Abogado Reclama Seguro Invalidez Permanente Almería ¿Cajamar niega el seguro de invalidez por superar los 65 años? Si busca abogado reclamar seguro invalidez permanente Almeria, estasentencia de la Audiencia Provincial de Almería reconoció el derecho a cobrar 15.000 euros por fijarse efectos retroactivos de la incapacidad dentro de la vigencia de la póliza. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Almería. Sección: 1. Fecha: 17 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 1128/2025. Antecedentes El Sr. Elías era titular de un seguro de vida suscrito con la entidad Cajamar Vida, S.A. con efectos desde el 5 de junio de 2014. La póliza incluía una garantía complementaria de anticipo de capital por Incapacidad Permanente y Absoluta (IPA) por un importe de 15.000 euros. El contrato establecía como límite de edad para esta cobertura los 65 años. El asegurado alcanzó los 65 años el 26 de agosto de 2021. No obstante, tras un proceso judicial ante la jurisdicción social, el Juzgado de lo Social nº 4 de Almería dictó sentencia el 29 de marzo de 2022 reconociéndole una situación de invalidez permanente absoluta. Lo relevante es que dicha resolución judicial retrotrajo los efectos de la incapacidad al 20 de noviembre de 2018, fecha en la que el Sr. Elias tenía 62 años y la póliza se encontraba plenamente vigente para este riesgo. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Almería estimó la demanda del asegurado. El juez declaró que la aseguradora incumplió el contrato y la condenó a abonar los 15.000 euros más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), al considerar que la fecha que debe primar es la de los efectos retroactivos fijados judicialmente (62 años) y no la de la sentencia de incapacidad. Audiencia Provincial Cajamar Vida apeló la decisión alegando que el riesgo se produjo cuando la sentencia de lo social fue dictada (2022), momento en el que el asegurado ya había superado los 65 años y la cobertura había expirado. También sostuvo que el asegurado pudo ocultar patologías, extremo que fue descartado por el tribunal al probarse que la entidad conocía las resoluciones del INSS. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar cuál es la “fecha del siniestro” a efectos de cobertura en un seguro de vida con garantía de invalidez cuando existe una declaración judicial de incapacidad con efectos retroactivos. La cuestión era decidir si el siniestro ocurre cuando se dicta la sentencia que reconoce la invalidez o si debe estarse a la fecha de efectos fijada por el organismo público o judicial, especialmente si esta última queda dentro del límite de edad de la póliza. Razonamiento del Tribunal La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de instancia apoyándose en las cláusulas de la propia póliza y en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (Sentencias 129/2023 y 68/2025). El tribunal razonó que: Definición contractual: La póliza establecía que la fecha de ocurrencia de la IPA coincidiría con la fijada por el organismo público en el documento acreditativo de la incapacidad. Primacía de los efectos reales: No es admisible que la cobertura dependa de la duración de los procesos judiciales o de la demora del INSS en reconocer una situación que ya existía. Doctrina del hecho causante: Tanto la sala de lo Civil como la de lo Social del Tribunal Supremo coinciden en que la fecha del siniestro debe ser, por regla general, la del dictamen de los equipos de valoración (EVI) o la fecha en que las secuelas se revelan como permanentes e irreversibles. “no puede depender la fecha del siniestro de los avatares procesales o incluso de las vicisitudes en la tramitación de un proceso judicial imputables o no a las partes cuando la fecha del siniestro viene determinada por la declaración del organismo público que la declara”. Decisión del Tribunal El tribunal desestimó el recurso de apelación de Cajamar Vida, S.A. y confirmó íntegramente la sentencia recurrida. Al haberse fijado judicialmente los efectos de la incapacidad a los 62 años, el siniestro ocurrió dentro del periodo de vigencia de la cobertura. La aseguradora queda obligada al pago de los 15.000 euros, los intereses moratorios especiales de la LCS y las costas de la apelación. Conclusión En los seguros de vida con cobertura de invalidez, la fecha del siniestro es la fecha de efectos establecida por el organismo competente o la sentencia judicial. Si dicha fecha de efectos es anterior al límite de edad de la póliza, la aseguradora debe indemnizar con independencia de que la resolución formal se dicte una vez superada la edad máxima de cobertura. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclama Seguro Invalidez Permanente Almería first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/iuGhZ2F

¿Cajamar niega el seguro de invalidez por superar los 65 años? Si busca abogado reclamar seguro invalidez permanente Almeria, estasentencia de la Audiencia Provincial de Almería  reconoció el derecho a cobrar 15.000 euros por fijarse efectos retroactivos de la incapacidad dentro de la vigencia de la póliza.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Almería.
• Sección: 1.
• Fecha: 17 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 1128/2025.

Antecedentes

El Sr. Elías era titular de un seguro de vida suscrito con la entidad Cajamar Vida, S.A. con efectos desde el 5 de junio de 2014.

La póliza incluía una garantía complementaria de anticipo de capital por Incapacidad Permanente y Absoluta (IPA) por un importe de 15.000 euros. El contrato establecía como límite de edad para esta cobertura los 65 años.

El asegurado alcanzó los 65 años el 26 de agosto de 2021.

No obstante, tras un proceso judicial ante la jurisdicción social, el Juzgado de lo Social nº 4 de Almería dictó sentencia el 29 de marzo de 2022 reconociéndole una situación de invalidez permanente absoluta.

Lo relevante es que dicha resolución judicial retrotrajo los efectos de la incapacidad al 20 de noviembre de 2018, fecha en la que el Sr. Elias tenía 62 años y la póliza se encontraba plenamente vigente para este riesgo.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Almería estimó la demanda del asegurado.

El juez declaró que la aseguradora incumplió el contrato y la condenó a abonar los 15.000 euros más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), al considerar que la fecha que debe primar es la de los efectos retroactivos fijados judicialmente (62 años) y no la de la sentencia de incapacidad.

Audiencia Provincial 

Cajamar Vida apeló la decisión alegando que el riesgo se produjo cuando la sentencia de lo social fue dictada (2022), momento en el que el asegurado ya había superado los 65 años y la cobertura había expirado.

También sostuvo que el asegurado pudo ocultar patologías, extremo que fue descartado por el tribunal al probarse que la entidad conocía las resoluciones del INSS.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar cuál es la “fecha del siniestro” a efectos de cobertura en un seguro de vida con garantía de invalidez cuando existe una declaración judicial de incapacidad con efectos retroactivos.

La cuestión era decidir si el siniestro ocurre cuando se dicta la sentencia que reconoce la invalidez o si debe estarse a la fecha de efectos fijada por el organismo público o judicial, especialmente si esta última queda dentro del límite de edad de la póliza.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de instancia apoyándose en las cláusulas de la propia póliza y en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (Sentencias 129/2023 y 68/2025). El tribunal razonó que:

1. Definición contractual: La póliza establecía que la fecha de ocurrencia de la IPA coincidiría con la fijada por el organismo público en el documento acreditativo de la incapacidad.
2. Primacía de los efectos reales: No es admisible que la cobertura dependa de la duración de los procesos judiciales o de la demora del INSS en reconocer una situación que ya existía.
3. Doctrina del hecho causante: Tanto la sala de lo Civil como la de lo Social del Tribunal Supremo coinciden en que la fecha del siniestro debe ser, por regla general, la del dictamen de los equipos de valoración (EVI) o la fecha en que las secuelas se revelan como permanentes e irreversibles.

“no puede depender la fecha del siniestro de los avatares procesales o incluso de las vicisitudes en la tramitación de un proceso judicial imputables o no a las partes cuando la fecha del siniestro viene determinada por la declaración del organismo público que la declara”.

