEAT y de la TGSS en el sentido de no extender la exoneración a la deuda pública ordinaria, subordinada y privilegiada. Tampoco se había aprobado el plan de pagos porque solo incluía créditos de derecho público.

El Supremo estima la casación y, al asumir la instancia, declara que procede aprobar el plan de pagos y extender la exoneración a los créditos públicos, en concreto al crédito de la AEAT, salvo los que merezcan la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general.

La consecuencia práctica es clara: ya no cabe sostener que todo crédito público quede automáticamente fuera de la exoneración en la vía del plan de pagos.

La sentencia 406/2026: el mismo criterio frente a una Diputación Provincial

La sentencia 406/2026 proyecta la misma doctrina sobre un crédito de la Diputación Provincial de A Coruña. La instancia había excluido el crédito público de la exoneración y la apelación había confirmado ese criterio.

El Tribunal Supremo corrige esa interpretación y declara que, en la vía del plan de pagos, la exoneración alcanza también ese crédito público, salvo la parte que tenga naturaleza de crédito contra la masa o privilegio general.

La consecuencia práctica es muy relevante: la doctrina no queda limitada a AEAT o TGSS, sino que alcanza también a otros entes públicos acreedores.

La sentencia 407/2026: reiteración frente a la TGSS

La sentencia 407/2026 resuelve un caso de oposición de la Tesorería General de la Seguridad Social. La controversia vuelve a ser la misma: exclusión total del crédito público por aplicación de la redacción originaria del TRLC.

El Supremo reitera que esa interpretación no es correcta para la vía del plan de pagos y extiende la exoneración al crédito de la TGSS, salvo en la parte que merezca la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general.

La consecuencia práctica es que la TGSS pierde fuerza como argumento de exclusión absoluta frente a solicitudes de exoneración correctamente planteadas.

La sentencia 408/2026: nueva corrección en un asunto con la AEAT

La sentencia 408/2026 vuelve sobre un supuesto en que la AEAT había sostenido que su crédito estaba excluido de la exoneración y que debía regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento.

El Supremo estima el recurso y aprueba el plan de pagos, extendiendo la exoneración también al crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la misma salvedad reiterada en el resto de sentencias.

La consecuencia práctica es que la doctrina no es incidental ni casuística: es una línea jurisprudencial cerrada y reiterada.

La sentencia 409/2026: confirmación en un asunto de Valencia

La sentencia 409/2026 reproduce el mismo esquema: la instancia había concedido la exoneración, pero excluyendo el crédito público y negando la aprobación del plan de pagos; la Audiencia confirmó ese criterio; y el Supremo lo revoca.

La Sala aprueba el plan de pagos y extiende la exoneración a los créditos públicos, en concreto al de la TGSS, salvo los que merezcan la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general.

La conclusión vuelve a ser la misma: el problema no reside en la buena fe del deudor, sino en la incorrecta delimitación del alcance de la exoneración del crédito público.

Doctrina común que dejan las cinco sentencias

De la lectura conjunta de estas resoluciones se extraen varias reglas operativas claras.

El crédito público no queda automáticamente excluido

Cuando el deudor persona física opta por la exoneración mediante plan de pagos, el crédito público no queda excluido en bloque. Resulta afectado al menos en la parte que no tenga la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general.

Se consolida la interpretación jurisprudencial previa

Las resoluciones enlazan con la doctrina anterior del Tribunal Supremo y consolidan la interpretación de que la vía del plan de pagos permite extender la exoneración a determinados créditos públicos.

El eje del litigio está en el alcance objetivo de la exoneración

La discusión no gira sobre una noción amplia de buena fe del deudor, sino sobre la correcta delimitación jurídica del crédito público y su encaje dentro del plan de pagos.

La doctrina es aplicable a distintos acreedores públicos

El criterio no se limita a AEAT o TGSS, sino que alcanza a cualquier acreedor público, siempre que el crédito no tenga naturaleza de crédito contra la masa o privilegio general.

Lo que cambia en la práctica forense

Cómo cambia el planteamiento de la solicitud

Ya no basta con afirmar que el crédito público es inexonerable. Debe analizarse su composición y distinguir qué parte puede resultar afectada por la exoneración. Esto obliga a planteamientos más técnicos y precisos.

Qué objeciones previsibles formularán los acreedores públicos

Las oposiciones seguirán apoyándose en la exclusión del crédito público y en la aplicación de sus normas específicas de aplazamiento. La respuesta deberá basarse en la doctrina jurisprudencial consolidada por estas sentencias.

