Abogado anular renta vitalicia: Conoce detalles Si tu banco te vendió una renta vitalicia unit linked sin advertirte del riesgo de pérdida total, un abogado anular renta vitalicia unit linked puede recuperar tu dinero, como confirma sentencia de Audiencia Provincial de Ávila contra Santander. Una llamada de 4 minutos no basta para inversores sin experiencia como Dª Enriqueta, de 75 años. Continúa leyendo para evaluar tu caso. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Ávila. Sección: 1. Fecha: 31 de octubre de 2025. Nº de Resolución: 260/2025. Antecedentes El 1 de julio de 2019, Dª Enriqueta, una mujer de 75 años cuya vida laboral se había centrado en el servicio doméstico, acudió a una sucursal de Banco Santander S.A. en Ávila. Allí suscribió el producto denominado “RAV 101 Patrimonios”, una renta vitalicia unit linked vinculada a Bonos del Estado, realizando una inversión de 50.000 €uros. La contratación se realizó presencialmente en la oficina bancaria, donde se le entregó una nota informativa. Seguidamente, se le puso en contacto telefónico durante apenas cuatro minutos con el centro de atención de la aseguradora del grupo para formalizar el contrato. El producto conllevaba un alto riesgo de pérdida de capital en caso de rescate anticipado, circunstancia que la cliente no comprendió por su perfil minorista y la falta de conocimientos financieros. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Ávila dictó sentencia el 21 de mayo de 2025 desestimando la demanda. El juzgador apreció la falta de legitimación pasiva de Banco Santander S.A., al considerar que el contrato se había suscrito con Santander Seguros y Reaseguros S.A., entidades con personalidades jurídicas distintas. Audiencia Provincial Dª Enriqueta apeló la resolución alegando que el banco fue quien comercializó y promocionó el producto en su red de oficinas, siendo responsable de la falta de información. La entidad bancaria se opuso insistiendo en que actuó como un mero mediador de seguros y que la cliente fue debidamente informada. Cuestión Jurídica Principal La controversia se centró en determinar si el banco tiene legitimación pasiva para responder por la nulidad de un contrato de seguro unit linked diseñado por una aseguradora, pero comercializado por empleados del banco. Asimismo, se analizó si este producto debe tratarse como un producto financiero complejo sometido a la Ley del Mercado de Valores (LMV) y si el incumplimiento de los deberes de información (como la omisión de los test de idoneidad y conveniencia) vicia el consentimiento del consumidor. Razonamiento del Tribunal La Sala revocó la sentencia de instancia basándose en que el producto no es un mero seguro, sino una inversión compleja comercializada materialmente por el banco. El tribunal argumentó que: 1.- Naturaleza del producto: Al estar vinculado a la rentabilidad de activos de renta fija y conllevar riesgo de pérdida de capital, es un producto financiero sometido a la normativa del Mercado de Valores. 2.- Responsabilidad del banco: La intervención de la entidad bancaria no fue de mera mediación, sino que sus empleados ofertaron y promocionaron el producto, provocando ellos mismos el posible vicio en el consentimiento. 3.- Insuficiencia informativa: Una llamada de cuatro minutos y la entrega de una nota técnica no son suficientes para que una persona de 75 años sin experiencia inversora comprenda los riesgos de pérdida de capital. 4.- Presunción de error: Al no haberse realizado los test de idoneidad y conveniencia exigidos por la LMV, la ley permite presumir la falta de conocimiento suficiente en el cliente minorista. “BANCO SANTANDER S.A. está legitimado pasivamente para soportar la acción de anulación del contrato dado que, caso de acreditarse que omitió su obligación activa de información conforme a la normativa del Mercado de Valores, el vicio o error del consentimiento lo habría provocado la actuación de BANCO SANTANDER S.A.” Decisión del Tribunal La Audiencia Provincial estimó íntegramente el recurso y revocó la sentencia de la primera instancia. El tribunal declaró la nulidad por error del contrato y condenó a Banco Santander S.A. a restituir a Dª Enriqueta los 50.000 €uros invertidos, más los intereses legales desde la suscripción. Por su parte, la actora deberá devolver las rentas percibidas. Se impusieron al banco las costas de la primera instancia. Conclusión La entidad bancaria que comercializa un seguro unit linked como inversión compleja ostenta legitimación pasiva ante una acción de nulidad por error, siendo responsable de la falta de transparencia informativa y de la omisión de los test legales exigidos para proteger al cliente minorista. Consulte su caso ahora The post Abogado anular renta vitalicia: Conoce detalles first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/HG6EYrm

Si tu banco te vendió una renta vitalicia unit linked sin advertirte del riesgo de pérdida total, un abogado anular renta vitalicia unit linked puede recuperar tu dinero, como confirma sentencia de Audiencia Provincial de Ávila contra Santander. Una llamada de 4 minutos no basta para inversores sin experiencia como Dª Enriqueta, de 75 años. Continúa leyendo para evaluar tu caso.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Ávila.
• Sección: 1.
• Fecha: 31 de octubre de 2025.
• Nº de Resolución: 260/2025.

Antecedentes

El 1 de julio de 2019, Dª Enriqueta, una mujer de 75 años cuya vida laboral se había centrado en el servicio doméstico, acudió a una sucursal de Banco Santander S.A. en Ávila. 

Allí suscribió el producto denominado “RAV 101 Patrimonios”, una renta vitalicia unit linked vinculada a Bonos del Estado, realizando una inversión de 50.000 €uros.

La contratación se realizó presencialmente en la oficina bancaria, donde se le entregó una nota informativa. 

Seguidamente, se le puso en contacto telefónico durante apenas cuatro minutos con el centro de atención de la aseguradora del grupo para formalizar el contrato.

El producto conllevaba un alto riesgo de pérdida de capital en caso de rescate anticipado, circunstancia que la cliente no comprendió por su perfil minorista y la falta de conocimientos financieros.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Ávila dictó sentencia el 21 de mayo de 2025 desestimando la demanda.

El juzgador apreció la falta de legitimación pasiva de Banco Santander S.A., al considerar que el contrato se había suscrito con Santander Seguros y Reaseguros S.A., entidades con personalidades jurídicas distintas.

Audiencia Provincial 

Dª Enriqueta apeló la resolución alegando que el banco fue quien comercializó y promocionó el producto en su red de oficinas, siendo responsable de la falta de información.

La entidad bancaria se opuso insistiendo en que actuó como un mero mediador de seguros y que la cliente fue debidamente informada.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centró en determinar si el banco tiene legitimación pasiva para responder por la nulidad de un contrato de seguro unit linked diseñado por una aseguradora, pero comercializado por empleados del banco.

Asimismo, se analizó si este producto debe tratarse como un producto financiero complejo sometido a la Ley del Mercado de Valores (LMV) y si el incumplimiento de los deberes de información (como la omisión de los test de idoneidad y conveniencia) vicia el consentimiento del consumidor.

Razonamiento del Tribunal

La Sala revocó la sentencia de instancia basándose en que el producto no es un mero seguro, sino una inversión compleja comercializada materialmente por el banco. El tribunal argumentó que:

1.- Naturaleza del producto:

Al estar vinculado a la rentabilidad de activos de renta fija y conllevar riesgo de pérdida de capital, es un producto financiero sometido a la normativa del Mercado de Valores.

2.- Responsabilidad del banco:

La intervención de la entidad bancaria no fue de mera mediación, sino que sus empleados ofertaron y promocionaron el producto, provocando ellos mismos el posible vicio en el consentimiento.

3.- Insuficiencia informativa:

Una llamada de cuatro minutos y la entrega de una nota técnica no son suficientes para que una persona de 75 años sin experiencia inversora comprenda los riesgos de pérdida de capital.