Decisión del Tribunal

El tribunal desestimó el recurso de apelación de Cajamar Vida, S.A. y confirmó íntegramente la sentencia recurrida.

Al haberse fijado judicialmente los efectos de la incapacidad a los 62 años, el siniestro ocurrió dentro del periodo de vigencia de la cobertura.

La aseguradora queda obligada al pago de los 15.000 euros, los intereses moratorios especiales de la LCS y las costas de la apelación.

Conclusión

En los seguros de vida con cobertura de invalidez, la fecha del siniestro es la fecha de efectos establecida por el organismo competente o la sentencia judicial.

Si dicha fecha de efectos es anterior al límite de edad de la póliza, la aseguradora debe indemnizar con independencia de que la resolución formal se dicte una vez superada la edad máxima de cobertura.

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Abogado reclamar transferencias no autorizadas Palma ¿CaixaBank rechazó devolver el importe de unas transferencias no autorizadas tras un fraude de phishing? Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que confirmó la condena de la entidad al pago de 19.274 euros, ofrece un criterio relevante sobre la negligencia grave del usuario y los deberes de control del banco. Si quiere conocer cómo razonan los tribunales en estos supuestos, siga leyendo. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Sección: 3. Fecha: 26 de enero de 2026. Nº de Resolución: 61/2026. Antecedentes El 17 de julio de 2020, la Sra. Ángela, cliente de CaixaBank, S.A., recibió un SMS desde el número de la entidad instándole a descargar una aplicación para autorizar pagos seguros. Días después, el 23 de julio, recibió un correo electrónico fraudulento solicitando la confirmación de su identidad a través de un enlace para realizar transacciones. Al acceder y facilitar sus datos, terceros instalaron la aplicación de banca a distancia en un dispositivo distinto al de la usuaria. A pesar de que el sistema detectó la instalación en un dispositivo nuevo y envió una clave de configuración que la cliente facilitó bajo engaño, entre las 20:00 y las 20:26 horas se realizaron siete transferencias por un total de 28.096 euros. La Sra. Ángela llamó al banco tras las dos primeras operaciones para alertar del fraude, pero la entidad no bloqueó las cuentas alegando que no podía acreditar la identidad de quien llamaba, permitiendo que se ejecutaran cinco transferencias adicionales. Finalmente, solo se pudieron recuperar 8.822 euros, resultando un perjuicio neto de 19.274 euros. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Palma dictó sentencia el 7 de febrero de 2025 estimando la demanda. Declaró la responsabilidad de CaixaBank por el incumplimiento del contrato de cuenta bancaria y la incorrecta ejecución de las operaciones, condenándola a abonar los 19.274 euros más intereses. Audiencia Provincial CaixaBank interpuso recurso de apelación solicitando la exoneración de su responsabilidad. La entidad alegó que la cliente incurrió en negligencia grave al proporcionar sus claves personales tras acceder a un enlace cuestionable. Cuestión Jurídica Principal La controversia se centra en determinar si la conducta de la cliente, al ser víctima de un engaño (phishing), alcanza el grado de negligencia grave exigido por el Real Decreto-ley 19/2018 para que el usuario soporte las pérdidas de operaciones no autorizadas. El tribunal analizó si facilitar credenciales en un contexto de apariencia de veracidad —reforzado por comunicaciones previas legítimas del banco— constituye una falta de diligencia “inexcusable” o si, por el contrario, la entidad falló en sus deberes de vigilancia y bloqueo de operaciones anómalas. Razonamiento del Tribunal La Sala confirmó la sentencia de instancia al no apreciar gravedad en la negligencia de la cliente. El tribunal razonó que, hace cinco años, el nivel de información sobre estos fraudes era menor y que el SMS previo y legítimo del banco pudo inducir a una persona no experta a confiar en la solicitud posterior de sincronización. Además, resta valor a las faltas de ortografía en los mensajes fraudulentos como señal de alerta, constatando que la propia entidad apelante cometió errores ortográficos similares en sus comunicaciones oficiales. Especialmente relevante es que la cliente actuó con diligencia al dar aviso telefónico inmediato. El tribunal critica que el banco, tras detectar un dispositivo nuevo y observar transferencias de importes elevados en pocos minutos, no adoptara medidas automáticas de bloqueo temporal, permitiendo que el fraude continuara incluso después de recibir la llamada de alerta de la titular. “la negligencia a que se refiere el precepto ha de revestir la condición de grave, no siendo suficiente una negligencia leve ni media para la exclusión de la responsabilidad de la entidad bancaria”. Decisión del Tribunal El tribunal desestimó el recurso de apelación de CaixaBank, S.A. y confirma íntegramente la sentencia recurrida. La entidad fue condenada al pago de los 19.274 euros, los intereses legales desde el cargo en cuenta y las costas de la alzada. Conclusión La responsabilidad del banco por operaciones no autorizadas es la regla general. Para exonerarse, no basta con probar una distracción o negligencia leve del usuario, sino que debe acreditar una falta de diligencia significativa, la cual queda desvirtuada si la entidad no dispone de sistemas eficaces para detectar y bloquear operativas manifiestamente anómalas o sospechosas. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar transferencias no autorizadas Palma first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/D2Gmbx4

¿CaixaBank rechazó devolver el importe de unas transferencias no autorizadas tras un fraude de phishing? Esta sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que confirmó la condena de la entidad al pago de 19.274 euros, ofrece un criterio relevante sobre la negligencia grave del usuario y los deberes de control del banco. Si quiere conocer cómo razonan los tribunales en estos supuestos, siga leyendo.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 
• Sección: 3.
• Fecha: 26 de enero de 2026.
• Nº de Resolución: 61/2026.

Antecedentes

El 17 de julio de 2020, la Sra. Ángela, cliente de CaixaBank, S.A., recibió un SMS desde el número de la entidad instándole a descargar una aplicación para autorizar pagos seguros.

Días después, el 23 de julio, recibió un correo electrónico fraudulento solicitando la confirmación de su identidad a través de un enlace para realizar transacciones.

Al acceder y facilitar sus datos, terceros instalaron la aplicación de banca a distancia en un dispositivo distinto al de la usuaria.

A pesar de que el sistema detectó la instalación en un dispositivo nuevo y envió una clave de configuración que la cliente facilitó bajo engaño, entre las 20:00 y las 20:26 horas se realizaron siete transferencias por un total de 28.096 euros.

La Sra. Ángela llamó al banco tras las dos primeras operaciones para alertar del fraude, pero la entidad no bloqueó las cuentas alegando que no podía acreditar la identidad de quien llamaba, permitiendo que se ejecutaran cinco transferencias adicionales.

Finalmente, solo se pudieron recuperar 8.822 euros, resultando un perjuicio neto de 19.274 euros.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Palma dictó sentencia el 7 de febrero de 2025 estimando la demanda.

Declaró la responsabilidad de CaixaBank por el incumplimiento del contrato de cuenta bancaria y la incorrecta ejecución de las operaciones, condenándola a abonar los 19.274 euros más intereses.

Audiencia Provincial 

CaixaBank interpuso recurso de apelación solicitando la exoneración de su responsabilidad.

La entidad alegó que la cliente incurrió en negligencia grave al proporcionar sus claves personales tras acceder a un enlace cuestionable.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centra en determinar si la conducta de la cliente, al ser víctima de un engaño (phishing), alcanza el grado de negligencia grave exigido por el Real Decreto-ley 19/2018 para que el usuario soporte las pérdidas de operaciones no autorizadas.

