Abogado reclamar daños agrícolas Madrid Una incidencia técnica en una explotación agrícola puede traducirse en pérdidas económicas relevantes, especialmente cuando afecta a la producción, al cumplimiento de compromisos comerciales y a la rentabilidad de toda una campaña. En estas situaciones, un abogado reclamar daños agrícolas puede analizar la documentación disponible, la existencia de informes periciales y el alcance real del perjuicio sufrido para valorar si concurren fundamentos para una reclamación. La reciente sentencia del Tribunal Supremo ofrece criterios de interés sobre cómo debe acreditarse el daño y cuál es el alcance de la reparación cuando el perjuicio queda debidamente probado. Consulte su caso ahora

Una incidencia técnica en una explotación agrícola puede traducirse en pérdidas económicas relevantes, especialmente cuando afecta a la producción, al cumplimiento de compromisos comerciales y a la rentabilidad de toda una campaña. En estas situaciones, un abogado reclamar daños agrícolas  puede analizar la documentación disponible, la existencia de informes periciales y el alcance real del perjuicio sufrido para valorar si concurren fundamentos para una reclamación. La reciente sentencia del Tribunal Supremo ofrece criterios de interés sobre cómo debe acreditarse el daño y cuál es el alcance de la reparación cuando el perjuicio queda debidamente probado.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. Madrid.
• Sección: 1.
• Fecha: 16 de abril de 2026.
• Nº de Resolución: 582/2026.

 

Antecedentes 

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) núm. 9836-MU contrató los servicios de asesoramiento técnico del ingeniero D. Calixto y su mercantil para sus explotaciones de pimientos hidropónicos.

Durante la campaña 2014/2015, el ingeniero prescribió un aporte excesivo de nitrato amónico al 34,5%, lo que provocó un envenenamiento masivo de las plantas y obligó al arranque prematuro de la plantación.

Este siniestro causó dos tipos de perjuicios: un daño emergente para la SAT, que debió adquirir casi 1,9 millones de kilos de pimientos a terceros a precios de mercado muy superiores para cumplir con sus clientes; y un lucro cesante para los socios agricultores, que perdieron su producción habitual. Los daños totales se valoraron inicialmente en más de 2,1 millones de euros.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de San Javier estimó íntegramente la demanda.

Condenó solidariamente al ingeniero, a su empresa y a la aseguradora Mapfre al pago de la indemnización solicitada, basándose en un riguroso informe pericial que acreditaba el sobrecoste y la pérdida de producción.

Audiencia Provincial 

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia redujo drásticamente la indemnización a apenas 116.000 euros en total.

El tribunal consideró que no se habían probado los compromisos con clientes terceros y limitó el resarcimiento de los socios a un margen de beneficio del 2,5%, ignorando los costes fijos ya soportados.

Tribunal Supremo 

La SAT y sus socios interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, denunciando errores patentes en la valoración de la prueba y la vulneración del principio de indemnidad.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centró en determinar si la indemnización en el ámbito de la responsabilidad civil agrícola debe cubrir la totalidad del perjuicio acreditado o si puede moderarse arbitrariamente.

El tribunal analizó si la Audiencia incurrió en un error de hecho patente al afirmar que no existía prueba de las compras y ventas a terceros, a pesar de constar en las actuaciones más de 780 facturas que acreditaban la trazabilidad del daño.

Razonamiento del Tribunal

El Tribunal Supremo estimó los recursos al detectar una valoración de la prueba “irracional e ilógica” por parte de la Audiencia.

La Sala subrayó que en el expediente digital figuraban todas las facturas de compra a terceros y de venta a clientes, por lo que negar el sobrecoste basándose en una supuesta falta de prueba era un error material manifiesto.

Respecto a los socios, el tribunal razonó que reducir la indemnización al 2,5% de beneficio era absurdo, ya que en el momento del siniestro los agricultores ya habían soportado casi la totalidad de los costes fijos y variables de cultivo (semillas, siembra, cuidados), por lo que la pérdida de la cosecha supuso un empobrecimiento real del valor total del producto no entregado.

El tribunal recordó que la indemnización debe restablecer el patrimonio del perjudicado al estado anterior al evento dañoso.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“el resarcimiento tiene por finalidad volver el patrimonio afectado a la disposición en que se encontraría de no haber mediado el incumplimiento”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo estimó los recursos de la SAT y sus socios, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial y confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.

