Abogado reclamar seguro de vida Burgos: Detalles del caso
Si la aseguradora ha rechazado el pago de un seguro de vida apoyándose en un cuestionario de salud que usted apenas recuerda haber firmado o entendido, no tiene por qué resignarse. Un abogado reclamar seguro de vida Burgos puede revisar ese documento, valorar si cumple las exigencias legales y estudiar si la compañía está realmente legitimada para negar la indemnización. En este artículo comentamos una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que ilustra cómo los defectos del cuestionario y la situación de discapacidad del asegurado pueden impedir que la aseguradora se libere de sus obligaciones de pago.
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Identificación de la Sentencia
- Tribunal: Audiencia Provincial de Burgos.
- Sección: 2.
- Fecha: 11 de mayo de 2026.
- Nº de Resolución: 152/2026.
Antecedentes
El 28 de enero de 2020, la Sra. Miriam suscribió un seguro de vida con la entidad VIDACAIXA SAU, designando como beneficiarios a sus hijos, Dª Serafina, D. Jose Luis y D. Carlos Jesús.
La asegurada, que en aquel momento tenía 69 años, contaba con una minusvalía reconocida del 65% debido a una enfermedad mental (esquizofrenia).
Tras el fallecimiento de la Sra. Miriam el 26 de agosto de 2022 por insuficiencia cardíaca e isquemia miocárdica, los beneficiarios reclamaron la indemnización de 30.000 euros.
La aseguradora rechazó el pago alegando que la tomadora había infringido el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) al omitir en el cuestionario de salud que padecía una cardiopatía isquémica previa.
Tramitación Judicial
Primera instancia
El Juzgado de Instancia nº 8 de Burgos dictó sentencia el 5 de febrero de 2026, desestimando la demanda.
El juzgado consideró que la asegurada había ocultado datos relevantes de su salud que justificaban la exoneración de la compañía.
Audiencia Provincial
Los beneficiarios interpusieron recurso de apelación denunciando que el cuestionario aportado por la aseguradora estaba plagado de errores (como una fecha de nacimiento incorrecta que le atribuía 20 años en lugar de 69), estaba rellenado mecánicamente y no contenía la firma de la asegurada en las páginas de las preguntas, sino solo en una hoja final en blanco. La Audiencia Provincial de Burgos ha estimado el recurso y revocado la sentencia inicial.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia radica en determinar si la aseguradora cumplió con su carga de probar que sometió a la asegurada a un cuestionario de salud claro y expreso (Art. 10 LCS).
Se analiza si un documento rellenado mecánicamente por la propia entidad, con errores de bulto y sin una firma que vincule directamente las respuestas con la voluntad de la asegurada, es suficiente para acreditar la ocultación dolosa o negligente del riesgo, especialmente cuando el tomador padece una discapacidad mental grave.
Razonamiento del Tribunal
La Sala fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el deber de declaración del riesgo, que se configura como un “deber de contestación” a lo que la entidad pregunte.
El tribunal razona que la aseguradora no logró probar que la Sra. Miriam hubiera firmado realmente las respuestas del cuestionario, ya que la firma aparecía en una página separada y sin texto.
Además, el tribunal destaca la falta de diligencia de la entidad al presentar un documento con datos incoherentes y no haber solicitado pruebas adicionales (como el testimonio de los empleados que intervinieron).
Dada la esquizofrenia de la asegurada, el tribunal concluye que no se puede apreciar dolo o culpa grave por su parte, pues no hay constancia de que fuera consciente de lo que se le estaba preguntando o informando.
La ratio decidendi de la sentencia establece que:
“la jurisprudencia configura el deber de declaración del riesgo como un deber de contestación o respuesta a lo que pregunte el asegurador, sobre el que, además, recaen las consecuencias que derivan de la omisión del cuestionario o de la presentación de un cuestionario incompleto”.
Decisión del Tribunal
La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación de los beneficiarios y revoca íntegramente la sentencia de instancia.
Condena a VIDACAIXA SAU al abono de los 30.000 euros, incrementados con los intereses del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro.
Asimismo, impone a la aseguradora las costas procesales de ambas instancias.