Qué debe cuidarse en la preparación del plan de pagos

El foco debe ponerse en la correcta estructuración del plan de pagos y en la determinación precisa del alcance de la exoneración, más que en una narrativa genérica del sobreendeudamiento.

Conclusión

Estas cinco sentencias no amplían solo una figura concursal. Fijan el nuevo mapa de la segunda oportunidad de las personas físicas cuando existe crédito público y se opta por la vía del plan de pagos.

El mensaje del Tribunal Supremo es claro: la exclusión del crédito público no puede manejarse como una barrera absoluta e indiferenciada. Debe analizarse conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada.

Quien tramite hoy concursos de persona física sin integrar esta doctrina del Supremo está asesorando con un mapa incompleto.

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Abogado reclamar seguro de vida Málaga: ¿Qué pasó? La Audiencia Provincial de Málaga (sentencia 904/2025) obliga a Helvetia a pagar 300.000€ por cuestionario médico defectuoso. Lea la sentencia completa sobre abogado reclamar seguro de vida Málaga. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga. Sección: 5. Fecha: 2 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 904/2025. Antecedentes El Sr. Justo suscribió en mayo de 2010 una póliza de seguro de vida con la entidad Helvetia Cía. Suiza S.A., tras haber finalizado una póliza anterior al cumplir los 65 años. Para la nueva contratación, cumplimentó un cuestionario de salud en abril de 2010. Tras el fallecimiento del asegurado, sus herederos (Doña Josefa, D. Luis María y D. Cipriano) reclamaron la indemnización. La aseguradora rechazó el pago alegando que el asegurado ocultó dolosamente que padecía EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) en el momento de rellenar el cuestionario. Helvetia se basaba en unas pruebas de espirometría realizadas en 1999 y en enero de 2010 que arrojaban valores por debajo de la normalidad. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Málaga estimó íntegramente la demanda de los beneficiarios. El juez condenó a Helvetia a abonar 100.000 euros a cada uno de los tres actores (un total de 300.000 euros), más los intereses por mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). Audiencia Provincial La aseguradora interpuso recurso de apelación reiterando la existencia de dolo por ocultación de patologías previas y oponiéndose a los intereses de demora por considerar que su oposición estaba jurídicamente fundamentada. Cuestión Jurídica Principal La controversia se centró en determinar si existió una infracción del deber de declaración del riesgo (art. 10 LCS) por parte del asegurado. El tribunal debió analizar si los antecedentes médicos de 2010 constituían un diagnóstico de EPOC que el Sr. Justo estuviera obligado a declarar y si la redacción del cuestionario era lo suficientemente clara para imputarle dolo en caso de omisión. Asimismo, se analizó si el fallecimiento tuvo relación directa con la patología alegada por la compañía. Razonamiento del Tribunal La Sala confirmó la condena a la aseguradora basándose en la falta de prueba sobre la ocultación dolosa: Inexistencia de diagnóstico previo: La prueba realizada en enero de 2010 tenía como fin tratar una apnea del sueño, y el informe médico resultante afirmaba explícitamente que no se objetivó diagnóstico de EPOC. De hecho, el diagnóstico formal de dicha enfermedad no consta hasta diciembre de 2023. Deficiencia del cuestionario: La pregunta 12 del cuestionario era genérica y de “difícil contestación médica”, por lo que no puede imputarse mala fe al asegurado por no declarar una enfermedad que ni siquiera le había sido diagnosticada. Causa del fallecimiento: Los médicos descartaron que la causa del deceso fuera un EPOC agravado, situando el origen en una sepsis grave (infección generalizada). Intereses de demora: El tribunal ratificó los intereses del art. 20 LCS al no apreciar “causa justificada” para el impago. Se trata de un proceso usual de interpretación del art. 10 LCS donde no hay incertidumbre sobre la cuantía ni la causa del siniestro. “no hay un deber de declaración sino de respuesta del tomador, de lo que interesa de él el asegurador, y que le importa, a efectos de valorar, debidamente, el riesgo”. Decisión del Tribunal El tribunal declaró no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por Helvetia Cía. Suiza S.A.. La Sala confirmó íntegramente la sentencia de instancia, validando el pago de los 300.000 euros más intereses moratorios y condenando a la aseguradora al pago de las costas de la alzada. Conclusión El deber del asegurado se limita a responder estrictamente a lo preguntado en el cuestionario. Si la compañía no acredita un diagnóstico médico firme de la enfermedad previa a la firma del contrato, no puede invocar la ocultación dolosa para eludir el pago de la indemnización. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar seguro de vida Málaga: ¿Qué pasó? first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/rS4wuZy

La Audiencia Provincial de Málaga (sentencia 904/2025) obliga a Helvetia a pagar 300.000€ por cuestionario médico defectuoso. Lea la sentencia completa sobre abogado reclamar seguro de vida Málaga.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga.
• Sección: 5.
• Fecha: 2 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 904/2025.

