Abogado reclamar estafa bancaria Málaga: Caso real
Cuando aparecen cargos en la cuenta que el cliente no reconoce, especialmente en casos de fraude digital, es normal sentirse desbordado y sin saber por dónde empezar a reclamar. En estas situaciones, contar con un abogado reclamar estafa bancaria Málaga puede ser determinante para analizar la operativa, exigir responsabilidades a la entidad financiera y valorar si existe base legal para recuperar el dinero perdido. A continuación, revisamos una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que aclara cómo deben responder los bancos ante operaciones no autorizadas en casos de fraude sofisticado.
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Identificación de la Sentencia
- Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga.
- Sección: 5.
- Fecha: 14 de enero de 2026.
- Nº de Resolución: 20/2026.
Antecedentes
D. Ezequiel era cliente de la entidad Cajamar Caja Rural desde 2013 y titular de una tarjeta de crédito Visa Classic.
Entre los días 2 y 9 de octubre de 2020, se realizaron 77 operaciones de disposición de efectivo en diversos cajeros de la provincia de Málaga, la mayoría de ellas durante la madrugada y por pequeñas cuantías.
El importe total sustraído ascendió a 9.470,25 euros, a lo que se sumaron 31,25 euros en concepto de comisiones por los reintegros.
El fraude se ejecutó mediante la tecnología Apple Pay, utilizando un PIN asociado a la tarjeta.
El cliente, que no disponía de dispositivos de dicha marca y solo usaba la tarjeta para pagos puntuales de impuestos o facturas de hotel, comunicó el fraude y bloqueó la tarjeta el 31 de diciembre de 2020 tras percatarse de los cargos.
Tramitación Judicial
Primera instancia
El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Coín estimó íntegramente la demanda interpuesta por el cliente el 3 de octubre de 2022.
El juzgado declaró el incumplimiento contractual de Cajamar y la condenó a devolver 9.501,25 euros más los intereses legales y las costas.
Audiencia Provincial
Cajamar interpuso recurso de apelación alegando que el cliente incurrió en una negligencia grave al desarticular supuestamente los niveles de seguridad de la entidad (código de usuario, PIN y autenticación reforzada).
La entidad sostuvo que el sistema de seguridad no falló y que el uso de las claves acreditaba la autorización del cliente.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia radica en determinar el alcance de la responsabilidad del proveedor de servicios de pago ante operaciones no autorizadas, según el Real Decreto Ley 19/2018.
El tribunal debe resolver si el mero hecho de que una operación se realice con las claves y códigos personales del usuario basta para considerarla “autorizada” y exonerar al banco, o si la entidad debe probar la existencia de fraude o negligencia grave por parte del cliente.
Asimismo, se analiza si caer en un engaño sofisticado (como phishing o ataques de malware) constituye una falta de diligencia cualificada del usuario.
Razonamiento del Tribunal
La Sala confirma la responsabilidad cuasi objetiva de la entidad financiera, derivada del riesgo profesional de su actividad.
El tribunal razona que, una vez que el cliente niega haber autorizado las operaciones, la carga de la prueba recae exclusivamente sobre el banco, que debe acreditar no solo que el pago fue autenticado, sino que no hubo fallos técnicos y que el usuario actuó con una negligencia grave.
En este caso, el tribunal valoró que el fraude fue cometido por terceros mediante métodos complejos difícilmente detectables para un cliente habitual.
Se destacó que el cliente no utilizaba Apple Pay ni banca online para extracciones, lo que refuerza la tesis del fraude externo sin colaboración del titular.
Además, el tribunal subrayó que la negligencia grave requiere una falta de diligencia significativa por iniciativa del usuario, y no la mera caída en un engaño provocado por delincuentes profesionales.
“el consentimiento no se entiende prestado por el solo hecho de que la operación de pago se haya realizado mediante la utilización de las claves personales, sino que es necesario que provenga del usuario o, en caso de que éste niegue su intervención, que se acredite fraude, incumplimiento deliberado o, al menos, negligencia grave por parte del usuario, cuya prueba recae sobre la entidad bancaria”.
Decisión del Tribunal
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de Cajamar y confirma íntegramente la sentencia de instancia.
El tribunal ratifica la obligación de la entidad de restituir los 9.501,25 euros más los intereses legales.
Para fundamentar su decisión, la Sala cita jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 571/2025) y diversas resoluciones de otras Audiencias Provinciales que protegen al consumidor frente al riesgo de las plataformas de pago electrónicas. Se imponen las costas del recurso a la parte apelante.
Conclusión
En el ámbito de los servicios de pago, el banco debe reembolsar de inmediato las operaciones no autorizadas, a menos que pruebe que el cliente actuó con negligencia grave.
No se considera tal el ser víctima de un fraude informático sofisticado si el banco no acredita una conducta del usuario caracterizada por una falta de diligencia extraordinaria.