Se validó la indemnización original de 2.165.335,10 euros.

Además, desestimó el recurso de Mapfre sobre el límite de cobertura, declarando que la ampliación de la póliza era válida al no existir una reclamación formal previa a dicha ampliación.

Se impusieron a los demandados las costas de la apelación.

Conclusión

En la responsabilidad civil contractual y extracontractual, el principio de indemnidad exige la reparación integral del daño probado.

Cualquier valoración judicial que ignore pruebas documentales directas (como facturas de sobrecostes) o que reduzca la indemnización por debajo del perjuicio real efectivamente padecido vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

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Abogado reclamar seguro invalidez permanente Vigo Recibir una negativa de la aseguradora después de años pagando una póliza puede generar incertidumbre, especialmente cuando existe una incapacidad que impide continuar con la actividad profesional habitual. En este contexto, contar con un abogado reclamar seguro invalidez permanente Vigo permite estudiar si la compañía ha interpretado correctamente las cláusulas del contrato y la fecha real del siniestro. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha recordado recientemente en una sentencia que, en los seguros de invalidez, lo verdaderamente relevante no siempre es la fecha formal de la resolución administrativa, sino el momento en que las secuelas pasan a ser permanentes e irreversibles, lo que puede resultar decisivo para reclamar la indemnización correspondiente. Consulte su caso ahora

Recibir una negativa de la aseguradora después de años pagando una póliza puede generar incertidumbre, especialmente cuando existe una incapacidad que impide continuar con la actividad profesional habitual. En este contexto, contar con un abogado reclamar seguro invalidez permanente Vigo permite estudiar si la compañía ha interpretado correctamente las cláusulas del contrato y la fecha real del siniestro. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha recordado recientemente en una sentencia que, en los seguros de invalidez, lo verdaderamente relevante no siempre es la fecha formal de la resolución administrativa, sino el momento en que las secuelas pasan a ser permanentes e irreversibles, lo que puede resultar decisivo para reclamar la indemnización correspondiente.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Pontevedra (Sede Vigo).
• Sección: 6.
• Fecha: 16 de marzo de 2026.
• Nº de Resolución: 241/2026.

Antecedentes

La Sra. Asunción suscribió un contrato de seguro de vida el 16 de marzo de 2007 con la entidad FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., que incluía coberturas por fallecimiento e invalidez absoluta y permanente.

Dicha póliza fue sustituida el 16 de abril de 2012 por una nueva con una vigencia de cinco años, manteniendo las mismas garantías.

El 8 de febrero de 2017, durante la vigencia del contrato, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) declaró a la asegurada en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual, aunque previendo una revisión por posible mejoría en agosto de ese mismo año.

Posteriormente, tras un proceso judicial en la jurisdicción social, una sentencia de abril de 2019 reconoció que la Sra. Asunción se hallaba realmente en situación de incapacidad permanente absoluta, elevando el grado inicialmente concedido.

La aseguradora se negó a abonar la indemnización alegando que esta declaración de grado “absoluto” se produjo cuando la póliza ya había expirado el 16 de abril de 2017.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Vigo desestimó la demanda en mayo de 2024.

El juzgador consideró que la compañía quedaba liberada de su obligación al entender que la incapacidad absoluta se manifestó fuera del periodo de cobertura y que la resolución de 2017 no era definitiva al ser revisable.

Audiencia Provincial 

La asegurada interpuso recurso de apelación denunciando un error en la valoración de la prueba sobre la fecha del siniestro y la falta de claridad en las cláusulas del contrato.

La Audiencia Provincial revocó la sentencia de instancia y estimó íntegramente la reclamación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar la fecha del siniestro en los seguros de invalidez cuando existe una evolución en el grado de incapacidad reconocido administrativamente.

El tribunal debe decidir si el hecho causante es la fecha de la resolución judicial firme que declara la invalidez absoluta o si, por el contrario, los efectos deben retrotraerse al momento en que las dolencias ya eran irreversibles, incluso si inicialmente se calificaron de forma distinta por la Seguridad Social.

Razonamiento del Tribunal

La Sala fundamenta su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 283/2026), que establece una distinción entre la regla general y la excepción para fijar el hecho causante.

El tribunal razona que, aunque administrativamente el reconocimiento de la incapacidad absoluta fuera posterior a la extinción del seguro, la situación médica de la actora ya era de carácter permanente desde el informe del Equipo de Valoración de Incapacidades de diciembre de 2016.