El tribunal analizó si facilitar credenciales en un contexto de apariencia de veracidad —reforzado por comunicaciones previas legítimas del banco— constituye una falta de diligencia “inexcusable” o si, por el contrario, la entidad falló en sus deberes de vigilancia y bloqueo de operaciones anómalas.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirmó la sentencia de instancia al no apreciar gravedad en la negligencia de la cliente.

El tribunal razonó que, hace cinco años, el nivel de información sobre estos fraudes era menor y que el SMS previo y legítimo del banco pudo inducir a una persona no experta a confiar en la solicitud posterior de sincronización.

Además, resta valor a las faltas de ortografía en los mensajes fraudulentos como señal de alerta, constatando que la propia entidad apelante cometió errores ortográficos similares en sus comunicaciones oficiales.

Especialmente relevante es que la cliente actuó con diligencia al dar aviso telefónico inmediato.

El tribunal critica que el banco, tras detectar un dispositivo nuevo y observar transferencias de importes elevados en pocos minutos, no adoptara medidas automáticas de bloqueo temporal, permitiendo que el fraude continuara incluso después de recibir la llamada de alerta de la titular.

“la negligencia a que se refiere el precepto ha de revestir la condición de grave, no siendo suficiente una negligencia leve ni media para la exclusión de la responsabilidad de la entidad bancaria”.

Decisión del Tribunal

El tribunal desestimó el recurso de apelación de CaixaBank, S.A. y confirma íntegramente la sentencia recurrida.

La entidad fue condenada al pago de los 19.274 euros, los intereses legales desde el cargo en cuenta y las costas de la alzada.

Conclusión

La responsabilidad del banco por operaciones no autorizadas es la regla general.

Para exonerarse, no basta con probar una distracción o negligencia leve del usuario, sino que debe acreditar una falta de diligencia significativa, la cual queda desvirtuada si la entidad no dispone de sistemas eficaces para detectar y bloquear operativas manifiestamente anómalas o sospechosas.

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Abogado reclamar seguro multirriesgo: caso AXA Abogado reclamar seguro multirriesgo: análisis de una sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real sobre los límites de cobertura en una póliza multirriesgo. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Ciudad Real. Sección: 1. Fecha: 11 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 2/2026. Antecedentes El Sr. Jacinto, titular de una explotación de limpieza y lavado a presión de vehículos de la franquicia “El elefante azul” en Valdepeñas, tenía suscrita una póliza multirriesgo con la entidad AXA Seguros y Reaseguros S.A. desde el año 2015. Durante la prestación del servicio de lavado completo de un vehículo marca Mercedes, modelo ML280, el automóvil resultó dañado, siendo necesarias diversas reparaciones por un importe total de 11.688,93 euros. El asegurado reclamó dicha cantidad a su aseguradora bajo la cobertura de responsabilidad por explotación. Sin embargo, la compañía rechazó el siniestro alegando que los daños se produjeron en el ejercicio de la actividad profesional (ámbito contractual) y que la póliza supuestamente solo cubría supuestos de responsabilidad extracontractual. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Valdepeñas dictó sentencia el 22 de marzo de 2023 desestimando la demanda. La juzgadora de instancia consideró que, al tratarse de daños causados a un tercero en el ejercicio de la actividad profesional del asegurado bajo un contrato, el siniestro no estaba cubierto, pues interpretó que la póliza limitaba la garantía a la responsabilidad extracontractual. Audiencia Provincial El Sr. Jacinto interpuso recurso de apelación denunciando un error en la valoración de la prueba, especialmente respecto a lo que realmente se pretendía cubrir con el seguro multirriesgo contratado. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si los daños causados a un vehículo durante un proceso de autolavado están cubiertos por una póliza multirriesgo de “Responsabilidad por Explotación” o si, por el contrario, pueden quedar excluidos mediante una interpretación literal que restrinja la cobertura únicamente a la responsabilidad extracontractual. El tribunal debió resolver si una cobertura que el asegurado espera razonablemente como propia de su negocio puede ser limitada sin una advertencia clara y expresa por parte de la aseguradora. Razonamiento del Tribunal La Sala revocó la sentencia de instancia tras analizar el testimonio del propio agente exclusivo de AXA, el Sr. Norberto, quien confirmó en el juicio que lo que se contrató fue un seguro multirriesgo que incluía la responsabilidad por explotación para la actividad de lavado. El tribunal determinó que la interpretación literal realizada en la primera instancia era contradictoria y no podía sostenerse frente a la intención evidente de las partes al contratar. El razonamiento se fundamentó en las normas de interpretación de los contratos del Código Civil y en la doctrina del Tribunal Supremo sobre las expectativas legítimas del asegurado. La Sala subrayó que la aseguradora no puede negar la cobertura basándose en una redacción ambigua cuando el siniestro constituye un riesgo natural de la actividad asegurada. “cuando una determinada cobertura de un siniestro es objetiva y razonablemente esperada por el asegurado, por constituir prestación natural de la modalidad de seguro concertado, es preciso que la restricción preestablecida cuente con la garantía adicional de conocimiento”. Decisión del Tribunal El tribunal estimó íntegramente el recurso de apelación del Sr. Jacinto y revocó la sentencia del juzgado. Condenó a AXA Seguros y Reaseguros S.A. al pago de los 11.688,93 euros reclamados, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro. Asimismo, impuso a la aseguradora las costas de la primera instancia. Conclusión Las cláusulas que pretenden excluir daños propios de la actividad comercial asegurada son inoponibles si el asegurado espera razonablemente dicha cobertura como algo natural al seguro contratado; cualquier restricción a esta “prestación natural” debe estar claramente resaltada y haber sido aceptada específicamente por el tomador para ser válida. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar seguro multirriesgo: caso AXA first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/GjBknUr

 

Abogado reclamar seguro multirriesgo: análisis de una sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real sobre los límites de cobertura en una póliza multirriesgo.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Ciudad Real.
• Sección: 1.
• Fecha: 11 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 2/2026.

 

Antecedentes

El Sr. Jacinto, titular de una explotación de limpieza y lavado a presión de vehículos de la franquicia “El elefante azul” en Valdepeñas, tenía suscrita una póliza multirriesgo con la entidad AXA Seguros y Reaseguros S.A. desde el año 2015.

Durante la prestación del servicio de lavado completo de un vehículo marca Mercedes, modelo ML280, el automóvil resultó dañado, siendo necesarias diversas reparaciones por un importe total de 11.688,93 euros.

El asegurado reclamó dicha cantidad a su aseguradora bajo la cobertura de responsabilidad por explotación.

Sin embargo, la compañía rechazó el siniestro alegando que los daños se produjeron en el ejercicio de la actividad profesional (ámbito contractual) y que la póliza supuestamente solo cubría supuestos de responsabilidad extracontractual.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Valdepeñas dictó sentencia el 22 de marzo de 2023 desestimando la demanda.

La juzgadora de instancia consideró que, al tratarse de daños causados a un tercero en el ejercicio de la actividad profesional del asegurado bajo un contrato, el siniestro no estaba cubierto, pues interpretó que la póliza limitaba la garantía a la responsabilidad extracontractual.

Audiencia Provincial 

El Sr. Jacinto interpuso recurso de apelación denunciando un error en la valoración de la prueba, especialmente respecto a lo que realmente se pretendía cubrir con el seguro multirriesgo contratado.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si los daños causados a un vehículo durante un proceso de autolavado están cubiertos por una póliza multirriesgo de “Responsabilidad por Explotación” o si, por el contrario, pueden quedar excluidos mediante una interpretación literal que restrinja la cobertura únicamente a la responsabilidad extracontractual.