4.- Presunción de error:

Al no haberse realizado los test de idoneidad y conveniencia exigidos por la LMV, la ley permite presumir la falta de conocimiento suficiente en el cliente minorista.

“BANCO SANTANDER S.A. está legitimado pasivamente para soportar la acción de anulación del contrato dado que, caso de acreditarse que omitió su obligación activa de información conforme a la normativa del Mercado de Valores, el vicio o error del consentimiento lo habría provocado la actuación de BANCO SANTANDER S.A.”

Decisión del Tribunal

La Audiencia Provincial estimó íntegramente el recurso y revocó la sentencia de la primera instancia.

El tribunal declaró la nulidad por error del contrato y condenó a Banco Santander S.A. a restituir a Dª Enriqueta los 50.000 €uros invertidos, más los intereses legales desde la suscripción.

Por su parte, la actora deberá devolver las rentas percibidas.

Se impusieron al banco las costas de la primera instancia.

Conclusión

La entidad bancaria que comercializa un seguro unit linked como inversión compleja ostenta legitimación pasiva ante una acción de nulidad por error, siendo responsable de la falta de transparencia informativa y de la omisión de los test legales exigidos para proteger al cliente minorista.

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Abogado reclama indemnización por mala praxis en seguro ¿Sufrió un familiar daños por negligencia en un hospital de su cuadro médico de Adeslas u otra aseguradora? Si busca un abogado reclamar indemnización mala praxis seguro médico, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (9/10/2025) confirma que las aseguradoras responden directamente: 137.426 € ganados por familiares tras hematoma abdominal mortal no tratado. Descubra cómo aplicar este precedente a su caso. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga. Sección: 5. Fecha: 9 de octubre de 2025. Nº de Resolución: 715/2025. Antecedentes El litigio tiene su origen en la asistencia sanitaria prestada a la Sra. Angelica, quien era beneficiaria de una póliza de asistencia sanitaria con Segurcaixa Adeslas S.A.. La paciente, que contaba con antecedentes de diabetes y valvulopatía, acudió el 26 de abril de 2019 a las urgencias del Hospital Quirón Salud de Marbella tras sufrir una caída que le provocaba dolor lumbar. Tras una primera exploración, recibió el alta con diagnóstico de lumbalgia, pero reingresó apenas tres horas después por mareo e hipotensión severa. Las pruebas revelaron un extenso hematoma abdominal que desplazaba órganos internos. A pesar de la gravedad del cuadro, que evolucionó hacia un fracaso renal agudo y anemia severa, el equipo médico mantuvo una “actitud conservadora” y no realizó las intervenciones de drenaje o embolización recomendadas para estos casos. La Sra. Angelica falleció el 29 de abril de 2019 por shock hipovolémico y parada cardiorrespiratoria. Sus familiares, D. Jacinto y Dña. Cecilia, reclamaron una indemnización por mala praxis médica. Tramitación Judicial Primera Instancia El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Málaga estimó íntegramente la demanda. Condenó a Segurcaixa Adeslas a abonar 137.426,43 euros a los actores, más los intereses legales del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), al considerar acreditada la negligencia médica. Audiencia Provincial La aseguradora interpuso recurso de apelación alegando falta de legitimación pasiva. Argumentó que no debía responder por la actuación del personal del hospital, ya que no existía una relación de jerarquía o dependencia directa entre Adeslas y los médicos de la clínica concertada. Cuestión Jurídica Principal La controversia jurídica consistió en determinar si una compañía de seguros de asistencia sanitaria debe responder civilmente por la negligencia médica de los profesionales o centros que integran su cuadro médico concertado. El tribunal analizó si la aseguradora actúa como un mero intermediario que paga facturas o si, por el contrario, asume una obligación de prestación directa del servicio de salud conforme al artículo 105 de la LCS. Razonamiento del Tribunal La Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la responsabilidad de la aseguradora basándose en los siguientes fundamentos: Naturaleza del contrato: Según el art. 105 LCS, en el seguro de asistencia sanitaria, el asegurador asume directamente la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos. Esto diferencia esta modalidad del simple seguro de reembolso. Garante del servicio: La compañía no se limita a facilitar un listado de médicos; garantiza la calidad e idoneidad de los servicios que ofrece bajo su marca y prestigio. Relación de dependencia: Al ser la aseguradora quien impone el cuadro médico al paciente (quien no elige libremente al facultativo fuera de esa lista), se genera una responsabilidad por hecho ajeno bajo el artículo 1903 del Código Civil. Infracción de la lex artis: El tribunal ratificó que hubo negligencia omisiva al no adoptar medidas radicales (drenaje o cirugía) ante un hematoma expansivo evidente, lo que causó el fallecimiento. “la posición de la compañía no es la de mero intermediario, sino la de garante del servicio” Decisión del Tribunal El tribunal desestimó el recurso de apelación de Segurcaixa Adeslas y confirmó íntegramente la sentencia de instancia. Ratificó la condena al pago de la indemnización y la imposición de los intereses moratorios del art. 20 LCS, señalando que la aseguradora incurrió en mora al no ofrecer el pago desde que tuvo conocimiento del siniestro, sin que la discusión sobre el quantum justificara su pasividad. Se impusieron las costas de la alzada a la aseguradora. Conclusión En el seguro de asistencia sanitaria, la entidad aseguradora asume una responsabilidad directa y solidaria por los daños derivados de la mala praxis de los médicos y centros de su cuadro médico, dado que su obligación contractual no es meramente financiera, sino que consiste en garantizar la correcta prestación del servicio de salud que ella misma organiza y ofrece al asegurado. Consulte su caso ahora The post Abogado reclama indemnización por mala praxis en seguro first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/8UM732x

¿Sufrió un familiar daños por negligencia en un hospital de su cuadro médico de Adeslas u otra aseguradora? Si busca un abogado reclamar indemnización mala praxis seguro médico, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (9/10/2025) confirma que las aseguradoras responden directamente: 137.426 € ganados por familiares tras hematoma abdominal mortal no tratado. Descubra cómo aplicar este precedente a su caso.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga.
• Sección: 5.
• Fecha: 9 de octubre de 2025.
• Nº de Resolución: 715/2025.

Antecedentes

El litigio tiene su origen en la asistencia sanitaria prestada a la Sra. Angelica, quien era beneficiaria de una póliza de asistencia sanitaria con Segurcaixa Adeslas S.A..

La paciente, que contaba con antecedentes de diabetes y valvulopatía, acudió el 26 de abril de 2019 a las urgencias del Hospital Quirón Salud de Marbella tras sufrir una caída que le provocaba dolor lumbar.

Tras una primera exploración, recibió el alta con diagnóstico de lumbalgia, pero reingresó apenas tres horas después por mareo e hipotensión severa.

Las pruebas revelaron un extenso hematoma abdominal que desplazaba órganos internos.

A pesar de la gravedad del cuadro, que evolucionó hacia un fracaso renal agudo y anemia severa, el equipo médico mantuvo una “actitud conservadora” y no realizó las intervenciones de drenaje o embolización recomendadas para estos casos.

La Sra. Angelica falleció el 29 de abril de 2019 por shock hipovolémico y parada cardiorrespiratoria.

Sus familiares, D. Jacinto y Dña. Cecilia, reclamaron una indemnización por mala praxis médica.

Tramitación Judicial

Primera Instancia

El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Málaga estimó íntegramente la demanda.

Condenó a Segurcaixa Adeslas a abonar 137.426,43 euros a los actores, más los intereses legales del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), al considerar acreditada la negligencia médica.