El tribunal subraya que la póliza no condicionaba la cobertura a una declaración específica de la Seguridad Social y que la patología ya cumplía los requisitos de irreversibilidad antes de que finalizara el contrato.

Asimismo, se rechaza la falta de legitimación alegada por el banco, confirmando que la asegurada tiene derecho a percibir la suma tras haber cancelado ella misma su préstamo hipotecario.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la fecha del hecho causante puede retrotraerse al momento real en que las secuelas se revelan como permanentes e irreversibles”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación de la Sra. Asunción y revoca la sentencia anterior.

Condena a FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. a pagar a la demandante la cantidad de 98.148,38 euros, más los intereses legales y las costas procesales de ambas instancias.

Conclusión

En los seguros de invalidez, la cobertura no queda limitada por la fecha formal de una resolución administrativa o judicial si se acredita que la patología ya era permanente e irreversible durante la vigencia de la póliza, permitiendo la retroacción de los efectos del siniestro.

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Abogado recuperar dinero SIM swapping Jaén Quedarse sin cobertura en el teléfono móvil durante unos minutos puede parecer un simple fallo técnico, pero en algunos casos es la señal de que se está produciendo un fraude bancario por SIM swapping. Este tipo de estafa permite a los delincuentes acceder a los códigos de verificación y vaciar cuentas bancarias en pocas horas. Ante situaciones así, contar con un abogado recuperar dinero SIM swapping Jaén puede ser esencial para analizar si la entidad financiera incumplió sus obligaciones de seguridad y si procede reclamar la devolución de las cantidades transferidas de forma no autorizada. Conoce más detalles de esta sentencia a continuación. Consulte su caso ahora

Quedarse sin cobertura en el teléfono móvil durante unos minutos puede parecer un simple fallo técnico, pero en algunos casos es la señal de que se está produciendo un fraude bancario por SIM swapping. Este tipo de estafa permite a los delincuentes acceder a los códigos de verificación y vaciar cuentas bancarias en pocas horas. Ante situaciones así, contar con un abogado recuperar dinero SIM swapping Jaén puede ser esencial para analizar si la entidad financiera incumplió sus obligaciones de seguridad y si procede reclamar la devolución de las cantidades transferidas de forma no autorizada. Conoce más detalles de esta sentencia a continuación.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Jaén.
• Sección: 1.
• Fecha: 20 de febrero de 2026.
• Nº de Resolución: 260/2026.

Antecedentes

El 15 de diciembre de 2021, la Sra. Angelina, cliente de la entidad Caja Rural de Jaén, recibió un mensaje de texto (SMS) en su teléfono móvil informándole del supuesto apagado de su tarjeta bancaria.

El mensaje contenía un enlace que dirigía a una página web con una apariencia idéntica a la banca electrónica de la entidad (“Ruralvia”), donde la usuaria suministró los datos solicitados.

Inmediatamente después de introducir la información, la Sra. Angelina sufrió una súbita pérdida de cobertura en su teléfono móvil.

Este tiempo fue aprovechado por terceros para obtener un duplicado fraudulento de su tarjeta SIM (técnica conocida como SIM swapping), lo que les permitió recibir los SMS de verificación de la entidad y realizar, entre ese día y el siguiente, un total de 14 transferencias fraudulentas que detrajeron de su cuenta la suma total de 47.064,15 euros.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Villacarrillo dictó sentencia el 10 de septiembre de 2025, estimando íntegramente la demanda de la Sra. Angelina.

El juzgado condenó a la Caja Rural al abono de los 47.064,75 euros más intereses, al considerar que la entidad no probó una negligencia grave de la cliente ni implementó mecanismos de supervisión suficientes para evitar el fraude.

Audiencia Provincial

La entidad bancaria interpuso recurso de apelación alegando una incorrecta valoración de la prueba.

Sostuvo que la conducta de la actora al facilitar sus claves tras pinchar en un enlace ajeno debía calificarse como negligencia grave, exonerando al banco de responsabilidad según el Real Decreto-ley 19/2018 de servicios de pago.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de pago ante operaciones no autorizadas ejecutadas mediante SIM swapping.