 

Antecedentes

El Sr. Justo suscribió en mayo de 2010 una póliza de seguro de vida con la entidad Helvetia Cía. Suiza S.A., tras haber finalizado una póliza anterior al cumplir los 65 años.

Para la nueva contratación, cumplimentó un cuestionario de salud en abril de 2010.

Tras el fallecimiento del asegurado, sus herederos (Doña Josefa, D. Luis María y D. Cipriano) reclamaron la indemnización.

La aseguradora rechazó el pago alegando que el asegurado ocultó dolosamente que padecía EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) en el momento de rellenar el cuestionario.

Helvetia se basaba en unas pruebas de espirometría realizadas en 1999 y en enero de 2010 que arrojaban valores por debajo de la normalidad.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Málaga estimó íntegramente la demanda de los beneficiarios.

El juez condenó a Helvetia a abonar 100.000 euros a cada uno de los tres actores (un total de 300.000 euros), más los intereses por mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

Audiencia Provincial 

La aseguradora interpuso recurso de apelación reiterando la existencia de dolo por ocultación de patologías previas y oponiéndose a los intereses de demora por considerar que su oposición estaba jurídicamente fundamentada.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centró en determinar si existió una infracción del deber de declaración del riesgo (art. 10 LCS) por parte del asegurado.

El tribunal debió analizar si los antecedentes médicos de 2010 constituían un diagnóstico de EPOC que el Sr. Justo estuviera obligado a declarar y si la redacción del cuestionario era lo suficientemente clara para imputarle dolo en caso de omisión. Asimismo, se analizó si el fallecimiento tuvo relación directa con la patología alegada por la compañía.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirmó la condena a la aseguradora basándose en la falta de prueba sobre la ocultación dolosa:

1. Inexistencia de diagnóstico previo: La prueba realizada en enero de 2010 tenía como fin tratar una apnea del sueño, y el informe médico resultante afirmaba explícitamente que no se objetivó diagnóstico de EPOC. De hecho, el diagnóstico formal de dicha enfermedad no consta hasta diciembre de 2023.
2. Deficiencia del cuestionario: La pregunta 12 del cuestionario era genérica y de “difícil contestación médica”, por lo que no puede imputarse mala fe al asegurado por no declarar una enfermedad que ni siquiera le había sido diagnosticada.
3. Causa del fallecimiento: Los médicos descartaron que la causa del deceso fuera un EPOC agravado, situando el origen en una sepsis grave (infección generalizada).
4. Intereses de demora: El tribunal ratificó los intereses del art. 20 LCS al no apreciar “causa justificada” para el impago. Se trata de un proceso usual de interpretación del art. 10 LCS donde no hay incertidumbre sobre la cuantía ni la causa del siniestro.

“no hay un deber de declaración sino de respuesta del tomador, de lo que interesa de él el asegurador, y que le importa, a efectos de valorar, debidamente, el riesgo”.

Decisión del Tribunal

El tribunal declaró no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por Helvetia Cía. Suiza S.A..

La Sala confirmó íntegramente la sentencia de instancia, validando el pago de los 300.000 euros más intereses moratorios y condenando a la aseguradora al pago de las costas de la alzada.

Conclusión

El deber del asegurado se limita a responder estrictamente a lo preguntado en el cuestionario.

Si la compañía no acredita un diagnóstico médico firme de la enfermedad previa a la firma del contrato, no puede invocar la ocultación dolosa para eludir el pago de la indemnización.