El tribunal debió resolver si una cobertura que el asegurado espera razonablemente como propia de su negocio puede ser limitada sin una advertencia clara y expresa por parte de la aseguradora.

Razonamiento del Tribunal

La Sala revocó la sentencia de instancia tras analizar el testimonio del propio agente exclusivo de AXA, el Sr. Norberto, quien confirmó en el juicio que lo que se contrató fue un seguro multirriesgo que incluía la responsabilidad por explotación para la actividad de lavado.

El tribunal determinó que la interpretación literal realizada en la primera instancia era contradictoria y no podía sostenerse frente a la intención evidente de las partes al contratar.

El razonamiento se fundamentó en las normas de interpretación de los contratos del Código Civil y en la doctrina del Tribunal Supremo sobre las expectativas legítimas del asegurado. La Sala subrayó que la aseguradora no puede negar la cobertura basándose en una redacción ambigua cuando el siniestro constituye un riesgo natural de la actividad asegurada.

“cuando una determinada cobertura de un siniestro es objetiva y razonablemente esperada por el asegurado, por constituir prestación natural de la modalidad de seguro concertado, es preciso que la restricción preestablecida cuente con la garantía adicional de conocimiento”.

Decisión del Tribunal

El tribunal estimó íntegramente el recurso de apelación del Sr. Jacinto y revocó la sentencia del juzgado.

Condenó a AXA Seguros y Reaseguros S.A. al pago de los 11.688,93 euros reclamados, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro. Asimismo, impuso a la aseguradora las costas de la primera instancia.

Conclusión

Las cláusulas que pretenden excluir daños propios de la actividad comercial asegurada son inoponibles si el asegurado espera razonablemente dicha cobertura como algo natural al seguro contratado; cualquier restricción a esta “prestación natural” debe estar claramente resaltada y haber sido aceptada específicamente por el tomador para ser válida.

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Abogado Reclama Fraude Tarjeta Bancaria Madrid ¿Ha sufrido un fraude con su tarjeta bancaria y el banco rechaza devolverle el dinero? Si busca abogado reclamar fraude tarjeta bancaria Madrid, en este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre operaciones no autorizadas, uso del PIN y retraso en la comunicación del fraude, y explicamos qué criterios jurídicos pueden ser relevantes para una reclamación. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid. Sección: 11. Fecha: 5 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 544/2025. Antecedentes El 14 de agosto de 2019, alrededor de las 17:00 horas, la Sra. Maribel sufrió la sustracción de su tarjeta de crédito del Banco Santander mientras realizaba compras en el establecimiento “Leroy Merlin” de Alcobendas. La actora no advirtió la falta de la tarjeta hasta el 19 de agosto, momento en que comprobó que se habían realizado 32 operaciones fraudulentas por un importe total de 19.486,98 euros. Entre las operaciones destacaban retiradas de efectivo en cajeros de 1.000 euros diarios (realizadas mayoritariamente de madrugada) y diversas compras. Tras tener conocimiento, la Sra. Maribel procedió a la anulación de la tarjeta y denunció los hechos ante la Comisaría y el Servicio de Atención al Cliente del banco, que rechazó la devolución de las cantidades. Tramitación Judicial Primera instancia El Tribunal de Instancia de Alcobendas dictó sentencia el 27 de enero de 2023, desestimando íntegramente la demanda. El juzgador absolvió al banco al no apreciar negligencia en su actuación, fundamentando su decisión en que las operaciones se autorizaron con el PIN de la actora y que esta tardó varios días en comunicar la sustracción. Audiencia Provincial La demandante interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba e infracción de las normas sobre la carga de la prueba previstas en el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar el régimen de responsabilidad aplicable ante operaciones de pago no autorizadas tras el robo de una tarjeta física. El tribunal debió resolver si el uso del PIN y el retraso de cinco días en comunicar la sustracción constituyen por sí mismos una negligencia grave del usuario que exonere al banco, o si la entidad financiera debe responder por no haber detectado una operativa manifiestamente anómala. Razonamiento del Tribunal La Sala revocó la sentencia de instancia al considerar que el banco no cumplió con sus obligaciones legales de seguridad y prueba: Carga de la prueba: Según el art. 44 del RDL 19/2018, corresponde al banco demostrar que el usuario cometió fraude o negligencia grave; el simple registro del uso del PIN no es prueba suficiente de ello. Inexistencia de negligencia grave: El tribunal aclaró que el hecho de que un tercero acceda al PIN no supone per se negligencia del cliente, pudiendo haber sido obtenido mediante observación u otros métodos sin culpa del titular. Asimismo, tardar cinco días en advertir el robo de una tarjeta dentro de un bolso no alcanza el grado de falta de diligencia “significativa” requerido por la norma. Deficiencia del servicio: El banco permitió una operativa “muy anómala” (17 operaciones seguidas de madrugada por importes elevados) sin activar sistemas automáticos de bloqueo o alerta. Un control experto habría detectado que esta conducta era extraña al perfil habitual de la clienta, que era una persona mayor. “la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”. Decisión del Tribunal La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia de instancia y estimó íntegramente la demanda. Condenó al Banco Santander S.A. a abonar a la Sra. Maribel la cantidad de 19.486,98 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda y los intereses de mora procesal. Asimismo, se impusieron al banco las costas de la primera instancia. Conclusión En caso de robo de tarjeta, el banco es responsable de los cargos fraudulentos a menos que pruebe una negligencia grave del cliente. Esta negligencia no se presume por el mero uso del PIN ni por un retraso razonable en el aviso, especialmente si el sistema de seguridad de la entidad falla al no bloquear una operativa de gasto manifiestamente inusual. Consulte su caso ahora The post Abogado Reclama Fraude Tarjeta Bancaria Madrid first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/7R2ULuc

 

¿Ha sufrido un fraude con su tarjeta bancaria y el banco rechaza devolverle el dinero? Si busca abogado reclamar fraude tarjeta bancaria Madrid, en este artículo analizamos una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre operaciones no autorizadas, uso del PIN y retraso en la comunicación del fraude, y explicamos qué criterios jurídicos pueden ser relevantes para una reclamación.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Madrid.
• Sección: 11.
• Fecha: 5 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 544/2025.

 

Antecedentes

El 14 de agosto de 2019, alrededor de las 17:00 horas, la Sra. Maribel sufrió la sustracción de su tarjeta de crédito del Banco Santander mientras realizaba compras en el establecimiento “Leroy Merlin” de Alcobendas.

La actora no advirtió la falta de la tarjeta hasta el 19 de agosto, momento en que comprobó que se habían realizado 32 operaciones fraudulentas por un importe total de 19.486,98 euros.

Entre las operaciones destacaban retiradas de efectivo en cajeros de 1.000 euros diarios (realizadas mayoritariamente de madrugada) y diversas compras.

Tras tener conocimiento, la Sra. Maribel procedió a la anulación de la tarjeta y denunció los hechos ante la Comisaría y el Servicio de Atención al Cliente del banco, que rechazó la devolución de las cantidades.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Tribunal de Instancia de Alcobendas dictó sentencia el 27 de enero de 2023, desestimando íntegramente la demanda.

El juzgador absolvió al banco al no apreciar negligencia en su actuación, fundamentando su decisión en que las operaciones se autorizaron con el PIN de la actora y que esta tardó varios días en comunicar la sustracción.

Audiencia Provincial 

La demandante interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba e infracción de las normas sobre la carga de la prueba previstas en el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar el régimen de responsabilidad aplicable ante operaciones de pago no autorizadas tras el robo de una tarjeta física.