Audiencia Provincial

La aseguradora interpuso recurso de apelación alegando falta de legitimación pasiva.

Argumentó que no debía responder por la actuación del personal del hospital, ya que no existía una relación de jerarquía o dependencia directa entre Adeslas y los médicos de la clínica concertada.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica consistió en determinar si una compañía de seguros de asistencia sanitaria debe responder civilmente por la negligencia médica de los profesionales o centros que integran su cuadro médico concertado.

El tribunal analizó si la aseguradora actúa como un mero intermediario que paga facturas o si, por el contrario, asume una obligación de prestación directa del servicio de salud conforme al artículo 105 de la LCS.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial desestimó el recurso y confirmó la responsabilidad de la aseguradora basándose en los siguientes fundamentos:

1. Naturaleza del contrato: Según el art. 105 LCS, en el seguro de asistencia sanitaria, el asegurador asume directamente la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos. Esto diferencia esta modalidad del simple seguro de reembolso.
2. Garante del servicio: La compañía no se limita a facilitar un listado de médicos; garantiza la calidad e idoneidad de los servicios que ofrece bajo su marca y prestigio.
3. Relación de dependencia: Al ser la aseguradora quien impone el cuadro médico al paciente (quien no elige libremente al facultativo fuera de esa lista), se genera una responsabilidad por hecho ajeno bajo el artículo 1903 del Código Civil.
4. Infracción de la lex artis: El tribunal ratificó que hubo negligencia omisiva al no adoptar medidas radicales (drenaje o cirugía) ante un hematoma expansivo evidente, lo que causó el fallecimiento.

“la posición de la compañía no es la de mero intermediario, sino la de garante del servicio”

Decisión del Tribunal

El tribunal desestimó el recurso de apelación de Segurcaixa Adeslas y confirmó íntegramente la sentencia de instancia.

Ratificó la condena al pago de la indemnización y la imposición de los intereses moratorios del art. 20 LCS, señalando que la aseguradora incurrió en mora al no ofrecer el pago desde que tuvo conocimiento del siniestro, sin que la discusión sobre el quantum justificara su pasividad. Se impusieron las costas de la alzada a la aseguradora.

Conclusión

En el seguro de asistencia sanitaria, la entidad aseguradora asume una responsabilidad directa y solidaria por los daños derivados de la mala praxis de los médicos y centros de su cuadro médico, dado que su obligación contractual no es meramente financiera, sino que consiste en garantizar la correcta prestación del servicio de salud que ella misma organiza y ofrece al asegurado.

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Abogado reclamar indemnización contrato de agencia Si tu distribuidora sufrió una resolución unilateral de contrato sin preaviso adecuado, un abogado reclamar indemnización contrato de agencia Barcelona puede recuperar tu clientela y lucro cesante, como confirma una reciente sentencia de la Audiencia Provincial. Más de 106.000 euros concedidos tras 25 años de relación exclusiva demuestran que la buena fe prevalece sobre cláusulas abusivas. Continúa leyendo sobre esta sentencia para conocer el razonamiento judicial exacto y evaluar tu caso. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección: 15. Fecha: 4 de noviembre de 2025. Nº de Resolución: 1210/2025. Antecedentes La mercantil Pluinca, S.L. actuó como distribuidora exclusiva de los productos de la marca Alfaparf Group España, S.L. en las provincias de Alicante y Murcia durante más de veinticinco años. La relación comenzó en 1994 de forma verbal y se formalizó por escrito en 2018 con un contrato de dos años de duración. Aunque el contrato escrito expiró en 2020, las partes continuaron su relación de forma habitual. El conflicto surgió el 7 de julio de 2021, cuando Alfaparf comunicó de forma unilateral la resolución del contrato con efectos al 31 de agosto, concediendo únicamente un preaviso de 55 días. Pluinca demandó a la fabricante solicitando indemnizaciones por clientela y falta de preaviso, basándose en la aplicación analógica de la Ley del Contrato de Agencia (LCA), además de ejercitar acciones por competencia desleal. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Barcelona estimó parcialmente la demanda. El juez consideró que la resolución fue unilateral e injustificada, condenando a Alfaparf a pagar 10.507 euros por clientela y 7.331,71 euros por falta de preaviso, si bien desestimó las acciones de competencia desleal. Audiencia Provincial Ambas partes recurrieron la resolución. Pluinca solicitó elevar las cuantías indemnizatorias alegando errores en el cálculo del beneficio neto, mientras que Alfaparf insistió en que existía “justa causa” para resolver por un supuesto descenso de ventas e incumplimientos de la distribuidora. Cuestión Jurídica Principal La controversia se centró en determinar si la resolución del contrato de distribución fue justificada o abusiva y, consecuentemente, cómo debían calcularse las indemnizaciones por clientela (art. 28 LCA) y falta de preaviso (art. 25 LCA) aplicadas por analogía. El tribunal analizó si, ante la falta de una contabilidad analítica que permitiera aislar el beneficio neto exacto de la línea de productos afectada, era posible acudir a criterios de equidad para fijar la compensación. Razonamiento del Tribunal La Audiencia Provincial confirmó que la resolución fue injustificada, ya que Alfaparf no acreditó incumplimientos previos y sus alegaciones fueron aducidas ex post facto. Respecto a las indemnizaciones, la Sala introdujo correcciones técnicas fundamentales: Indemnización por clientela: El tribunal recordó que el cálculo debe realizarse sobre el beneficio neto y no sobre el margen bruto. Al no poder extraerse el beneficio neto específico de la línea Alfaparf de las periciales, la Sala aplicó un juicio de prudencia y equidad, estimando un 20% de beneficio neto sobre las ventas anuales medias. Indemnización por preaviso: Atendida la duración de 25 años, correspondía el máximo legal analógico de seis meses (182 días). Al haberse concedido solo 55 días, se condenó al pago de los 127 días omitidos en concepto de lucro cesante. Cláusula de renuncia: El tribunal declaró ineficaz la cláusula de renuncia a indemnizaciones contenida en el contrato de 2018, tanto por haber expirado el documento como por ser contraria a la buena fe y al equilibrio contractual en una relación de tan larga duración. “la resolución contractual efectuada por Alfaparf fue unilateral y carente de justa causa, vulnerando el deber de buena fe y lealtad exigible en las relaciones de distribución continuadas”. Decisión del Tribunal El tribunal estimó en parte el recurso de Pluinca y desestimó la impugnación de Alfaparf. Revocó la sentencia de instancia elevando sustancialmente las indemnizaciones: condenó a Alfaparf a abonar 62.977,14 euros por clientela y 43.874,04 euros por falta de preaviso, sumando un total de 106.851,18 euros más intereses legales y las costas de la instancia. Conclusión La resolución unilateral de un contrato de distribución estable sin justa causa genera el derecho a ser indemnizado por clientela y falta de preaviso; si no es posible determinar el beneficio neto exacto de la línea de negocio, los tribunales pueden fijar la cuantía mediante un criterio de equidad basado en un porcentaje razonable sobre el volumen de ventas. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar indemnización contrato de agencia first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/wDzUBTr

Si tu distribuidora sufrió una resolución unilateral de contrato sin preaviso adecuado, un abogado reclamar indemnización contrato de agencia Barcelona puede recuperar tu clientela y lucro cesante, como confirma una reciente sentencia de la Audiencia Provincial. Más de 106.000 euros concedidos tras 25 años de relación exclusiva demuestran que la buena fe prevalece sobre cláusulas abusivas. Continúa leyendo sobre esta sentencia para conocer el razonamiento judicial exacto y evaluar tu caso.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona.
• Sección: 15.
• Fecha: 4 de noviembre de 2025.
• Nº de Resolución: 1210/2025.