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Abogado Reclama Incapacidad Permanente Córdoba Si Generali niega su indemnización por invalidez pese a estar jubilado, contacte ya con un abogado reclamar indemnización incapacidad permanente Córdoba experto. Esta sentencia reciente obliga a pagar 120.000€: la póliza prevalece sobre excusas administrativas. Lea la sentencia y descubra si califica para reclamar. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Córdoba. Sección: 1. Fecha: 3 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 1312/2025. Antecedentes El Sr. Santos mantenía vigente con la entidad Generali España S.A. una póliza de seguro de vida (“Seguro Generali Vida Adhesión Voluntaria”) suscrita originalmente en el año 2008. El contrato incluía una garantía complementaria de anticipo por invalidez absoluta y permanente con un capital asegurado de 120.000 euros. En abril de 2020, el asegurado accedió a la jubilación ordinaria tras más de 40 años de cotización. No obstante, el Sr. Santos reclamó el pago de la cobertura de invalidez alegando que padecía un cuadro pluripatológico crónico (gonartrosis bilateral, fibrilación auricular y artrosis cervical y lumbar grave) que le incapacitaba para cualquier actividad laboral. La aseguradora rechazó el siniestro, lo que motivó el inicio del procedimiento de peritación contradictoria del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Córdoba dictó sentencia el 22 de julio de 2024. El magistrado declaró nulo el dictamen del tercer perito, D. Leonardo, debido a un defecto formal: el perito designado de común acuerdo no se reunió ni tuvo contacto con los peritos de las partes para deliberar. Sin embargo, el juzgado desestimó la indemnización al considerar que, al estar jubilado el asegurado, la finalidad del seguro había decaído y las enfermedades no alcanzaban el grado de invalidez absoluta. Audiencia Provincial El Sr. Santos apeló la resolución denunciando un error en la valoración de la prueba y una interpretación errónea de la póliza. La aseguradora se opuso, defendiendo que la jubilación previa del asegurado hacía improcedente la reclamación. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si, una vez anulado el dictamen del tercer perito por infracción del procedimiento del art. 38 LCS, el tribunal puede realizar una nueva valoración médica basada en el resto de informes aportados. Asimismo, se analizó si la situación de jubilación o la falta de una declaración administrativa de invalidez por la Seguridad Social impiden el cobro de la indemnización cuando la póliza define la invalidez de forma autónoma. Razonamiento del Tribunal La Sala estimó el recurso y revocó la desestimación de la indemnización tras realizar su propia valoración de la prueba pericial. El tribunal otorgó prevalencia a los informes clínicos que acreditaban que el asegurado padecía una ineptitud total para cualquier actividad laboral, independientemente de que no existiera un dictamen de la Seguridad Social. El tribunal razonó que la póliza no exige estar en activo ni poseer una declaración administrativa previa para que surja la obligación de indemnizar, siendo inadmisible introducir limitaciones “implícitas” que no figuran en el contrato. “la exigencia de declaración administrativa de invalidez, como regla general para considerar realizado el riesgo asegurado, puede tener excepciones derivadas de la cláusula de la propia póliza”. Decisión del Tribunal El tribunal estimó el recurso de apelación y, asumiendo la instancia tras la nulidad del perito del art. 38 LCS, condenó a Generali España S.A. a: Abonar al Sr. Santos los 120.000 euros del capital asegurado. Pagar los intereses del artículo 20 LCS desde el 30 de marzo de 2022 (fecha del informe pericial que permitió constatar la invalidez), al no apreciar causa justificada para el retraso. Asumir las costas procesales de la primera instancia. Conclusión La nulidad del dictamen de un tercer perito por defectos de procedimiento no impide al tribunal valorar el fondo del asunto mediante otras pruebas médicas; si la póliza no lo especifica, ni la jubilación ni la falta de resolución de la Seguridad Social son obstáculos para percibir la prestación por invalidez absoluta. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclama Incapacidad Permanente Córdoba first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/7SKdlt2

Si Generali niega su indemnización por invalidez pese a estar jubilado, contacte ya con un abogado reclamar indemnización incapacidad permanente Córdoba experto. Esta sentencia reciente obliga a pagar 120.000€: la póliza prevalece sobre excusas administrativas. Lea la sentencia y descubra si califica para reclamar.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Córdoba.
• Sección: 1.
• Fecha: 3 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 1312/2025.

Antecedentes 

El Sr. Santos mantenía vigente con la entidad Generali España S.A. una póliza de seguro de vida (“Seguro Generali Vida Adhesión Voluntaria”) suscrita originalmente en el año 2008.

El contrato incluía una garantía complementaria de anticipo por invalidez absoluta y permanente con un capital asegurado de 120.000 euros.

En abril de 2020, el asegurado accedió a la jubilación ordinaria tras más de 40 años de cotización.

No obstante, el Sr. Santos reclamó el pago de la cobertura de invalidez alegando que padecía un cuadro pluripatológico crónico (gonartrosis bilateral, fibrilación auricular y artrosis cervical y lumbar grave) que le incapacitaba para cualquier actividad laboral.

La aseguradora rechazó el siniestro, lo que motivó el inicio del procedimiento de peritación contradictoria del artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Córdoba dictó sentencia el 22 de julio de 2024.

El magistrado declaró nulo el dictamen del tercer perito, D. Leonardo, debido a un defecto formal: el perito designado de común acuerdo no se reunió ni tuvo contacto con los peritos de las partes para deliberar.

Sin embargo, el juzgado desestimó la indemnización al considerar que, al estar jubilado el asegurado, la finalidad del seguro había decaído y las enfermedades no alcanzaban el grado de invalidez absoluta.

