Abogado solicitar segunda oportunidad: caso TS
Si busca cancelar sus deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad, un abogado solicitar segunda oportunidad puede guiarle. El Tribunal Supremo (STS 352/2026) acaba de declarar fortuito el concurso de un pensionista que ayudó a su familia en crisis por COVID, revocando sanciones y permitiendo la exoneración total pese a 20.000€ de deuda. Descubra cómo este precedente puede ayudarle en su caso.
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Identificación de la Sentencia
- Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
- Sección: 1.
- Fecha: 4 de marzo de 2026.
- Nº de Resolución: 352/2026.
Antecedentes
El Sr. Benjamín, un pensionista que en el año 2018 percibía unos ingresos netos mensuales de aproximadamente 1.949 euros, se vio en una situación de insolvencia tras contraer deudas por un importe total de 20.242,05 euros.
Dicho endeudamiento se produjo principalmente entre los años 2019 y 2020 con una finalidad específica: ayudar económicamente a su hija, su yerno y sus nietos.
Esta unidad familiar se había quedado prácticamente sin recursos debido a la inestabilidad laboral del yerno (trabajador de hostelería afectado por ERTE) como consecuencia directa de la pandemia de la COVID-19.
Ante la imposibilidad de afrontar los pagos, el Sr. Benjamín fue declarado en concurso de acreedores en el año 2021.
Tramitación Judicial
Primera instancia
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 8 y Mercantil de León declaró el concurso como culpable.
El magistrado argumentó que el deudor se había endeudado conscientemente por encima de sus posibilidades para atender necesidades ajenas sobre las que no pesaba un deber legal, calificando la conducta como dolosa.
Audiencia Provincial
La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de León confirmó la sentencia.
Consideró que el recurso a la financiación externa era “inmoderado e injustificado” dado que los ingresos del pensionista eran suficientes para cubrir sus propios gastos, situando la conducta en el ámbito de la culpa grave.
Tribunal Supremo
El Sr. Benjamín interpuso recurso de casación alegando que no existía dolo ni culpa grave, dadas las circunstancias excepcionales de necesidad familiar provocadas por la pandemia.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia consistió en determinar si el sobreendeudamiento de una persona física para auxiliar a familiares en situación de precariedad vital constituye la culpa grave o dolo requeridos por el artículo 442 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) para calificar un concurso como culpable.
El Tribunal analizó si la falta de previsión financiera en un contexto de crisis asistencial primaria supone una ausencia de la mínima diligencia exigible o si, por el contrario, debe considerarse una conducta fortuita dentro del espíritu de la Ley de la Segunda Oportunidad.
Razonamiento del Tribunal
El Tribunal Supremo estimó el recurso y revocó la calificación de culpabilidad basándose en los siguientes puntos:
- Proporcionalidad de la deuda: El montante total (unos 20.000 €) no se consideró “escandaloso” en relación con los ingresos anuales netos del deudor (unos 23.000 €).
- Destino de los fondos: Las sumas obtenidas no se destinaron a gastos suntuosos, sino a financiar necesidades vitales de la familia en un momento de crisis.
- Ausencia de dolo y culpa grave: Aunque la gestión financiera pudo ser negligente, no alcanzó la gravedad necesaria para la sanción concursal. La situación excepcional de la pandemia justifica que un abuelo intente sostener a su familia, descartándose cualquier intencionalidad de defraudar a los acreedores.
“lo que esa conducta, en atención a las circunstancias del caso, no merece ser considerada dolosa o gravemente culposa”.
Decisión del Tribunal
El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación, casó la sentencia de la Audiencia Provincial y declaró el concurso de acreedores como fortuito.
El fallo deja sin efecto las sanciones de inhabilitación y pérdida de derechos impuestas al Sr. Benjamín, permitiéndole el acceso pleno a los beneficios de la exoneración del pasivo insatisfecho.
No se realizó imposición de costas en ninguna de las instancias.