 

Antecedentes 

La mercantil Pluinca, S.L. actuó como distribuidora exclusiva de los productos de la marca Alfaparf Group España, S.L. en las provincias de Alicante y Murcia durante más de veinticinco años.

La relación comenzó en 1994 de forma verbal y se formalizó por escrito en 2018 con un contrato de dos años de duración.

Aunque el contrato escrito expiró en 2020, las partes continuaron su relación de forma habitual.

El conflicto surgió el 7 de julio de 2021, cuando Alfaparf comunicó de forma unilateral la resolución del contrato con efectos al 31 de agosto, concediendo únicamente un preaviso de 55 días. Pluinca demandó a la fabricante solicitando indemnizaciones por clientela y falta de preaviso, basándose en la aplicación analógica de la Ley del Contrato de Agencia (LCA), además de ejercitar acciones por competencia desleal.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Barcelona estimó parcialmente la demanda.

El juez consideró que la resolución fue unilateral e injustificada, condenando a Alfaparf a pagar 10.507 euros por clientela y 7.331,71 euros por falta de preaviso, si bien desestimó las acciones de competencia desleal.

Audiencia Provincial

Ambas partes recurrieron la resolución.

Pluinca solicitó elevar las cuantías indemnizatorias alegando errores en el cálculo del beneficio neto, mientras que Alfaparf insistió en que existía “justa causa” para resolver por un supuesto descenso de ventas e incumplimientos de la distribuidora.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia se centró en determinar si la resolución del contrato de distribución fue justificada o abusiva y, consecuentemente, cómo debían calcularse las indemnizaciones por clientela (art. 28 LCA) y falta de preaviso (art. 25 LCA) aplicadas por analogía.

El tribunal analizó si, ante la falta de una contabilidad analítica que permitiera aislar el beneficio neto exacto de la línea de productos afectada, era posible acudir a criterios de equidad para fijar la compensación.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial confirmó que la resolución fue injustificada, ya que Alfaparf no acreditó incumplimientos previos y sus alegaciones fueron aducidas ex post facto.

Respecto a las indemnizaciones, la Sala introdujo correcciones técnicas fundamentales:

1. Indemnización por clientela: El tribunal recordó que el cálculo debe realizarse sobre el beneficio neto y no sobre el margen bruto. Al no poder extraerse el beneficio neto específico de la línea Alfaparf de las periciales, la Sala aplicó un juicio de prudencia y equidad, estimando un 20% de beneficio neto sobre las ventas anuales medias.
2. Indemnización por preaviso: Atendida la duración de 25 años, correspondía el máximo legal analógico de seis meses (182 días). Al haberse concedido solo 55 días, se condenó al pago de los 127 días omitidos en concepto de lucro cesante.
3. Cláusula de renuncia: El tribunal declaró ineficaz la cláusula de renuncia a indemnizaciones contenida en el contrato de 2018, tanto por haber expirado el documento como por ser contraria a la buena fe y al equilibrio contractual en una relación de tan larga duración.

“la resolución contractual efectuada por Alfaparf fue unilateral y carente de justa causa, vulnerando el deber de buena fe y lealtad exigible en las relaciones de distribución continuadas”.

Decisión del Tribunal

El tribunal estimó en parte el recurso de Pluinca y desestimó la impugnación de Alfaparf.

Revocó la sentencia de instancia elevando sustancialmente las indemnizaciones: condenó a Alfaparf a abonar 62.977,14 euros por clientela y 43.874,04 euros por falta de preaviso, sumando un total de 106.851,18 euros más intereses legales y las costas de la instancia.

Conclusión

La resolución unilateral de un contrato de distribución estable sin justa causa genera el derecho a ser indemnizado por clientela y falta de preaviso; si no es posible determinar el beneficio neto exacto de la línea de negocio, los tribunales pueden fijar la cuantía mediante un criterio de equidad basado en un porcentaje razonable sobre el volumen de ventas.

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Abogado reclamar tu indemnización seguro de vida Si una aseguradora niega el pago de tu seguro de vida por supuestas omisiones antiguas en el cuestionario de salud, un abogado reclamar indemnización seguro de vida puede obligarles al pago completo más intereses, como confirma sentencia de Audiencia Provincial de Jaén. La viuda recuperó 15.000 euros pese a antecedentes de hace diez años sin relevancia causal. Sigue leyendo para analizar tu caso concreto. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Jaén. Sección: 1. Fecha: 31 de octubre de 2025. Nº de Resolución: 1404/2025. Antecedentes El 13 de octubre de 2013, el Sr. Cesareo, cónyuge de la demandante Dª Valentina, suscribió un seguro de vida denominado “Univida Anual Renovable” con la entidad Unicorp Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.. El asegurado falleció casi diez años después, el 1 de febrero de 2023. Tras el fallecimiento, la viuda reclamó el pago del capital garantizado, fijado en 15.000 euros. Sin embargo, la aseguradora se negó al pago alegando que el Sr. Cesareo había faltado a la verdad en el cuestionario de salud previo a la contratación. Según la compañía, el asegurado ocultó dolosamente patologías digestivas y antecedentes de etilismo crónico que constaban en su historial médico. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Martos estimó íntegramente la demanda el 11 de septiembre de 2024. El magistrado declaró la eficacia del contrato y condenó a la aseguradora al pago de los 15.000 euros, más los intereses especiales del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y las costas, al no apreciar dolo ni culpa grave en la declaración del riesgo. Audiencia Provincial Unicorp Vida interpuso recurso de apelación basándose en un error en la valoración de la prueba. Sostenía que la documentación médica acreditaba que el asegurado conocía sus patologías y las silenció voluntariamente para inducir a la entidad a contratar. Cuestión Jurídica Principal La controversia jurídica giró en torno al cumplimiento del deber de declaración del riesgo previsto en el artículo 10 de la LCS. El tribunal debió determinar si la omisión de antecedentes médicos ocurridos diez años antes de la firma de la póliza constituía una “inexactitud intencionada o debida a una culpa o negligencia de especial intensidad” que permitiera a la aseguradora quedar liberada de su obligación. Asimismo, se analizó si existía una relación causal entre los datos supuestamente omitidos (problemas digestivos antiguos) y la causa real del fallecimiento (neumonía e insuficiencia respiratoria aguda). Razonamiento del Tribunal La Audiencia Provincial desestimó el recurso de la aseguradora confirmando la resolución de instancia bajo los siguientes argumentos: Temporalidad de las preguntas: El cuestionario de salud preguntaba expresamente por bajas o intervenciones en los últimos 5 años. Los ingresos por pancreatitis y estenosis pilórica del Sr. Cesareo databan de 2003 y 2004, es decir, diez años antes de la firma del contrato en 2013. Ausencia de dolo: El tribunal consideró que no se puede calificar de negligencia grave el hecho de que un asegurado no mencione dolencias tan remotas que no habían requerido seguimiento ni tratamiento en la década anterior a la contratación. Falta de nexo causal: La causa fundamental del óbito fue una neumonía bilateral que derivó en insuficiencia respiratoria aguda grave. No se probó que las antiguas dolencias digestivas tuvieran influencia alguna en el fallecimiento ocurrido años después. Carga de la prueba: Corresponde a la aseguradora demostrar que el asegurado actuó con dolo o culpa de especial intensidad, carga que no se consideró satisfecha en este procedimiento. “los principios de padecimientos tan distantes no pueden merecer tal calificación [de dolo o culpa grave] en tanto que el asegurado pudiera no recordar o ser consciente de la relevancia de los mismos”. Decisión del Tribunal El tribunal desestimó el recurso de apelación de Unicorp Vida y confirmó íntegramente la sentencia apelada. Como consecuencia, la aseguradora debe pagar los 15.000 euros de capital, incrementados con los intereses punitivos del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro (fallecimiento), y se le imponen las costas de la segunda instancia. Conclusión Jurídica La omisión de antecedentes médicos remotos en el cuestionario de salud no constituye dolo ni culpa grave si dichos padecimientos no han tenido seguimiento reciente ni guardan relación causal con el fallecimiento del asegurado; en tales casos, la aseguradora está obligada al pago del capital garantizado. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar tu indemnización seguro de vida first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/ZKC8r32