El tribunal analiza si el hecho de que el cliente caiga en un engaño de ingeniería social constituye una negligencia grave que rompa la responsabilidad cuasi-objetiva de la banca, y si el uso de las claves personales del usuario basta por sí solo para considerar una operación como “autorizada”.

Razonamiento del Tribunal

La Sala confirma la responsabilidad de la entidad financiera basándose en la normativa de servicios de pago y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El tribunal razona que, una vez que el usuario niega haber autorizado las operaciones, la carga de la prueba recae sobre el banco, que debe demostrar no solo que la operación fue autenticada, sino que el cliente actuó con fraude o negligencia grave.

En este caso, se determina que el SIM swapping es un método complejo donde el delincuente suplanta la identidad del usuario ante la operadora telefónica, dejando a la víctima sin servicio e indefensa.

El tribunal destaca que no puede exigirse al usuario mayor precaución que a la entidad bancaria, la cual debería haber detectado la anomalía de realizar 14 transferencias de alto importe en apenas 48 horas.

La Sala concluye que seguir pautas de una plataforma aparentemente oficial tras un engaño sofisticado no es una falta de diligencia significativa por iniciativa del usuario.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“el consentimiento no se entiende prestado por el solo hecho de que la operación de pago se haya realizado mediante la utilización de las claves personales, sino que es necesario que provenga del usuario o, en caso de que éste niegue su intervención, que se acredite fraude, incumplimiento deliberado o, al menos, negligencia grave por parte del usuario, cuya prueba recae sobre la entidad bancaria”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Jaén desestima el recurso de apelación de Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid S.C.C. y confirma íntegramente la sentencia de instancia.

La entidad queda obligada a restituir los 47.064,75 euros defraudados más los intereses legales, imponiéndole además las costas de la segunda instancia.

Conclusión

En el fraude bancario por SIM swapping, la responsabilidad de la entidad es cuasi-objetiva.

El banco solo se libera si prueba una negligencia grave del cliente, la cual no concurre cuando el usuario es inducido a error por un engaño sofisticado y la entidad no detecta una operativa fraudulenta masiva y ajena al comportamiento habitual del titular.

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Abogado Reclama Indemnización Clientela Girona La finalización de una relación comercial puede generar importantes conflictos económicos, especialmente cuando una de las partes considera que ha contribuido de forma decisiva a consolidar una cartera de clientes. En estos casos, contar con un abogado reclamar indemnización por clientela Girona puede resultar esencial para analizar si existe derecho a compensación y cómo debe calcularse conforme a la jurisprudencia más reciente. La sentencia que examinamos a continuación aborda una cuestión especialmente relevante en los contratos de distribución: la necesidad de acreditar el beneficio neto real para reclamar válidamente una indemnización por clientela. Consulte su caso ahora

La finalización de una relación comercial puede generar importantes conflictos económicos, especialmente cuando una de las partes considera que ha contribuido de forma decisiva a consolidar una cartera de clientes. En estos casos, contar con un abogado reclamar indemnización por clientela Girona puede resultar esencial para analizar si existe derecho a compensación y cómo debe calcularse conforme a la jurisprudencia más reciente. La sentencia que examinamos a continuación aborda una cuestión especialmente relevante en los contratos de distribución: la necesidad de acreditar el beneficio neto real para reclamar válidamente una indemnización por clientela.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Girona.
• Sección: 1.
• Fecha: 11 de febrero de 2026.
• Nº de Resolución: 138/2026.

Antecedentes

La entidad Aliments Congelats Friman, S.A. mantuvo una relación comercial estable con la sociedad Protur Hotels Roses, S.C.C.L.. La controversia se originó cuando la primera reclamó judicialmente el pago de un saldo deudor de 15.717,17 euros derivado de diversas facturas impagadas por el suministro de productos alimenticios.

La parte demandada, Protur Hotels Roses, no discutió la existencia de la deuda, pero opuso como excepción la compensación de créditos.

Alegó que, tras la resolución de la relación contractual, tenía derecho a percibir una indemnización por clientela, la cual debía restarse del importe reclamado por el proveedor.

Un hecho clave para la resolución fue que Friman siempre facturaba directamente a Protur y nunca al cliente final, siendo Protur quien revendía la mercancía asumiendo el riesgo de la operación.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Tribunal de Instancia de Figueres dictó sentencia el 6 de noviembre de 2024.