Audiencia Provincial 

El Sr. Santos apeló la resolución denunciando un error en la valoración de la prueba y una interpretación errónea de la póliza.

La aseguradora se opuso, defendiendo que la jubilación previa del asegurado hacía improcedente la reclamación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si, una vez anulado el dictamen del tercer perito por infracción del procedimiento del art. 38 LCS, el tribunal puede realizar una nueva valoración médica basada en el resto de informes aportados.

Asimismo, se analizó si la situación de jubilación o la falta de una declaración administrativa de invalidez por la Seguridad Social impiden el cobro de la indemnización cuando la póliza define la invalidez de forma autónoma.

Razonamiento del Tribunal

La Sala estimó el recurso y revocó la desestimación de la indemnización tras realizar su propia valoración de la prueba pericial.

El tribunal otorgó prevalencia a los informes clínicos que acreditaban que el asegurado padecía una ineptitud total para cualquier actividad laboral, independientemente de que no existiera un dictamen de la Seguridad Social.

El tribunal razonó que la póliza no exige estar en activo ni poseer una declaración administrativa previa para que surja la obligación de indemnizar, siendo inadmisible introducir limitaciones “implícitas” que no figuran en el contrato.

“la exigencia de declaración administrativa de invalidez, como regla general para considerar realizado el riesgo asegurado, puede tener excepciones derivadas de la cláusula de la propia póliza”.

Decisión del Tribunal

El tribunal estimó el recurso de apelación y, asumiendo la instancia tras la nulidad del perito del art. 38 LCS, condenó a Generali España S.A. a:

• Abonar al Sr. Santos los 120.000 euros del capital asegurado.
• Pagar los intereses del artículo 20 LCS desde el 30 de marzo de 2022 (fecha del informe pericial que permitió constatar la invalidez), al no apreciar causa justificada para el retraso.
• Asumir las costas procesales de la primera instancia.

Conclusión

La nulidad del dictamen de un tercer perito por defectos de procedimiento no impide al tribunal valorar el fondo del asunto mediante otras pruebas médicas; si la póliza no lo especifica, ni la jubilación ni la falta de resolución de la Seguridad Social son obstáculos para percibir la prestación por invalidez absoluta.

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Abogado Reclama Fraude Bancario Mérida: Conoce detalles Si Unicaja le niega el reembolso tras un smishing en SMS oficiales, contacte ya con un abogado reclamar fraude bancario experto. Esta sentencia reciente obliga al banco a devolver 22.496€: la brecha de seguridad es suya, no negligencia del cliente. Lea el caso completo y evalúe su reclamación. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Badajoz (Sede Mérida). Sección: 3. Fecha: 4 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: Nº de resolución: 472/2025. Antecedentes D. Nicolas era titular de varias cuentas en la entidad Unicaja Banco S.A. Entre el sábado 11 y el lunes 13 de junio de 2022, recibió diversos mensajes de texto (SMS) en su teléfono móvil que aparentaban provenir de su banco. Estos mensajes aparecían en el mismo hilo de comunicación oficial de Unicaja, enlazados a notificaciones legítimas previas (como avisos de Bizum). Los primeros mensajes advertían de un acceso no autorizado y solicitaban verificar la cuenta a través de un enlace. Aunque el cliente no pinchó en los enlaces de los dos primeros avisos, el lunes 13 de junio recibió un tercer SMS de “Último Aviso” informando del bloqueo de su cuenta. En esta ocasión, D. Nicolas pinchó en el enlace e introdujo sus datos y claves de seguridad para supuestamente vincular su dispositivo de banca digital. Apenas unos minutos después, entre las 15:40 y las 16:04, se realizaron tres transferencias fraudulentas desde sus cuentas por un importe total de 22.496 euros. Las operaciones presentaban conceptos absurdos como “jajaajaajjaajaj” o “hsjsjdxjjbbxbb”. El afectado denunció inmediatamente los hechos y solicitó el reintegro al banco, que le fue denegado. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Montijo dictó sentencia el 19 de marzo de 2025 estimando íntegramente la demanda. Declaró la responsabilidad civil de Unicaja por incumplir sus deberes de custodia como depositaria y la condenó a indemnizar al actor con 22.496 euros más intereses y costas. Audiencia Provincial Unicaja Banco S.A. interpuso recurso de apelación alegando que las operaciones fueron autenticadas correctamente y que el fraude se debió a la negligencia grave del cliente al facilitar sus claves. Cuestión Jurídica Principal La controversia jurídica se centró en la aplicación del régimen de responsabilidad previsto en el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago (LSP). El tribunal debió determinar si el banco cumplió con su carga de la prueba para acreditar que el usuario actuó con fraude o negligencia grave. La Sala analizó si el hecho de que el SMS fraudulento se insertara en el canal de comunicación oficial del banco constituye una brecha de seguridad de la entidad que impide calificar la conducta del cliente como negligencia grave. Razonamiento del Tribunal La Audiencia desestimó el recurso de Unicaja basándose en que el banco no logró probar la existencia de negligencia grave en el actuar del cliente. El tribunal razonó que el engaño fue posible debido a una brecha de seguridad del banco, no detectada ni corregida, que permitió el envío de enlaces fraudulentos desde su propio número. Además, destacó que la entidad bancaria debería haber detectado como sospechosas tres transferencias de tal cuantía realizadas en solo 25 minutos y con conceptos manifiestamente anómalos. “(…) no pudiendo considerarse negligencia gravedel cliente el hecho de que procediese a pinchar en un enlace que se le envió desde un número que pertenecía a la entidad financiera, enlazado a los previos mensajes que había recibido de forma correcta de la apelante… enlace que le derivó a una página de acceso que aparentemente coincidiría con la de UNICAJA BANCO y que siguiese los pasos que le indicaba la misma para verificar su cuenta y restablecer su seguridad”. Decisión del Tribunal El tribunal desestimó el recurso de apelación de Unicaja Banco S.A. y confirmó la sentencia de primera instancia. La entidad financiera fue condenada a reintegrar los 22.496 euros sustraídos, más los intereses legales y el pago de las costas de la apelación. El tribunal subrayó que, al ser un régimen de responsabilidad cuasi-objetiva, el banco debe asumir los fallos de seguridad de su sistema de banca electrónica frente al consumidor. Conclusión En supuestos de fraude bancario mediante smishing, la entidad financiera es responsable de restituir los fondos si no acredita una negligencia grave del usuario. Esta no puede apreciarse cuando el cliente es engañado a través de los canales de comunicación oficiales de la propia entidad. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclama Fraude Bancario Mérida: Conoce detalles first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/69ZW5A7