Si una aseguradora niega el pago de tu seguro de vida por supuestas omisiones antiguas en el cuestionario de salud, un abogado reclamar indemnización seguro de vida puede obligarles al pago completo más intereses, como confirma sentencia de Audiencia Provincial de Jaén. La viuda recuperó 15.000 euros pese a antecedentes de hace diez años sin relevancia causal. Sigue leyendo para analizar tu caso concreto.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Jaén.
• Sección: 1.
• Fecha: 31 de octubre de 2025.
• Nº de Resolución: 1404/2025.

Antecedentes

El 13 de octubre de 2013, el Sr. Cesareo, cónyuge de la demandante Dª Valentina, suscribió un seguro de vida denominado “Univida Anual Renovable” con la entidad Unicorp Vida Cía. de Seguros y Reaseguros S.A..

El asegurado falleció casi diez años después, el 1 de febrero de 2023.

Tras el fallecimiento, la viuda reclamó el pago del capital garantizado, fijado en 15.000 euros.

Sin embargo, la aseguradora se negó al pago alegando que el Sr. Cesareo había faltado a la verdad en el cuestionario de salud previo a la contratación.

Según la compañía, el asegurado ocultó dolosamente patologías digestivas y antecedentes de etilismo crónico que constaban en su historial médico.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Martos estimó íntegramente la demanda el 11 de septiembre de 2024.

El magistrado declaró la eficacia del contrato y condenó a la aseguradora al pago de los 15.000 euros, más los intereses especiales del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) y las costas, al no apreciar dolo ni culpa grave en la declaración del riesgo.

Audiencia Provincial 

Unicorp Vida interpuso recurso de apelación basándose en un error en la valoración de la prueba.

Sostenía que la documentación médica acreditaba que el asegurado conocía sus patologías y las silenció voluntariamente para inducir a la entidad a contratar.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia jurídica giró en torno al cumplimiento del deber de declaración del riesgo previsto en el artículo 10 de la LCS.

El tribunal debió determinar si la omisión de antecedentes médicos ocurridos diez años antes de la firma de la póliza constituía una “inexactitud intencionada o debida a una culpa o negligencia de especial intensidad” que permitiera a la aseguradora quedar liberada de su obligación.

Asimismo, se analizó si existía una relación causal entre los datos supuestamente omitidos (problemas digestivos antiguos) y la causa real del fallecimiento (neumonía e insuficiencia respiratoria aguda).

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial desestimó el recurso de la aseguradora confirmando la resolución de instancia bajo los siguientes argumentos:

1. Temporalidad de las preguntas: El cuestionario de salud preguntaba expresamente por bajas o intervenciones en los últimos 5 años. Los ingresos por pancreatitis y estenosis pilórica del Sr. Cesareo databan de 2003 y 2004, es decir, diez años antes de la firma del contrato en 2013.
2. Ausencia de dolo: El tribunal consideró que no se puede calificar de negligencia grave el hecho de que un asegurado no mencione dolencias tan remotas que no habían requerido seguimiento ni tratamiento en la década anterior a la contratación.
3. Falta de nexo causal: La causa fundamental del óbito fue una neumonía bilateral que derivó en insuficiencia respiratoria aguda grave. No se probó que las antiguas dolencias digestivas tuvieran influencia alguna en el fallecimiento ocurrido años después.
4. Carga de la prueba: Corresponde a la aseguradora demostrar que el asegurado actuó con dolo o culpa de especial intensidad, carga que no se consideró satisfecha en este procedimiento.

“los principios de padecimientos tan distantes no pueden merecer tal calificación [de dolo o culpa grave] en tanto que el asegurado pudiera no recordar o ser consciente de la relevancia de los mismos”.

Decisión del Tribunal

El tribunal desestimó el recurso de apelación de Unicorp Vida y confirmó íntegramente la sentencia apelada.

Como consecuencia, la aseguradora debe pagar los 15.000 euros de capital, incrementados con los intereses punitivos del art. 20 LCS desde la fecha del siniestro (fallecimiento), y se le imponen las costas de la segunda instancia.

Conclusión Jurídica

La omisión de antecedentes médicos remotos en el cuestionario de salud no constituye dolo ni culpa grave si dichos padecimientos no han tenido seguimiento reciente ni guardan relación causal con el fallecimiento del asegurado; en tales casos, la aseguradora está obligada al pago del capital garantizado.

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Abogado reclamar transferencia no autorizada SIM swapping ¿Perdió dinero por SIM Swapping en su banca online? Si busca un abogado reclamar transferencia no autorizada sim swapping, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (2/10/2025) obliga a Caja Rural a devolver 6.206,90 €: el banco asume el riesgo, no usted por ignorar SMS spam. Averigüe si su caso es viable. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de Jaén Sección: 1. Fecha: 2 de octubre de 2025. Nº de Resolución: 1217/2025. Antecedentes El 11 de noviembre de 2022, el Sr. Pedro Enrique sufrió una pérdida repentina de cobertura en su teléfono móvil y de su acceso a la red de internet. Poco después, fue informado por su entidad bancaria, Caja Rural de Jaén, de la realización de dos operaciones fraudulentas en su cuenta: una transferencia de 6.000 € y una operación “DIMO” de 200 €. El fraude se perpetró mediante la técnica de SIM Swapping, por la cual un tercero suplantó la identidad del cliente ante su operadora de telefonía para obtener un duplicado de su tarjeta SIM. Con este duplicado, los atacantes tomaron el control de su banca digital y validaron las operaciones mediante los SMS de verificación que llegaron al nuevo terminal. El Sr. Pedro Enrique descubrió posteriormente un mensaje (SMS) de una compañía telefónica con la que no tenía relación, recibido dos días antes del fraude, que informaba sobre una portabilidad y que él había ignorado por considerarlo “spam”. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Baeza dictó sentencia el 6 de junio de 2024, estimando íntegramente la demanda. El juzgado condenó a Caja Rural de Jaén a abonar al actor la suma de 6.206,90 € más intereses legales y costas, al descartar que el cliente hubiera actuado con negligencia grave por ignorar un SMS de apariencia sospechosa. Audiencia Provincial La entidad bancaria interpuso recurso de apelación alegando que la responsabilidad era exclusiva del demandante por su “pasividad” y negligencia en la custodia de claves. Sostuvo que sus sistemas de doble autenticación son seguros y que el fraude por phishing es “historia” con la normativa actual. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar el régimen de responsabilidad de la entidad bancaria ante el uso fraudulento de servicios de pago mediante SIM Swapping. El tribunal debió decidir si el banco puede exonerarse de responsabilidad basándose en que las operaciones fueron autenticadas mediante claves correctas o si, conforme al Real Decreto-ley 19/2018, debe probar que el cliente incurrió en una negligencia grave para evitar el reintegro de los fondos. Razonamiento del Tribunal La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de instancia, fundamentando que la responsabilidad de la entidad prestadora de servicios de pago es cuasi-objetiva. El tribunal razonó que el cliente no puede ser calificado de negligente por ser víctima de un engaño complejo orquestado por ciberdelincuentes profesionales. Carga de la prueba: Corresponde al banco, y no al cliente, probar que existió fraude o negligencia grave. El mero hecho de que se usaran las claves personales no es suficiente para eximir al banco si el usuario niega haber autorizado la operación. Negligencia grave: No constituye negligencia grave ignorar un SMS de una operadora extraña (Finetwork) por considerarlo fraudulento, ni sucumbir a una técnica de ingeniería social tan sofisticada como el SIM Swapping, que es difícilmente detectable para un cliente de perfil habitual. Riesgo del sistema: El banco, como conocedor de estas modalidades delictivas, debe asumir el riesgo de su sistema de pagos si no logra demostrar la culpa grave del ordenante. “la entidad sólo puede liberarse de tal responsabilidad si prueba que la orden de pago no se vio afectada por “un fallo técnico u otra deficiencia del servicio prestado por dicho proveedor”, que el cliente ha actuado fraudulentamente o con negligencia grave”. Decisión del Tribunal El tribunal desestimó el recurso de apelación de Caja Rural de Jaén y confirmó íntegramente la resolución de primera instancia. Ratificó la obligación del banco de devolver los 6.206,90 € defraudados, impuso a la entidad las costas de la alzada y dispuso el destino legal del depósito constituido para recurrir. Conclusión En las operaciones de pago no autorizadas mediante SIM Swapping, el banco responde de forma cuasi-objetiva y debe reintegrar los fondos sustraídos de inmediato, a menos que logre probar fehacientemente que el cliente actuó con fraude o negligencia grave; ignorar mensajes de dudosa procedencia o ser víctima de una suplantación de identidad telefónica no constituye, por sí solo, una negligencia de tal gravedad. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar transferencia no autorizada SIM swapping first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/saMoULp