El tribunal debió resolver si el uso del PIN y el retraso de cinco días en comunicar la sustracción constituyen por sí mismos una negligencia grave del usuario que exonere al banco, o si la entidad financiera debe responder por no haber detectado una operativa manifiestamente anómala.

Razonamiento del Tribunal

La Sala revocó la sentencia de instancia al considerar que el banco no cumplió con sus obligaciones legales de seguridad y prueba:

1. Carga de la prueba: Según el art. 44 del RDL 19/2018, corresponde al banco demostrar que el usuario cometió fraude o negligencia grave; el simple registro del uso del PIN no es prueba suficiente de ello.
2. Inexistencia de negligencia grave: El tribunal aclaró que el hecho de que un tercero acceda al PIN no supone per se negligencia del cliente, pudiendo haber sido obtenido mediante observación u otros métodos sin culpa del titular. Asimismo, tardar cinco días en advertir el robo de una tarjeta dentro de un bolso no alcanza el grado de falta de diligencia “significativa” requerido por la norma.
3. Deficiencia del servicio: El banco permitió una operativa “muy anómala” (17 operaciones seguidas de madrugada por importes elevados) sin activar sistemas automáticos de bloqueo o alerta. Un control experto habría detectado que esta conducta era extraña al perfil habitual de la clienta, que era una persona mayor.

“la responsabilidad del proveedor de los servicios de pago, en los casos de operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, tiene carácter cuasi objetivo”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia de instancia y estimó íntegramente la demanda.

Condenó al Banco Santander S.A. a abonar a la Sra. Maribel la cantidad de 19.486,98 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda y los intereses de mora procesal. Asimismo, se impusieron al banco las costas de la primera instancia.

Conclusión

En caso de robo de tarjeta, el banco es responsable de los cargos fraudulentos a menos que pruebe una negligencia grave del cliente. 

Esta negligencia no se presume por el mero uso del PIN ni por un retraso razonable en el aviso, especialmente si el sistema de seguridad de la entidad falla al no bloquear una operativa de gasto manifiestamente inusual.

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Abogado reclamar seguro amortización préstamo Marbella ¿Le han denegado el seguro de amortización del préstamo pese a tener reconocida una incapacidad permanente absoluta? Un Abogado reclamar seguro amortización de préstamo Marbella puede revisar su póliza, la denegación y el capital pendiente para valorar si procede reclamar. La Audiencia Provincial de Málaga, en su sentencia 1238/2025, condena a Kutxabank a pagar 10.142,29 € e intereses aunque la incapacidad fuera revisable. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga. Sección: 6. Fecha: 9 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 1238/2025. Antecedentes El D. Simón suscribió en octubre de 2013 un contrato de seguro bajo la modalidad “Seguro de Amortización de Préstamo CajaSur Protegido” con la entidad Kutxabank Vida y Pensiones SAU. La póliza cubría los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente y absoluta (IPA) por cualquier causa. Desde octubre de 2020 hasta julio de 2023, el asegurado estuvo formalmente reconocido en situación de IPA por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Sin embargo, tras una revisión administrativa en julio de 2023, su situación fue modificada a incapacidad permanente total (IPT). El asegurado reclamó a la compañía el pago de 10.142,29 euros, correspondientes a las cuotas del préstamo que tuvo que seguir abonando durante el periodo en que estuvo declarada su incapacidad absoluta. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Marbella desestimó la demanda el 10 de abril de 2025. El juez consideró que el riesgo no se había cumplido porque la póliza exigía que la invalidez fuera “permanente”, interpretando dicho término como irreversible. Al haber sido revisada la incapacidad por mejoría, el juzgador entendió que faltaba el carácter definitivo exigido para activar la cobertura. Audiencia Provincial El asegurado interpuso recurso de apelación alegando error en la interpretación del contrato. Argumentó que las condiciones particulares solo exigían una declaración de IPA por un tribunal médico y no contenían ninguna limitación relativa a la irreversibilidad o la imposibilidad de revisión. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si el término “permanente” en un seguro de invalidez debe interpretarse como “irreversible” o si, por el contrario, la cobertura debe activarse ante una declaración administrativa de incapacidad absoluta, aunque esta sea sujeta a revisión. El tribunal analizó si la falta de una cláusula limitativa clara que exija la irreversibilidad impide a la aseguradora oponer la revisión posterior del grado de incapacidad para negar el pago. Razonamiento del Tribunal La Audiencia Provincial estimó el recurso y revocó la sentencia de instancia, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 599/2023) y en los siguientes puntos: Naturaleza jurídica de la incapacidad: Por definición legal (art. 200 LGSS), toda declaración de incapacidad permanente es susceptible de revisión por mejoría o agravamiento; por tanto, exigir irreversibilidad literal vaciaría de contenido la garantía contratada. Ausencia de cláusulas limitativas: En las condiciones particulares no constaba que la invalidez tuviera que ser irreversible o no revisable para estar cubierta. Interpretación “contra proferentem”: Al no haberse probado que el asegurado conociera o aceptara restricciones adicionales a la definición de IPA, cualquier duda en el contrato debe interpretarse de la forma más favorable al asegurado (art. 3 LCS y 1288 CC). “el sentido de la expresión es que es permanente pero sin perjuicio de su revisión y no con carácter irreversible”. Decisión del Tribunal El tribunal estimó el recurso de apelación del asegurado y revoca la sentencia del juzgado. Condenó a Kutxabank Vida y Pensiones SAU a pagar a D. Simón la cantidad de 10.142,29 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Se impusieron a la aseguradora las costas de la primera instancia. Conclusión En los seguros de invalidez, la situación de incapacidad permanente absoluta activa la cobertura desde su reconocimiento administrativo, sin que la aseguradora pueda negar el pago alegando que la lesión es revisable o no irreversible, a menos que tal limitación figure de forma clara, destacada y aceptada expresamente en la póliza. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar seguro amortización préstamo Marbella first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/6fihU9Z

 

¿Le han denegado el seguro de amortización del préstamo pese a tener reconocida una incapacidad permanente absoluta? Un Abogado reclamar seguro amortización de préstamo Marbella puede revisar su póliza, la denegación y el capital pendiente para valorar si procede reclamar. La Audiencia Provincial de Málaga, en su sentencia 1238/2025, condena a Kutxabank a pagar 10.142,29 € e intereses aunque la incapacidad fuera revisable.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga. 
• Sección: 6.
• Fecha: 9 de diciembre de 2025. 
• Nº de Resolución: 1238/2025.

 

Antecedentes

El D. Simón suscribió en octubre de 2013 un contrato de seguro bajo la modalidad “Seguro de Amortización de Préstamo CajaSur Protegido” con la entidad Kutxabank Vida y Pensiones SAU.

La póliza cubría los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente y absoluta (IPA) por cualquier causa.

Desde octubre de 2020 hasta julio de 2023, el asegurado estuvo formalmente reconocido en situación de IPA por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Sin embargo, tras una revisión administrativa en julio de 2023, su situación fue modificada a incapacidad permanente total (IPT).

El asegurado reclamó a la compañía el pago de 10.142,29 euros, correspondientes a las cuotas del préstamo que tuvo que seguir abonando durante el periodo en que estuvo declarada su incapacidad absoluta.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Marbella desestimó la demanda el 10 de abril de 2025.

El juez consideró que el riesgo no se había cumplido porque la póliza exigía que la invalidez fuera “permanente”, interpretando dicho término como irreversible.

Al haber sido revisada la incapacidad por mejoría, el juzgador entendió que faltaba el carácter definitivo exigido para activar la cobertura.

Audiencia Provincial 

El asegurado interpuso recurso de apelación alegando error en la interpretación del contrato.