Si Unicaja le niega el reembolso tras un smishing en SMS oficiales, contacte ya con un abogado reclamar fraude bancario experto. Esta sentencia reciente obliga al banco a devolver 22.496€: la brecha de seguridad es suya, no negligencia del cliente. Lea el caso completo y evalúe su reclamación.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Badajoz (Sede Mérida).
• Sección: 3.
• Fecha: 4 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: Nº de resolución: 472/2025.

 

Antecedentes

D. Nicolas era titular de varias cuentas en la entidad Unicaja Banco S.A.

Entre el sábado 11 y el lunes 13 de junio de 2022, recibió diversos mensajes de texto (SMS) en su teléfono móvil que aparentaban provenir de su banco.

Estos mensajes aparecían en el mismo hilo de comunicación oficial de Unicaja, enlazados a notificaciones legítimas previas (como avisos de Bizum).

Los primeros mensajes advertían de un acceso no autorizado y solicitaban verificar la cuenta a través de un enlace.

Aunque el cliente no pinchó en los enlaces de los dos primeros avisos, el lunes 13 de junio recibió un tercer SMS de “Último Aviso” informando del bloqueo de su cuenta.

En esta ocasión, D. Nicolas pinchó en el enlace e introdujo sus datos y claves de seguridad para supuestamente vincular su dispositivo de banca digital.

Apenas unos minutos después, entre las 15:40 y las 16:04, se realizaron tres transferencias fraudulentas desde sus cuentas por un importe total de 22.496 euros.

Las operaciones presentaban conceptos absurdos como “jajaajaajjaajaj” o “hsjsjdxjjbbxbb”.

El afectado denunció inmediatamente los hechos y solicitó el reintegro al banco, que le fue denegado.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Montijo dictó sentencia el 19 de marzo de 2025 estimando íntegramente la demanda.

Declaró la responsabilidad civil de Unicaja por incumplir sus deberes de custodia como depositaria y la condenó a indemnizar al actor con 22.496 euros más intereses y costas.

Audiencia Provincial 

Unicaja Banco S.A. interpuso recurso de apelación alegando que las operaciones fueron autenticadas correctamente y que el fraude se debió a la negligencia grave del cliente al facilitar sus claves.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica se centró en la aplicación del régimen de responsabilidad previsto en el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago (LSP).

El tribunal debió determinar si el banco cumplió con su carga de la prueba para acreditar que el usuario actuó con fraude o negligencia grave.