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Cuando aparecen cargos en la cuenta que el cliente no reconoce, especialmente en casos de fraude digital, es normal sentirse desbordado y sin saber por dónde empezar a reclamar. En estas situaciones, contar con un abogado reclamar estafa bancaria Málaga puede ser determinante para analizar la operativa, exigir responsabilidades a la entidad financiera y valorar si existe base legal para recuperar el dinero perdido. A continuación, revisamos una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que aclara cómo deben responder los bancos ante operaciones no autorizadas en casos de fraude sofisticado.
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Identificación de la Sentencia
- Tribunal: Audiencia Provincial de Málaga.
- Sección: 5.
- Fecha: 14 de enero de 2026.
- Nº de Resolución: 20/2026.
Antecedentes
D. Ezequiel era cliente de la entidad Cajamar Caja Rural desde 2013 y titular de una tarjeta de crédito Visa Classic.
Entre los días 2 y 9 de octubre de 2020, se realizaron 77 operaciones de disposición de efectivo en diversos cajeros de la provincia de Málaga, la mayoría de ellas durante la madrugada y por pequeñas cuantías.
El importe total sustraído ascendió a 9.470,25 euros, a lo que se sumaron 31,25 euros en concepto de comisiones por los reintegros.
El fraude se ejecutó mediante la tecnología Apple Pay, utilizando un PIN asociado a la tarjeta.
El cliente, que no disponía de dispositivos de dicha marca y solo usaba la tarjeta para pagos puntuales de impuestos o facturas de hotel, comunicó el fraude y bloqueó la tarjeta el 31 de diciembre de 2020 tras percatarse de los cargos.
Tramitación Judicial
Primera instancia
El Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Coín estimó íntegramente la demanda interpuesta por el cliente el 3 de octubre de 2022.
El juzgado declaró el incumplimiento contractual de Cajamar y la condenó a devolver 9.501,25 euros más los intereses legales y las costas.
Audiencia Provincial
Cajamar interpuso recurso de apelación alegando que el cliente incurrió en una negligencia grave al desarticular supuestamente los niveles de seguridad de la entidad (código de usuario, PIN y autenticación reforzada).
La entidad sostuvo que el sistema de seguridad no falló y que el uso de las claves acreditaba la autorización del cliente.
Cuestión Jurídica Principal
La controversia radica en determinar el alcance de la responsabilidad del proveedor de servicios de pago ante operaciones no autorizadas, según el Real Decreto Ley 19/2018.
El tribunal debe resolver si el mero hecho de que una operación se realice con las claves y códigos personales del usuario basta para considerarla “autorizada” y exonerar al banco, o si la entidad debe probar la existencia de fraude o negligencia grave por parte del cliente.
Asimismo, se analiza si caer en un engaño sofisticado (como phishing o ataques de malware) constituye una falta de diligencia cualificada del usuario.
Razonamiento del Tribunal
La Sala confirma la responsabilidad cuasi objetiva de la entidad financiera, derivada del riesgo profesional de su actividad.
El tribunal razona que, una vez que el cliente niega haber autorizado las operaciones, la carga de la prueba recae exclusivamente sobre el banco, que debe acreditar no solo que el pago fue autenticado, sino que no hubo fallos técnicos y que el usuario actuó con una negligencia grave.
En este caso, el tribunal valoró que el fraude fue cometido por terceros mediante métodos complejos difícilmente detectables para un cliente habitual.
Se destacó que el cliente no utilizaba Apple Pay ni banca online para extracciones, lo que refuerza la tesis del fraude externo sin colaboración del titular.
Además, el tribunal subrayó que la negligencia grave requiere una falta de diligencia significativa por iniciativa del usuario, y no la mera caída en un engaño provocado por delincuentes profesionales.
“el consentimiento no se entiende prestado por el solo hecho de que la operación de pago se haya realizado mediante la utilización de las claves personales, sino que es necesario que provenga del usuario o, en caso de que éste niegue su intervención, que se acredite fraude, incumplimiento deliberado o, al menos, negligencia grave por parte del usuario, cuya prueba recae sobre la entidad bancaria”.
Decisión del Tribunal
La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de Cajamar y confirma íntegramente la sentencia de instancia.
El tribunal ratifica la obligación de la entidad de restituir los 9.501,25 euros más los intereses legales.
Para fundamentar su decisión, la Sala cita jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 571/2025) y diversas resoluciones de otras Audiencias Provinciales que protegen al consumidor frente al riesgo de las plataformas de pago electrónicas. Se imponen las costas del recurso a la parte apelante.
Conclusión
En el ámbito de los servicios de pago, el banco debe reembolsar de inmediato las operaciones no autorizadas, a menos que pruebe que el cliente actuó con negligencia grave.
No se considera tal el ser víctima de un fraude informático sofisticado si el banco no acredita una conducta del usuario caracterizada por una falta de diligencia extraordinaria.
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