Argumentó que las condiciones particulares solo exigían una declaración de IPA por un tribunal médico y no contenían ninguna limitación relativa a la irreversibilidad o la imposibilidad de revisión.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si el término “permanente” en un seguro de invalidez debe interpretarse como “irreversible” o si, por el contrario, la cobertura debe activarse ante una declaración administrativa de incapacidad absoluta, aunque esta sea sujeta a revisión.

El tribunal analizó si la falta de una cláusula limitativa clara que exija la irreversibilidad impide a la aseguradora oponer la revisión posterior del grado de incapacidad para negar el pago.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial estimó el recurso y revocó la sentencia de instancia, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 599/2023) y en los siguientes puntos:

1. Naturaleza jurídica de la incapacidad: Por definición legal (art. 200 LGSS), toda declaración de incapacidad permanente es susceptible de revisión por mejoría o agravamiento; por tanto, exigir irreversibilidad literal vaciaría de contenido la garantía contratada.
2. Ausencia de cláusulas limitativas: En las condiciones particulares no constaba que la invalidez tuviera que ser irreversible o no revisable para estar cubierta.
3. Interpretación “contra proferentem”: Al no haberse probado que el asegurado conociera o aceptara restricciones adicionales a la definición de IPA, cualquier duda en el contrato debe interpretarse de la forma más favorable al asegurado (art. 3 LCS y 1288 CC).

“el sentido de la expresión es que es permanente pero sin perjuicio de su revisión y no con carácter irreversible”.

Decisión del Tribunal

El tribunal estimó el recurso de apelación del asegurado y revoca la sentencia del juzgado.

Condenó a Kutxabank Vida y Pensiones SAU a pagar a D. Simón la cantidad de 10.142,29 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Se impusieron a la aseguradora las costas de la primera instancia.

Conclusión

En los seguros de invalidez, la situación de incapacidad permanente absoluta activa la cobertura desde su reconocimiento administrativo, sin que la aseguradora pueda negar el pago alegando que la lesión es revisable o no irreversible, a menos que tal limitación figure de forma clara, destacada y aceptada expresamente en la póliza.

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Segunda oportunidad persona física: 5 sentencias El Tribunal Supremo ha dictado el 16 de marzo de 2026 cinco sentencias de la Sala de lo Civil que deben leerse de forma conjunta. No estamos ante cinco casos aislados. Estamos ante una misma línea doctrinal aplicada a supuestos distintos, pero con un núcleo común muy claro: el alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor persona física opta por la vía del plan de pagos y existe crédito público. Consulte su caso ahora Las cinco resoluciones son las sentencias 405/2026, 406/2026, 407/2026, 408/2026 y 409/2026, todas de 16 de marzo de 2026. La idea central que atraviesa este bloque jurisprudencial es muy concreta: si, en la exoneración por plan de pagos, el crédito público queda enteramente fuera o si también puede resultar afectado en la parte que no tenga la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general. La respuesta del Tribunal Supremo es clara: corrige la tesis de las audiencias provinciales y extiende la exoneración a esos créditos públicos no privilegiados ni contra la masa. No se trata de una construcción aislada, sino de una doctrina reiterada en cinco resoluciones dictadas el mismo día y con un razonamiento coincidente. La sentencia 405/2026: A Coruña y crédito de la AEAT La sentencia del Tribunal Supremo 405/2026, de 16 de marzo, resuelve un asunto en el que se había estimado la oposición de la AEAT y de la TGSS en el sentido de no extender la exoneración a la deuda pública ordinaria, subordinada y privilegiada. Tampoco se había aprobado el plan de pagos porque solo incluía créditos de derecho público. El Supremo estima la casación y, al asumir la instancia, declara que procede aprobar el plan de pagos y extender la exoneración a los créditos públicos, en concreto al crédito de la AEAT, salvo los que merezcan la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general. La consecuencia práctica es clara: ya no cabe sostener que todo crédito público quede automáticamente fuera de la exoneración en la vía del plan de pagos. La sentencia 406/2026: el mismo criterio frente a una Diputación Provincial La sentencia 406/2026 proyecta la misma doctrina sobre un crédito de la Diputación Provincial de A Coruña. La instancia había excluido el crédito público de la exoneración y la apelación había confirmado ese criterio. El Tribunal Supremo corrige esa interpretación y declara que, en la vía del plan de pagos, la exoneración alcanza también ese crédito público, salvo la parte que tenga naturaleza de crédito contra la masa o privilegio general. La consecuencia práctica es muy relevante: la doctrina no queda limitada a AEAT o TGSS, sino que alcanza también a otros entes públicos acreedores. La sentencia 407/2026: reiteración frente a la TGSS La sentencia 407/2026 resuelve un caso de oposición de la Tesorería General de la Seguridad Social. La controversia vuelve a ser la misma: exclusión total del crédito público por aplicación de la redacción originaria del TRLC. El Supremo reitera que esa interpretación no es correcta para la vía del plan de pagos y extiende la exoneración al crédito de la TGSS, salvo en la parte que merezca la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general. La consecuencia práctica es que la TGSS pierde fuerza como argumento de exclusión absoluta frente a solicitudes de exoneración correctamente planteadas. La sentencia 408/2026: nueva corrección en un asunto con la AEAT La sentencia 408/2026 vuelve sobre un supuesto en que la AEAT había sostenido que su crédito estaba excluido de la exoneración y que debía regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento. El Supremo estima el recurso y aprueba el plan de pagos, extendiendo la exoneración también al crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la misma salvedad reiterada en el resto de sentencias. La consecuencia práctica es que la doctrina no es incidental ni casuística: es una línea jurisprudencial cerrada y reiterada. La sentencia 409/2026: confirmación en un asunto de Valencia La sentencia 409/2026 reproduce el mismo esquema: la instancia había concedido la exoneración, pero excluyendo el crédito público y negando la aprobación del plan de pagos; la Audiencia confirmó ese criterio; y el Supremo lo revoca. La Sala aprueba el plan de pagos y extiende la exoneración a los créditos públicos, en concreto al de la TGSS, salvo los que merezcan la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general. La conclusión vuelve a ser la misma: el problema no reside en la buena fe del deudor, sino en la incorrecta delimitación del alcance de la exoneración del crédito público. Doctrina común que dejan las cinco sentencias De la lectura conjunta de estas resoluciones se extraen varias reglas operativas claras. El crédito público no queda automáticamente excluido Cuando el deudor persona física opta por la exoneración mediante plan de pagos, el crédito público no queda excluido en bloque. Resulta afectado al menos en la parte que no tenga la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general. Se consolida la interpretación jurisprudencial previa Las resoluciones enlazan con la doctrina anterior del Tribunal Supremo y consolidan la interpretación de que la vía del plan de pagos permite extender la exoneración a determinados créditos públicos. El eje del litigio está en el alcance objetivo de la exoneración La discusión no gira sobre una noción amplia de buena fe del deudor, sino sobre la correcta delimitación jurídica del crédito público y su encaje dentro del plan de pagos. La doctrina es aplicable a distintos acreedores públicos El criterio no se limita a AEAT o TGSS, sino que alcanza a cualquier acreedor público, siempre que el crédito no tenga naturaleza de crédito contra la masa o privilegio general. Lo que cambia en la práctica forense Cómo cambia el planteamiento de la solicitud Ya no basta con afirmar que el crédito público es inexonerable. Debe analizarse su composición y distinguir qué parte puede resultar afectada por la exoneración. Esto obliga a planteamientos más técnicos y precisos. Qué objeciones previsibles formularán los acreedores públicos Las oposiciones seguirán apoyándose en la exclusión del crédito público y en la aplicación de sus normas específicas de aplazamiento. La respuesta deberá basarse en la doctrina jurisprudencial consolidada por estas sentencias. Qué debe cuidarse en la preparación del plan de pagos El foco debe ponerse en la correcta estructuración del plan de pagos y en la determinación precisa del alcance de la exoneración, más que en una narrativa genérica del sobreendeudamiento. Conclusión Estas cinco sentencias no amplían solo una figura concursal. Fijan el nuevo mapa de la segunda oportunidad de las personas físicas cuando existe crédito público y se opta por la vía del plan de pagos. El mensaje del Tribunal Supremo es claro: la exclusión del crédito público no puede manejarse como una barrera absoluta e indiferenciada. Debe analizarse conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada. Quien tramite hoy concursos de persona física sin integrar esta doctrina del Supremo está asesorando con un mapa incompleto. Consulte su caso ahora The post Segunda oportunidad persona física: 5 sentencias first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/GNvPeVH