La Sala analizó si el hecho de que el SMS fraudulento se insertara en el canal de comunicación oficial del banco constituye una brecha de seguridad de la entidad que impide calificar la conducta del cliente como negligencia grave.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia desestimó el recurso de Unicaja basándose en que el banco no logró probar la existencia de negligencia grave en el actuar del cliente.

El tribunal razonó que el engaño fue posible debido a una brecha de seguridad del banco, no detectada ni corregida, que permitió el envío de enlaces fraudulentos desde su propio número.

Además, destacó que la entidad bancaria debería haber detectado como sospechosas tres transferencias de tal cuantía realizadas en solo 25 minutos y con conceptos manifiestamente anómalos.

“(…) no pudiendo considerarse negligencia gravedel cliente el hecho de que procediese a pinchar en un enlace que se le envió desde un número que pertenecía a la entidad financiera, enlazado a los previos mensajes que había recibido de forma correcta de la apelante… enlace que le derivó a una página de acceso que aparentemente coincidiría con la de UNICAJA BANCO y que siguiese los pasos que le indicaba la misma para verificar su cuenta y restablecer su seguridad”.

Decisión del Tribunal

El tribunal desestimó el recurso de apelación de Unicaja Banco S.A. y confirmó la sentencia de primera instancia.

La entidad financiera fue condenada a reintegrar los 22.496 euros sustraídos, más los intereses legales y el pago de las costas de la apelación.

El tribunal subrayó que, al ser un régimen de responsabilidad cuasi-objetiva, el banco debe asumir los fallos de seguridad de su sistema de banca electrónica frente al consumidor.

Conclusión

En supuestos de fraude bancario mediante smishing, la entidad financiera es responsable de restituir los fondos si no acredita una negligencia grave del usuario. 

Esta no puede apreciarse cuando el cliente es engañado a través de los canales de comunicación oficiales de la propia entidad.

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Abogado Reclama Negligencia Médica Madrid Si busca un abogado reclamar indemnización negligencia médica Madrid, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid puede orientarle sobre cuándo una aseguradora sanitaria puede responder por un retraso diagnóstico atribuido a médicos de su cuadro facultativo. Conozca los criterios jurídicos aplicados por el tribunal y valore si su caso puede ser reclamable. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid. Sección: 14. Fecha: 10 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 397/2025. Antecedentes La demanda fue interpuesta por D. Daniel y sus hijos contra la entidad Segurcaixa Adeslas, S.A., tras el fallecimiento de su esposa y madre, Dña. Angelina, de 55 años de edad, a causa de un carcinoma ecrino metastásico. En febrero de 2012, la paciente acudió a una consulta del cuadro médico de la aseguradora por un nódulo axilar palpable. A pesar de que el facultativo detectó el bulto, las pruebas de imagen (mamografía y ecografía) fueron insuficientes y no se realizaron biopsias ni actos clínicos adicionales para descartar malignidad. El diagnóstico definitivo no se obtuvo hasta noviembre de 2012 en otro centro hospitalario, lo que supuso un retraso de nueve meses que privó a la paciente de mejores oportunidades de curación y supervivencia. Los demandantes reclamaron una indemnización de 322.698,95 euros. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 55 de Madrid estimó parcialmente la demanda, condenando a Segurcaixa Adeslas al pago de 258.159,16 euros más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). Audiencia Provincial La aseguradora apeló alegando falta de legitimación pasiva —argumentando que solo cubría el coste asistencial y no el acto médico— y cuestionando la existencia de negligencia y el cálculo de la indemnización. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó íntegramente el recurso y confirmó la condena. Cuestión Jurídica Principal La controversia se centró en determinar la responsabilidad de las aseguradoras de asistencia sanitaria por la negligencia de los profesionales de su cuadro médico. El tribunal analizó si, bajo el artículo 105 de la LCS, la aseguradora actúa como mera intermediaria o si asume directamente la prestación del servicio y la garantía de una atención correcta. Asimismo, se debatió la aplicación orientativa del Baremo de Tráfico de 2015 para hechos ocurridos con anterioridad en ámbitos ajenos a la circulación. Razonamiento del Tribunal El tribunal rechazó los argumentos de la aseguradora basándose en la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de las entidades de seguro libre. Se determinó que: Legitimación pasiva: La aseguradora no es una simple pagadora de facturas; al ofertar un cuadro médico, garantiza la calidad del servicio sanitario prestado por sus auxiliares. Infracción de la lex artis: Existió una valoración insuficiente del nódulo axilar, que es un “signo de alarma” claro. La falta de una biopsia temprana ante la discordancia clínica provocó el retraso fatal. Cuantificación: Es válido aplicar el Baremo de la Ley 35/2015 de forma orientativa, incluso si los hechos son previos, para lograr la total indemnidad de la víctima. “esta condena es claramente indicativa de que había asumido no solo la obligación de prestar los servicios médicos a sus afiliados, sino de garantizarles una correcta atención”. Decisión del Tribunal La Sala desestimó el recurso de apelación de Segurcaixa Adeslas, confirmando la sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos. Ratificó la indemnización por pérdida de oportunidad (fijada en el 80% de las posibilidades de supervivencia) y la imposición de los intereses moratorios del art. 20 LCS desde la interposición de la demanda. Además, impuso las costas de la alzada a la aseguradora apelante. Conclusión Las entidades de seguro de asistencia sanitaria son responsables de la mala praxis de los facultativos de su cuadro médico, pues su obligación contractual no se limita a la financiación del servicio, sino que incluye la garantía de una atención médica diligente y adecuada a la lex artis. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclama Negligencia Médica Madrid first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/hdnYqIW