En ella, estimó íntegramente la demanda de Friman y condenó a Protur al pago de los 15.717,17 euros (saldo deudor de facturas). Aunque el juez de instancia reconoció el derecho a la indemnización por clientela, rechazó la compensación solicitada porque el cálculo presentado por la demandada era inexacto al no haber descontado gastos e impuestos (margen neto).

Audiencia Provincial 

Protur Hotels Roses interpuso recurso de apelación alegando un error en la valoración de la prueba, específicamente sobre la cuantificación de la indemnización por clientela basada en su informe pericial.

La Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó el fallo de la primera instancia.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centró en dos puntos fundamentales: primero, determinar la naturaleza jurídica de la relación (contrato de agencia frente a contrato de distribución) y, segundo, establecer el método de cálculo correcto para la indemnización por clientela en el contrato de distribución.

El tribunal analizó si, en los casos de distribución, el cálculo de la indemnización debe basarse en el margen bruto (diferencia entre precio de adquisición y venta) o en el beneficio neto (porcentaje de beneficio real una vez descontados gastos e impuestos), aplicando analógicamente el artículo 28 de la Ley de Contrato de Agencia (LCA).

Razonamiento del Tribunal

La Sala corrigió la calificación del contrato realizada en instancia, determinando que la relación era de distribución y no de agencia, dado que la demandada compraba la mercancía para revenderla en nombre propio y no percibía comisiones, sino un margen comercial.

Respecto a la indemnización, el tribunal razonó que, aunque el artículo 28 de la LCA es aplicable por analogía a los distribuidores, el criterio para fijar su cuantía máxima no puede ser el volumen de ingresos brutos o ventas.

Es imperativo utilizar el beneficio neto obtenido por el distribuidor.

En este caso, el informe pericial aportado por la demandada calculó la indemnización basándose en la retribución media anual sin deducir costes operativos ni tributarios, lo que invalidó su pretensión económica.

“el informe pericial realiza un cálculo erróneo al partir del margen bruto cuando lo exigible es el margen neto”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación interpuesto por Protur Hotels Roses, S.C.C.L. y confirmó íntegramente la sentencia de instancia.

El tribunal validó la condena al pago de la deuda principal y rechazó la compensación por la falta de acreditación del beneficio neto necesario para calcular la indemnización por clientela. Asimismo, impuso las costas procesales de la alzada a la parte recurrente.

Conclusión

En los contratos de distribución, la indemnización por clientela no puede calcularse de forma automática sobre los ingresos brutos o márgenes comerciales de reventa.

Para que la reclamación prospere, es requisito indispensable acreditar el beneficio neto real del distribuidor, descontando todos los gastos e impuestos asociados a la actividad.

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Abogado reclamar seguro mercancías Almería Cuando una mercancía sufre daños y la aseguradora rechaza el siniestro, conviene revisar con detalle la póliza y la exclusión invocada. Un abogado reclamar seguro mercancías Almería puede analizar si esa cláusula cumple los requisitos legales y si resulta oponible al asegurado. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 7 de abril de 2026 muestra que una exclusión no destacada ni aceptada expresamente por escrito puede carecer de eficacia. Consulte su caso ahora

 

Cuando una mercancía sufre daños y la aseguradora rechaza el siniestro, conviene revisar con detalle la póliza y la exclusión invocada. Un abogado reclamar seguro mercancías Almería puede analizar si esa cláusula cumple los requisitos legales y si resulta oponible al asegurado. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 7 de abril de 2026 muestra que una exclusión no destacada ni aceptada expresamente por escrito puede carecer de eficacia.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Almería.
• Sección: 1.
• Fecha: 7 de abril de 2026.
• Nº de Resolución: 308/2026.

Antecedentes 

El 7 de noviembre de 2019, la mercantil Logística Vicarcargo S.L. suscribió una póliza de seguro de mercancías con la entidad Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., figurando la empresa Frio Rens S.L. como asegurada adicional.

Durante la vigencia del contrato, dos cabezas tractoras de Frio Rens S.L. sufrieron daños al colisionar con el techo de un viaducto.

La asegurada reclamó a Allianz el pago de 10.902,50 euros por los daños sufridos.

La compañía de seguros rechazó el siniestro amparándose en la cláusula B.5 de “Exclusiones”, que dejaba fuera de cobertura los daños causados por el choque o roce de los vehículos contra arcos de puentes, viaductos o techos de construcciones.