Conclusión
El auxilio económico destinado a cubrir necesidades básicas de familiares directos en situaciones de crisis excepcional no constituye la culpa grave necesaria para calificar un concurso como culpable, siempre que el endeudamiento no sea manifiestamente desproporcionado respecto a los ingresos del deudor.
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- Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
- Sección: 1.
- Fecha: 4 de marzo de 2026.
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Antecedentes
El Sr. Benjamín, un pensionista que en el año 2018 percibía unos ingresos netos mensuales de aproximadamente 1.949 euros, se vio en una situación de insolvencia tras contraer deudas por un importe total de 20.242,05 euros.
Dicho endeudamiento se produjo principalmente entre los años 2019 y 2020 con una finalidad específica: ayudar económicamente a su hija, su yerno y sus nietos.
Esta unidad familiar se había quedado prácticamente sin recursos debido a la inestabilidad laboral del yerno (trabajador de hostelería afectado por ERTE) como consecuencia directa de la pandemia de la COVID-19.
Ante la imposibilidad de afrontar los pagos, el Sr. Benjamín fue declarado en concurso de acreedores en el año 2021.
Tramitación Judicial
Primera instancia
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 8 y Mercantil de León declaró el concurso como culpable.
El magistrado argumentó que el deudor se había endeudado conscientemente por encima de sus posibilidades para atender necesidades ajenas sobre las que no pesaba un deber legal, calificando la conducta como dolosa.
Audiencia Provincial
La Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de León confirmó la sentencia.
Consideró que el recurso a la financiación externa era “inmoderado e injustificado” dado que los ingresos del pensionista eran suficientes para cubrir sus propios gastos, situando la conducta en el ámbito de la culpa grave.
Tribunal Supremo
El Sr. Benjamín interpuso recurso de casación alegando que no existía dolo ni culpa grave, dadas las circunstancias excepcionales de necesidad familiar provocadas por la pandemia.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia consistió en determinar si el sobreendeudamiento de una persona física para auxiliar a familiares en situación de precariedad vital constituye la culpa grave o dolo requeridos por el artículo 442 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC) para calificar un concurso como culpable.
El Tribunal analizó si la falta de previsión financiera en un contexto de crisis asistencial primaria supone una ausencia de la mínima diligencia exigible o si, por el contrario, debe considerarse una conducta fortuita dentro del espíritu de la Ley de la Segunda Oportunidad.
Razonamiento del Tribunal
El Tribunal Supremo estimó el recurso y revocó la calificación de culpabilidad basándose en los siguientes puntos:
- Proporcionalidad de la deuda: El montante total (unos 20.000 €) no se consideró “escandaloso” en relación con los ingresos anuales netos del deudor (unos 23.000 €).
- Destino de los fondos: Las sumas obtenidas no se destinaron a gastos suntuosos, sino a financiar necesidades vitales de la familia en un momento de crisis.
- Ausencia de dolo y culpa grave: Aunque la gestión financiera pudo ser negligente, no alcanzó la gravedad necesaria para la sanción concursal. La situación excepcional de la pandemia justifica que un abuelo intente sostener a su familia, descartándose cualquier intencionalidad de defraudar a los acreedores.
“lo que esa conducta, en atención a las circunstancias del caso, no merece ser considerada dolosa o gravemente culposa”.
Decisión del Tribunal
El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación, casó la sentencia de la Audiencia Provincial y declaró el concurso de acreedores como fortuito.
El fallo deja sin efecto las sanciones de inhabilitación y pérdida de derechos impuestas al Sr. Benjamín, permitiéndole el acceso pleno a los beneficios de la exoneración del pasivo insatisfecho.
No se realizó imposición de costas en ninguna de las instancias.
Conclusión
El auxilio económico destinado a cubrir necesidades básicas de familiares directos en situaciones de crisis excepcional no constituye la culpa grave necesaria para calificar un concurso como culpable, siempre que el endeudamiento no sea manifiestamente desproporcionado respecto a los ingresos del deudor.
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