El Tribunal Supremo ha dictado el 16 de marzo de 2026 cinco sentencias de la Sala de lo Civil que deben leerse de forma conjunta. No estamos ante cinco casos aislados. Estamos ante una misma línea doctrinal aplicada a supuestos distintos, pero con un núcleo común muy claro: el alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho cuando el deudor persona física opta por la vía del plan de pagos y existe crédito público.

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Las cinco resoluciones son las sentencias 405/2026, 406/2026, 407/2026, 408/2026 y 409/2026, todas de 16 de marzo de 2026. La idea central que atraviesa este bloque jurisprudencial es muy concreta: si, en la exoneración por plan de pagos, el crédito público queda enteramente fuera o si también puede resultar afectado en la parte que no tenga la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general.

La respuesta del Tribunal Supremo es clara: corrige la tesis de las audiencias provinciales y extiende la exoneración a esos créditos públicos no privilegiados ni contra la masa. No se trata de una construcción aislada, sino de una doctrina reiterada en cinco resoluciones dictadas el mismo día y con un razonamiento coincidente.

La sentencia 405/2026: A Coruña y crédito de la AEAT

La sentencia del Tribunal Supremo 405/2026, de 16 de marzo, resuelve un asunto en el que se había estimado la oposición de la AEAT y de la TGSS en el sentido de no extender la exoneración a la deuda pública ordinaria, subordinada y privilegiada. Tampoco se había aprobado el plan de pagos porque solo incluía créditos de derecho público.

El Supremo estima la casación y, al asumir la instancia, declara que procede aprobar el plan de pagos y extender la exoneración a los créditos públicos, en concreto al crédito de la AEAT, salvo los que merezcan la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general.

La consecuencia práctica es clara: ya no cabe sostener que todo crédito público quede automáticamente fuera de la exoneración en la vía del plan de pagos.

La sentencia 406/2026: el mismo criterio frente a una Diputación Provincial

La sentencia 406/2026 proyecta la misma doctrina sobre un crédito de la Diputación Provincial de A Coruña. La instancia había excluido el crédito público de la exoneración y la apelación había confirmado ese criterio.

El Tribunal Supremo corrige esa interpretación y declara que, en la vía del plan de pagos, la exoneración alcanza también ese crédito público, salvo la parte que tenga naturaleza de crédito contra la masa o privilegio general.

La consecuencia práctica es muy relevante: la doctrina no queda limitada a AEAT o TGSS, sino que alcanza también a otros entes públicos acreedores.

La sentencia 407/2026: reiteración frente a la TGSS

La sentencia 407/2026 resuelve un caso de oposición de la Tesorería General de la Seguridad Social. La controversia vuelve a ser la misma: exclusión total del crédito público por aplicación de la redacción originaria del TRLC.

El Supremo reitera que esa interpretación no es correcta para la vía del plan de pagos y extiende la exoneración al crédito de la TGSS, salvo en la parte que merezca la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general.

La consecuencia práctica es que la TGSS pierde fuerza como argumento de exclusión absoluta frente a solicitudes de exoneración correctamente planteadas.

La sentencia 408/2026: nueva corrección en un asunto con la AEAT

La sentencia 408/2026 vuelve sobre un supuesto en que la AEAT había sostenido que su crédito estaba excluido de la exoneración y que debía regirse por sus reglas propias de aplazamiento y fraccionamiento.

El Supremo estima el recurso y aprueba el plan de pagos, extendiendo la exoneración también al crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la misma salvedad reiterada en el resto de sentencias.

La consecuencia práctica es que la doctrina no es incidental ni casuística: es una línea jurisprudencial cerrada y reiterada.

La sentencia 409/2026: confirmación en un asunto de Valencia

La sentencia 409/2026 reproduce el mismo esquema: la instancia había concedido la exoneración, pero excluyendo el crédito público y negando la aprobación del plan de pagos; la Audiencia confirmó ese criterio; y el Supremo lo revoca.

La Sala aprueba el plan de pagos y extiende la exoneración a los créditos públicos, en concreto al de la TGSS, salvo los que merezcan la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general.

La conclusión vuelve a ser la misma: el problema no reside en la buena fe del deudor, sino en la incorrecta delimitación del alcance de la exoneración del crédito público.

Doctrina común que dejan las cinco sentencias

De la lectura conjunta de estas resoluciones se extraen varias reglas operativas claras.

El crédito público no queda automáticamente excluido

Cuando el deudor persona física opta por la exoneración mediante plan de pagos, el crédito público no queda excluido en bloque. Resulta afectado al menos en la parte que no tenga la consideración de crédito contra la masa o crédito con privilegio general.

Se consolida la interpretación jurisprudencial previa

Las resoluciones enlazan con la doctrina anterior del Tribunal Supremo y consolidan la interpretación de que la vía del plan de pagos permite extender la exoneración a determinados créditos públicos.

El eje del litigio está en el alcance objetivo de la exoneración

La discusión no gira sobre una noción amplia de buena fe del deudor, sino sobre la correcta delimitación jurídica del crédito público y su encaje dentro del plan de pagos.

La doctrina es aplicable a distintos acreedores públicos

El criterio no se limita a AEAT o TGSS, sino que alcanza a cualquier acreedor público, siempre que el crédito no tenga naturaleza de crédito contra la masa o privilegio general.

Lo que cambia en la práctica forense

Cómo cambia el planteamiento de la solicitud

Ya no basta con afirmar que el crédito público es inexonerable. Debe analizarse su composición y distinguir qué parte puede resultar afectada por la exoneración. Esto obliga a planteamientos más técnicos y precisos.

Qué objeciones previsibles formularán los acreedores públicos

Las oposiciones seguirán apoyándose en la exclusión del crédito público y en la aplicación de sus normas específicas de aplazamiento. La respuesta deberá basarse en la doctrina jurisprudencial consolidada por estas sentencias.

Qué debe cuidarse en la preparación del plan de pagos

El foco debe ponerse en la correcta estructuración del plan de pagos y en la determinación precisa del alcance de la exoneración, más que en una narrativa genérica del sobreendeudamiento.

Conclusión

Estas cinco sentencias no amplían solo una figura concursal. Fijan el nuevo mapa de la segunda oportunidad de las personas físicas cuando existe crédito público y se opta por la vía del plan de pagos.

El mensaje del Tribunal Supremo es claro: la exclusión del crédito público no puede manejarse como una barrera absoluta e indiferenciada. Debe analizarse conforme a la doctrina jurisprudencial consolidada.

Quien tramite hoy concursos de persona física sin integrar esta doctrina del Supremo está asesorando con un mapa incompleto.