 

¿Perdió dinero por SIM Swapping en su banca online? Si busca un abogado reclamar transferencia no autorizada sim swapping, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén (2/10/2025) obliga a Caja Rural a devolver 6.206,90 €: el banco asume el riesgo, no usted por ignorar SMS spam. Averigüe si su caso es viable.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de Jaén
• Sección: 1.
• Fecha: 2 de octubre de 2025.
• Nº de Resolución: 1217/2025.

Antecedentes

El 11 de noviembre de 2022, el Sr. Pedro Enrique sufrió una pérdida repentina de cobertura en su teléfono móvil y de su acceso a la red de internet.

Poco después, fue informado por su entidad bancaria, Caja Rural de Jaén, de la realización de dos operaciones fraudulentas en su cuenta: una transferencia de 6.000 € y una operación “DIMO” de 200 €.

El fraude se perpetró mediante la técnica de SIM Swapping, por la cual un tercero suplantó la identidad del cliente ante su operadora de telefonía para obtener un duplicado de su tarjeta SIM.

Con este duplicado, los atacantes tomaron el control de su banca digital y validaron las operaciones mediante los SMS de verificación que llegaron al nuevo terminal.

El Sr. Pedro Enrique descubrió posteriormente un mensaje (SMS) de una compañía telefónica con la que no tenía relación, recibido dos días antes del fraude, que informaba sobre una portabilidad y que él había ignorado por considerarlo “spam”.

Tramitación Judicial

Primera instancia

El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Baeza dictó sentencia el 6 de junio de 2024, estimando íntegramente la demanda.

El juzgado condenó a Caja Rural de Jaén a abonar al actor la suma de 6.206,90 € más intereses legales y costas, al descartar que el cliente hubiera actuado con negligencia grave por ignorar un SMS de apariencia sospechosa.

Audiencia Provincial

La entidad bancaria interpuso recurso de apelación alegando que la responsabilidad era exclusiva del demandante por su “pasividad” y negligencia en la custodia de claves.

Sostuvo que sus sistemas de doble autenticación son seguros y que el fraude por phishing es “historia” con la normativa actual.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar el régimen de responsabilidad de la entidad bancaria ante el uso fraudulento de servicios de pago mediante SIM Swapping.

El tribunal debió decidir si el banco puede exonerarse de responsabilidad basándose en que las operaciones fueron autenticadas mediante claves correctas o si, conforme al Real Decreto-ley 19/2018, debe probar que el cliente incurrió en una negligencia grave para evitar el reintegro de los fondos.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial confirmó la sentencia de instancia, fundamentando que la responsabilidad de la entidad prestadora de servicios de pago es cuasi-objetiva.

El tribunal razonó que el cliente no puede ser calificado de negligente por ser víctima de un engaño complejo orquestado por ciberdelincuentes profesionales.

1. Carga de la prueba: Corresponde al banco, y no al cliente, probar que existió fraude o negligencia grave. El mero hecho de que se usaran las claves personales no es suficiente para eximir al banco si el usuario niega haber autorizado la operación.
2. Negligencia grave: No constituye negligencia grave ignorar un SMS de una operadora extraña (Finetwork) por considerarlo fraudulento, ni sucumbir a una técnica de ingeniería social tan sofisticada como el SIM Swapping, que es difícilmente detectable para un cliente de perfil habitual.
3. Riesgo del sistema: El banco, como conocedor de estas modalidades delictivas, debe asumir el riesgo de su sistema de pagos si no logra demostrar la culpa grave del ordenante.

“la entidad sólo puede liberarse de tal responsabilidad si prueba que la orden de pago no se vio afectada por “un fallo técnico u otra deficiencia del servicio prestado por dicho proveedor”, que el cliente ha actuado fraudulentamente o con negligencia grave”.

Decisión del Tribunal

El tribunal desestimó el recurso de apelación de Caja Rural de Jaén y confirmó íntegramente la resolución de primera instancia.

Ratificó la obligación del banco de devolver los 6.206,90 € defraudados, impuso a la entidad las costas de la alzada y dispuso el destino legal del depósito constituido para recurrir.

Conclusión

En las operaciones de pago no autorizadas mediante SIM Swapping, el banco responde de forma cuasi-objetiva y debe reintegrar los fondos sustraídos de inmediato, a menos que logre probar fehacientemente que el cliente actuó con fraude o negligencia grave; ignorar mensajes de dudosa procedencia o ser víctima de una suplantación de identidad telefónica no constituye, por sí solo, una negligencia de tal gravedad.