Conclusión
La aseguradora no puede eludir el pago de la prestación alegando la ocultación de patologías previas si el cuestionario de salud es defectuoso, carece de una firma inequívoca que valide las respuestas o si no se acredita que el asegurado, especialmente en casos de discapacidad mental, comprendiera el alcance de la declaración.
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- Tribunal: Audiencia Provincial de Burgos.
- Sección: 2.
- Fecha: 11 de mayo de 2026.
- Nº de Resolución: 152/2026.
Antecedentes
El 28 de enero de 2020, la Sra. Miriam suscribió un seguro de vida con la entidad VIDACAIXA SAU, designando como beneficiarios a sus hijos, Dª Serafina, D. Jose Luis y D. Carlos Jesús.
La asegurada, que en aquel momento tenía 69 años, contaba con una minusvalía reconocida del 65% debido a una enfermedad mental (esquizofrenia).
Tras el fallecimiento de la Sra. Miriam el 26 de agosto de 2022 por insuficiencia cardíaca e isquemia miocárdica, los beneficiarios reclamaron la indemnización de 30.000 euros.
La aseguradora rechazó el pago alegando que la tomadora había infringido el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) al omitir en el cuestionario de salud que padecía una cardiopatía isquémica previa.
Tramitación Judicial
Primera instancia
El Juzgado de Instancia nº 8 de Burgos dictó sentencia el 5 de febrero de 2026, desestimando la demanda.
El juzgado consideró que la asegurada había ocultado datos relevantes de su salud que justificaban la exoneración de la compañía.
Audiencia Provincial
Los beneficiarios interpusieron recurso de apelación denunciando que el cuestionario aportado por la aseguradora estaba plagado de errores (como una fecha de nacimiento incorrecta que le atribuía 20 años en lugar de 69), estaba rellenado mecánicamente y no contenía la firma de la asegurada en las páginas de las preguntas, sino solo en una hoja final en blanco. La Audiencia Provincial de Burgos ha estimado el recurso y revocado la sentencia inicial.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia radica en determinar si la aseguradora cumplió con su carga de probar que sometió a la asegurada a un cuestionario de salud claro y expreso (Art. 10 LCS).
Se analiza si un documento rellenado mecánicamente por la propia entidad, con errores de bulto y sin una firma que vincule directamente las respuestas con la voluntad de la asegurada, es suficiente para acreditar la ocultación dolosa o negligente del riesgo, especialmente cuando el tomador padece una discapacidad mental grave.
Razonamiento del Tribunal
La Sala fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal Supremo sobre el deber de declaración del riesgo, que se configura como un “deber de contestación” a lo que la entidad pregunte.
El tribunal razona que la aseguradora no logró probar que la Sra. Miriam hubiera firmado realmente las respuestas del cuestionario, ya que la firma aparecía en una página separada y sin texto.
Además, el tribunal destaca la falta de diligencia de la entidad al presentar un documento con datos incoherentes y no haber solicitado pruebas adicionales (como el testimonio de los empleados que intervinieron).
Dada la esquizofrenia de la asegurada, el tribunal concluye que no se puede apreciar dolo o culpa grave por su parte, pues no hay constancia de que fuera consciente de lo que se le estaba preguntando o informando.
La ratio decidendi de la sentencia establece que:
“la jurisprudencia configura el deber de declaración del riesgo como un deber de contestación o respuesta a lo que pregunte el asegurador, sobre el que, además, recaen las consecuencias que derivan de la omisión del cuestionario o de la presentación de un cuestionario incompleto”.
Decisión del Tribunal
La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación de los beneficiarios y revoca íntegramente la sentencia de instancia.
Condena a VIDACAIXA SAU al abono de los 30.000 euros, incrementados con los intereses del artículo 20 de la LCS desde la fecha del siniestro.
Asimismo, impone a la aseguradora las costas procesales de ambas instancias.
Conclusión
La aseguradora no puede eludir el pago de la prestación alegando la ocultación de patologías previas si el cuestionario de salud es defectuoso, carece de una firma inequívoca que valide las respuestas o si no se acredita que el asegurado, especialmente en casos de discapacidad mental, comprendiera el alcance de la declaración.
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