La entidad defendió que se trataba de un contrato de “grandes riesgos”, donde impera la autonomía de la voluntad y no son exigibles las protecciones del artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Almería desestimó la demanda.

El juez entendió que el contrato era de “grandes riesgos”, celebrado en plano de igualdad entre empresas con asesoramiento de mediador, por lo que la exclusión era clara y oponible sin necesidad de firmas específicas.

Audiencia Provincial

Frio Rens S.L. apeló la resolución alegando que no se acreditaron los requisitos legales para calificar la póliza como de “grandes riesgos” y que la cláusula era limitativa, por lo que debió ser aceptada expresamente por escrito.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia reside en determinar si un seguro de transporte terrestre de mercancías puede calificarse automáticamente como de “grandes riesgos” y, en consecuencia, si la exclusión por choque contra estructuras es una cláusula delimitadora (que define el riesgo) o limitativa (que restringe los derechos del asegurado).

El tribunal debe resolver si, al no cumplirse los umbrales financieros de la Ley 20/2015, la aseguradora puede oponer una exclusión que no ha sido destacada ni firmada específicamente por el asegurado.

Razonamiento del Tribunal

La Sala estima el recurso al considerar que Allianz no probó que la tomadora cumpliera los requisitos económicos (activo, volumen de negocio o número de empleados) exigidos por el artículo 11 de la Ley 20/2015 para calificar el contrato como de “grandes riesgos” en transporte terrestre.

Al no ser un gran riesgo, rige el carácter imperativo de la LCS y, concretamente, el régimen de transparencia de las cláusulas limitativas.

El tribunal razona que el choque contra un objeto es un riesgo natural y esperado en un seguro de transporte.

Por tanto, una cláusula que excluye precisamente este tipo de accidentes no define el objeto del contrato, sino que restringe la cobertura inicialmente pactada.

Al no estar la cláusula destacada tipográficamente ni existir una firma específica de la asegurada en la póliza aportada, el tribunal concluye que es inoponible conforme al artículo 3 de la LCS.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“la cláusula que nos ocupa es una estipulación limitativa del riesgo puesto que excede del contenido natural del contrato de seguro determinado por la propia LCS y supone una limitación del derecho del asegurado”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación, revoca la sentencia de instancia y condena a Allianz a abonar a Frio Rens S.L. la cantidad de 10.902,50 euros.

Impone a la aseguradora los intereses del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro (al no haber consignado el importe mínimo en plazo) y las costas procesales de la primera instancia.  

Conclusión

En el seguro de transporte terrestre de mercancías, las cláusulas de exclusión que restringen la cobertura natural de accidentes son limitativas de derechos y solo resultan oponibles si la aseguradora acredita que se trata de un contrato de “grandes riesgos” o si, en su defecto, cumple estrictamente con el requisito de estar destacada y aceptada específicamente por escrito por el asegurado.

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Abogado reclamar responsabilidad administrador ¿Crees que el administrador de tu sociedad te ha dejado sin cobrar tu trabajo o tu inversión por una gestión negligente? Si estás valorando contratar a un abogado para reclamar responsabilidad al administrador en España, esta reciente sentencia del Tribunal Supremo te interesa directamente. Porque no todo impago ni todo error de gestión da lugar a una condena: el Alto Tribunal acaba de recordar que, para que prospere una acción individual de responsabilidad, no basta con tener una expectativa de cobro o un pacto entre socios; es necesario acreditar un daño real, efectivo y ya devengado, así como una conducta antijurídica clara del administrador. Consulte su caso ahora

¿Crees que el administrador de tu sociedad te ha dejado sin cobrar tu trabajo o tu inversión por una gestión negligente? Si estás valorando contratar a un abogado para reclamar responsabilidad al administrador en España, esta reciente sentencia del Tribunal Supremo te interesa directamente. Porque no todo impago ni todo error de gestión da lugar a una condena: el Alto Tribunal acaba de recordar que, para que prospere una acción individual de responsabilidad, no basta con tener una expectativa de cobro o un pacto entre socios; es necesario acreditar un daño real, efectivo y ya devengado, así como una conducta antijurídica clara del administrador.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
• Sección: 1.
• Fecha: 27 de mayo de 2026.
• Nº de Resolución: 799/2026..

Antecedentes

En julio de 2012, se constituyó la sociedad Twopart, S.L., dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas.