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Abogado reclamar nulidad cláusulas abusivas cesión Si tu banco cedió tu hipoteca a un fondo de titulización y niega responsabilidad por cláusulas suelo o gastos abusivos, un abogado reclamar nulidad cláusulas abusivas cesión de crédito puede exigir a ambos a responder, como establece la sentencia del Tribunal Supremo contra BBVA y FTA 2015. Los consumidores recuperaron la restitución completa pese a prescripciones alegadas. Continúa leyendo para analizar tu préstamo hipotecario. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. Fecha: 22 de diciembre de 2025. Nº de Resolución: 1943/2025. Antecedentes D. Carlos Miguel y D.ª Lorenza suscribieron con el Banco BBVA diversos contratos de préstamo hipotecario en los años 2006 (novado en 2008 y 2009) y 2011. Ante el impago de las cuotas, la entidad bancaria interpuso una demanda solicitando la resolución de los contratos y el pago de las cantidades adeudadas, que ascendían a 432.331,87 €. Los prestatarios se opusieron y formularon una demanda reconvencional (contrademanda) tanto contra el banco como contra FTA 2015 Fondo de Titulización de Activos. En ella, solicitaron la nulidad de diversas cláusulas por abusivas (cláusula suelo, gastos, intereses de demora y vencimiento anticipado) y alegaron que el fondo de titulización debía ser parte en el proceso por habérsele cedido el crédito hipotecario. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Granollers estimó la demanda del banco y solo en parte la reconvención de los consumidores. Sin embargo, desestimó la legitimación pasiva del fondo FTA 2015, absolviéndolo de todos los pedimentos al considerar que no debía soportar la acción de nulidad. Audiencia Provincial La Sección 14.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó la falta de legitimación del fondo de titulización. Además, declaró prescrita la acción para reclamar la restitución de los gastos del préstamo de 2011, al entender que el plazo comenzó a contar desde la fecha del pago. Tribunal Supremo Los consumidores interpusieron recurso de casación, centrándose en la legitimación del fondo cesionario y en el inicio del plazo de prescripción para la restitución de gastos. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si un fondo de titulización (cesionario del crédito) tiene legitimación pasiva para ser demandado en una acción de nulidad de cláusulas abusivas. Asimismo, se analizó el dies a quo (día inicial) para la prescripción de la devolución de gastos hipotecarios tras la jurisprudencia del TJUE de 2024. Razonamiento del Tribunal El Tribunal Supremo estimó el recurso de los consumidores basándose en dos pilares fundamentales: 1. Protección del consumidor y efectividad: El tribunal señaló que la titulización de préstamos mediante la emisión de participaciones no altera la relación con el deudor, pero crea una “concatenación de nexos jurídicos”. Dado que la nulidad de una cláusula afecta directamente al crédito cedido, el cesionario debe soportar las consecuencias de dicha nulidad. 2. Garantía de ejecución: La inclusión del fondo de titulización en la condena asegura que el consumidor pueda hacer efectivos sus derechos, especialmente en fase de ejecución de sentencia. 3. Prescripción de gastos: Siguiendo al TJUE, el Supremo reiteró que el plazo de prescripción no comienza con el pago de los gastos, sino con la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula, salvo que se pruebe que el consumidor conocía antes la abusividad. “la condena de ambos -cedente y cesionario- incrementa las garantías del prestatario”. Decisión del Tribunal El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación y modificó la sentencia de la Audiencia Provincial. El fallo condena a FTA 2015 Fondo de Titulización en los mismos términos que al BBVA, reconociendo su legitimación pasiva. Asimismo, ordenó la restitución de los gastos hipotecarios del préstamo de 2011, al considerar que la acción no estaba prescrita. Se impusieron a ambas entidades las costas de la apelación y de la reconvención. Conclusión Los fondos de titulización tienen legitimación pasiva para responder por la nulidad de cláusulas abusivas en préstamos cedidos, garantizando así la plena indemnidad del consumidor y la efectividad de la sentencia en caso de ejecución. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar nulidad cláusulas abusivas cesión first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/02zfVoT

Si tu banco cedió tu hipoteca a un fondo de titulización y niega responsabilidad por cláusulas suelo o gastos abusivos, un abogado reclamar nulidad cláusulas abusivas cesión de crédito puede exigir a ambos a responder, como establece la sentencia del Tribunal Supremo contra BBVA y FTA 2015. Los consumidores recuperaron la restitución completa pese a prescripciones alegadas. Continúa leyendo para analizar tu préstamo hipotecario.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
• Fecha: 22 de diciembre de 2025.
• Nº de Resolución: 1943/2025.

Antecedentes

D. Carlos Miguel y D.ª Lorenza suscribieron con el Banco BBVA diversos contratos de préstamo hipotecario en los años 2006 (novado en 2008 y 2009) y 2011.

Ante el impago de las cuotas, la entidad bancaria interpuso una demanda solicitando la resolución de los contratos y el pago de las cantidades adeudadas, que ascendían a 432.331,87 €.

Los prestatarios se opusieron y formularon una demanda reconvencional (contrademanda) tanto contra el banco como contra FTA 2015 Fondo de Titulización de Activos.

En ella, solicitaron la nulidad de diversas cláusulas por abusivas (cláusula suelo, gastos, intereses de demora y vencimiento anticipado) y alegaron que el fondo de titulización debía ser parte en el proceso por habérsele cedido el crédito hipotecario.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Granollers estimó la demanda del banco y solo en parte la reconvención de los consumidores.

Sin embargo, desestimó la legitimación pasiva del fondo FTA 2015, absolviéndolo de todos los pedimentos al considerar que no debía soportar la acción de nulidad.

Audiencia Provincial

La Sección 14.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó la falta de legitimación del fondo de titulización. Además, declaró prescrita la acción para reclamar la restitución de los gastos del préstamo de 2011, al entender que el plazo comenzó a contar desde la fecha del pago.

Tribunal Supremo 

Los consumidores interpusieron recurso de casación, centrándose en la legitimación del fondo cesionario y en el inicio del plazo de prescripción para la restitución de gastos.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si un fondo de titulización (cesionario del crédito) tiene legitimación pasiva para ser demandado en una acción de nulidad de cláusulas abusivas. Asimismo, se analizó el dies a quo (día inicial) para la prescripción de la devolución de gastos hipotecarios tras la jurisprudencia del TJUE de 2024.

Razonamiento del Tribunal

El Tribunal Supremo estimó el recurso de los consumidores basándose en dos pilares fundamentales:

1. Protección del consumidor y efectividad:

El tribunal señaló que la titulización de préstamos mediante la emisión de participaciones no altera la relación con el deudor, pero crea una “concatenación de nexos jurídicos”. Dado que la nulidad de una cláusula afecta directamente al crédito cedido, el cesionario debe soportar las consecuencias de dicha nulidad.

2. Garantía de ejecución:

La inclusión del fondo de titulización en la condena asegura que el consumidor pueda hacer efectivos sus derechos, especialmente en fase de ejecución de sentencia.

3. Prescripción de gastos:

Siguiendo al TJUE, el Supremo reiteró que el plazo de prescripción no comienza con el pago de los gastos, sino con la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula, salvo que se pruebe que el consumidor conocía antes la abusividad.

“la condena de ambos -cedente y cesionario- incrementa las garantías del prestatario”.

Decisión del Tribunal

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación y modificó la sentencia de la Audiencia Provincial.

El fallo condena a FTA 2015 Fondo de Titulización en los mismos términos que al BBVA, reconociendo su legitimación pasiva.

Asimismo, ordenó la restitución de los gastos hipotecarios del préstamo de 2011, al considerar que la acción no estaba prescrita.

Se impusieron a ambas entidades las costas de la apelación y de la reconvención.

Conclusión

Los fondos de titulización tienen legitimación pasiva para responder por la nulidad de cláusulas abusivas en préstamos cedidos, garantizando así la plena indemnidad del consumidor y la efectividad de la sentencia en caso de ejecución.