 

Si busca un abogado reclamar indemnización negligencia médica Madrid, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid puede orientarle sobre cuándo una aseguradora sanitaria puede responder por un retraso diagnóstico atribuido a médicos de su cuadro facultativo. Conozca los criterios jurídicos aplicados por el tribunal y valore si su caso puede ser reclamable.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid. 
• Sección: 14.
• Fecha: 10 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 397/2025.

 

Antecedentes

La demanda fue interpuesta por D. Daniel y sus hijos contra la entidad Segurcaixa Adeslas, S.A., tras el fallecimiento de su esposa y madre, Dña. Angelina, de 55 años de edad, a causa de un carcinoma ecrino metastásico.

En febrero de 2012, la paciente acudió a una consulta del cuadro médico de la aseguradora por un nódulo axilar palpable.

A pesar de que el facultativo detectó el bulto, las pruebas de imagen (mamografía y ecografía) fueron insuficientes y no se realizaron biopsias ni actos clínicos adicionales para descartar malignidad.

El diagnóstico definitivo no se obtuvo hasta noviembre de 2012 en otro centro hospitalario, lo que supuso un retraso de nueve meses que privó a la paciente de mejores oportunidades de curación y supervivencia. Los demandantes reclamaron una indemnización de 322.698,95 euros.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 55 de Madrid estimó parcialmente la demanda, condenando a Segurcaixa Adeslas al pago de 258.159,16 euros más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

Audiencia Provincial 

La aseguradora apeló alegando falta de legitimación pasiva —argumentando que solo cubría el coste asistencial y no el acto médico— y cuestionando la existencia de negligencia y el cálculo de la indemnización.

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó íntegramente el recurso y confirmó la condena.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centró en determinar la responsabilidad de las aseguradoras de asistencia sanitaria por la negligencia de los profesionales de su cuadro médico.

El tribunal analizó si, bajo el artículo 105 de la LCS, la aseguradora actúa como mera intermediaria o si asume directamente la prestación del servicio y la garantía de una atención correcta.

Asimismo, se debatió la aplicación orientativa del Baremo de Tráfico de 2015 para hechos ocurridos con anterioridad en ámbitos ajenos a la circulación.

Razonamiento del Tribunal

El tribunal rechazó los argumentos de la aseguradora basándose en la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de las entidades de seguro libre. Se determinó que:

1. Legitimación pasiva: La aseguradora no es una simple pagadora de facturas; al ofertar un cuadro médico, garantiza la calidad del servicio sanitario prestado por sus auxiliares.
2. Infracción de la lex artis: Existió una valoración insuficiente del nódulo axilar, que es un “signo de alarma” claro. La falta de una biopsia temprana ante la discordancia clínica provocó el retraso fatal.
3. Cuantificación: Es válido aplicar el Baremo de la Ley 35/2015 de forma orientativa, incluso si los hechos son previos, para lograr la total indemnidad de la víctima.

“esta condena es claramente indicativa de que había asumido no solo la obligación de prestar los servicios médicos a sus afiliados, sino de garantizarles una correcta atención”.

Decisión del Tribunal

La Sala desestimó el recurso de apelación de Segurcaixa Adeslas, confirmando la sentencia de instancia en todos sus pronunciamientos.

Ratificó la indemnización por pérdida de oportunidad (fijada en el 80% de las posibilidades de supervivencia) y la imposición de los intereses moratorios del art. 20 LCS desde la interposición de la demanda.

Además, impuso las costas de la alzada a la aseguradora apelante.

Conclusión

Las entidades de seguro de asistencia sanitaria son responsables de la mala praxis de los facultativos de su cuadro médico, pues su obligación contractual no se limita a la financiación del servicio, sino que incluye la garantía de una atención médica diligente y adecuada a la lex artis.

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