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Abogado reclamar seguro de vida Málaga: ¿Qué pasó? La Audiencia Provincial de Málaga (sentencia 904/2025) obliga a Helvetia a pagar 300.000€ por cuestionario médico defectuoso. Lea la sentencia completa sobre abogado reclamar seguro de vida Málaga. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga. Sección: 5. Fecha: 2 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 904/2025. Antecedentes El Sr. Justo suscribió en mayo de 2010 una póliza de seguro de vida con la entidad Helvetia Cía. Suiza S.A., tras haber finalizado una póliza anterior al cumplir los 65 años. Para la nueva contratación, cumplimentó un cuestionario de salud en abril de 2010. Tras el fallecimiento del asegurado, sus herederos (Doña Josefa, D. Luis María y D. Cipriano) reclamaron la indemnización. La aseguradora rechazó el pago alegando que el asegurado ocultó dolosamente que padecía EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) en el momento de rellenar el cuestionario. Helvetia se basaba en unas pruebas de espirometría realizadas en 1999 y en enero de 2010 que arrojaban valores por debajo de la normalidad. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Málaga estimó íntegramente la demanda de los beneficiarios. El juez condenó a Helvetia a abonar 100.000 euros a cada uno de los tres actores (un total de 300.000 euros), más los intereses por mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). Audiencia Provincial La aseguradora interpuso recurso de apelación reiterando la existencia de dolo por ocultación de patologías previas y oponiéndose a los intereses de demora por considerar que su oposición estaba jurídicamente fundamentada. Cuestión Jurídica Principal La controversia se centró en determinar si existió una infracción del deber de declaración del riesgo (art. 10 LCS) por parte del asegurado. El tribunal debió analizar si los antecedentes médicos de 2010 constituían un diagnóstico de EPOC que el Sr. Justo estuviera obligado a declarar y si la redacción del cuestionario era lo suficientemente clara para imputarle dolo en caso de omisión. Asimismo, se analizó si el fallecimiento tuvo relación directa con la patología alegada por la compañía. Razonamiento del Tribunal La Sala confirmó la condena a la aseguradora basándose en la falta de prueba sobre la ocultación dolosa: Inexistencia de diagnóstico previo: La prueba realizada en enero de 2010 tenía como fin tratar una apnea del sueño, y el informe médico resultante afirmaba explícitamente que no se objetivó diagnóstico de EPOC. De hecho, el diagnóstico formal de dicha enfermedad no consta hasta diciembre de 2023. Deficiencia del cuestionario: La pregunta 12 del cuestionario era genérica y de “difícil contestación médica”, por lo que no puede imputarse mala fe al asegurado por no declarar una enfermedad que ni siquiera le había sido diagnosticada. Causa del fallecimiento: Los médicos descartaron que la causa del deceso fuera un EPOC agravado, situando el origen en una sepsis grave (infección generalizada). Intereses de demora: El tribunal ratificó los intereses del art. 20 LCS al no apreciar “causa justificada” para el impago. Se trata de un proceso usual de interpretación del art. 10 LCS donde no hay incertidumbre sobre la cuantía ni la causa del siniestro. “no hay un deber de declaración sino de respuesta del tomador, de lo que interesa de él el asegurador, y que le importa, a efectos de valorar, debidamente, el riesgo”. Decisión del Tribunal El tribunal declaró no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por Helvetia Cía. Suiza S.A.. La Sala confirmó íntegramente la sentencia de instancia, validando el pago de los 300.000 euros más intereses moratorios y condenando a la aseguradora al pago de las costas de la alzada. Conclusión El deber del asegurado se limita a responder estrictamente a lo preguntado en el cuestionario. Si la compañía no acredita un diagnóstico médico firme de la enfermedad previa a la firma del contrato, no puede invocar la ocultación dolosa para eludir el pago de la indemnización. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar seguro de vida Málaga: ¿Qué pasó? first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/rS4wuZy

La Audiencia Provincial de Málaga (sentencia 904/2025) obliga a Helvetia a pagar 300.000€ por cuestionario médico defectuoso. Lea la sentencia completa sobre abogado reclamar seguro de vida Málaga.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga.
• Sección: 5.
• Fecha: 2 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 904/2025.

 

Antecedentes

El Sr. Justo suscribió en mayo de 2010 una póliza de seguro de vida con la entidad Helvetia Cía. Suiza S.A., tras haber finalizado una póliza anterior al cumplir los 65 años.

Para la nueva contratación, cumplimentó un cuestionario de salud en abril de 2010.

Tras el fallecimiento del asegurado, sus herederos (Doña Josefa, D. Luis María y D. Cipriano) reclamaron la indemnización.

La aseguradora rechazó el pago alegando que el asegurado ocultó dolosamente que padecía EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) en el momento de rellenar el cuestionario.

Helvetia se basaba en unas pruebas de espirometría realizadas en 1999 y en enero de 2010 que arrojaban valores por debajo de la normalidad.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Málaga estimó íntegramente la demanda de los beneficiarios.

El juez condenó a Helvetia a abonar 100.000 euros a cada uno de los tres actores (un total de 300.000 euros), más los intereses por mora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

Audiencia Provincial 

La aseguradora interpuso recurso de apelación reiterando la existencia de dolo por ocultación de patologías previas y oponiéndose a los intereses de demora por considerar que su oposición estaba jurídicamente fundamentada.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centró en determinar si existió una infracción del deber de declaración del riesgo (art. 10 LCS) por parte del asegurado.

El tribunal debió analizar si los antecedentes médicos de 2010 constituían un diagnóstico de EPOC que el Sr. Justo estuviera obligado a declarar y si la redacción del cuestionario era lo suficientemente clara para imputarle dolo en caso de omisión. Asimismo, se analizó si el fallecimiento tuvo relación directa con la patología alegada por la compañía.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirmó la condena a la aseguradora basándose en la falta de prueba sobre la ocultación dolosa:

1. Inexistencia de diagnóstico previo: La prueba realizada en enero de 2010 tenía como fin tratar una apnea del sueño, y el informe médico resultante afirmaba explícitamente que no se objetivó diagnóstico de EPOC. De hecho, el diagnóstico formal de dicha enfermedad no consta hasta diciembre de 2023.
2. Deficiencia del cuestionario: La pregunta 12 del cuestionario era genérica y de “difícil contestación médica”, por lo que no puede imputarse mala fe al asegurado por no declarar una enfermedad que ni siquiera le había sido diagnosticada.
3. Causa del fallecimiento: Los médicos descartaron que la causa del deceso fuera un EPOC agravado, situando el origen en una sepsis grave (infección generalizada).
4. Intereses de demora: El tribunal ratificó los intereses del art. 20 LCS al no apreciar “causa justificada” para el impago. Se trata de un proceso usual de interpretación del art. 10 LCS donde no hay incertidumbre sobre la cuantía ni la causa del siniestro.

“no hay un deber de declaración sino de respuesta del tomador, de lo que interesa de él el asegurador, y que le importa, a efectos de valorar, debidamente, el riesgo”.

Decisión del Tribunal

El tribunal declaró no haber lugar al recurso de apelación interpuesto por Helvetia Cía. Suiza S.A..

La Sala confirmó íntegramente la sentencia de instancia, validando el pago de los 300.000 euros más intereses moratorios y condenando a la aseguradora al pago de las costas de la alzada.

Conclusión

El deber del asegurado se limita a responder estrictamente a lo preguntado en el cuestionario.

Si la compañía no acredita un diagnóstico médico firme de la enfermedad previa a la firma del contrato, no puede invocar la ocultación dolosa para eludir el pago de la indemnización.

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