¿Ha detectado transferencias u operaciones bancarias que no autorizó después de facilitar sus datos en una página fraudulenta? Ante una situación de este tipo, un abogado reclamar estafa bancaria puede analizar las circunstancias del fraude, la actuación de la entidad financiera y la documentación disponible para valorar las posibles vías de reclamación. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga examina precisamente la responsabilidad del banco ante operaciones realizadas mediante phishing y la importancia de acreditar una posible negligencia grave del cliente.
Identificación de la Sentencia
- Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga.
- Sección: 4.
- Fecha: 17 de junio de 2026.
- Nº de Resolución: 439/2026.
Antecedentes
Los clientes D. Álvaro, la mercantil C P A S.L. y la entidad THE CLASSIC CHARTER COMPANY S.L. sufrieron un fraude informático mediante la técnica de phishing los días 21 y 22 de noviembre de 2018.
A través de este engaño, se ejecutaron diversas operaciones de pago y transferencias no autorizadas en sus cuentas bancarias por un importe total de 15.756 euros.
Tras percatarse del perjuicio sufrido, los afectados reclamaron a su entidad financiera, BANCO DE SABADELL S.A., la devolución de las sumas indebidamente adeudadas.
Ante la negativa del banco a restituir los fondos, los demandantes promovieron acciones judiciales exigiendo el reembolso de 15.456 euros (resultado de restar 150 euros de franquicia por cada una de las dos cuentas afectadas, conforme a lo estipulado contractualmente), más los intereses legales acumulados desde las fechas del fraude.
Tramitación Judicial
Primera instancia
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella (Juicio Ordinario 1003/2021) dictó sentencia el 21 de noviembre de 2023 estimando íntegramente la demanda formulada por los afectados.
El juez de instancia condenó a BANCO DE SABADELL S.A. a abonar a las demandantes la cuantía de 15.456 euros, incrementada con los intereses legales desde la interposición de la demanda, e impuso las costas procesales a la entidad bancaria.
Audiencia Provincial
BANCO DE SABADELL S.A. interpuso recurso de apelación alegando error en la valoración de la prueba, falta de motivación de la resolución y falta de legitimación pasiva, sosteniendo que las disposiciones se consumaron por la negligencia del usuario al facilitar sus credenciales.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la sentencia apelada.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia jurídica radica en delimitar el régimen de responsabilidad de los proveedores de servicios de pago y la distribución de la carga de la prueba ante operaciones bancarias no autorizadas ejecutadas mediante el método de engaño conocido como phishing.
El tribunal debe analizar si la entrega indebida de claves o datos por parte del usuario inducido por un ciberdelincuente constituye una negligencia grave en el marco del Real Decreto-ley 19/2018 y de la Ley de Servicios de Pago, o si la entidad financiera asume una responsabilidad cuasi-objetiva que le obliga a restituir de inmediato el importe sustraído si no demuestra una falta elemental de diligencia por parte del cliente.
Razonamiento del Tribunal
La Sala confirma la sentencia de primera instancia en atención al régimen legal de responsabilidad cuasi-objetiva que impera sobre las entidades financieras en la prestación de servicios de pago.
El tribunal razona que, cuando un usuario niega haber autorizado una orden de pago, la ley impone la carga probatoria exclusivamente al banco, el cual debe demostrar no solo el registro técnico de la operación, sino también la concurrencia de un comportamiento fraudulento o de una negligencia grave atribuible al titular de la cuenta.
El tribunal aclara que la negligencia grave no se equipara a un mero descuido o a la falta de una diligencia extrema, sino que requiere una conducta caracterizada por una falta de la diligencia más elemental.
Dado que el engaño por phishing es perpetrado por delincuentes profesionales con un elevado grado de sofisticación técnica, el hecho de que el usuario caiga en el ardid e introduzca sus claves no puede conceptuarse como una negligencia de carácter grave, al ser consecuencia directa de una inducción fraudulenta y no de una iniciativa desidiosa del cliente.
Asimismo, el tribunal subraya que la exigencia de diligencia hacia las entidades financieras es superior a la del buen padre de familia, correspondiéndoles actuar con el estándar de un ordenado y experto comerciante.
Por ello, la difusión de meros avisos o advertencias genéricas en páginas web resulta insuficiente, estando las entidades obligadas a implementar mecanismos tecnológicos activos de supervisión y herramientas antiphishing que prevengan de forma efectiva las páginas clonadas y las operaciones sospechosas.
La ratio decidendi de la sentencia establece que:
“en la medida que la conducta del usurario ahora parte demandante fue el resultado de un engaño perpetrado con evidente pericia por el delincuente, no podemos conceptuarla como de negligencia grave”.
Adicionalmente, el tribunal ratifica el principio general sobre la carga de la prueba en esta materia, señalando que:
“es al proveedor de servicios de pago a quien le incumbe probar que el usuario del servicio de pago cometió fraude o negligencia grave, porque como ha señalado la jurisprudencia, la responsabilidad de aquél es una responsabilidad cuasi-objetiva”.
Para fundamentar su doctrina sobre la responsabilidad bancaria y la calificación de la negligencia, la Sala cita de forma expresa la jurisprudencia del Tribunal Supremo (singularmente las SSTS de 31 de enero de 2019, 22 de enero de 2020 y 9 de abril de 2025), así como las resoluciones de diversas Audiencias Provinciales, entre las que destacan la SAP de Madrid de 13 de enero de 2023, la SAP de Barcelona de 22 de enero de 2019, las SSTS de las Audiencias Provinciales de Cantabria de 1 de abril de 2025, A Coruña de 29 de marzo de 2023, Pontevedra de 23 de marzo de 2023, Huelva de 15 de enero de 2025, Valladolid de 30 de enero de 2025 y la SAP de Málaga (Sección 5ª) de 23 de mayo de 2023.
Decisión del Tribunal
La Audiencia Provincial de Málaga desestima el recurso de apelación interpuesto por BANCO DE SABADELL S.A. y confirma en todos sus extremos la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Marbella.
El banco debe restituir la suma de 15.456 euros incrementada con los intereses legales.
Asimismo, el tribunal impone a la entidad bancaria recurrente el pago de las costas procesales de la segunda instancia.
Conclusión
La sentencia analizada considera que, en las circunstancias concretas del caso, la responsabilidad del proveedor de servicios de pago exige valorar si existió fraude o negligencia grave por parte del usuario.
La Audiencia Provincial de Málaga descartó esta última circunstancia al considerar que la entrega de las credenciales se produjo como consecuencia de un engaño mediante phishing y confirmó la obligación de la entidad bancaria de restituir las cantidades reconocidas en el procedimiento.
Ante una operación bancaria no autorizada, resulta necesario examinar las circunstancias concretas del fraude, la actuación de la entidad y la documentación disponible para determinar las posibles vías de reclamación.
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