Los socios fundadores, entre los que se encontraban D. Eladio, D. Rubén y el administrador único D. Jose Carlos, suscribieron un pacto de socios que regulaba la remuneración de determinadas “prestaciones accesorias”.

Dicho acuerdo establecía una compensación económica total de 170.000 euros a favor de los socios por trabajos realizados, fijando un máximo de 50.000 euros para D. Eladio y D. Rubén respectivamente.

No obstante, el pago de estas cantidades estaba condicionado a que la sociedad fuera ampliando capital y generara el efectivo necesario.

En enero de 2014, se aprobó una ampliación de capital, pero ningún socio concurrió a la misma, lo que llevó a la posterior disolución de la mercantil en mayo de 2014.

Eladio y D. Rubén interpusieron una demanda contra el administrador, reclamando 121.642,03 euros por los daños causados en su patrimonio debido al impago de sus retribuciones y a una supuesta gestión negligente que llevó al fracaso del negocio.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Madrid desestimó íntegramente la demanda.

El juzgado consideró que no se acreditó una actuación negligente del administrador ni la existencia de un daño real, dado que, según lo pactado, no existía todavía el derecho a reclamar la remuneración.

Audiencia Provincial 

La Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la sentencia anterior y estimó parcialmente la demanda, condenando a D. Jose Carlos a abonar 50.000 euros a cada demandante.

La Audiencia razonó que el administrador fue negligente al no ejecutar el acuerdo de ampliación de capital, impidiendo así el pago de las retribuciones pactadas.

Tribunal Supremo 

El administrador interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación.

El Tribunal Supremo ha casado la sentencia de la Audiencia, volviendo a la absolución del administrador.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia radica en determinar si concurren los presupuestos de la acción individual de responsabilidad (Art. 241 de la Ley de Sociedades de Capital).

El tribunal analiza si el incumplimiento de una expectativa de cobro derivada de un pacto de socios puede imputarse como un “daño directo” al patrimonio de los socios causado por la negligencia del administrador.

Se examina si la falta de ejecución de una ampliación de capital —cuando ningún socio quiso suscribirla— constituye un ilícito orgánico que justifique la responsabilidad personal del gestor.

Razonamiento del Tribunal

El Tribunal Supremo fundamenta su decisión en que la acción individual exige una responsabilidad por “ilícito orgánico”, requiriendo un comportamiento antijurídico que lesione directamente los intereses de socios o terceros.

En este caso, el tribunal subraya que el derecho a percibir la remuneración estaba supeditado a hitos financieros que nunca ocurrieron.

La Sala razona que no hubo negligencia en la falta de ampliación de capital, ya que fue la propia inacción de los socios demandantes la que impidió su éxito.

Por tanto, al no haber nacido el derecho al cobro (devengo), no existe un daño resarcible ni nexo causal con la conducta del administrador.

El tribunal critica que la Audiencia Provincial introdujera hechos no debatidos (la falta de ejecución de la ampliación) para justificar una condena que incurría en incongruencia.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“al no haberse devengado el derecho de los demandantes a percibir la retribución, no se ha producido el daño reclamado, ni puede imputarse al administrador una conducta negligente por no haber procedido al pago de la compensación económica”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación, anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y confirma la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que desestimó la demanda.

El tribunal impone las costas de la apelación a la parte demandante y no hace especial pronunciamiento sobre las costas de los recursos extraordinarios.

Conclusión

La acción individual de responsabilidad requiere la prueba de un daño directo y efectivo al patrimonio del reclamante.

Si el derecho al cobro de una retribución no ha llegado a nacer por incumplimiento de sus condiciones contractuales, no cabe exigir responsabilidad personal al administrador por dicho impago.

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Abogado reclamar seguro de vida Huesca: Conoce detalles Tras el fallecimiento del asegurado, los beneficiarios pueden encontrarse con la negativa de la compañía a abonar el seguro de vida contratado. En estos casos, conviene analizar si la denegación se ajusta a la póliza, al cuestionario de salud y a la normativa aplicable. Contar con un abogado reclamar seguro de vida Huesca puede marcar la diferencia a la hora de saber si la compañía está aplicando correctamente la ley o si está interpretando a su favor el cuestionario de salud. En la sentencia que analizamos, la Audiencia Provincial de Huesca aclara un criterio clave: la omisión de antecedentes médicos solo justifica el impago si existe relación directa con la causa del fallecimiento. Consulte su caso ahora