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Abogado reclamar tu indemnización incapacidad seguro vida Si una aseguradora niega tu indemnización por incapacidad total alegando cláusulas ambiguas en la póliza, un abogado reclamar indemnización incapacidad seguro de vida puede conseguir el pago completo como confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de León contra Unicorp Vida. D. Aquilino recuperó 111.000€ pese a redacción poco clara que excluía IPT sin firma ni resaltado. Sigue leyendo para valorar tu póliza. Consulte su caso ahora Identificación de la Sentencia Tribunal: Audiencia Provincial de León. Sección: 2. Fecha: 3 de noviembre de 2025. Nº de Resolución: 579/2025. Antecedentes El D. Aquilino suscribió el 20 de septiembre de 2004 un seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario con la entidad Caja España (actualmente Unicorp Vida). La póliza original incluía coberturas por fallecimiento e invalidez en las modalidades de “absoluta y permanente” por un capital de 111.000 euros. En enero de 2022, el INSS reconoció al asegurado una incapacidad permanente total para su profesión habitual. Al reclamar el pago del capital, la aseguradora rechazó la cobertura alegando que la póliza vigente en el momento del siniestro (con efectos desde diciembre de 2021) solo cubría la invalidez “permanente absoluta”, excluyendo la incapacidad total. Sin embargo, se constató que esta segunda póliza, que modificaba las condiciones iniciales, no estaba firmada por el asegurado. Tramitación Judicial Primera instancia El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Ponferrada dictó sentencia el 18 de junio de 2024 estimando íntegramente la demanda de D. Aquilino. Condenó a la aseguradora a amortizar el préstamo pendiente y a entregar el remanente del capital al asegurado, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). Audiencia Provincial La aseguradora recurrió alegando que la garantía era delimitativa del riesgo y que el asegurado había incurrido en dolo en el cuestionario de salud. El tribunal centró su análisis en si la exclusión de la incapacidad total era válida y si la redacción de la póliza era lo suficientemente clara. Cuestión Jurídica Principal La controversia consistió en determinar si la expresión “absoluta y permanente” contenida en las condiciones particulares podía interpretarse como una cobertura que incluía cualquier incapacidad de carácter permanente, o si debía restringirse únicamente a la incapacidad absoluta. Asimismo, se analizó si dicha restricción constituía una cláusula limitativa de derechos que, según el artículo 3 de la LCS, requería estar resaltada y ser aceptada expresamente por escrito. Razonamiento del Tribunal La Audiencia Provincial confirmó la condena a la aseguradora basándose en la falta de claridad del contrato y el incumplimiento de los requisitos legales para las cláusulas limitativas: Oscuridad contractual: El empleo de la conjunción “y” en la expresión “absoluta y permanente” genera una indeterminación en el riesgo, ya que permite pensar que se incluye cualquier incapacidad permanente además de la absoluta. Ante esta duda, el tribunal aplicó el principio contra proferentem (art. 1288 del Código Civil), interpretando la cláusula a favor del consumidor. Cláusula limitativa: Definir la invalidez absoluta y permanente de forma que se excluya la incapacidad para la profesión habitual restringe las expectativas del asegurado. Al no estar firmadas las condiciones generales ni resaltada dicha exclusión, la cláusula resulta inoperante. Falta de aceptación: La póliza que pretendía restringir la cobertura a la “permanente absoluta” no fue suscrita por D. Aquilino, por lo que no puede vincularle. “la exclusión de la incapacidad total, lo que, como ya se ha indicado, la convierte en una cláusula limitativa de los derechos del asegurado que, por no cumplir los requisitos legales, resulta inaplicable”. Decisión del Tribunal El tribunal desestimó el recurso de apelación de Unicorp Vida y confirmó íntegramente la sentencia de instancia. Ratificó la obligación de indemnizar por la invalidez permanente total y condenó a la aseguradora al pago de las costas de la alzada. Conclusión La descripción de la invalidez en una póliza de seguro que asimila el grado “absoluto” al “permanente” para excluir la incapacidad total se considera una cláusula limitativa de derechos; para su validez, debe estar específicamente resaltada y aceptada por escrito por el asegurado, resolviéndose cualquier ambigüedad en la redacción a favor del beneficiario. Consulte su caso ahora The post Abogado reclamar tu indemnización incapacidad seguro vida first appeared on Burguera Abogados. https://ift.tt/qfZaXuQ

Si una aseguradora niega tu indemnización por incapacidad total alegando cláusulas ambiguas en la póliza, un abogado reclamar indemnización incapacidad seguro de vida puede conseguir el pago completo como confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de León contra Unicorp Vida. D. Aquilino recuperó 111.000€ pese a redacción poco clara que excluía IPT sin firma ni resaltado. Sigue leyendo para valorar tu póliza.

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Identificación de la Sentencia

• Tribunal: Audiencia Provincial de León. 
• Sección: 2.
• Fecha: 3 de noviembre de 2025. 
• Nº de Resolución: 579/2025.

Antecedentes

El D. Aquilino suscribió el 20 de septiembre de 2004 un seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario con la entidad Caja España (actualmente Unicorp Vida).

La póliza original incluía coberturas por fallecimiento e invalidez en las modalidades de “absoluta y permanente” por un capital de 111.000 euros.

En enero de 2022, el INSS reconoció al asegurado una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

Al reclamar el pago del capital, la aseguradora rechazó la cobertura alegando que la póliza vigente en el momento del siniestro (con efectos desde diciembre de 2021) solo cubría la invalidez “permanente absoluta”, excluyendo la incapacidad total.

Sin embargo, se constató que esta segunda póliza, que modificaba las condiciones iniciales, no estaba firmada por el asegurado.

Tramitación Judicial

Primera instancia 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Ponferrada dictó sentencia el 18 de junio de 2024 estimando íntegramente la demanda de D. Aquilino.

Condenó a la aseguradora a amortizar el préstamo pendiente y a entregar el remanente del capital al asegurado, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).

Audiencia Provincial 

La aseguradora recurrió alegando que la garantía era delimitativa del riesgo y que el asegurado había incurrido en dolo en el cuestionario de salud.

El tribunal centró su análisis en si la exclusión de la incapacidad total era válida y si la redacción de la póliza era lo suficientemente clara.

Cuestión Jurídica Principal

La controversia consistió en determinar si la expresión “absoluta y permanente” contenida en las condiciones particulares podía interpretarse como una cobertura que incluía cualquier incapacidad de carácter permanente, o si debía restringirse únicamente a la incapacidad absoluta.

Asimismo, se analizó si dicha restricción constituía una cláusula limitativa de derechos que, según el artículo 3 de la LCS, requería estar resaltada y ser aceptada expresamente por escrito.

Razonamiento del Tribunal

La Audiencia Provincial confirmó la condena a la aseguradora basándose en la falta de claridad del contrato y el incumplimiento de los requisitos legales para las cláusulas limitativas:

• Oscuridad contractual: El empleo de la conjunción “y” en la expresión “absoluta y permanente” genera una indeterminación en el riesgo, ya que permite pensar que se incluye cualquier incapacidad permanente además de la absoluta. Ante esta duda, el tribunal aplicó el principio contra proferentem (art. 1288 del Código Civil), interpretando la cláusula a favor del consumidor.
• Cláusula limitativa: Definir la invalidez absoluta y permanente de forma que se excluya la incapacidad para la profesión habitual restringe las expectativas del asegurado. Al no estar firmadas las condiciones generales ni resaltada dicha exclusión, la cláusula resulta inoperante.
• Falta de aceptación: La póliza que pretendía restringir la cobertura a la “permanente absoluta” no fue suscrita por D. Aquilino, por lo que no puede vincularle.

“la exclusión de la incapacidad total, lo que, como ya se ha indicado, la convierte en una cláusula limitativa de los derechos del asegurado que, por no cumplir los requisitos legales, resulta inaplicable”.

Decisión del Tribunal

El tribunal desestimó el recurso de apelación de Unicorp Vida y confirmó íntegramente la sentencia de instancia.

Ratificó la obligación de indemnizar por la invalidez permanente total y condenó a la aseguradora al pago de las costas de la alzada.

Conclusión

La descripción de la invalidez en una póliza de seguro que asimila el grado “absoluto” al “permanente” para excluir la incapacidad total se considera una cláusula limitativa de derechos; para su validez, debe estar específicamente resaltada y aceptada por escrito por el asegurado, resolviéndose cualquier ambigüedad en la redacción a favor del beneficiario.

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