Tras el fallecimiento del asegurado, los beneficiarios pueden encontrarse con la negativa de la compañía a abonar el seguro de vida contratado. En estos casos, conviene analizar si la denegación se ajusta a la póliza, al cuestionario de salud y a la normativa aplicable. Contar con un abogado reclamar seguro de vida Huesca puede marcar la diferencia a la hora de saber si la compañía está aplicando correctamente la ley o si está interpretando a su favor el cuestionario de salud. En la sentencia que analizamos, la Audiencia Provincial de Huesca aclara un criterio clave: la omisión de antecedentes médicos solo justifica el impago si existe relación directa con la causa del fallecimiento.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Huesca.
• Sección: 1.
• Fecha: 18 de febrero de 2026.
• Nº de Resolución: 78/2026.

Antecedentes

En septiembre de 2014, D. Jose Manuel suscribió un contrato de seguro de vida con la entidad BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A.

Tras su fallecimiento el 2 de enero de 2019, los beneficiarios, D. Juan Luis y Dª. Raquel, reclamaron el capital asegurado de 30.000 euros.

La aseguradora rechazó el pago alegando que el tomador había ocultado antecedentes médicos relevantes.

En concreto, D. Jose Manuel no consignó en el cuestionario de salud que había padecido neoplasia vesical (2003), cólico renal (2009), carcinoma renal (2012), dislipemia e hipertensión (2014).

Sin embargo, la causa real del fallecimiento fue una fibrosis pulmonar idiopática, patología de aparición posterior y sin relación con las dolencias silenciadas.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Monzón desestimó la demanda en abril de 2024.

El juzgado consideró que el ocultamiento de enfermedades previas, por sí solo, liberaba a la aseguradora de su obligación, a pesar de que no existiera relación con la causa de la muerte.

Audiencia Provincial

Los demandantes interpusieron recurso de apelación denunciando un error en la valoración de la prueba.

Alegaron que el cuestionario no fue rellenado por el propio asegurado y que la enfermedad que causó el óbito era de diagnóstico posterior a la firma, por lo que no pudo ser objeto de ocultación.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si el incumplimiento del deber de declarar el riesgo (Art. 10 LCS) permite a la aseguradora rehusar el siniestro cuando no existe nexo causal entre lo no declarado y la causa de la muerte.

Asimismo, se analizó la validez de un cuestionario de salud que, por un lado, contenía datos erróneos (estado civil, profesión).  Por otro, la aseguradora no pudo probar que fuera explicado o debidamente cumplimentado por el tomador.

Razonamiento del Tribunal

La Sala revocó la sentencia de instancia basándose en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el deber de declaración del riesgo.

El tribunal razonó que la responsabilidad de presentar un cuestionario claro y completo recae sobre la aseguradora, y que las deficiencias en su cumplimentación (como el uso de datos de peso y altura reciclados de una póliza de 2012) no pueden perjudicar al cliente.

Fundamentalmente, el tribunal subrayó que para liberar a la compañía no basta con la mera inexactitud de las respuestas; es imprescindible que exista una conexión entre la patología omitida y el siniestro.

Al ser la fibrosis pulmonar una dolencia autónoma y sin relación con los antecedentes de cáncer u otras dolencias previas, el impago resulta injustificado.

Además, la entidad no aportó pruebas técnicas fiables que demostraran que, de haber conocido las enfermedades previas, el riesgo habría sido inasegurable.

La ratio decidendi de la sentencia establece que:

“para que la ocultación por el tomador de las circunstancias relativas al riesgo conlleve la liberación del asegurador, es necesario que tales circunstancias sean causa directa del siniestro o, al menos, que guarden una cierta relación causa-efecto”.

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial de Huesca estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia de instancia y estimó íntegramente la demanda.

Condenó a BANKINTER SEGUROS DE VIDA, S.A. a abonar a los beneficiarios los 30.000 euros, más los intereses del artículo 20 de la LCS desde la fecha del fallecimiento.

Impuso a la aseguradora las costas de la primera instancia.

Conclusión

En el contrato de seguro de vida, la omisión de antecedentes médicos solo exonera a la aseguradora si existe una relación de causalidad con el fallecimiento o si la entidad prueba de forma fehaciente la asegurabilidad del riesgo.

El defecto en la cumplimentación de un cuestionario incompleto o impreciso es responsabilidad exclusiva de la entidad financiera.

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